Ma. Inés Ortega Palacios
Expediente 461/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/05/2023
Partes del expediente
- Ma. Inés Ortega Palacios
- Ernesto Ordaz Hernández
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de mayo de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de doce de abril de dos mil veintitrés, en que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento enel artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles1 , se declara que tal determinación ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo2 , así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21, inciso b), del propio acuerdo3 ; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales.Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. Notifíquese
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. I. Se recibe despacho. Agréguese a los autos el remitido por el Juzgado Menor Mixto de Tequisquiapan, Querétaro, mediante el cual devuelve parcialmente diligenciado el despacho 24/2023, con número de orden */2023; del índice de este órgano jurisdiccional, toda vez que únicamente notifico a la parte quejosa * el proveído de doce de abril del presente año. En tales condiciones, dese de baja parcialmente diligenciada dicha comunicación en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional. II. Razón de imposibilidad. En atención a lo imposibilidad que refiere el actuario adscrito al juzgado despachado, de notificar al quejoso *, se toma conocimiento y se provee: II. Se ordena notificar por lista. Vista la imposibilidad de notificación antes precisada, se ordena que dicha notificación, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, sean realizadas a * por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y por lista al quejoso *el auto de doce de abril de dos mil veintitrés. AUTO 12/04/2023 QUE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de abril de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, albacea de la sucesión a bienes de ********************, y ********************, por propio derecho, personalidad que acredita la primera de los mencionados, en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, al tenor de las constancia que exhibe en copia certificada, contra actos de la Secretaría de Economía y Director del Diario Oficial de la Federación. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 461/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que, si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Improcedencia de la demanda de amparo. Ahora, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, se advierte es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." a. Acto reclamado. Atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo, se tienen como actos reclamados y antecedentes los siguientes: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: 1. De la Secretaría de Economía: La emisión del ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, emitido por la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro Sánchez el seis de marzo de dos mil veintitrés, en específico su artículo 7. 2. Del Director del Diario Oficial de la Federación: La publicación del ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, el trece de marzo de dos mil veintitrés." Acto que constituye lo reclamado en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". b. Antecedentes del caso. En el caso concreto, de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa refiere en el capítulo correspondiente como único antecedente, el siguiente: "1. El catorce de septiembre de 1994 se emitió el ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS atribuciones, funciones ORGANIZACIÓN Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS delegaciones y subdelegaciones federales y OFICINAS DE servicios DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2. Posteriormente se hicieron modificaciones a dicho acuerdo. 3. El seis de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro Sánchez, abrogó dicho acuerdo y emitió en su lugar el ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil veintitrés." IV. Desechamiento. En la especie, este órgano de control constitucional advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, ya que, se estima, los actos reclamados no producen una afectación real y definitiva en la esfera jurídica de la parte quejosa. El artículo 61, fracción XXIII, con relación al 6 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La interpretación sistemática de los dispositivos legales transcritos, permite arribar al convencimiento de que el juicio de protección constitucional se torna improcedente, si el promovente del juicio de amparo no se ve perjudicado con el acto que se tilda de inconstitucional; esto es, que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte que sufre directamente y personalmente el agravio originado por el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Al respecto, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México 2004, Segunda Edición, define la palabra "agravio" en los siguientes términos: "Agravio. I. Por tal debe entenderse la lesión o afectación de los derechos jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial, y por extensión, también cada uno de los motivos de impugnación expresados en el recurso de apelación contra una resolución de primera instancia.- En sentido muy amplio, el agravio es el equivalente al perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en los artículos 4º y 5º fr. I de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales" (página 198, Tomo I). Como se advierte del texto transcrito, el agravio es la lesión que sufre una persona virtud de los efectos que produce una resolución judicial. Lo que implica que para que sea procedente el juicio de amparo, es necesario que la promovente sea precisamente aquella persona que sufre el menoscabo en sus garantías individuales, es decir, que vea disminuida su esfera jurídica como consecuencia de la afectación que produce en su contra el acto de autoridad. Referente a lo anterior, se ha indicado que las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación, así como directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, como se advierte de las siguientes tesis. Lo anterior se establece en la tesis 138 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 160, del literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.- De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Así como en la diversa, emitida por el citado Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 15 del Volumen 204, Primera Parte, 71, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto "AGRAVIO INDIRECTO.- El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo". También resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que dice: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente". Además del diverso emitido por la citada Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en el que estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis siguiente: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia." En esas condiciones, de acuerdo con los criterios transcritos el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir, esto es, presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. De manera que las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, según se establece de la interpretación a contrario sensu del artículo 6° de la ley de la materia. A lo anterior, resulta aplicable la tesis XVII.2o.9 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "LEGITIMACION ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho". Por su parte, la quejosa reclama el artículo 7 del ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, específicamente la fracción I, respecto de la circunscripción de las oficinas regionales de la Secretaría de Economía, sin que ello le cause un agravio personal y directo a los derechos de la parte quejosa, en tanto que la ubicación de esas oficinas, no obstaculiza el ejercicio de algún derecho sobre la concesión minera de la que ostentan ser beneficiarios. Efectivamente, en el caso concreto, los promoventes del amparo aseguran que en caso de que en algún momento decidan efectuar algún trámite relacionado con el "Título de Concesión Minera número ********************", tendrían que acudir a las oficinas de la representación de la Secretaría de Economía, que se ubican en Tijuana, Baja California, es decir, en una entidad federativa distinta y además lejana del lugar donde se ubica el predio respecto del cual cuentan con el título de concesión minera de referencia. Luego, la circunstancia indicada, esto es, que las oficinas de la representación de la Secretaría de Economía, se ubiquen en una localidad distinta de aquella en la que se encuentra el predio respecto del cual aseguran contar con un título de concesión minera, ello no impone alguna carga o limitación al "Título de Concesión Minera número ********************", pues el derecho otorgado en el mismo no pierde eficacia con la mayor o menor distancia en relación con la oficina de representación de la Secretaría indicada, ni tampoco la ubicación de dicha oficina de representación condiciona el ejercicio del derecho consignado en ese documento, en la medida en que no tiene por efecto restringir la titularidad del derecho consagrado en la concesión de referencia, sino única y exclusivamente se trata de la reubicación material del domicilio de las oficinas multicitadas pero sin imponer cargas o limitaciones al ejercicio del derecho consignado en la concesión minera de la que aseguran los promoventes del amparo son titulares. Sin que constituya un agravio en concreto, que la autoridad responsable pudiera hacerle algún requerimiento y ésta deba cumplirlo en las oficinas de representación que ahí se le imponen, pues ello constituye un acto futuro y de realización incierta, en tanto que su existencia depende de la actividad previa de los quejosos o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. Por lo que se insiste, hasta este momento el acto reclamado no causa un daño personal y directo a los quejosos No es obstáculo a lo anterior, que la parte quejosa pretenda combatir el citado Acuerdo, como una norma autoaplicativa, toda vez que refiere lo siguiente: Ahora bien, el ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, en su artículo 7, que señala que para los requerimientos administrativos, las Oficinas Regionales se organizarán en las siguientes regiones: d. Noroeste, con sede en Tijuana, Baja California y circunscripción para las Oficinas de Representación de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua 1, Chihuahua 2, Durango, Sinaloa y Sonora; produce por el hecho de su publicación una materia de reclamo que trasciende a la esfera jurídica de los quejosos, ya que no estamos sujetos a algún acto concreto de aplicación por parte de alguna autoridad. En este caso no se está en el supuesto de que se reclamen normas generales que de momento no producen efectos o consecuencias y que sus efectos se sujetaron a una fecha futura o a un posterior acto concreto que individualizara el enunciado normativo general. De esta manera el acuerdo reclamado trasciende a la esfera jurídica de los quejosos, porque desde su publicación nos obliga para la atención de los requerimientos administrativos, acudir ante oficina regionales, en el caso que nos interesa "NOROESTE" con sede en Tijuana, Baja California, por lo que nose requiere ni de la aplicación de la norma ni de esperar a que exista un requerimiento administrativo para que trasciendan a nuestra esfera jurídica y se produzca una afectación a nuestros derechos. Contrario a lo que refieren los quejosos, para poder impugnar el Acuerdo referido, la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse una vez que vea afectada su esfera jurídica. Cobra aplicación al caso concreto, la tesis II. 2o. 214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que de rubro y texto dicen: "AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE. De acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías solo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Luego, si la reclamación del quejoso consiste en que no se citó a juicio a una persona que figuró también como parte demandada; ello no le produce ninguna lesión directa a sus intereses jurídicos, pues obviamente es aquel otro individuo quien debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de sus derechos y no el quejoso." Sin que la posible afectación que aducen pudieran tener, tenga que ver con el interés legítimo que refiere, pues éste se traduce en un perjuicio cierto a una persona con motivo de un acto de autoridad, con independencia que cuente o no con derechos subjetivos. De tal suerte que, en supuestos en los que no hay derechos inmediatamente en juego, será necesario que quien acude al juicio de amparo justifique en qué medida el acto compromete sus derechos fundamentales y deberá acreditar el interés específico, concreto y cualificado que ostenta para solicitar la protección constitucional, pues se entiende que si la pretensión primordial consiste en la paralización de los actos y/o sus efectos, éstos le deben causar un perjuicio. De otro modo, se distorsionaría la naturaleza del juicio de amparo que consiste fundamentalmente que el acto de autoridad no continúe lesionando a los quejosos aún de manera indirecta. Robustece a lo expuesto la Jurisprudencia 51/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes ocho de marzo de dos mil diecinueve, Décima Época, con registro 2019456, de rubro y contenido que disponen: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, albacea de la sucesión a bienes de ********************, y ********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Economía y Director del Diario Oficial de la Federación. V. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VI. Autorizados. Como solicita la parte quejosa, téngase como autorizados en términos amplios a ********************por contar con su cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VII. Se gira despacho para notificar personalmente al quejoso. Por otro lado, toda vez que la parte promovente del amparo como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el ubicado ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, expídase atento despacho al Juez Menor Mixto en el Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique a la parte quejosa, el presente proveído; y le requiera para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Querétaro, Querétaro; y una vez hecho lo anterior, remita las constancias de la diligencia encomendada. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza al juez despachado a efecto de que se constituya en días y horas inhábiles, en el lugar precisado con antelación señalado para llevar a cabo la diligencia encomendada. VIII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. IX. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. X. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XI. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y mediante despacho a la parte quejosa.
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Santiago de Querétaro, Querétaro, doce de abril de dos mil veintitrés. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, albacea de la sucesión a bienes de ********************, y ********************, por propio derecho, personalidad que acredita la primera de los mencionados, en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo, al tenor de las constancia que exhibe en copia certificada, contra actos de la Secretaría de Economía y Director del Diario Oficial de la Federación. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 461/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que, si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Improcedencia de la demanda de amparo. Ahora, como se advierte del análisis integral de la demanda que nos ocupa, se advierte es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biistancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por un medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." a. Acto reclamado. Atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo, se tienen como actos reclamados y antecedentes los siguientes: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA: 1. De la Secretaría de Economía: La emisión del ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, emitido por la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro Sánchez el seis de marzo de dos mil veintitrés, en específico su artículo 7. 2. Del Director del Diario Oficial de la Federación: La publicación del ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, el trece de marzo de dos mil veintitrés." Acto que constituye lo reclamado en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 40/2000, con número de registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". b. Antecedentes del caso. En el caso concreto, de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa refiere en el capítulo correspondiente como único antecedente, el siguiente: "1. El catorce de septiembre de 1994 se emitió el ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LAS atribuciones, funciones ORGANIZACIÓN Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS delegaciones y subdelegaciones federales y OFICINAS DE servicios DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 2. Posteriormente se hicieron modificaciones a dicho acuerdo. 3. El seis de marzo de dos mil veintitrés, la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro Sánchez, abrogó dicho acuerdo y emitió en su lugar el ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el trece de marzo de dos mil veintitrés." IV. Desechamiento. En la especie, este órgano de control constitucional advierte de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, ya que, se estima, los actos reclamados no producen una afectación real y definitiva en la esfera jurídica de la parte quejosa. El artículo 61, fracción XXIII, con relación al 6 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La interpretación sistemática de los dispositivos legales transcritos, permite arribar al convencimiento de que el juicio de protección constitucional se torna improcedente, si el promovente del juicio de amparo no se ve perjudicado con el acto que se tilda de inconstitucional; esto es, que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte que sufre directamente y personalmente el agravio originado por el reglamento o cualquier otro acto que se reclame. Al respecto, la Enciclopedia Jurídica Mexicana del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Editorial Porrúa, México 2004, Segunda Edición, define la palabra "agravio" en los siguientes términos: "Agravio. I. Por tal debe entenderse la lesión o afectación de los derechos jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial, y por extensión, también cada uno de los motivos de impugnación expresados en el recurso de apelación contra una resolución de primera instancia.- En sentido muy amplio, el agravio es el equivalente al perjuicio o afectación de un interés jurídico, y éste es el significado que se emplea en los artículos 4º y 5º fr. I de la Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales" (página 198, Tomo I). Como se advierte del texto transcrito, el agravio es la lesión que sufre una persona virtud de los efectos que produce una resolución judicial. Lo que implica que para que sea procedente el juicio de amparo, es necesario que la promovente sea precisamente aquella persona que sufre el menoscabo en sus garantías individuales, es decir, que vea disminuida su esfera jurídica como consecuencia de la afectación que produce en su contra el acto de autoridad. Referente a lo anterior, se ha indicado que las características del agravio, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación, así como directo, ya que la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto reclamado, como se advierte de las siguientes tesis. Lo anterior se establece en la tesis 138 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, página 160, del literal siguiente: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL.- De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará". Así como en la diversa, emitida por el citado Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 15 del Volumen 204, Primera Parte, 71, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto "AGRAVIO INDIRECTO.- El agravio indirecto no da ningún derecho al que lo sufra para recurrir al juicio de amparo. Para explicar el criterio mencionado, es conveniente transcribir los precedentes en relación al perjuicio como base del amparo, que esta Suprema Corte de Justicia ha sostenido en el sentido de que una correcta interpretación de la fracción IV del artículo 73 (hoy fracción V) de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que éste debe ser solicitado precisamente por la persona que estima se le causa molestia por la privación de algún derecho, posesión o propiedad, porque el interés jurídico de que habla dicha fracción no puede referirse a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos y posesiones conculcados, y aunque las lesiones de tales derechos, es natural que traigan repercusiones mediatas o inmediatas en el patrimonio de otras personas, no son éstas quienes tienen interés jurídico para promover el amparo". También resulta aplicable la tesis con número de registro 335092, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVI, quinta época, visible en la página 4943, que dice: "PERJUICIO BASE DE AMPARO. El perjuicio que al quejoso causa el acto reclamado, es elemento básico para la procedencia de la acción constitucional, de suerte que si no está justificado dicho perjuicio, el amparo es improcedente". Además del diverso emitido por la citada Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en el que estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis siguiente: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia." En esas condiciones, de acuerdo con los criterios transcritos el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, es decir, de realización presente, pasada, o bien, inminentemente futura, muy cercana a ocurrir, esto es, presente cuando los efectos del agravio operan al promoverse el amparo; pasado, cuando sus efectos ya han concluido; e inminentemente futuro cuando los efectos aún no se inician pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de efectos del acto reclamado. De manera que las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de éste sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, según se establece de la interpretación a contrario sensu del artículo 6° de la ley de la materia. A lo anterior, resulta aplicable la tesis XVII.2o.9 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "LEGITIMACION ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho". Por su parte, la quejosa reclama el artículo 7 del ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, específicamente la fracción I, respecto de la circunscripción de las oficinas regionales de la Secretaría de Economía, sin que ello le cause un agravio personal y directo a los derechos de la parte quejosa, en tanto que la ubicación de esas oficinas, no obstaculiza el ejercicio de algún derecho sobre la concesión minera de la que ostentan ser beneficiarios. Efectivamente, en el caso concreto, los promoventes del amparo aseguran que en caso de que en algún momento decidan efectuar algún trámite relacionado con el "Título de Concesión Minera número ********************", tendrían que acudir a las oficinas de la representación de la Secretaría de Economía, que se ubican en Tijuana, Baja California, es decir, en una entidad federativa distinta y además lejana del lugar donde se ubica el predio respecto del cual cuentan con el título de concesión minera de referencia. Luego, la circunstancia indicada, esto es, que las oficinas de la representación de la Secretaría de Economía, se ubiquen en una localidad distinta de aquella en la que se encuentra el predio respecto del cual aseguran contar con un título de concesión minera, ello no impone alguna carga o limitación al "Título de Concesión Minera número ********************", pues el derecho otorgado en el mismo no pierde eficacia con la mayor o menor distancia en relación con la oficina de representación de la Secretaría indicada, ni tampoco la ubicación de dicha oficina de representación condiciona el ejercicio del derecho consignado en ese documento, en la medida en que no tiene por efecto restringir la titularidad del derecho consagrado en la concesión de referencia, sino única y exclusivamente se trata de la reubicación material del domicilio de las oficinas multicitadas pero sin imponer cargas o limitaciones al ejercicio del derecho consignado en la concesión minera de la que aseguran los promoventes del amparo son titulares. Sin que constituya un agravio en concreto, que la autoridad responsable pudiera hacerle algún requerimiento y ésta deba cumplirlo en las oficinas de representación que ahí se le imponen, pues ello constituye un acto futuro y de realización incierta, en tanto que su existencia depende de la actividad previa de los quejosos o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. Por lo que se insiste, hasta este momento el acto reclamado no causa un daño personal y directo a los quejosos No es obstáculo a lo anterior, que la parte quejosa pretenda combatir el citado Acuerdo, como una norma autoaplicativa, toda vez que refiere lo siguiente: Ahora bien, el ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINA LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, en su artículo 7, que señala que para los requerimientos administrativos, las Oficinas Regionales se organizarán en las siguientes regiones: d. Noroeste, con sede en Tijuana, Baja California y circunscripción para las Oficinas de Representación de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua 1, Chihuahua 2, Durango, Sinaloa y Sonora; produce por el hecho de su publicación una materia de reclamo que trasciende a la esfera jurídica de los quejosos, ya que no estamos sujetos a algún acto concreto de aplicación por parte de alguna autoridad. En este caso no se está en el supuesto de que se reclamen normas generales que de momento no producen efectos o consecuencias y que sus efectos se sujetaron a una fecha futura o a un posterior acto concreto que individualizara el enunciado normativo general. De esta manera el acuerdo reclamado trasciende a la esfera jurídica de los quejosos, porque desde su publicación nos obliga para la atención de los requerimientos administrativos, acudir ante oficina regionales, en el caso que nos interesa "NOROESTE" con sede en Tijuana, Baja California, por lo que nose requiere ni de la aplicación de la norma ni de esperar a que exista un requerimiento administrativo para que trasciendan a nuestra esfera jurídica y se produzca una afectación a nuestros derechos. Contrario a lo que refieren los quejosos, para poder impugnar el Acuerdo referido, la afectación indirecta que produzca el acto reclamado no da ningún derecho al que lo sufra para promover juicio de amparo en su contra, sino que debe promoverse una vez que vea afectada su esfera jurídica. Cobra aplicación al caso concreto, la tesis II. 2o. 214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que de rubro y texto dicen: "AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE. De acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías solo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Luego, si la reclamación del quejoso consiste en que no se citó a juicio a una persona que figuró también como parte demandada; ello no le produce ninguna lesión directa a sus intereses jurídicos, pues obviamente es aquel otro individuo quien debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de sus derechos y no el quejoso." Sin que la posible afectación que aducen pudieran tener, tenga que ver con el interés legítimo que refiere, pues éste se traduce en un perjuicio cierto a una persona con motivo de un acto de autoridad, con independencia que cuente o no con derechos subjetivos. De tal suerte que, en supuestos en los que no hay derechos inmediatamente en juego, será necesario que quien acude al juicio de amparo justifique en qué medida el acto compromete sus derechos fundamentales y deberá acreditar el interés específico, concreto y cualificado que ostenta para solicitar la protección constitucional, pues se entiende que si la pretensión primordial consiste en la paralización de los actos y/o sus efectos, éstos le deben causar un perjuicio. De otro modo, se distorsionaría la naturaleza del juicio de amparo que consiste fundamentalmente que el acto de autoridad no continúe lesionando a los quejosos aún de manera indirecta. Robustece a lo expuesto la Jurisprudencia 51/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes ocho de marzo de dos mil diecinueve, Décima Época, con registro 2019456, de rubro y contenido que disponen: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, albacea de la sucesión a bienes de ********************, y ********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Economía y Director del Diario Oficial de la Federación. V. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VI. Autorizados. Como solicita la parte quejosa, téngase como autorizados en términos amplios a ********************por contar con su cedula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesional del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VII. Se gira despacho para notificar personalmente al quejoso. Por otro lado, toda vez que la parte promovente del amparo como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el ubicado ********************. En consecuencia, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, expídase atento despacho al Juez Menor Mixto en el Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notifique a la parte quejosa, el presente proveído; y le requiera para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Querétaro, Querétaro; y una vez hecho lo anterior, remita las constancias de la diligencia encomendada. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza al juez despachado a efecto de que se constituya en días y horas inhábiles, en el lugar precisado con antelación señalado para llevar a cabo la diligencia encomendada. VIII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. IX. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. X. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, igualmente conforme a lo dispuesto en los artículos 1 a 5, 30, 32 y 33 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, relativo a la elaboración de versiones públicas de los expedientes judiciales. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. XI. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y mediante despacho a la parte quejosa.
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