Ma Guadalupe Segura Pedroza

Expediente 1458/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1458/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Ma Guadalupe Segura Pedroza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Requerimiento de Cumplimiento En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta fundada y motivada, respecto del escrito de aceptación de pensión presentado por la parte quejosa el siete de septiembre de dos mil veintidós; asimismo, de ser procedente, deberá emitir el calendario de pagos, a efecto de que la parte quejosa pueda recibirlos, conforme a lo emitido en el dictamen de pensión en el que se determinó que tiene ese derecho; y b) Notifique la respuesta emitida a dicha solicitud a la parte quejosa." Apercibimiento Bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de su titular, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por medio del cual remite las promociones originales de los juicios de amparo 1458/2023-VI y 1447/2023-II del índice de este Juzgado; en consecuencia, acuérdese la promoción correspondiente a este expediente; en cuanto a la dirigida al amparo indirecto 1447/2023-II, previa copia que obre en autos, mediante oficio remítase a ese juicio para que provea lo conducente. Ahora bien, toda vez que la quejosa realiza manifestaciones en vía de alegatos, agréguese el mismo para que obre como corresponda; lo anterior, en virtud de que el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se dictó la respectiva sentencia. ***

  3. Principal

    S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1458/2023-VI; y, R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. +++++, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y el acto reclamado siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A): señalo al, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO Y MUNICIPIOS (.) IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RECLAMO: De la autoridad responsable, reclamo LA ABSTENCIÓN EN QUE HA INCURRIDO DE PAGARME EL IMPORTE DE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN QUE ME FUE OTORGADA, MEDIANTE DICTAMEN DE PENSION MARCADO CON EL NÚMERO +++++, DE FECHA TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES 2023; Habiendo solicitado por escrito el pago de la misma, en fecha SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRES 06-07-2023. Por estimarlos, en esencia, violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1458/2023-VI, por auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclama un acto de naturaleza omisiva que no precisa ejecución material. SEGUNDO. Fijación del Acto Reclamado y Autoridad Responsable. De la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión que presentó ante la Oficina de Atención al Derechohabiente el seis de julio de dos mil veintitrés; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión por jubilación. TERCERO. Existencia del Acto Reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección- Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "Informe Justificado Afirmativo. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se corrobora con la documental exhibida por la parte quejosa adjunta a su escrito de demanda, la cual tiene valor en términos de los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La autoridad responsable al rendir su informe de ley invocó la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, a través del juicio contencioso administrativo, con sustento en el ordinal 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Esta es infundada. Al respecto, el artículo 61, fracción XX, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del precepto legal reproducido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; esto es, el principio de definitividad. Asimismo, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la especie, el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación al escrito de aceptación del dictamen de pensión que presentó ante la responsable el seis de julio de dos mil veintitrés; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión. Ahora bien, de conformidad con el marco normativo expuesto, se estima que el acto reclamado antes señalado sí se encuentra en la excepción al principio de definitividad prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que se reclaman actos relacionados con la omisión de dar respuesta a una petición efectuada, como violación directa al derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer o advertidas de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de Violación. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la ley de amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, de rubro siguiente: "Conceptos de violación o agravios. Para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su transcripción." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa, en esencia, aduce la violación a sus garantías contenidas en el artículo 8° de la Constitución General de la Republica, ya que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su petición formulada el seis de julio de dos mil veintitrés, en donde se aceptó la pensión emitida en el dictamen respectivo y como consecuencia de ello, la falta de pago de su pensión. Pues bien, el precepto de violación que hace valer es fundado, puesto que, como lo aduce la parte quejosa, la autoridad responsable, transgrede el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional que a la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se ve, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho escrito, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia, siguiente: "Petición. La existencia de este derecho como garantía individual para su salvaguarda a través del juicio de amparo requiere que se formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (Época: Novena Época; Registro: 189914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 42/2001; Página: 126). En ese sentido, los artículos 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio; 75, párrafo segundo y 96 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; así como el Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en lo que interesa, disponen: "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. Si en el término señalado no se ha otorgado la pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión probable que se determine, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión definitiva. (.)" "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." Artículo 96. El Instituto cubrirá puntualmente el pago de las pensiones y podrá determinar o modificar los procedimientos de pago a los pensionados y pensionistas." "207C0401520101L DEPARTAMENTO DE PENSIONES OBJETIVO: Realizar las acciones relacionadas con la determinación de las prestaciones de pensiones, seguro por fallecimiento y estímulo por permanencia en el servicio, otorgadas por el Instituto, derivadas del sistema solidario de reparto. FUNCIONES: - Aplicar los incrementos del monto diario de pensión aprobados por el Consejo Directivo, conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. - Calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones y estímulo por permanencia en el servicio, así como aplicar el monto autorizado por el Consejo Directivo para el pago del seguro por fallecimiento. - Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las sentencias o requerimientos de las autoridades judiciales o administrativas para su debido cumplimiento. - Mantener actualizadas las bases de datos de pensiones y de seguros por fallecimiento, para el control de los beneficios otorgados. - Ejecutar las acciones relacionadas con el otorgamiento de pensiones, verificando que el cálculo de los montos diarios se realice conforme a los parámetros establecidos. - Elaborar el informe de las actividades que realiza el Comité de Pensiones para el conocimiento del Consejo Directivo. - Revisar que las solicitudes recibidas en el departamento cumplan con los requisitos establecidos por la legislación de seguridad social para el otorgamiento de la prestación. - Verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pensiones, seguros por fallecimiento y estímulos por permanencia en el servicio. - Verificar que se realicen los registros de supervivencia, altas, bajas y cambios realizados en la nómina de pensionadas y pensionados y pensionistas, a fin de controlar la procedencia de los pagos que el Instituto eroga quincenalmente por este rubro. - Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que aquí interesa, que es al Instituto a quien corresponde pagar de manera puntual las pensiones otorgadas, actividad que, deberá efectuarse por conducto del Departamento de Pensiones, quien cuenta con un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, para resolver respecto a la solicitud planteada y para el supuesto de que no se haya otorgado la pensión solicitada, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión correspondiente. En el presente asunto, como lo acredita la parte quejosa con copia original del acuse de la aceptación de pensión de seis de julio de dos mil veintitrés; se advierte que realizó una petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa, en donde aceptó el pago de la pensión contenida en el dictamen respectivo, del cual se evidencia que a la emisión del presente fallo ha transcurrido en exceso el plazo de treinta días que establecen las legislaciones citadas con antelación; sin embargo, no se aprecia que se haya emitido una respuesta por parte de la autoridad responsable. En este orden, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo para el efecto de que la autoridad responsable, realice lo siguiente: De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta fundada y motivada, respecto del escrito de aceptación de pensión presentado por la parte quejosa el seis de julio de dos mil veintitrés; asimismo, de ser procedente, deberá emitir el calendario de pagos, a efecto de que la parte quejosa pueda recibirlos, conforme a lo emitido en el dictamen de pensión en el que se determinó que tiene ese derecho; y Notifique la respuesta emitida a dicha solicitud a la parte quejosa. Sin que el contenido o sentido de dicha determinación, ni actuaciones subsecuentes, sean objeto de análisis en el presente juicio. Finalmente, se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia, trascurra el plazo que establece el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado; en virtud a que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de aquéllas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto atribuido a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo de este fallo y para los efectos establecidos en el similar último de esta resolución.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. OFICIO Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio del cual, devuelve diligenciado el exhorto 177/2023, orden 190/2023, háganse las anotaciones respectivas y dese de baja la comunicación oficial de mérito. Sin necesidad de acusar el mismo, en virtud de que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes lo genera al momento de su envío. Con fundamento en el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, téngase por notificado al quejoso respecto de la aludida actuación. Se reserva hacer pronunciamiento, respecto a la solicitud del quejoso en las manifestaciones hechas en la notificación en comento, hasta que este órgano se pronuncie la resolución de amparo. Finalmente, se hace del conocimiento que el suscrito es consciente que el paro de labores de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación generó un impacto en la administración de justicia; por lo que, atento a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, que rigen la carrera judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 100, en relación con el 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tomarán las medidas correspondientes, a fin de subsanar el retraso ocasionado. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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