Ma. Guadalupe Vela Martínez

Expediente 1458/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1458/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
29/01/2018

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Vela Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    - V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte . . . la ejecutoria de mérito fue acatada en su totalidad, sin excesos ni defectos, por ende, se DECLARA CUMPLIDA la misma . . . ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO ENTERAMENTE CONCLUIDO . . .

  2. Principal

    Querétaro, Querétaro, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio recibido en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado el diecisiete de enero del presente año, signado por el Notario Público Titular de la Notaria Publica Número 24 de la demarcación Territorial de Querétaro, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia simple y póliza del cheque número 0011755, de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, por la cantidad de $12,116.75 (doce mil ciento dieciséis pesos 75/100 M.N) expedido a nombre de la parte quejosa. En tales condiciones, y previo a que este Juzgado Federal se pronuncie respecto del cumplimiento del fallo protector, resulta procedente tomar en consideración el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a./J. 100/2009, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, Octubre de 2009, que textualmente establece: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI LAS AUTORIDADES RESPONSABLES INFORMAN QUE EL FALLO PROTECTOR YA SE CUMPLIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE Y DETERMINAR SI AQUÉLLAS CONTINÚAN EN REBELDÍA. El incidente de inejecución de sentencia, previsto en la Constitución General de la República y regulado en la Ley de Amparo y en el Acuerdo 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una institución procedimental que permite a dicho alto tribunal determinar si alguna autoridad ha incurrido en rebeldía, respecto del cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o bien si dicho incumplimiento es inexcusable o no, entre otras cuestiones inherentes, pero de ninguna manera debe confundirse su naturaleza y razón de ser con la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado que, eventualmente, puede alegar el quejoso. Por ello si la autoridad responsable afirma que ya cumplió con lo ordenado en el fallo protector, con independencia de que la parte quejosa se inconforme, interponga queja o argumente cualquier otra situación, el juez de distrito debe analizar las pruebas del aludido cumplimiento, determinar si la autoridad responsable ha dejado de ser contumaz y pronunciarse en torno a si el fallo protector está cumplido o no, expresando la razón fundada de su decisión, dejando a salvo los derechos de la quejosa para el caso de que estime que existe exceso, defecto o si expresa su inconformidad por cualquier otra circunstancia." En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con lo informado por el Notario de referencia, así como con el título bancario aludido, para que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés legal convenga, o bien, comparezca por sí o por conducto de su apoderado legal a recibir el cheque citado en las instalaciones de la Notaria número 24 de esta demarcación territorial, para lo cual deberá presentar su identificación original y copia de la misma (IFE VIGENTE, PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL), apercibido que de no hacerlo, las citadas autoridades procederán a su CANCELACIÓN y este juzgado federal proveerá lo conducente respecto del cumplimiento dado al fallo protector de mérito, tomando en consideración lo manifestado por las responsables y con las demás constancias que integran este expediente. Asimismo, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que dicha cantidad, deberá de ser cobrada en un término no mayor de UN MES, según lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en virtud del perjuicio que ocasiona al erario público la falta de cobro oportuno del cheque aludido. De igual manera mediante oficio que derive del presente proveído, infórmesele a la autoridad promovente que dicho título de crédito, únicamente podrá ser entregado a la quejosa o bien a quien se ostente como apoderado legal de la misma, no así a los autorizados en términos del artículo 12 de la ley de amparo, lo anterior, encuentra sustento en la siguiente Tesis aislada, que expresamente señala: Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo invocada, la tesis número XXII.1º.A.C.1 K (10 a) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo VII, Mayo de 1998 Página 584, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE FACULTAD PARA RECIBIR DINERO, CHEQUE O VALOR QUE DEBA ENTREGARSE AL QUEJOSO CON MOTIVO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, LA AUTORIZACIÓN EN MATERIA DE AMPARO TIENE FINES ESTRICTAMENTE PROCESALES, YA QUE COMO LA NORMA LO DISPONE, EL QUEJOSO PUEDE AUTORIZAR A CUALQUIER PERSONA PARA QUE ACTÚE EN SU REPRESENTACIÓN Y DESARROLLE LOS ACTOS QUE RESULTEN NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS. ASÍ, LAS FACULTADES CONFERIDAS AL AUTORIZADO EN AMPARO SON SOLAMENTE PARA LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DEL QUEJOSO, SIN QUE LA AUTORIZACIÓN SE TRADUZCA EN UNA DELEGACIÓN DE LOS DERECHOS DEL JUSTICIABLE. AHORA, SI BIEN EN LA TESIS AISLADA 2A. LXIV/98, DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SE ESTABLECE QUE LAS FACULTADES DEL AUTORIZADO EN AMPARO NO DEBEN ENTENDERSE DE MANERA LIMITATIVA, SINO ENUNCIATIVA, LO CIERTO ES QUE DICHAS FACULTADES DEBEN SER TENDENTES A LOGRAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL AUTORIZANTE. EN ESE SENTIDO, LA AUTORIZACIÓN PARA QUE EN NOMBRE DEL QUEJOSO SE RECIBA ALGÚN DINERO, CHEQUE O VALOR CON MOTIVO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONCEDIDA EN BENEFICIO DE ÉSTE, NO TIENE EL CARIZ DE REPRESENTACIÓN PROCESAL DE INTERESES, YA QUE ESE NUMERARIO DEBE SER RECIBIDO DIRECTAMENTE POR EL QUEJOSO DERIVADO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO QUE SE LE OTORGÓ, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY CITADA; EN TODO CASO, PARA RECIBIR ALGUNA CANTIDAD EN SU NOMBRE, POR ESE CONCEPTO, SE REQUIERE DE UN APODERADO ESPECIAL CON FACULTADES ESPECÍFICAS PARA HACERLO.

  3. Principal

    - V I S T O el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable . . . requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable en mención, para que, dentro del término de VEINTICUATRO HOAS contados a partir del en que reciba la presente notificación, cumpla con la sentencia ejecutoria de amparo pronunciada en autos . . . Apercibido que, de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa . . .

  4. Principal

    Querétaro, Querétaro, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, en el presente juicio, en la que por un parte se sobreseyó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; con apoyo en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la ley reglamentaria invocada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo de mérito, NOTIFÍQUESE SIN DEMORA A LAS PARTES el presente proveído, para los efectos legales consiguientes. Bajo ese contexto, con fundamento en el propio artículo 192 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; requiérase al NOTARIO PÚBLICO NÚMERO VEINTICUATRO DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE QUERÉTARO, para que, dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del en día que reciba la presente notificación, cumpla con la sentencia ejecutoria de amparo pronunciada en autos, esto es, emita un cheque que ampare la cantidad a devolver a la parte quejosa, o en su caso, informe si se ha enterado ante la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro, la cantidad erogada por el quejoso. Lo anterior encuentra sustento, en la jurisprudencia que se lee: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". (Jurisprudencia 57/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 144, del Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta)" Apercibidos que, de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de forma individual, de CIEN VALORES de unidad de medida y actualización, equivalente a la suma de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.), a razón de $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 m.n.), ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente a la Superioridad, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita. A menos que, tal y como lo previene el párrafo tercero del artículo 193 del ordenamiento jurídico invocado, se demuestre que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o se justifique la causa del retraso, en cuyo caso SE PODRÁ AMPLIAR EL PLAZO POR UNA SOLA VEZ, subsistiendo los apercibimientos efectuados. En el entendido de que el incumplimiento a lo expuesto en el párrafo anterior, ameritara la imposición de los apercibimientos decretados. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo invocada, la jurisprudencia número 9/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XIV, Octubre de 2001, Página 366, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma la licenciada Mónica Montes Manrique, Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en la Ciudad del mismo nombre, ante la Secretaria licenciada Ana Lilia Domínguez Pérez, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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