Ma. Guadalupe Santos Lira

Expediente 680/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
680/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Santos Lira

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo radicada con el número 680/2020-VIII, promovida por Ma. Guadalupe Santos Lira; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, toda vez que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos originales. Ahora, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificado para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de cuatro de diciembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo radicada con el número 680/2020-VIII, promovida por Ma. Guadalupe Santos Lira; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, toda vez que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Devolución de documentos originales. Ahora, dado que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificado para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de cuatro de diciembre de dos mil veinte: En Apizaco, Tlaxcala, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Desahoga prevención Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa Ma. Guadalupe Santos Lira, a través del cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintitrés de dos mil veinte. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Ahora bien, en esencia la parte quejosa hace consistir su acto reclamado en: "Del Ciudadano Juez del Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc en el Estado de Tlaxcala el indebido embargo sus efectos y consecuencias del excedente de mi salario mínimo que me fue embargado dentro del expediente 147/2020 relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Sonia González Xolocotzi en contra de la suscrita a través de la suscrita Diligencias Interina adscrita al Juzgado en referencia y que en dicha diligencia se embargó el excedente del 30% en forma indebida que más adelante lo justifico así como del cumplimiento del mismo con Tesorero del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala sus efectos y consecuencias". En este sentido, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 147/2020, del índice de la responsable, promovido por Sonia González Xolocotzi, en el que se ordenó la ejecución del embargo practicado sobre el excedente del treinta por ciento del salario mínimo de la aquí quejosa, así como su ejecución; se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Al respecto conviene precisar que el principio de definitividad a que se refiere la fracción invocada, consiste en un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de la autoridad jurisdiccional por la vía del juicio de amparo, deben agotarse necesariamente todos los recursos ordinarios o medios de defensa que regula la ley del acto reclamado. Ahora, del escrito con el cual la parte quejosa desahoga la prevención, se advierte que la suerte principal demandada a la aquí quejosa es de $36,500.00 (treinta y seis mil quinientos pesos); de ahí que no proceda el recurso de apelación, pero sí el de revocación, por lo que, en este asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo, debió hacer valer contra el auto combatido en esta instancia constitucional el recurso de revocación correspondiente. Luego, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 147/2020, del índice de la responsable, promovido por Sonia González Xolocotzi, en el que se ordenó la ejecución del embargo practicado sobre el excedente del treinta por ciento del salario mínimo de la aquí quejosa, así como su ejecución, no puede ser analizado de primera intención por este Juzgado Federal, pues contra dicho auto procede el medio de impugnación mencionado, esto es, el recurso de revocación, por virtud del cual puede ser revocado o modificado dicho acto. Al respecto, el Código de Comercio en sus artículos 1340 y 1341, establece lo siguiente: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un graven que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone". Además, el Código de Comercio señala que los autos y decretos que no se encuentren en el supuesto de ser impugnados a través del recurso de apelación, por exclusión serán revocables, medio de defensa que se integra tal y como lo establecen los numerales 1334 y 1335 del cuerpo normativo invocado, los cuales disponen: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". "Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso". Así las cosas, conforme al cuadro normativo señalado, se aprecia que los autos que causen un gravamen irreparable a las partes en un procedimiento mercantil, sólo podrán ser impugnados a través del recurso de apelación, pero dicha regla tiene una condición imperativa que prevé el numeral 1340 del Código de Comercio, la cual consiste en que la apelación no procederá cuando la cuantía del negocio (suerte principal), sea inferior a $593,712.73 (quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 moneda nacional), suma que cada año se actualizará acorde al contenido del artículo 1339 de la legislación mercantil en cita. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, septiembre de 2010, página 157, registro electrónico 163734, que dispone: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Apoya a lo anterior, la tesis jurisprudencial 70/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 1, tomo I, diciembre de 2013, página 401, registro electrónico 2005047, de contenido siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)". Establecido lo anterior, se reitera, el acto reclamado consiste en el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 147/2020, del índice de la responsable, en el que se ordenó la ejecución del embargo practicado sobre el excedente del treinta por ciento del salario mínimo de la aquí quejosa; así como su ejecución, no implica una excepción al principio de definitividad, pues la ley que rige el acto contempla un recurso por el cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que ahora se reclama; el cual debió agotar la parte quejosa previamente a comparecer a la instancia constitucional. En consecuencia, la aquí quejosa estaba en facultad de interponer el recurso de revocación; y, por ende, al no haberlo hecho así, es obvio que no observó el principio de definitividad que consagra el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en atención al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es evidente que el acto reclamado consistente en el auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 147/2020, del índice de la responsable, promovido por Sonia González Xolocotzi, en el que se ordenó la ejecución del embargo practicado sobre el excedente del treinta por ciento del salario mínimo de la aquí quejosa, así como su ejecución, no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues en contra de dicho acto, procede el medio de impugnación mencionado, por virtud del cual puede ser revocado, modificado o confirmado dicho acto. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ma. Guadalupe Santos Lira. No pasa inadvertido para este juzgador, que la propia Ley de Amparo, prevé determinadas excepciones al principio de definitividad y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello; en interpretación de esta norma, ha incorporado algunas otras hipótesis específicas; sin embargo, no se actualiza ninguna de ellas, como se verá enseguida: I. Los que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; dicha excepción no se actualiza al no reclamarse esos actos en este asunto. II. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; hipótesis que tampoco se actualiza por virtud de que no se reclaman esos actos por la parte quejosa. III. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; hipótesis que en este caso no se actualiza, toda vez que como se desprende de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la promovente figura como parte demandada dentro del juicio de origen, y si bien refiere no le fue notificada la orden de ejecución de embrago, lo cierto es que la impetrante no se duele de la falta o ilegal emplazamiento, tan es así, que adjuntó a su demanda inicial la dirigencia de emplazamiento y no formuló concepto de violación alguno en su contra. IV. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; excepción que no se surte por virtud de que el medio de defensa no requiere mayor interpretación por virtud de que está claramente definido, por lo que su fundamento es suficiente...

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