Ma. Guadalupe Padilla Rosas
Expediente 1327/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1327/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Padilla Rosas
- MA. GUADALUPE PADILLA ROSAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
... Se recibe el oficio enviado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que en el tribunal de su adscripción se admitió el recurso de revisión interpuesto por el apoderado legal de la parte quejosa, contra la sentencia emitida en el controvertido constitucional de referencia, medio de impugnación al que correspondió el número de amparo en revisión 262/2016, de lo anterior, se toma nota para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
... Se recibe el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión y formula agravios en contra de la sentencia dictada en el presente controvertido constitucional. ... SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN hecho valer en contra de la aludida resolución. ... En tal virtud, distribúyanse entre las partes copia simple del escrito de expresión de agravios, y una vez que se cuente con las constancias con las que se acredite la debida notificación de la interposición del medio de impugnación de trato, se dictará el acuerdo respecto al envío del expediente y del escrito de agravios correspondiente al Tribunal de Alzada para la substanciación del recurso interpuesto.
- Principal
SENTENCIA: Visto, para resolver el juicio de amparo 1327/2016-II, promovido por Joel Vicente Flores Sarno, apoderado legal de Ma. Guadalupe Padilla Rosas, Norma Yáñez García, Sara Nohemí Hernández Chi y José Manuel Osorio García, contra actos de la Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; y, RESULTANDO QUE: PRIMERO. Demanda. El citado apoderado legal, mediante escrito turnado a este Juzgado de Distrito el veintidós de junio de dos mil dieciséis, compareció a demandar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la autoridad de trato, que hizo consistir en lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: El dejar de dictar las medidas necesarias a fin de que cumpla en definitiva con la resolución en forma de laudo de fecha 4 de septiembre de 2016 y vigilar la entrega del crédito laboral en personal a los trabajadores en tiempo y forma, dentro del expediente laboral 195/E08/2013.". A ese respecto, la parte quejosa preceptuó que la omisión reclamada violaba en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y Trámite. Por auto de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito admitió ad cautelam la demanda de amparo, se requirió informe con justificación a la autoridad responsable, quien al rendirlo anexó las constancias de las que se advierte la personalidad de Joel Vicente Flores Sarno, como apoderado legal de la parte quejosa. Posteriormente, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional la cual se verificó al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO QUE: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, ejerce jurisdicción y es legalmente competente para resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, del cual se desprende que se surte la competencia de este Juzgado Federal, toda vez que el acto reclamado carece de ejecución material, y la demanda se presentó en la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, debe precisarse el acto o actos reclamados, como cuestión previa, porque de ello dependerá la existencia o inexistencia de los mismos. Lo anterior de conformidad con lo expresado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, visible en la página treinta y dos, cuyo rubro indica: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". También, tiene aplicación el criterio que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. VI/2004, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, sujeta a consulta en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, de la propia demanda de amparo promovida por la parte quejosa, como de las constancias que integran el sumario, se advierte que los actos reclamados a la autoridad responsable son los siguientes: La omisión de dictar las medidas necesarias a fin de que el laudo sea ejecutado en tiempo y forma, y vigilar la entrega del crédito laboral a los trabajadores, dentro del expediente laboral 195/E08/2013. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. En cumplimiento del ordinal 75, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado en la demanda. En mérito a lo anterior, procede determinar qué actos de los reclamados por los quejosos no han sido probados y deben declararse inexistentes, y cuáles si fueron probados, en consecuencia son existentes y constituyen la materia del examen de constitucionalidad del presente juicio de garantías. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 68, tomo 76, Abril de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, del rubro y texto que a continuación se expresan: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". La autoridad señalada como responsable Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su respectivo informe con justificación, aceptó los actos atribuidos por los quejosos, por tal motivo, se tiene como cierto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia doscientos setenta y ocho, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del Tomo VI, página 231, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en dejar de dictar las medidas necesarias a fin de que el laudo emitido en el controvertido laboral de origen sea cumplido, así como vigilar la entrega del crédito laboral a los aquí quejosos, debe decirse que tales omisiones resultan inexistentes conforme a los siguientes razonamientos; lo que amerita que se sobresea el presente asunto de conformidad con el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. Así pues, la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y. (.)" En principio conviene destacar que del contenido de las constancias que remitió como complemento a su informe de ley la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que al momento en que la parte quejosa presentó su demanda, las omisiones de trato eran inexistentes. Lo anterior es así, pues no debe de perderse de vista que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de laudo, y aun cuando esa fase procesal los gobernados cuentan con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se les administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que en dicha fase se requiere no solamente la forzosa solicitud de los ejecutantes para su inicio, sino también su prosecución, es decir, la intensión de continuar con la misma, tales aseveraciones se encuentran plasmadas en la Jurisprudencia 15/2011, que se citó en párrafos procedentes cuyo rubro dice "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.". En ese orden de ideas, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se tiene que en la fase ejecutiva de los laudos, forzosamente se requiere de la intervención de la ejecutante en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Lo anteriormente dicho, encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página 2772, de tenor literal siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo.". Por todo lo anterior, es que no puede constreñirse a la Junta responsable para que de manera genérica y de oficio, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, dentro de los trámites y plazos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, en los términos que indica la ley aplicable al caso. En ese contexto, se concluye que en el presente caso, los actos reclamados resultan inexistentes al reclamarse de forma genérica, esto es, la omisión de dictar las medidas necesarias para la ejecución forzosa de un laudo, así como vigilar la entrega del crédito laboral a los aquí quejosos, toda vez que del estudio del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa, no precisa la actuación con la cual dio impulso al procedimiento, y respecto de la cual la autoridad responsable haya sido omiso en pronunciarse, por lo que se estima, como inexistente los actos reclamados, al no existir una previa petición de los ejecutantes. Así las cosas, ante la inexistencia de los actos reclamados, lo que procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Se invoca por identidad de contenido la Jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), emitida por el Pleno del Primer Circuito publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo II, página 844, tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante." De igual manera, sirve de apoyo a lo anterior, aplicada en lo conducente, la jurisprudencia número 10, Primera Parte, publicado en la página 12, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO, SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA.". Bajo otro contexto, no se atenderán los alegatos formulados por la parte quejosa, ya que no integran la litis constitucional y, en consecuencia, no existe el deber de analizar las argumentaciones ahí vertidas, en términos de los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro, texto y datos de localización, son: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." (Registro No. 205449, Localización: Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80, Agosto de 1994, Página: 14, Tesis: P./J. 27/94, Jurisprudencia, Materia(s): Común). Sin que sea óbice a lo anterior, que en el presente caso, se apliquen los criterios jurisprudenciales que quedaron expuestos en líneas precedentes, toda vez que el artículo sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuara en vigor en lo que no se oponga al actual decreto regulatorio de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo que establecen los artículos 103 y 107 Constitucionales, y los diversos numerales 63, fracción IV, 73, 74, 75, 76 y 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Ma. Guadalupe Padilla Rosas, Norma Yáñez García, Sara Nohemí Hernández Chi y José Manuel Osorio García, contra el acto reclamado a la Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el tercer considerado de esta resolución. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y tercero interesado, y por lista al resto de las partes. Así lo resuelve y firma, Pedro Armendáriz Alvizo, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; así, como por autorización dada en sesión de treinta de agosto de dos mil dieciséis, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y contenida en el oficio CCJ/ST/4258/2016, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; quien actúa asistido de la licenciada Rosaura del Carmen Cabrera Morales, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
... ÚNICO: Se sobresee en el presente juicio de amparo.
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