Ma. Guadalupe Reveles Macías
Expediente 980/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 19 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Reveles Macías
- Junta Directiva del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto; el estado que guardan los autos del que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se declara que el mismo ha quedado firme, en consecuencia, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, ya que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar; y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, de que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; en consecuencia se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es depurable.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. VISTO; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa ********************. Guadalupe Reveles ********************cías, por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: En sentencia dictada el veintidós de abril de dos mil veintidós, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa, para los siguientes efectos: "a) El Director General y la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, realicen a la quejosa ********************. Guadalupe Reveles ********************cías, el pago de la primera parcialidad a que tiene derecho por concepto de aguinaldo derivado de la pensión por jubilación. b) El Director General y la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, deberá abstenerse de suspender el pago de aguinaldo derivado de la pensión del impetrante, así como de todas las prestaciones económicas reguladas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y demás disposiciones aplicables a que tenga derecho; en tanto no se actualice la hipótesis a que se refiere el artículo 45 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas." Inconforme con dicha sentencia, el Director General, por propio Derecho y la Junta Directiva por conducto de su apoderado legal, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, interpusieron recurso de revisión; el cual fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad de Zacatecas, el cual se radicó como amparo en revisión administrativo ********************/********************; y, en sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, los magistrados de este tribunal resolvieron: "PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por ********************, a nombre o como apoderado de Junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************. Guadalupe Reveles ********************cías, contra la omisión del pago de la primera parcialidad de su aguinaldo derivada de su pensión por jubilación, reclamado al Director General y a la Junta Directiva ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por los motivos establecidos en el considerando SÉPTIMO del fallo que se revisa. Notifíquese; (.)". Por lo anterior, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a la Junta Directiva y al Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento a la ejecutoria del amparo y remitiera a este juzgado las constancias con las que lo acreditara. En acato a dicho requerimiento, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintiocho de noviembre del año en curso, el delegado de las autoridades responsables Junta Directiva y Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió el reporte de transmisión de archivos de pagos a nombre de la quejosa ********************. Guadalupe Reveles ********************cías, del que se desprende que el concepto por el cual se realizó dicha transferencia fue por "Pago de Nómina". Por lo que en auto de veintinueve de noviembre del año en curso, se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el seis de diciembre del año en curso, el delegado de las autoridades responsables Junta Directiva y Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, anexó los comprobantes de pago con folios fiscales ********************y******************** ambos de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, de los que se desprende el pago correspondiente al aguinaldo dos mil veintiuno. Comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), que tienen cadena original con el complemento de certificación Digital del Servicios de Administración Tributaria y de los cuales se acredita que la parte quejosa recibió el pago a que tiene derecho por concepto de aguinaldo, derivado de la pensión por jubilación correspondiente al año dos mil veintiuno. Documentales anteriores cuentan con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al tratarse de documentos digital que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, acorde con lo dispuesto en el artículo 17 D, del Código Fiscal de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.3o.C.T.3 L (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en ********************terias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, que reza: "RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL. AUN CUANDO CAREZCAN DE LA FIRMA DEL TRABAJADOR, TIENEN VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO LABORAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 99, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Las impresiones de los recibos de nómina aportados en el juicio laboral, no pueden valorarse como documentales públicas o privadas si carecen de firma autógrafa para su reconocimiento; sin embargo, deben analizarse en términos del artículo 776, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, como aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, tales como documentos digitales o medios electrónicos, donde habrá de atenderse a la fiabilidad del método en que fueron generados, como es la cadena de caracteres generada con motivo de la transacción electrónica, el sello digital o cualquiera que permita autenticar el contenido de dicho documento digital, así como que se encuentre disponible para su ulterior consulta. Por ello, las impresiones de los recibos de nómina, aun cuando carezcan de la firma del trabajador, siempre que cuenten con el sello digital generado, correspondiente a la cadena de caracteres que permite autentificar la operación realizada, tienen valor probatorio en el juicio laboral, conforme al artículo 99, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señala que quienes hagan pagos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, deberán expedir y entregar comprobantes fiscales en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los que podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de los numerales 132, fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal del Trabajo." Entonces, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por las responsables, se advierte que dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que atendieron a todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Tiene aplicación a la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Finalmente, toda vez que es un hecho notorio y de conocimiento general que algunas dependencias se encuentran cerradas con motivo del periodo vacacional de que goza el personal adscrito a las mismas, resérvense en la actuaria de este Juzgado, los oficios que deban entregarse a dichas dependencia y una vez que se reanuden labores, entréguense los oficios para los efectos legales correspondientes.
- Principal
SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. VISTO; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa ********************. Guadalupe Reveles ********************cías, por auto de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo en los siguientes términos: En sentencia dictada el veintidós de abril de dos mil veintidós, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por la quejosa, para los siguientes efectos: "a) El Director General y la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, realicen a la quejosa ********************. Guadalupe Reveles ********************cías, el pago de la primera parcialidad a que tiene derecho por concepto de aguinaldo derivado de la pensión por jubilación. b) El Director General y la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, deberá abstenerse de suspender el pago de aguinaldo derivado de la pensión del impetrante, así como de todas las prestaciones económicas reguladas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y demás disposiciones aplicables a que tenga derecho; en tanto no se actualice la hipótesis a que se refiere el artículo 45 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas." Inconforme con dicha sentencia, el Director General, por propio Derecho y la Junta Directiva por conducto de su apoderado legal, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, interpusieron recurso de revisión; el cual fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad de Zacatecas, el cual se radicó como amparo en revisión administrativo ********************/********************; y, en sesión de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, los magistrados de este tribunal resolvieron: "PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por ********************, a nombre o como apoderado de Junta directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************. Guadalupe Reveles ********************cías, contra la omisión del pago de la primera parcialidad de su aguinaldo derivada de su pensión por jubilación, reclamado al Director General y a la Junta Directiva ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, por los motivos establecidos en el considerando SÉPTIMO del fallo que se revisa. Notifíquese; (.)". Por lo anterior, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se requirió a la Junta Directiva y al Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, para que dentro del plazo de tres días hábiles, diera cumplimiento a la ejecutoria del amparo y remitiera a este juzgado las constancias con las que lo acreditara. En acato a dicho requerimiento, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintiocho de noviembre del año en curso, el delegado de las autoridades responsables Junta Directiva y Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y remitió el reporte de transmisión de archivos de pagos a nombre de la quejosa ********************. Guadalupe Reveles ********************cías, del que se desprende que el concepto por el cual se realizó dicha transferencia fue por "Pago de Nómina". Por lo que en auto de veintinueve de noviembre del año en curso, se requirió nuevamente a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el seis de diciembre del año en curso, el delegado de las autoridades responsables Junta Directiva y Director General, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, anexó los comprobantes de pago con folios fiscales ********************y******************** ambos de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, de los que se desprende el pago correspondiente al aguinaldo dos mil veintiuno. Comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI), que tienen cadena original con el complemento de certificación Digital del Servicios de Administración Tributaria y de los cuales se acredita que la parte quejosa recibió el pago a que tiene derecho por concepto de aguinaldo, derivado de la pensión por jubilación correspondiente al año dos mil veintiuno. Documentales anteriores cuentan con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al tratarse de documentos digital que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, acorde con lo dispuesto en el artículo 17 D, del Código Fiscal de la Federación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.3o.C.T.3 L (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en ********************terias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, que reza: "RECIBOS DE NÓMINA CON SELLO DIGITAL. AUN CUANDO CAREZCAN DE LA FIRMA DEL TRABAJADOR, TIENEN VALOR PROBATORIO EN EL JUICIO LABORAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 99, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Las impresiones de los recibos de nómina aportados en el juicio laboral, no pueden valorarse como documentales públicas o privadas si carecen de firma autógrafa para su reconocimiento; sin embargo, deben analizarse en términos del artículo 776, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, como aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia, tales como documentos digitales o medios electrónicos, donde habrá de atenderse a la fiabilidad del método en que fueron generados, como es la cadena de caracteres generada con motivo de la transacción electrónica, el sello digital o cualquiera que permita autenticar el contenido de dicho documento digital, así como que se encuentre disponible para su ulterior consulta. Por ello, las impresiones de los recibos de nómina, aun cuando carezcan de la firma del trabajador, siempre que cuenten con el sello digital generado, correspondiente a la cadena de caracteres que permite autentificar la operación realizada, tienen valor probatorio en el juicio laboral, conforme al artículo 99, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señala que quienes hagan pagos por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal subordinado, deberán expedir y entregar comprobantes fiscales en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los que podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de los numerales 132, fracciones VII y VIII, y 804, primer párrafo, fracciones II y IV, de la Ley Federal del Trabajo." Entonces, confrontando los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas por las responsables, se advierte que dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que atendieron a todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional, en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Tiene aplicación a la jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva." Finalmente, toda vez que es un hecho notorio y de conocimiento general que algunas dependencias se encuentran cerradas con motivo del periodo vacacional de que goza el personal adscrito a las mismas, resérvense en la actuaria de este Juzgado, los oficios que deban entregarse a dichas dependencia y una vez que se reanuden labores, entréguense los oficios para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio y anexo de cuenta, que remite el delegado de las autoridades responsables, por el que informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria protectora emitida en el presente juicio de amparo; al respecto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las referidas constancias dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que legalmente se le practique de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
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