Ma. Guadalupe Salas Martínez y Otros.
Expediente 103/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 103/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Salas Martínez y Otros.
- Ma. Guadalupe Salas Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
De autos se advierte que por acuerdo de uno de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa respecto de los actos realizados por el Juez y Secretario de Acuerdos adscritos al Juzgado Segundo Mixto Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial del Estado de Colima, en relación al cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede analizar oficiosamente si está cumplida o no la ejecutoria de garantías. Para estar en condiciones de realizar lo anterior, se deben estudiar los efectos de la protección constitucional concedida el veinte de octubre de dos mil veintiuno, así como la forma en que la responsable aduce que lo acató. Al respecto, se advierte que mediante oficio recibido en este juzgado, la autoridad responsable informó el cumplimiento a la ejecutoria, y a partir de ello, determinar la conclusión a la que se arribe; lo cual se realiza al tenor del siguiente cuadro comparativo: Efectos Actuación de la autoridad Conclusión a) Deje insubsistente la interlocutoria pronunciada el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 19-1139-124F de su índice. b) Realice las gestiones conducentes a fin de que se desahoguen las pruebas en psicología y pericial en trabajo social ordenadas en auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en dicho expediente. c) Con plenitud de jurisdicción, en términos de lo dispuesto en el artículo 940 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Colima, decrete todas las medidas y ordene la práctica de cualquier prueba que estime necesaria para dilucidar debidamente la litis, en aras de garantizar el interés superior de la niñez. d) Dicte otra resolución en la que se analicen de manera pormenorizada los medios probatorios que recabe y la totalidad de las constancias que obren en autos y determine a cuál de los padres le corresponderá la custodia del menor involucrado y fije el régimen de visitas, en su caso, de acuerdo a lo más benéfico para este último. Mediante oficio recibido en este juzgado el uno de diciembre de dos mil veinte, el Juez responsable, anexó copia certificada del proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictado en el expediente19-1139-124F, del que se advierte que dejó insubsistente la resolución pronunciada el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Asimismo, ordenó girar oficio a la Directora General del DIF Manzanillo, a efecto de designar una especialista en psicología para desahogar las pruebas en materia de psicología y pericial en trabajo ordenadas en auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente antes citado. En dicho, proveído ordenó el desahogo que estimó necesarias para garantizar el interés superior de la niñez. En audiencia de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, celebró la audiencia a fin de que las partes llegaran a un convenio y desahogó las pruebas en psicología y pericial en trabajo social, ordenadas en auto de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, elevando dicho convenio a la categoría de sentencia ejecutoriada. Asimismo, en la referida audiencia de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, las partes llegaron a un convenio en el que acordaron que Ma. Guadalupe Salas Martínez, tendrá en definitiva la custodia del menor de edad; además, establecieron el régimen de visitas y convivencia del señor Bernardino Ramírez López con el menor de edad Bernardino Ramírez Salas. Si está cumplida. Sí está cumplida. Sí está cumplida. Sí está cumplida. De la tabla precedente se obtiene, que la responsable cumplió en sus términos con los lineamientos de la ejecutoria de amparo, puesto que sin exceso ni defecto acató los efectos de la protección constitucional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la sentencia de amparo. Por otra parte, hágase del conocimiento a las partes que tienen a su alcance el recurso de informidad que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de depuración, al tratarse de un expediente en el que se concedió el amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 10 del citado Acuerdo. Asimismo, se ordena que obre por cuerda separada el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, inciso a) del artículo 18 del acuerdo general relativo. En consecuencia, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que obra por cuerda separada, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, fracción I, incisos a), y b), capítulo décimo, numerales 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por la Secretaria en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses de la fecha en que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual se informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y, en su caso, al tercero interesado con el documento de cuenta y anexos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, corriéndoles al efecto traslado con copia simple del mismo. Apercibidas que de no desahogar la vista que se les da dentro del término que se les concede, se acordará lo relativo en torno a dicho cumplimiento, tomando en consideración las constancias que integran el presente expediente.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el comunicado de cuenta signado por el Juez Segundo Mixto Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial de Manzanillo, Colima, mediante el cual informa las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a ello, se tiene al oficiante en vías de cumplimiento al fallo protector. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo Mixto Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial de Manzanillo, Colima, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio que derive del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite fijó la nueva fecha para la audiencia conciliatoria programada para el trece de febrero de dos mil veintiuno, en el expediente 19-1139-124F; asimismo, una vez que desahogue dicha audiencia y resuelva lo conducente a la custodia del menor, remita copia certificada de dichas actuaciones. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos) con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo y 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la tesis Jurisprudencial P./J. 59/2014 (10a.) visible en la página 5, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que se cita bajo el rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo". Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. [.] En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo". Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)2.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte, por una parte, que mediante Circular SECNO/1/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, informó la suspensión las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, con excepción de los casos previstos en dichos acuerdos y como consecuencia, no corrieron plazos y términos procesales, ni se celebraron audiencias en los expedientes que se encontraban admitidos hasta el inicio de la suspensión, motivo por el cual se acuerda lo conducente respecto del documento de cuenta. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el comunicado de cuenta signado por el Juez Segundo Mixto Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial del Estado de Colima, mediante el cual informa que el trece de enero de dos mil veintiuno en el expediente ***, difirió para el veintiséis del mes y año actual, para que tenga verificativo la audiencia ordenada en su proveído de quince de diciembre de dos mil veinte, de su índice y elevar a sentencia el convenio entre las partes del mismo, a fin de cumplir a cabalidad la ejecutoria de amparo. En atención a ello, se tiene al oficiante en vías de cumplimiento al fallo protector. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Segundo Mixto Familiar y Civil del Tercer Partido Judicial del Estado de Colima, para que una vez celebrada la audiencia incidental en comento señalada para el veintiséis de enero del presente año, remita de inmediato a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo.
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