Ma. Guadalupe Ramírez Villagrana

Expediente 787/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
787/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2016

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Ramírez Villagrana

Actuaciones

  1. Principal

    En quince de agosto de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veintiséis de julio al ocho de agosto del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil dieciséis dentro del juicio de amparo número 787/2016-5.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta a la Secretaria encargada del despacho con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, que sobreseyó el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. EMVG

  2. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de garantías 787/2016-5, estando en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza y da fe, licenciado José de Jesús Martínez Torres, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración sin contar con la asistencia personal de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto seguido, el Secretario procede a dar lectura a las constancias que integran el presente juicio de amparo, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas, en aplicación a la jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas.". En relación con lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas y por rendidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables Directora y Jefa de Seguridad, ambas del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en donde el Secretario da cuenta con las documentales que anexó la primera de las citadas responsables a su informe justificado. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas en mención en razón de no ser contrarias a la moral y el derecho; y por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. No existiendo más pruebas pendientes por recibir o desahogar, se cierra la etapa de pruebas. Con lo anterior, se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en que el Secretario da cuenta con el pedimento 486/2016, formulado por el Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, recibido en esta propia fecha. Al respecto, la Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por formulados los alegatos al mencionado representante social. Al no existir diligencia pendiente por desahogar, se levanta esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 787/2016-5; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. En escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, la licenciada Patricia Terrazas Marín, en su carácter de defensora pública federal de MA. GUADALUPE RAMÍREZ VILLAGRANA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y actos que se precisan enseguida: Autoridades responsables: Directora del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas. Jefa de Seguridad del Centro Estatal de Reinserción Social, con sede en Cieneguillas, Zacatecas. Acto Reclamado: "De las autoridades responsables, se reclaman LA OMISIÓN DE NO CAMBIAR DE CELDA A MA. GUADALUPE RAMÍREZ VILLAGRANA, EN ATENCIÓN A QUE LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DE ÉSTA SE ENCUENTRA EN RIESGO YA QUE HA RECIBIDO ATAQUES FÍSICOS Y AMENZAS DE MUERTE POR PARTE DE SUS COMPAÑERAS DE CELDA, LO CUAL HIZO DEL CONOCIMIENTO EN REITERADAS OCASIONES DE LA DIRECTORA Y JEFA DE SEGURIDAD DE DICHO CENTRO DE RECLUSIÓN, HACIENDO CASO OMISO, POR LO QUE SE ESTÁ AFECTANDO GRAVAMENTE SU SALUD FÍSICA Y MENTAL." Preceptos constitucionales que se consideran violados. La quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los que tutelan los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo expediente 787/2016-5; y en proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciséis se ordenó su admisión; dar la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y fijar día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente acta que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión y existencia de los actos reclamados. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse en qué consisten, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo en vigor y las jurisprudencias de los rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que la quejosa reclama a las autoridades responsables, la omisión de cambiarla de celda dentro del Centro Regional de Reinserción Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas. Existencia del acto reclamado. Una vez determinado el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia, certeza o presunción del mismo, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, visible en la página 95 del rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad.". Es cierto el acto que se reclama a la Directora y Jefa de Seguridad del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, ambas con sede en Cieneguillas, Zacatecas, toda vez que así se advierte del contenido íntegro de su respectivo informe justificado (f. 19 y 23). Sobre el particular, se invoca la jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". TERCERO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia de fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo, del artículo 62, de la Ley de Amparo vigente, y con la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Esta resolutora considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Precisado quedó en párrafos que anteceden que de la demanda de garantías se advierte que la quejosa reclama de la Directora y Jefa de Seguridad del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, ambas con sede en Cieneguillas, Zacatecas, la omisión de cambiarla de celda dentro de esas instalaciones. Pues bien, del informe justificado que rindieron las autoridades responsables esencialmente se advierte que aceptan que efectivamente la quejosa Ma. Guadalupe Ramírez Villagrana solicitó ser cambiada de celda, ya que constantemente tenía problemas con sus compañeras consistentes en insultos y amenazas recíprocas por situaciones propias de la convivencia diaria. Asimismo, refirieron que dicha solicitud fue atendida, pues a las dieciocho horas con treinta minutos del veintiuno de junio del año en curso, de manera formal se llevó a cabo el cambio de la quejosa, de la celda número dos ubicada en el dormitorio uno, a la celda número cuatro del área de procesadas federales ubicada en el dormitorio uno de ese Centro Penitenciario; y para acreditar lo anterior, la Directora del mencionado reclusorio remitió con su informe justificado copia fotostática certificada del registro diario relativo al pase de lista de internas correspondiente al mes de junio de dos mil dieciséis; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, en términos del numeral 2°, párrafo segundo de ésta legislación. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Como se ve, los antecedentes relacionados ponen de relieve que en la especie, si bien es verdad que en la hora y fecha en que se presentó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado (15:19 horas del veintiuno de junio de dos mil dieciséis), las autoridades responsables no habían efectuado el cambio de celda solicitado por la quejosa; también lo es que posteriormente, esto es, a las 18:30 horas de esa propia fecha se realizó el indicado cambio de celda; por lo que en ese contexto, es inconcuso que ello se traduce en que la garante fue restituida en el pleno goce de sus derechos fundamentales, a haber sido atendida la petición que formuló en los términos antes precisados. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de esa propia legislación, procede sobreseer en este juicio de amparo. Así, al haberse acreditado el motivo de improcedencia analizado, ello impide el estudio de fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor; se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 787/2016-5, promovido por la licenciada Patricia Terrazas Marín, en su carácter de defensora pública federal de MA. GUADALUPE RAMÍREZ VILLAGRANA, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos indicados en el considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. DOY FE. EMVG

  3. Principal

    El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, el licenciado Juan García Trejo, doy cuenta a la Juez con dos oficios registrados con los números de folio 11794 y 11795, el primero de ellos con anexo. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Agréguense a los presentes autos para que obren como corresponda los oficios de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, ténganse por rendidos los INFORMES JUSTIFICADOS de las autoridades responsables Directora y Jefa de Seguridad ambas del Centro Estatal de Reinserción Social Femenil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, sin perjuicio de su relación que se haga nuevamente en el período procesal correspondiente. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la materia, téngase como prueba de la primera autoridad oficiante la documental que anexa a su ocurso, misma que dada su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada, sin perjuicio de hacer relación nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Jueza Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. *Amci

  4. Principal

    En veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se da cuenta a la Juez con la demanda de amparo con registro 11691 y copias que se adjuntan. CONSTE Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de junio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo que promueve la licenciada Patricia Terrazas Marín, Defensora Pública Federal de MA. GUADALUPE RAMÍREZ VILLAGRANA, contra actos de la Directora del Centro Regional de Reinserción Social Femenil, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas y otra autoridad, por considerar que se conculcan en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 2, apartado A, fracción VIII, 4°, tercer párrafo, 14, 16, 17, 18, 20, apartado B, fracciones VII, VIII y IX, constitucionales 1, 2, 4, 5, 7, 8, 25, 29, 62 y 63 de la Convención Americana Sobre derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica 2, 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 3 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; regístrese en el libro de gobierno bajo el consecutivo 787/2016-5 que le corresponde. En tales condiciones, se provee: Con fundamento en los artículos 112, 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de garantías, solicítese a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación del presente proveído; asimismo, expondrán las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto o la improcedencia del juicio acompañando en su caso, copia certificada de las constancias que hayan tomado en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, o de no serles posible, manifiesten el impedimento legal que tengan para remitirlas. Ahora bien, dado que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Carta Magna, se apercibe a las autoridades responsables que si alguna de las constancias que remitan en apoyo de su informe, está incompleta o ilegible, total o parcialmente, lo rinden sin remitir constancias necesarias para apoyarlo o no manifiesta el impedimento legal que tuviesen para tal efecto, se estarán a las consecuencias que implica su falta en términos del artículo 117 ya citado. Asimismo, hágase saber a las partes que, cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten; ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, como en la especie se reclama de las autoridades señaladas como responsables la omisión de cambiar a MA. GUADALUPE RAMÍREZ VILLAGRANA de celda, en atención a que su vida e integridad física se encuentran en riesgo, ya que aduce haber recibido ataques físicos y amenazas de muerte por parte de sus compañeras de celda, lo cual en reiteradas ocasiones hizo del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, haciendo caso omiso, por lo que se está afectando gravemente su salud física y mental; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 126 de la Ley de Amparo vigente, SE SUSPENDE DE PLANO EL ACTO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE CAMBIAR DE CELDA A MA. GUADALUPE RAMÍREZ VILLAGRANA; POR LO QUE SE ORDENA SE LE CAMBIE INMEDIATAMENTE DE LA CELDA EN QUE SE ENCUENTRA A OTRA DIVERSA, DONDE SE GARANTICE SU INTEGRIDAD, A LO CUAL ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en lo establecido por el artículo 158 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables DIRECTORA DEL CENTRO REGIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL FEMENIL, CON RESIDENCIA EN CIENEGUILLAS, ZACATECAS y JEFA DE SEGURIDAD del propio centro, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS informen sobre el cumplimiento dado a esta medida suspensiva, debiendo remitir las constancias relativas, apercibidas que en caso de no hacerlo se les impondrá una multa por el equivalente a CINCUENTA DÍAS de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 237 de la Ley de Amparo vigente, haciéndoles saber que de incumplir dicho mandato podrían incurrir en el delito a que se refiere el artículo 262, fracción III, de la ley en cita. Con fundamento en el numeral 29 de la ley que rige la materia, notifíquese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, el trámite del presente asunto por medio de lista, quedando a su disposición copia de la demanda en la secretaría de este juzgado. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis que enseguida se transcribe, aplicada por las razones que la informan. NOTIFICAClONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA. En los términos del artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán al Ministerio Público por medio de lista que se fijará en lugar visible en el juzgado; por tanto, si de las constancias del juicio se observa que la notificación del auto admisorio se realizó por medio de lista al representante social, tal notificación debe considerarse ajustada a derecho. Consecuentemente, resulta infundada la argumentación que se hace consistir en que la referida notificación debió hacerse por oficio o en forma personal, dado que no hay ninguna disposición en la Ley de Amparo que así lo establezca". Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el Actuario Judicial para llevar a cabo las notificaciones personales que se susciten dentro del presente procedimiento, con fundamento en el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le habilitan días y/u horas inhábiles para que realice las notificaciones que fueren necesarias, sin necesidad de acuerdo respectivo, previa constancia actuarial, en que se asiente esa circunstancia. Por otra parte, tomando en consideración que la promovente refiere que quejosa directa se encuentra interna en el Centro Regional de Reinserción Social Femenil, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas; se comisiona al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en las instalaciones del aludido establecimiento penitenciario y notifique a dicha quejosa el presente proveído, entregándole al efecto copia simple del mismo. Se tienen como autorizados de la quejosa para recibir notificaciones, en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, a los licenciados en derecho Patricia Terrazas Marín (4134532), Carlos Gilberto Valadez Montañez (4863241), quienes cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Eduardo Daniel Olivares de la Rosa; y, por señalado como domicilio para tal efecto, el ubicado en las oficinas que ocupa la Defensoría Pública Federal adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, de esta ciudad. Tomando en consideración que la promovente del amparo, defensora pública Federal, se ostenta como tal de la directo quejosa, en la causa penal 402/2014, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado; con apoyo en el artículo 14 de la Ley de Amparo, solicítese al titular de dicho Juzgado, tenga a bien remitir la certificación correspondiente. Finalmente, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza y da fe.

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