Ma. Isabel Contreras Viesca

Expediente 967/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 32 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
967/2020
Año
2020
Actuaciones
32
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Ma. Isabel Contreras Viesca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Incidental

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a siete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado de autos y toda vez que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo del que derivan los presentes cuadernos incidentales, advirtiéndose además que este incidente se encuentra totalmente concluido, por tanto lo conducente es, enviarlo al archivo definitivo. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro relativo. Documentos originales. No existen Garantía. No otorgó. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Depuración y destrucción. Por carecer de relevancia documental, el original y duplicado del presente incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en términos de los artículos 18 y 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.

  2. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a siete de septiembre de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio ha causado ejecutoria. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. Acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    CERTIFICACIÓN (Expediente Integrado) En Torreón, Coahuila de Zaragoza; cuatro de agosto de dos mil veintiuno, la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, certifico y hago constar que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para la celebración de la audiencia constitucional, y por ende, para emitir la resolución respectiva, toda vez que se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; asimismo, se hace constar que les transcurrió a las partes, en su integridad, la vista a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Doy Fe. Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. Licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Torreón, Coahuila de Zaragoza, a las diez horas con treinta minutos del cuatro de agosto de dos mil veintiuno, hora y fecha fijadas para la audiencia constitucional en el presente juicio, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez, Juez Primero de Distrito en La Laguna, asistido de la licenciada Dulce Lizbeth Gutiérrez Hernández, Secretaria que da fe, la declaró abierta sin la asistencia personal de las partes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta al Juez con la demanda de amparo promovida por el quejoso; con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; así como con la constancia de notificación del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y las pruebas ofrecidas por la autoridad responsable. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que se trata. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias de que se trata. A continuación, se abre el periodo de alegatos. Se hace constar que la parte quejosa formuló alegatos de su intención en este asunto. El Juez acuerda: Ténganse por formulados los alegatos y perdido el derecho de las demás partes sobre el particular. Con lo anterior, se da por terminada la fase de mérito y, consecuentemente, la presente audiencia pública, motivo por el cual, lo conducente, ahora, es dictar el fallo relativo. VISTOS; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en La Laguna, con residencia en esta ciudad, Ma. Isabel Contreras Viesca, solicitó el amparo protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que a continuación se digitalizan: En la demanda de amparo la parte quejosa expresó los antecedentes del asunto, hizo valer los conceptos de violación relativos, y señaló que los derechos fundamentales que, en su concepto, se transgredieron, son los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal. Por acuerdo de veintisés de noviembre de dos mil veinte, se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en Saltillo, Coahuila, fue admitida y se ordenó la formación del expediente relativo, registrándose con el número 967/2020-IV, motivo por el cual se fijó hora y fecha para la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado correspondiente; y se ordenó dar vista al Ministerio Público de la Federación adscrito; lo que quedó cumplimentado según se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos. Por auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el asunto y se señaló fecha para que tuviere verificativo la audiencia constitucional, en atención al artículo 26 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la suspensión de labores decretada de conformidad con lo establecido en la circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en la cual se estableció, entre otras situaciones, la suspensión y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales. Asimismo, por auto de quince de febrero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido establecido en las circulares SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/8/2021 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en las cuales se estableció -entre otras situaciones-, la suspensión, prórroga, modificación y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales; se señaló fecha y hora para que tuviere verificativo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, la que se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado el quince de febrero de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, pues aunado a que los actos reclamados en este juicio incumben a la vía indirecta, fue emitido por una autoridad judicial con residencia en esta ciudad, lugar en el cual este juzgado federal ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación del acto reclamado en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la parte quejosa exponga entorno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación y rubros son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Décima Primera Sección. Tesis: 1347. Página: 1511). "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIX, Abril de 2004. Tesis: P. VI/2004. Página: 255.) Así pues, el detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa, son los siguientes: i. El aseguramiento de un vehículo automotor que dice es de su propiedad, el cual se encuentra a disposición del Ministerio Público. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por la parte gestora del amparo, lo procedente es examinar la existencia de los actos que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados Las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en la ciudad de Saltillo y Delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Región Laguna I, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, negaron categóricamente la existencia del acto reclamado, sin que, en el caso, la parte quejosa hubiere aportado medio de prueba para desvirtuar esas negativas, aun cuando le correspondía la carga de la prueba. Por lo que hace a las autoridades Fiscal Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Director General de Unidades de Investigación de la Fiscalía General del Estado y Directora General de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado, todas con sede en Saltillo, Coahuila, no obstante las mismas fueron omisas en rendir su informe justificado, del análisis integral de los autos se advierte que la participación del acto reclamado le es atribuible a una diversa autoridad responsable, como se demostrará en el considerando siguiente. De modo que, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, por lo que respecta al acto reclamado a las autoridades responsables señaladas con antelación. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, Sexta Época, tomo VI, común, página 236, que señala lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Laguna, pues al rendir su informe justificado, expresamente, reconoció su existencia, lo cual, sin duda, constituyen confesiones expresas con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos que se tratan, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Al efecto, cabe invocar la tesis de jurisprudencia setecientos cuarenta y nueve, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochocientos treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Estas confesiones, lejos de estar desvirtuadas o contradichas en el juicio de amparo, se encuentran corroboradas con las constancias relativas al acto reclamado, consistentes en copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación 2128/2020, que fueron allegadas a este contradictorio federal por la autoridad judicial responsable; a las que por tener la calidad de documento público, se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Se cita al caso la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-200, Tomo VI, página 153, rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Causales de improcedencia del juicio. Por imperativo del artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia es de orden público y preferente, sea que las partes las aleguen o de oficio sean advertidas. En el caso a estudio, este juzgador considera que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El citado precepto legal, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se configura cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no dejó huella alguna. Ahora bien, de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en este juicio lo constituye, el aseguramiento de un vehículo automotor tracto camión de la marca Kenworth, color rojo con blanco, modelo 2014, con número de serie 3WKDD40X9EF856286, que dice la quejosa es de su propiedad, el cual se encuentra a disposición del Ministerio Público. Sin embargo de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el Agente del Ministerio Público, mediante diligecia de catorce de enero del presente año, acordó de manera positiva lo peticionado por la licenciada Adriana Guadalupe Rodríguez Lara, quién compareció ante esa instancia como apoderada legal de la aquí quejosa Ma. Isabel Contreras Viesca, y levantó el aseguramiento sobre el vehículo tracto camión de la marca Kenworth, color rojo con blanco, modelo 2014, con número de serie 3WKDD40X9EF856286, asimismo, en esa diligencia se hace constar que se entrega dicho vehículo a la compareciente, misma que lo acepta en las condiciones en que se encuentra; de igual manera, de las mencionadas constancias se advierte un escrito de la licenciada Adriana Guadalupe Rodríguez Lara, en el que manifiesta, que una vez levantado el aseguramiento del vehículo, y entregándosele él mismo, le fue inmediatamente devuelto y puesto material, legal y físicamente a disposición de la quejosa. Circunstancia suficiente para concluir que el acto reclamado cesó en sus efectos, lo anterior es así toda vez que con el levantamiento que seralizó el representante social sobre el aseguramiento del vehículo, lo que conllevó a que éste fuera regresado a la quejosa, las violaciones que se hubieran cometido con la determinación reclamada, consistente en el aseguramiento del vehículo, cesaron en sus efectos, quedando restituido el agravio en el goce de sus derechos, como si se hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Sobre ese particular, cabe citarse la tesis P. CL/97, sustentada por del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y uno, del Tomo IV, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Atento lo anterior, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley en la materia, pues cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. La anterior determinación imposibilita a este juzgador abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en el propio juicio de amparo. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza, a diecinueve de julio de dos mil veintiuno. Oficio. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual remite las constancias relativas al acto reclamado. Vista a las partes. De conformidad con en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidos por la autoridad oficiante, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional relativa. Conforme al artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, toda vez que no se opone a la citada ley, al respecto resulta aplicable la tesis: XXI.2º.16K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." Notifíquese.

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