Ma. Guadalupe Quintero Leal
Expediente 704/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 704/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Quintero Leal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el oficio signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con residencia en la ciudad de Guanajuato, mediante el cual remite copia de la ejecutoria pronunciada por dicho órgano colegiado el veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro recurso de queja 641/2022, cuyo punto resolutivo es el siguiente: «ÚNICO. Es infundado el recurso de queja, por lo que se confirma el auto de doce de julio de dos mil veintidós, emitido por la jueza Quinta de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el juicio de amparo indirecto 704/2022-V, promovido por Ma. Guadalupe Quintero Leal, que desechó de plano la demanda de amparo.» En consecuencia, debido a lo resuelto por la superioridad, archívese este expediente como asunto concluido. Sin realizar pronunciamiento sobre la devolución de documentos originales, ya que del análisis del presente juicio se desprende que no se adjuntó constancia alguna que se encuentre en la hipótesis prevista por el ordinal 3, fracción XVIII, del acuerdo general citado.
- Principal
Visto el estado de autos, se desprende que en proveído de diecinueve de julio pasado, se tuvo interpuesto recurso de queja contra el auto de desechamiento; en dicho acuerdo se ordenó remitir electrónicamente el medio de impugnación al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente; sin embargo, tanto en el expediente físico como electrónico, se inadvierte el acuse de recepción en cumplimiento a lo acordado; en ese sentido, se instruye al actuario de la adscripción para que a la brevedad adjunte la constancia respectiva, o bien, remita el recurso de queja al Tribunal Colegiado.
- Principal
Recepción de escrito. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Ma. Guadalupe Quintero Leal; atento a su contenido, con fundamento en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se acuerda: Se tiene interpuesto recurso de queja contra el proveído de doce de julio de dos mil veintidós; En razón de lo anterior, dada la naturaleza de la determinación recurrida, solicítese turno correspondiente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital; para lo cual, adjúntese el escrito electrónico de expresión de agravios para que cuente con los datos necesarios para su registro.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese en autos el escrito signado por la quejosa ****, mediante el cual cumple con el requerimiento de seis de julio pasado; aclara el acto que reclama ate esta instancia constitucional. Acto reclamado. El acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La falta de respuesta congruente y exhaustiva a la solicitud de seis de mayo de dos mil veintidós contenida en el oficio **** de veinte de mayo de dos mil veintidós. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Definitividad. El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Además, dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por esto, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Para que opere la causa de improcedencia invocada, resulta menester que concurran los siguientes requisitos: a) Que sea un acto dictado por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal; y c) Por virtud de dicho ,medio de defensa, puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esta causa de improcedencia contiene varias excepciones, las cuales dan posibilidad de acceder al juicio de amparo sin necesidad de agotar los medios de defensa ordinario. Medios de impugnación en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De la interpretación sistemática de los artículos 83, 84, 85 y 86, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se advierte, en lo que interesa, que el recurso de revisión será optativo para el interesado antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es decir, que la parte quejosa puede elegir entre impugnar los actos emitidos por la autoridad que señaló como responsable, por medio del recurso de revisión o bien, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; asimismo, en la respectiva demanda también puede pedirse la suspensión de sus efectos en tanto se pronuncie sentencia definitiva. Por su parte, el artículo 3, fracción VII, y penúltimo párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, establece como uno de los supuestos de procedencia del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa -en lo que aquí interesa- el relativo a las que se dicten en materia de pensiones sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Caso en concreto. Primeramente, es necesario precisar que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, en la contradicción de criterios 341/2015 determinó -en lo que interesa- que los institutos aseguradores , de conformidad con la legislación que los rige, están facultados para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Estimó que, cuando se atribuye al instituto la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, debido a que, en este caso, es necesario garantizar la protección efectiva del derecho humano de petición, con la única finalidad de que el funcionario o empleado público del instituto emita una respuesta a la petición. Sin embargo, respecto de la respuesta que, en su caso formule el instituto, no procederá demanda de amparo indirecto, sino que el asegurado o beneficiario, una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, debe acudir a la vía común. Así, si en el presente asunto la quejosa reclama la falta de respuesta congruente y exhaustiva a la solicitud de seis de mayo de dos mil veintidós contenida en el oficio **** de veinte de mayo de dos mil veintidós, la acción de amparo resulta improcedente porque en ese supuesto el jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, Delegación Celaya, Guanajuato, al emitir su respuesta -aunque incompleta como lo hace ver la parte quejosa- escapa de ser analizada en el sumario ya que para ello deberá acudir ante la instancia correspondiente -juicio contencioso administrativo- para dirimir su reclamo.*** Por tanto, si la quejosa alega que la autoridad administrativa no dio respuesta congruente y exhaustiva a su petición realizada, pues refiere que mediante el oficio ***** de veinte de mayo de dos mil veintidós si bien emitió respuesta, ésta fue incompleta, constituye un acto administrativo, el cual es susceptible de ser analizado a través del recurso de revisión previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo o bien, iniciar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ello, porque la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, como se dijo, prevén la tramitación del recurso de revisión o bien, del procedimiento administrativo, a través del cual se pueden impugnar los actos que las autoridades federales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares. Además, en la substanciación del procedimiento administrativo puede solicitarse la suspensión de los efectos del acto reclamado, sin que Ley Federal de Procedimiento Administrativo establezca mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para su otorgamiento. Luego, como el acto en estudio en el presente juicio es susceptible de ser anulado mediante los referidos medios de impugnación, sin que fueran agotados, se considera que no se cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En ese orden de ideas, si el acto en estudio es impugnable en vía de recurso de revisión o bien instar el juicio contencioso administrativo, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la codificación de la materia, es decir, a través del cual podía modificarse o revocarse, lo que sería en beneficio de los intereses de la parte quejosa. Además el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza administrativa y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b). Así, tampoco se actualiza la hipótesis marcada con el inciso c), dado que quien comparece al presente juicio ejercitó su derecho de petición ante la autoridad responsable, la cual dio origen al oficio reclamado. Por último, como se aprecia del propio acto reclamado, no se trata de un auto de vinculación a proceso, por tanto, no encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral citado. Además, sin que obste que la resolución reclamada pudiera considerarse un acto de juicio de imposible reparación, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el caso de actos de esa índole, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados.*** De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.
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