Ma. Idolina García Vázquez

Expediente 205/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
205/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Ma. Idolina García Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra el proveído emitido el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en correlación con la Circular CAP/DGAD/7/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio enviado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, mediante el cual, en atención a lo solicitado en proveído de veinticinco del actual, informa que la demanda de amparo directo presentada por el apoderado legal de la moral SIGMA ALIMENTOS NOROESTE, sociedad anónima de capital variable, parte demandada en el juicio de origen **********, fue admitida a trámite en ese Tribunal, la cual quedó registrada bajo el número **********/2021. Ahora, del estado de autos se advierte que mediante escrito recibido en este Juzgado el veintidós de marzo de dos mil veintiuno,**********, por conducto de su apoderada Susana Prieto Terrazas demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, a quien reclamó: "[.] 4.- ACTO RECLAMADO. 4.1.- La omisión de la autoridad responsable de despachar el mandato de ejecución que de cumplimiento al laudo definitivo emitido en autos, según lo solicitado en la promoción de fecha 01 de febrero del 2021 presentada por esta representación obrera en 05 de marzo del 2021 ante la Oficialía de Partes de la autoridad responsable, solicitando se turnaran las actuaciones del juicio al ministro ejecutor adscrito al Tribunal para que requiriera de pago a la patronal, o en caso de negativa autorizara el embargo de bienes suficientes para garantizar dicho pago. [.]" De este modo, en su informe justificado, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, manifestó que es cierto el acto reclamado atribuido por la quejosa, pues en el expediente **********, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo indirecto, se había omitido despachar el mandato de ejecución solicitado por la parte actora mediante promoción recibida el cinco de marzo del presente año; sin embargo, ello es con motivo de que mediante escrito recibido el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, la parte demandada **********, sociedad anónima de capital variable, presentó demanda de amparo directo, la cual fue radicada el dieciséis de abril del año que transcurre, para remitir el expediente laboral original al Tribunal Colegiado de este Circuito; asimismo que el quince de abril del año en curso, se pronunció en relación a la suspensión del acto reclamado solicitada por la parte demandada, la cual se le concedió fijándose cantidad liquida. Demanda de amparo directo que ha sido radicada y admitida según se advierte del párrafo precedente. Con motivo de lo expuesto, se considera que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en torno al diverso 77 de tal ordenamiento, pues hay imposibilidad fáctica y jurídica de concretar los efectos del amparo demandado por la parte quejosa. Desde luego, la suscrita, como órgano instructor y resolutora del juicio de amparo, está jurídicamente facultada para prevenir, antes de entrar al fondo del negocio, los efectos que, en su caso, pudiera tener una sentencia concesoria del amparo. En efecto, para resolver la cuestión planteada se debe tener presente que la técnica rectora del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe cuál será el efecto de una eventual sentencia que conceda el amparo, ya que carece de lógica y de sentido práctico emprender el análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados si, de antemano, se prevé que la restitución en el goce del derecho es inalcanzable. Sin duda, la previsión de los posibles efectos de la sentencia protectora tiene el propósito de evitar que con la reparación de la violación de derechos se produzca la infracción de otros principios o normas constitucionales y/o legales, pues el restablecimiento de las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, tampoco debe propiciar que la sentencia tenga efectos más allá del caso concreto que fue enjuiciado. Justamente, por esto, constituye una obligación del órgano jurisdiccional verificar que el fallo de fondo no implique un mero ejercicio especulativo sobre alguna posible violación de derechos, sino que, en caso de que constate que efectivamente se incurrió en la infracción alegada, la determinación pueda tener la eficacia suficiente para restaurar el orden constitucional que se estime violado, pues la sentencia protectora, además de proporcionar un estudio de los motivos por los cuales se incurrió en la lesión de derechos alegada, debe tener efectos vinculantes y restitutorios para volver las cosas al estado en que se encontraban antes de dicha infracción, pero sin beneficiar a nadie más que a la propia parte quejosa. Si no se realiza dicho análisis anticipado, la declaración de inconstitucionalidad carecería de ejecutividad y de efecto práctico para la parte quejosa, colocándola en la propia situación en que se encontraba antes de iniciar el juicio, pues la restauración del orden constitucional tampoco debe llegar al extremo de restituirlo en el goce del derecho fundamental violado, aun a costa de incurrir en la violación de los principios y de las normas que regulan este medio de control constitucional. Por lo anterior, cuando hay imposibilidad jurídica de que se produzcan los efectos restitutorios del fallo concesorio que, en su caso, se emita en un juicio de amparo, la acción constitucional resulta improcedente, pues, en esas condiciones, el fallo carece de efectos prácticos por no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate, lo cual es inadmisible desde cualquier perspectiva, puesto que el juicio constitucional debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa. En el caso, la parte impetrante reclama la omisión de despachar mandato de ejecución de laudo. Así, la parte quejosa pretende que, con motivo del laudo emitido en el juicio laboral de origen, se le obligue a la Junta laboral responsable, por medio de esta vía, a emitir el despacho de ejecución relativo, esto es, la pretensión perseguida por la parte quejosa en la presente vía es que la protección constitucional no sólo se limite a la omisión alegada y los efectos condignos en la demanda de amparo, sino que también se conmine a la junta laboral de origen a emitir las ordenes conducentes a fin de ejecutar el laudo dictado en el procedimiento laboral de origen. En este sentido, es de advertir que en el juicio laboral de origen 1/15/3789, la parte demandada, el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, solicitó el amparo y protección de la justicia federal ante la autoridad responsable, demanda que fue radicada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, y admitida a trámite el veinticinco del actual por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad. Siendo así, es evidente que una posible sentencia concesoria de amparo en este juicio, no puede tener los efectos ni el alcance jurídico pretendido por la parte quejosa, pues, en la especie se probó que existe pendiente el juicio de amparo directo promovido por la parte demandada en el juicio natural. Lo anterior, pues en todo caso, con la ejecutoria relativa a la concesión del amparo que se pudiera llegar a dictar, se conminaría a la autoridad responsable a incurrir en el desacato a una ejecutoria de amparo -directo-, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, y sus inminentes consecuencias legales para la propia autoridad. Así, las razones anteriores conducen a estimar que en este caso surge la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 77, aplicado en sentido contrario, de la ley de la materia, pues, dado los términos en que fue promovida la demanda de amparo, de resultar fundados los conceptos de violación vertidos en ella, no podrían concretarse los efectos de la concesión de la protección constitucional, porque la sentencia relativa carecería de efectos prácticos, por no ser jurídicamente posible concretar la pretensión perseguida por la parte quejosa. Sobre el particular, cabe citarse las tesis sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE LEGAL DE LAS. Para precisar el alcance legal que tienen las sentencias definitivas que se pronuncien en los juicios de amparo, precisa referir ante todo sus efectos y limitaciones desde que esta defensa constitucional extraordinaria fue establecida por primera vez en nuestro régimen jurídico federal, hasta como están señalados en la Constitución vigente. Por iniciativa de don Mariano Otero ante el Congreso Constituyente de 1846 y la urgencia "de acompañar el restablecimiento de la Federación -como decía en aquélla, de una garantía suficiente para asegurar que no se repetirán más ... los ataques dados por los poderes de los Estados y por los mismos de la Federación a los particulares", era preciso que se elevase "a gran altura al Poder Judicial de la Federación, dándole el derecho de proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los derechos que les asegure la Constitución y las leyes constitucionales, contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legislativo, ya de los Estados o de la Unión", el propio Congreso acogió la defensa del particular contra tales actos (que posteriormente fueron ampliados a los provenientes de los Poderes Judiciales de los Estados y de la Federación) a través del juicio de amparo, aunque limitando el alcance de las sentencias definitivas que en tales juicios se pronunciaren. Y así, el artículo 25 del Acta Constitutiva y de Reformas sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente el 18 de mayo de 1847, estatuía: "Artículo 25. Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general, respecto de la ley o del acto que lo motivare". Mediante una acertada diferenciación propuesta por la comisión encargada de redactar la Constitución de 1857, que ella misma la calificó como "la reforma tal vez más importante que tiene el proyecto de tratar de las controversias que se susciten por leyes o actos de la Federación o de los Estados, que ataquen sus respectivas facultades o que violen las garantías otorgadas por la Constitución", el Constituyente de 1856 reservó al juicio de amparo, propiamente tal, el conocer de toda controversia que se suscite por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados y por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan la esfera de la autoridad federal; excluyendo las demás controversias en materia federal, para que de ellas conociese el mismo Poder Judicial de la Federación actuando en juicios de su jurisdicción ordinaria; y limitando también el alcance de las sentencias pronunciadas en amparo. De esta manera, los artículos 101 y 102 de la citada Constitución de 57 establecían: "Artículo 101. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de cualquier autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal"; y el "Artículo 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior, se seguirán a petición de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que determinará una ley. La sentencia será tal, siempre, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare". Finalmente, la Constitución vigente, de 5 de febrero de 1917, conservó tal diferenciación jurisdiccional, encomendando al Poder Judicial de la Federación el conocimiento de ambas clases de controversias y dándole por ello plenitud de jurisdicción constitucional extraordinaria en los casos de amparo y ordinaria en los demás, en éstos, cuando sólo se controviertan cuestiones meramente legales en materia federal; y conservó el mismo alcance limitado en las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo. Así dicen los artículos relativos: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados. III. Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal", y 107, fracciones I y II, en su texto actual: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: "I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare"; la Ley de Amparo, al reglamentar este precepto constitucional, consignó lo siguiente en el párrafo primero de su artículo 76: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare". Por otra parte y para el fin que se persigue, es preciso señalar que jurídicamente la acción de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria civil, penal o administrativa (que fundamentalmente consiste en motivar la prestación por parte del Estado de su actividad jurisdiccional para la declaración del derecho incierto de los particulares o del Estado como sujeto de derecho privado, y para la realización forzosa de sus intereses cuando su tutela sea cierta); sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución; va dirigida a controlar el acto de la autoridad, no la ley común; no le interesa la violación de derechos efectuada por particulares y entre particulares, ni los obstáculos que se opongan a la realización de la norma jurídica. La acción de amparo no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes; sino que va dirigida a hacer respetar la propia Constitución cuando la autoridad ha rebasado sus límites. De aquí que la sentencia de amparo no satisfaga de manera preferente intereses tutelados por la norma jurídica meramente legal o ley común; ya que, como culminación de la acción constitucional extraordinaria, se limita a amparar y proteger al agraviado sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare; y por ello el efecto jurídico de una sentencia de amparo es el de restituir al propio agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación si el acto reclamado es de carácter positivo, u obligando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir por su parte lo que la misma garantía exija, si aquél es negativo, según lo consigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Congruente con lo antes expuesto se ha pronunciado la jurisprudencia de este Alto Tribunal, como es de verse por las tesis 175 y 176, publicadas a fojas 316 y 317, respectivamente, de la Sexta Parte de su compilación 1917-1965 (correspondientes a las tesis 173 y 174 del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, Octava Parte, páginas 296 y 297) que dice así: "175. SENTENCIAS DE AMPARO. Sólo pueden resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales del fuero común"; y "176. SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven". Dada, pues, la naturaleza jurídica propia de ambas acciones, esencialmente diferentes entre sí, es por lo que la sentencia de amparo en ningún caso puede tener efectos erga omnes, ya que, según se ha dicho, sólo se ocupa de personas particulares sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que motivare la queja; lo que no sucede en las pronunciadas en los juicios comunes, que frecuentemente sí tienen esas consecuencias, como sucede en todas las sentencias declarativas. Consecuentemente con lo anteriormente expuesto, esta Sala se ve impedida para pronunciar en el caso una sentencia de fondo. En efecto, de concederse la protección constitucional a los quejosos, o sea, de resolverse que es inconstitucional el decreto del Ejecutivo Federal impugnado que abrogó el de 28 de marzo de 1947 (que había declarado saturada la industria cigarrera en el país), la consecuencia lógica de la ejecutoria que en tal sentido se pronunciare, sería que subsistiera la prohibición consignada en el primer decreto, es decir, la de que ninguna persona pudiera establecer una fábrica de cigarros, hubiese sido o no oída y vencida en juicio, no obstante que a todos favorece el levantamiento de tal prohibición. Un fallo de esta naturaleza tendría, pues, efectos y consecuencias erga omnes; lo cual contraría y desconocería la naturaleza propia de las sentencias pronunciadas en los juicios de amparo, que, como ya quedó precisado, sólo han de ocuparse de personas particulares sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que motivare la queja. Es por esto que en estos casos resulta improcedente la acción constitucional a virtud de lo mandado por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107, fracción II, párrafo primero, de la Constitución Federal y 76, párrafo primero, de la misma ley reglamentaria; lo que, en suma, lleva a la conclusión de confirmar el sobreseimiento recurrido. IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 77, de la Ley en cita. En apoyo a lo anterior, por las razones que informa, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con veinte minutos del dos de junio de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que mediante proveído de veintinueve de abril del año en curso, se solicitó al Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, informara si la demanda de amparo directo presentada por el apoderado legal de la moral **********, sociedad anónima de capital variable, parte demandada en el juicio de origen **********, fue admitida a trámite en ese Tribunal; sin que a la fecha se haya recibido promoción alguna al respecto. Atento a lo anterior, gírese oficio al Magistrado Presidente del citado Tribunal para que comunique a este Juzgado lo precisado en el párrafo que antecede, ello para estar en posibilidad de determinar lo que en derecho proceda dentro del presente asunto. Notifíquese por lista electrónica y por oficio al Segundo Tribunal Colegiado, en esta ciudad. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que mediante proveído de veintinueve de abril del año en curso, se solicitó al Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, informara si la demanda de amparo directo presentada por el apoderado legal de la moral **********, sociedad anónima de capital variable, parte demandada en el juicio de origen **********, fue admitida a trámite en ese Tribunal; sin que a la fecha se haya recibido promoción alguna al respecto. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.*arc

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