Ma. Isabel Guerrero Lázaro

Expediente 61/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
61/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
02/03/2023

Partes del expediente

  • Ma. Isabel Guerrero Lázaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de marzo de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de febrero de dos mil veintitrés. DESAHOGAN PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos el escrito signado por Carlos Gerardo Vázquez López y Paloma Morelia Vázquez López, en cuanto apoderados jurídicos de la parte quejosa, a través del cual desahogan la prevención de la demanda decretada en auto de treinta y uno de enero del año en curso, esto es, bajo protesta de decir verdad señalan que el nombre correcto de la quejosa es Ma. Isabel Guerrero Lázaro, asimismo abundaron en los antecedentes del acto reclamado en lo que respecta al juicio ordinario civil 1050/2022, señalaron de manera clara y que concreta los efectos para los que solicitan la suspensión de los actos reclamados y exhibieron las copias de los escritos correspondientes. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo que nos ocupa, se obtiene que la parte quejosa se duele de: "IV. ACTO RECLAMADO.- El proveído dictado en data 10 de enero de los corrientes por la autoridad responsable, mediante el cual se pronuncia a no tener por interponiendo el Recurso de Apelación planteado por el representante de la Sucesión de la cual nuestra mandante es parte, bajo el argumento de que la legislación no contempla el recurso de apelación planteado.". DESECHAMIENTO. Apreciado íntegramente el contenido de la demanda de Amparo, así como del escrito aclaratorio de cuenta, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que los actos que se tildan de inconstitucionales no afectan el interés jurídico o legítimo de la promovente. El artículo 113, de la Ley de Amparo, indica que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". En efecto, la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior, se establece que uno de los presupuestos para promover el juicio de garantías, es ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) siempre que se alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos sustantivos del quejoso y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, de no ser así, el juicio de amparo se torna improcedente en términos del artículo 5°, fracción I y del transcrito 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ahora, la palabra "interés", de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo "jurídico" es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que para acudir al juicio biinstancial, se requiere la existencia de un agravio o perjuicio personal y directo, además, la afectación que surta a la quejosa en su esfera jurídica debe ser real y actual. En ese contexto, el interés jurídico o legítimo, en sentido amplio, debe entenderse como la afectación a la esfera jurídica de un gobernado, esto es, un agravio a un derecho derivado de la ley y que ese perjuicio sea consecuencia directa del acto de autoridad; ante lo cual, el juicio de amparo únicamente puede ser promovido por la persona a quien afecte en sus intereses jurídicos o legítimos la ley o el acto que se reclame, por lo que para estimar procedente la demanda de amparo intentada por el promovente, debe, en todo caso, demostrarse que con la emisión u omisión de los actos reclamados, le fue causado un detrimento o lesión jurídica real y actual, conforme a una situación determinada, de manera abstracta y previamente tutelada por la ley y haberse afectado en su interés jurídico o legítimo. Lo anterior, encuentra sustento en las tesis II.1o.23 K (10a), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 2942 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV, Décima Época, del epígrafe siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta.". Por su parte, el artículo 16 Constitucional, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De lo anterior, se desprende que sólo es procedente el juicio constitucional cuando se reclaman actos que deriven, en su caso, de un mandamiento escrito por una autoridad competente, dirigido a las personas, sean éstas físicas o morales y que afecten su esfera jurídica; de ahí que, cuando el acto impugnado mediante el juicio de amparo no se dirige a determinada persona, entonces, ésta carece de ese interés jurídico o legítimo para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. La anterior consideración encuentra apoyo, en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, página 5, que dispone: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". En el caso, de la demanda de amparo se desprende que la quejosa Ma. Isabel Guerrero Lázaro, como ya quedo señalado en líneas que anteceden comparece, por conducto de sus apoderados, a reclamar el proveído de diez de enero del año en curso, por la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, dentro del juicio ordinario civil 1050/2022, promovido por Raquel Guerrero Lázaro, en ejercicio de la acción de prescripción positiva en contra de la sucesión a bienes de José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, dentro del cual se pronuncia a no tener por interponiendo el recurso de apelación planteado por el representante de la sucesión (albacea definitivo), dentro de la cual aduce la quejosa ser parte, al argumentar la responsable que la legislación no contempla el recurso planteado. En principio, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados, los cuales se advierten de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en su escrito de demanda y escrito aclaratorio, bajo protesta de decir verdad. El catorce de abril de dos mil veintiuno, se radico el juicio sucesorio intestamentario a bienes del extinto José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, que por razón de turno le correspondió conocer al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, registrándose bajo el número 251/2021. El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia interlocutoria dentro de la primera sección, designándose como albacea definitivo a Manuel Guerrero Lázaro, quien acepto y protesto el cargo conferido el veintitrés de agosto de ese año. El veinticinco de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por admitida la demanda promovida por Raquel Guerrero Lázaro, por la vía ordinaria civil en ejercicio de la acción de prescripción positiva 1050/2022, frente a la sucesión intestamentaria a bienes del extinto José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, del bien inmueble consistente en las fracciones del terreno rustico, parte de humedad y parte monte alto, ubicado en el predio denominado "La Codorniz y Agua Cercado", en el municipio de Tancitaro, Michoacán de Ocampo. Dentro del término de quince días el albacea definitivo Manuel Guerrero Lázaro, dio contestación a la demanda, recayendo el acuerdo de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, dentro del cual el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, no le tuvo por reconocido el carácter dentro de juicio 1050/2022, al querer apersonarse por propio derecho y no como representante de la sucesión demandada, razón por la que no se tuvo por contestada la demanda del juicio de origen. El cinco de enero del año en curso, Manuel Guerrero Lázaro, inconforme de tal determinación interpuso recurso de apelación en contra del auto de diecinueve de diciembre del año próximo pasado, a lo que el juez responsable en el proveído reclamado de diez de enero del año actual, le manifestó que de conformidad con el numeral 691 del Código de Procedimientos Civil del Estado, dicha determinación no resulta apelable. Antecedentes que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte, en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis I.15o. 28 K, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2613, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, que reza: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Manifestaciones de las que se advierte, en esencia, que la quejosa Ma. Isabel Guerrero Lázaro, considera que al no tener por interpuesto el recurso de apelación hecho valer por Manuel Guerrero Lázaro, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes del extinto José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, afecta su esfera jurídica, al no haber sido oído ni vencido el albacea definitivo, en razón de que aduce que la autoridad responsable al no tomar en cuenta las documentales que exhibió dentro de las cuales se observa el carácter de albacea definitivo de la precitada sucesión, lo que violenta a su parecer las garantías consagradas en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales, dejando en estado de indefensión a la sucesión intestamentaria, que ha tenido como consecuencia el no tener por contestada la demanda. Sin embargo, es evidente que las manifestaciones que pretende hacer valer en favor de la sucesión intestamentaria a bienes del extinto José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, representada por su albacea definitivo Manuel Guerrero Lázaro, no afectan los intereses jurídicos de la agraviada y, por tanto, carece de legitimación para promover el presente juicio de amparo respecto de tal acto de autoridad, ya que al tratarse de los derechos hereditarios de aquél, quien debe acudir a reclamar dichos derechos es la sucesión a bienes del de cujus José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, por conducto de su albacea, es decir, Manuel Guerrero Lázaro, al ser inconcuso que es a la sucesión de dicha persona a quien corresponde defender los derechos que pudieran corresponderle en el juicio 1050/2022, de donde derivan los actos reclamados y no a la quejosa por derecho propio como pretende hacerlo (heredera), pues como se precisó, no le ocasiona ningún perjuicio a su esfera jurídica, que deba ser subsanado mediante el juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 149 del Semanario Judicial de la Federación, tomo 139-144, Sexta Parte, Séptima Época, Materia Civil, que establece: "SUCESIONES. PERSONALIDAD. CARECE DE ELLA CUALQUIERA QUE NO SEA EL ALBACEA. Un codemandado y heredero carece de personalidad para promover a nombre de la sucesión, la que sólo puede ser representada por el albacea.". En efecto, los artículos 844 y 872 del Código Civil para el Estado de Michoacán, disponen: "Artículo 844. Los albaceas son los órganos representativos de la copropiedad hereditaria para actuar en nombre y por cuenta de los herederos o legatarios en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes hereditarios. Asimismo, tienen como función ejecutar las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión en juicio y fuera de él". "Artículo 872. Son obligaciones del albacea general: La presentación del testamento; II. El aseguramiento de los bienes de la herencia; III. La formación de inventarios; IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo; V. El pago de las deudas mortuarias, hereditarias y testamentarias; VI. La participación y adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios; VII. La defensa, en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento; VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieron contra ella; y, IX. Las demás que le imponga la Ley". De los numerales anteriores se desprende, con absoluta claridad, que el único facultado para representar y defender los derechos hereditarios del extinto José Luis Guerrero Urbina y/o Luis Guerrero Urbina, dentro del juicio ordinario civil de origen, es el albacea, por lo que cualquier acción ejercida por otra persona para defender dichos derechos será improcedente, al carecer de legitimación para ello. Sirve de apoyo, por las razones que la conforman, la tesis II.2o.C.395 C, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1082, tomo XVII, febrero de 2003, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS. De una correcta interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y 1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus. Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y no a los herederos en lo individual". De modo que, es precisamente el albacea de la sucesión a bienes del de cujus quien resultaría legitimado para promover el juicio de amparo contra el acto de autoridad que la quejosa estima afecta sus derechos fundamentales. Apoya la conclusión alcanzada, por identidad de razón, la jurisprudencia VI.2o.C. J/241, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1462, tomo XX, Agosto de 2004, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "HEREDEROS. CARECEN DE FACULTADES PARA INTENTAR CUALQUIER ACCIÓN QUE PERTENEZCA A LA SUCESIÓN. Las acciones que hubiesen pertenecido al autor de la herencia sólo puede ejercitarlas el albacea, ya que ninguna disposición autoriza a los herederos a realizar, en nombre propio, gestión judicial alguna en defensa de los bienes de la herencia, por lo que es evidente que el ejercicio de cualquier acción, inclusive la de amparo, es atribución propia y exclusiva del albacea". Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de amparo promovida por Ma. Isabel Guerrero Lázaro, por conducto de sus mandatarios Jurídicos Paloma Morelia Vázquez López, Carlos Gerardo Vázquez López y Saúl Amador Gutiérrez Espino, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61, en apoyo con el diverso precepto 5, fracción I, de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    POR INCUMPLIMIENTO AL AVISO DE FECHA QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO C),DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: DESECHAMIENTO...AVISO

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de febrero de dos mil veintitrés. PRETENDE DESAHOGAR PREVENCIÓN. Agréguese a sus autos el escrito signado por Carlos Gerardo Vazquez López y Paloma Morelia Vázquez López, en cuanto apoderados jurídicos de la parte quejosa, a través del cual pretenden desahogar la prevención formulada en auto de treinta y uno de enero del año en curso. SUBSISTE PREVENCIÓN. Ahora bien, del escrito aclaratorio de referencia, se advierte que los promoventes del amparo no cumplen a cabalidad con el requerimiento formulado en el mencionado auto de treinta y uno de enero pasado, en el que se les previno para que dentro del término de cinco días, computados legalmente, por escrito, con las copias suficientes para correr traslado a las partes y bajo protesta de decir verdad, aclararan su escrito de demanda en los términos ahí precisados. Lo anterior, toda vez que del ocurso que se provee, se advierte que los citados promoventes fueron omisos en realizar dicha aclaración bajo protesta de decir verdad, tal como se les requirió en el aludido acuerdo. Consecuentemente, mediante notificación personal, dígase a los gestionantes del amparo que subsiste la prevención y plazo otorgado en autos, dado que conforme a lo establecido en la jurisprudencia 39/2012 de la Primera Sala del máximo Tribunal del País de rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE."; el plazo que se le otorgó se interrumpió con la presentación del ocurso de cuenta, recibido en este Juzgado de Distrito el ocho de febrero del presente año, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Por tanto, previo al pronunciamiento sobre la procedencia de la demanda que se intenta, de conformidad con lo que establece el artículo 114, en relación con el 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la parte quejosa para que al momento de desahogar la prevención, ésta sea realizada bajo protesta de decir verdad. En el entendido de que deberá exhibir copias suficientes del escrito aclaratorio correspondiente, para en su caso, correr traslado a la totalidad de las partes (una para la autoridad responsable; otra para correr traslado a la parte tercero interesada, una más para hacer entrega al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Tribunal, y la restante para integrar el cuaderno único del incidente de suspensión solicitado, cuyo trámite se realiza por cuerda separada). APERCIBIMIENTO. En el entendido que de no desahogar en sus términos el presente requerimiento, se hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de treinta y uno de enero del año en curso. PRECISIÓN. Conviene indicar que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario" o "protesto justicia", en virtud de que con aquella se procura evitar que la parte quejosa incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADO DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA." En el entendido que el desahogo correcto de la prevención de la demanda deberá ser realizada directamente por la parte quejosa o bien, por sus apoderados legales y no por persona autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que ésta carece legalmente de facultades para hacerlo, pues es de explorado derecho que no puede actuar como si fuera ella quien resintiera un agravio personal y directo, lo que repercute también en la aclaración del libelo constitucional, ya que esa facultad sólo está reservada para quien tiene a su favor el principio constitucional de instancia de parte agraviada, esto es, la quejosa, o sus apoderados legales. Lo que pone de relieve, que la aclaración en que bajo protesta de decir verdad se hace del libelo constitucional, en cuanto a cuestiones de fondo, sólo incumbe, en el caso, a la parte promovente del amparo y no a sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque estos únicamente cuentan con facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad de la interesada e influyan en la configuración de la litis constitucional. En apoyo a la anterior consideración, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 50/2014 (10a), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia Común, que establece: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano