Ma. Guadalupe Salazar Castro
Expediente 1240/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1240/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Salazar Castro
Actuaciones
- Principal
Informe relativo a la suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por Pedro Arturo Ramírez Ramírez, apoderado legal de la autoridad responsable, Hospital General de León -personalidad que acredita con el instrumento notarial que al efecto adjunta- mediante el cual rinde el informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos, por lo que ve a su representada, lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngasele designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que nombra en su oficio de cuenta y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que ahí precisa. En otro orden, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente asunto, toda vez que el nombre de usuario que proporciona "Pedro811", se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que se satisfacen los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se comisiona a la oficial judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la consulta electrónica del presente expediente, únicamente por lo que ve a la autoridad responsable de cuenta. Sin que haya ha lugar de acordar como medios probatorios los anexos que acompaña al oficio que se provee, pues éstos están encaminados para acreditar la personería que ostenta el ocursante, así como comunicación institucional. II. Se formula requerimiento judicial. Ahora bien, el oficiante señala que, en cumplimiento a la medida cautelar concedida en autos, se programó cita a la quejosa Ma. Guadalupe Salazar Castro, para acuda a las instalaciones del Hospital General León, a efecto de que sea atendida el treinta de noviembre próximo para la toma de laboratorios y perfil viral, a fin de determinar el tratamiento que necesita. Asimismo, en dicho informe se refiere que la impetrante ya fue valorada por el médico especialista quien ya determinó el tratamiento a seguir, sin embargo éste depende de los resultados clínicos programados para el treinta de los actuales, a efecto de subrogar los servicios de hemodiálisis. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo se requiere a la autoridad responsable, Hospital General de León, para que de manera inmediata y una vez que lo anterior acontezca, sin previo requerimiento, remita copia certificada o autentificada y debidamente legible de las documentales que en su caso se emitan con motivo de los análisis clínicos programados, así como para que remita lo atinente a las constancias relacionadas con la valoración que la quejosa ya tuvo con el especialista; a fin de proveer lo que en derecho corresponda. Apercíbase a la autoridad requerida que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento legal o material que tengan para ello, se les impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con apoyo en el numeral 237, fracción I, en relación con el artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. Así también, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de que esa potestad no cuenta con los elementos para dar el servicio de hemodiálisis, por lo que se tienen que buscar proveedores que cuenten con las condiciones médicas, espacio disponible y de seguridad que puedan brindar dicho servicio de manera subrogada; lo que una vez que se cuente con el proveedor informaran lo conducente a este tribunal; consecuentemente, se le hace de su conocimiento que las consecuencias que de ello se deriven será bajo su más estricta responsabilidad. Lo anterior es así pues la protección a la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar y que se encuentra tutelado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya dilación pone en riesgo la integridad física del impetrante; motivo por el cual, su observancia no puede dejarse al arbitrio de las autoridades que deban atender su ejecución, así como tampoco pueden condicionarse, pues al afectar directamente a la dignidad humana el resultado puede ser de imposible reparación. Asimismo, hágase de su conocimiento, que dicha conducta omisiva, puede llegar a ser responsable de la configuración de un delito, tal y como lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, tomando en consideración que en autos de este expediente se decretó la suspensión del acto reclamado. Finalmente, téngasele informando que lo anterior ya fue comunicado a los abogados de la quejosa, a fin de que esté en aptitud de comparecer a las citas programadas.
- Principal
Se concede suspensión de plano. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126, en relación con el 15 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión del acto reclamado antes reseñado, el cual por su naturaleza puede poner en riesgo su integridad personal, y de los demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional que puedan afectar su vida, para el efecto de que la autoridad responsable dicte todas las medidas tendientes a salvaguardar la salud y vida de la quejosa, a fin de que se le proporcione el tratamiento correspondiente para atender el padecimiento que le aqueja (insuficiencia renal crónica K/DIGO), a fin de no poner en riesgo su vida. En el entendido que de existir una imposibilidad material de la institución médica correspondiente, la impetrante deberá ser canalizada a otra institución de salud, a fin de concretar el tratamiento médico prescrito. Debiendo acatar esta orden bajo la más estricta responsabilidad la autoridad responsable, quien deberá informar a este Tribunal Federal, en el término de VEINTICUATRO HORAS sobre el cumplimiento dado a la presente suspensión. Hecho lo anterior, la responsable deberá remitir las constancias con las que demuestre haber proporcionado el tratamiento prescrito por el médico tratante para atender los padecimientos de la quejosa o, en su caso, las gestiones que se encuentren realizando para tal efecto. Bajo el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, o bien, de no informar el impedimento que tienen para cumplir en el término concedido para tal efecto, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del artículo 237, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa por el equivalente a mil unidades de medida y actualización. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a.LXV/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 457 del Tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2008, Novena Época, bajo la voz: "DERECHO A LA SALUD. SU REGULACIÓN EN EL ARTÍCULO 4º. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU COMPLEMENTARIEDAD CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." VI. Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. VII. Apercibimiento sobre la denominación de la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa señalar con precisión a la autoridad responsable. Con base en lo anterior y atendiendo a la práctica de señalar autoridades sin justificación, se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, estará en aptitud de corregir la denominación, hasta antes de la audiencia constitucional. En la inteligencia que deberá precisar bajo protesta de decir verdad, la fuente de tal información. VIII. Requerimiento a la autoridad responsable y demás partes. Requiérase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el que expresará las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y al que deberá acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, las cuales tendrán que ser completas, legibles y ordenadas en forma secuencial, apercibidas de que de no rendir su informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del referido ordenamiento legal, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; y se le impondrá en la sentencia, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, la que se graduará de acuerdo a la trascendencia que acarreé su omisión en este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual manera, con la obligación que impone el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad responsable, así como a las demás partes, que deberán informar, de manera inmediata, cuando sobrevenga alguna causa que provoque el sobreseimiento en el presente juicio constitucional y de ser posible acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo así, se les impondrá una multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, según la levedad o gravedad de la omisión, lo anterior de conformidad con el numeral 251 de la ley de la materia; debido a que, por un lado, se continuaría la tramitación de un procedimiento constitucional ocioso en su prosecución, con el gravoso desperdicio de recursos materiales y humanos y, por otro lado, en el supuesto de que se determine conceder la protección de la justicia federal a la parte promovente, el cumplimiento no podría materializarse, lo que contraviene el espíritu del artículo 77 de la Ley de Amparo. IX. Vista y notificaciones al Ministerio Público. Dese vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos legales de su representación, en términos del artículo 5°, fracción IV de la ley de la materia. En cumplimiento a la determinación asumida el diecinueve de enero de esta anualidad en el cuaderno de varios 1/2023, en los términos ahí precisados, todas las notificaciones de carácter personal dirigidas a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, realícensele de manera electrónica al usuario que proporcionó para tal efecto; asimismo, otórguesele acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo. X. Fecha de audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con dos minutos del nueve de enero de dos mil veinticuatro, para la celebración de la audiencia constitucional. La anterior fecha se fija tomando en consideración que éste órgano jurisdiccional gozará de su periodo vacacional de invierno del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, de conformidad con el calendario de vacaciones de los Juzgados de Distrito aprobado en sesión de veinticinco de septiembre de la presente anualidad por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. XI. Incidente de suspensión. Sin que resulte necesario ordenar su apertura, en razón a que se decretó la suspensión de plano. XII. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las documentales que anexó la quejosa a su libelo de amparo, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. XIII. Domicilio, acceso al expediente electrónico y autorizados. Téngase como domicilio procesal para oír y recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "Josemagana", mismo que se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que en lo subsecuente se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio y que ameriten notificación personal, al usuario referido en primer término (Josemagana); sin que haya lugar a acordar la práctica de las mismas, por lo que hace al diverso usuario que proporciona, pues para dar certeza jurídica a las notificaciones, a fin de computar los plazos legales dentro del presente juicio, deben practicarse a uno solo. Sin que pase inadvertido para la suscrita que la parte quejosa también señaló un domicilio físico para oír y recibir notificaciones en su escrito inicial de demanda; sin embargo, al haber solicitado expresamente que las notificaciones se le hicieran de manera electrónica, deben priorizarse de esta forma. Asimismo, como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico a los usuarios que proporciona (Josemagana y Danielcano), por lo que se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la notificación y consulta electrónica del presente expediente, a la parte quejosa. Por otra parte, téngasele señalando como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Daniel Cruz Cano, Gregorio Miguel Acevedo Flores, Alexandra Delgado Arias y Reyes Carlos León Cordero, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, en términos restringidos del citado numeral y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la ley de la materia, a las diversas personas que menciona, por así solicitarlo. XIV. Se exhorta a las partes. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. XV. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. XVI. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Luego, resulta un hecho notorio que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que los propios artículos 26, fracción II, inciso a) y b), 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. Por otra parte, conforme a la fracción III del numeral 26 y 29 de la Ley de Amparo, se comunica a las partes, en especial a la autoridad responsable, que la fecha de todo tipo de audiencias (constitucional e incidental) se notificará a través de lista, cuya consulta es fácil por medios electrónicos. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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