Ma. Guadalupe Peña Martínez
Expediente 451/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/05/2018
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Peña Martínez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el auto de veintiséis de abril de la presente anualidad, por medio del cual, por una parte se desechó la demanda de amparo y por otra se declaró carecer de competencia, se declara que el mismo ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrito, aceptó la competencia declinada.
- Principal
AVISO. POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, HACIÉNDOLE SABER EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve Ma. Guadalupe Peña Martínez, contra actos que reclama del Juez y Notificador adscritos al Juzgado Tercero Auxiliar en Materia Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 451 2018 Precisión de los actos reclamados. De la demanda de amparo y anexos, se advierte que la parte quejosa reclama, en síntesis, lo siguiente: 1) La sentencia de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 1133/2015, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. 2) La omisión de notificar de forma legal la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Decisión sobre la instancia constitucional. a) Incompetencia parcial. Respecto al acto señalado en el punto 1), este juzgado de Distrito se considera legalmente incompetente, como se verá a continuación. Los artículos 34, primer párrafo, y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, en lo que interesa, señala: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. [.]" "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. [.] " De la interpretación gramatical de la disposición legal trascrita en primer término, se advierte que los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. Por otro lado, de la interpretación gramatical del segundo de dichos artículos, se advierte que el juicio de amparo directo procede en contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas de la quejosa trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Bajo ese orden de ideas, en la especie, es de considerarse que el acto reclamado se hace consistir en la sentencia definitiva de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, relativa al proyecto de partición y adjudicación dictada en el expediente 1133 2015, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. En ese orden de ideas, el acto reclamado, debe ser impugnado mediante el juicio de amparo directo en los términos de los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Federal, en relación con el 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, correspondiendo el conocimiento de dicho juicio de amparo a un tribunal colegiado de circuito, por ello, se estima que este juzgado de Distrito, carece de competencia legal para conocer del acto reclamado de que se trata. Consecuentemente, conforme a lo dispuesto por el artículo 47 de la ley de la materia, remítanse las actuaciones del presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, para que las turne al órgano jurisdiccional que corresponda, a fin de que, de ser el caso, se avoque al conocimiento de la misma, para lo cual se solicita, de la manera más atenta, informe lo que a bien tenga a determinar. Sirven de apoyo a lo aquí señalado, los siguientes criterios: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 fracción V, párrafo primero de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas." PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCION QUE DECRETA LA CADUCIDAD EN LA PRIMERA INSTANCIA Y ES CONFIRMADA EN APELACION. La caducidad de la instancia es un medio extraordinario establecido en las legislaciones procesales, cuya característica es la de extinguir la relación jurídica que liga a los sujetos que participan en un procedimiento contencioso, sin resolver cuestión alguna respecto de sus pretensiones; por lo que cuando se decreta la caducidad dentro de la primera instancia y tal determinación es confirmada en grado de apelación, esta última resolución, para los efectos que marca el artículo 46 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio susceptible de combatirse en amparo directo." Solicítese el acuse de estilo respectivo, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. b) Desechamiento. Ahora, analizado que es el acto reclamado por el promovente en el punto 2), se advierte que la demanda de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En ese sentido, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b, de la Constitución, como se expondrá a continuación. Motivo de improcedencia que contiene implícito el principio de definitividad tratándose de actos jurisdiccionales, rector del juicio de amparo, esto es, en dicha fracción se impone a la parte quejosa la obligación de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que mediante su promoción o interposición sea susceptible de conseguir la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, puesto que la intención del legislador con la creación del juicio de amparo fue que éste se concibiera como un medio de defensa extraordinario y que, por ende, fuese la última instancia a que tiene acceso el gobernado cuando por motivo de un acto de autoridad se vulneren sus derechos fundamentales. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución, dispone que: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]". De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis citada en párrafos precedentes de rubro: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. " Y, entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así se desprende de la tesis siguiente: DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." Por otra parte, los artículos 64, 65 y 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, disponen lo siguiente: "Artículo 64. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del Título Segundo de este código, serán nulas; pero si la persona que invoca la nulidad se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legítimamente hecha. "Artículo 65. La nulidad de una actuación debe reclamarse en la siguiente en que intervenga el que la promueve, de la cual se deduzca que éste tiene conocimiento o se ha ostentado sabedor de la misma, de su ejecución, o busca la continuación del procedimiento; en cuyos supuestos quedará revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento, cuando por tal motivo se deje en estado de indefensión al demandado." "Artículo 66. Las nulidades previstas en el artículo anterior se promoverán ante el mismo juez o tribunal que conozca del negocio y se tramitarán en la siguiente forma: [.]" De los preceptos legales transcritos se advierte, entre otras disposiciones, que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevista por la ley, serán nulas; asimismo, que la nulidad de una actuación se debe reclamar en la siguiente en la que intervenga el que promueve y dicha promoción debe hacerse ante el juez o tribunal que conozca del negocio. En mérito de ello, se tiene que el acto reclamado precisado en el punto 2), consistente en la omisión de notificar de forma legal la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, por tanto, previo al ejercicio de la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad previsto por el precitado artículo, alegando los vicios que, a su parecer, adolece dicha notificación, ello, dado que es parte en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: NULIDAD DE ACTUACIONES PRACTICADAS CONCLUIDO EL JUICIO. Los incidentes de nulidad de actuaciones no pueden promoverse después de pronunciada sentencia que causó ejecutoria, cuando se impugnen las actuaciones anteriores a dicha sentencia, ya que, de esta manera, se destruiría la firmeza de la cosa juzgada; pero cuando la nulidad solicitada sólo afecta a actuaciones practicadas con posterioridad al fallo y relativas a la ejecución del mismo, sí puede plantearse y resolverse el incidente de nulidad de estas últimas actuaciones." ACTUACIONES PROCESALES VICIADAS. EN PREPARACIÓN DE SU CONOCIMIENTO EN EL AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIONES PROCESALES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES, POR QUEDAR COMPRENDIDO DENTRO DEL CONCEPTO "RECURSOS ORDINARIOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 161 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece el procedimiento de preparación de las violaciones procesales, pues dispone que el agraviado debe impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario y dentro del término que dicha ley reglamentaria señala, pero únicamente se refiere a los recursos ordinarios; sin embargo, con base en la ratio legis que informa al citado numeral, se debe entender que en dicho concepto "recursos ordinarios", también queda comprendido el incidente de nulidad de actuaciones, como medio de defensa para combatir aquellas que se consideren viciadas, toda vez que el agotamiento de éste igualmente satisface la pretensión del legislador de que el afectado haga valer todas las vías de impugnación ordinaria que prevé la ley adjetiva aplicable, antes de que cualquier violación adjetiva se plantee ante la autoridad federal." En tales condiciones, la solicitante del amparo debió agotar el incidente de nulidad de actuaciones, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, pues a través del mismo el acto reclamado en estudio puede ser revocado, modificado o nulificado; sin embargo, no lo hizo. Cobra aplicación a lo antes mencionado, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, febrero de 1994, página 307, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Consecuentemente, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b, de la Constitución, por lo que, con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda en estudio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda y como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Miryam Orozco Mariscal, en razón de que, como se advierte de la certificación de cuenta, su cédula profesional no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, y en iguales términos a las diversas personas que señala, por así haberlo solicitado. Por lo que ve a su solicitud de autorización del uso de medios electrónicos, indíquesele que están a su disposición, en la secretaría de este órgano jurisdiccional, las constancias que integran el sumario en que se actúa, para su reproducción, por medios electrónicos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo epígrafe es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA" Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
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