Ma. Guadalupe Nava Silverio

Expediente 999/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
999/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
10/11/2022

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Nava Silverio
  • Secretaria de Salud de la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero, Aidé Aibarez Castro. Ciudad.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vistas las certificaciones secretariales de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio, ha causado ejecutoria; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. En cumplimiento al artículo 21, segundo párrafo del Acuerdo General antes citado, se instruye al Actuario Judicial correspondiente, notifique personalmente a las partes el presente acuerdo, para que de considerarlo necesario acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos que hubieren exhibido en el expediente o que consideren de su interés, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. En el entendido para el fedatario judicial que de no poder efectuar la notificación señalada, deberá realizarla a través de lista en los Estrados de este juzgado federal. Con fundamento en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General, háganse la indicación en la carátula de este expediente de que será destruible. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    En Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siendo las once horas del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 999/2022, promovido por *** por su propio derecho, estando en audiencia pública el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido del licenciado Salvador Vázquez Galeana, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. Asimismo, se hace patente que el desahogo de la presente audiencia se lleva a cabo en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del personal judicial; así como en armonía a los Acuerdos Generales 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos 25/2020, 37/2020, 01/2021, 05/2021, 09/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022, 16/2022 y 21/2022, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. A CONTINUACIÓN, EL SECRETARIO HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Escrito inicial de demanda; acuerdo en que se ordenó admitir a trámite; constancia de notificación y emplazamiento a las partes; e informes justificados y acuerdos en que se tuvieron recibidos. Así como con el proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós, en el que se requirió a la parte quejosa para que manifestara si era o no su deseo ampliar la demanda, respecto a la respuesta que recayó a su solicitud de petición y se certifica que el plazo de quince días otorgado en dicho auto transcurrió del diecinueve de septiembre al siete de octubre de dos mil veintidós, descontando de dicho cómputo los días veinticuatro y veinticinco de septiembre del año actual, así como uno y dos de octubre del año que transcurre, por ser inhábiles, sin que se hubiese hecho manifestación alguna al respecto. ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase hecha la anterior relación de constancias de autos, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. De la certificación que antecede, se deduce que ha fenecido el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, otorgado a la parte quejosa en acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, a efecto de que si convenía a sus intereses ampliara la demanda de amparo respecto a la respuesta que recayó a su solicitud ingresada el veintiocho de junio de dos mil veintidós, sin que lo haya realizado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de mérito y se tiene por precluido su derecho para ampliar la demanda de amparo, por lo que este juicio se resolverá únicamente respecto al acto reclamado y autoridades señaladas en su escrito inicial. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: El Secretario da cuenta con las documentales que adjuntó la parte quejosa a su escrito inicial y las que anexó la responsable Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a su informe justificado. EL JUEZ ACUERDA: Se admiten los medios de convicción antes referidos, los que se desahogan por su propia y especial naturaleza jurídica, en términos del arábigo 119 de la Ley de Amparo, mismos que serán tomados en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; por tanto, se cierra el periodo. ETAPA DE ALEGATOS: En términos de lo que establece el primer párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la etapa de alegatos, en la que el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ ACUERDA: En virtud de que no existen alegatos formulados por las partes, se declara cerrado el período correspondiente. Al no existir diligencias pendientes que desahogar, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose a dictar la siguiente sentencia. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 999/2022-II, promovido por Ma. Guadalupe Nava Silverio, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad y turnado el uno de agosto de dos mil veintidós, a este Juzgado Séptimo de Distrito, *** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra de las autoridades y acto que a continuación se especifican: AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. 2. Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: ".El acto reclamado consistente en que la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud en el Estado de Guerrero, den contestación urgente al escrito de fecha veintiocho de junio del año dos mil veintidós presentado por la quejosa en sus términos aludidos." Precisado mediante ocurso presentado el diez de agosto de dos mil veintidós, por la parte quejosa. SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8° y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. TERCERO. Admisión y Trámite. Por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se registró como juicio de amparo indirecto número 999/2022-II, y se previno a la parte quejosa a efecto de que precisara el acto reclamado; desahogado dicho requerimiento, en proveído de once de agosto de dos mil veintidós, se admitió a trámite el presente asunto; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado le es atribuido a autoridades que actúan dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es este, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La omisión de las autoridades responsables de dar contestación al escrito de petición de veintiocho de junio de dos mil veintidós. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Sobre esa tesitura, se tiene que la autoridad responsable Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación por conducto del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría en cita, negó el acto que se le reclama; consistente en la falta de respuesta al escrito de petición de veintiocho de junio de dos mil veintidós. En congruencia con lo anterior, es obvio que no le asiste obligación a la responsable de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." Por ende, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad del mismo. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Ello es así, pues ante la negativa de la responsable del acto que se le imputa, este Juzgado no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de amparo, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la existencia del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. En el caso, la parte quejosa, omitió ofrecer medio de prueba alguno con el que se pudiera desvirtuar la negativa del acto reclamado, para estar en condiciones de determinar si cuenta con el derecho público subjetivo que dice se ha vulnerado en su perjuicio. Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en relación con la existencia del acto que de ellas se reclama, es dable concluir que el acto motivo de la presente litis constitucional, no existe. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Por otra parte, se tiene que es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, acto que ha quedado identificado en el considerando segundo de este fallo, pues no obstante que al rendir su informe justificado por conducto del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría en cita, negó el acto que se le atribuyó; ya que hizo manifestaciones posteriores que dejaron ver la existencia del acto que se le reclama; por ello, se tiene cierto el acto que le atribuye la parte quejosa. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con las copias certificadas que remitió con su informe justificado la autoridad responsable en mención, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Causales de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo, y de acuerdo con el artículo 62, en relación con el diverso 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Sirve de apoyo la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto son: "Época: Octava Época Registro: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Página: 95 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. En ese orden lógico, quien ahora resuelve advierte de oficio la actualización de una causal de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en la omisión de emitir respuesta correspondiente a la petición ingresada ante la responsable el veintiocho de junio de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de la autoridad responsable; en la que en esencia solicitó: "El pago de los enteros que debe de realizar la Secretaría de Salud al Fondo de Vivienda por concepto de amortización a los créditos hipotecarios; o Informar del impedimento legal que tiene la Secretaría de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero, para no realizar el pago de los enteros que debe realizar al Fondo de Vivienda por concepto de amortización a 105 créditos hipotecarios." En esa tesitura, se tiene que es la falta de respuesta a dicha solicitud, el acto reclamado en esta vía constitucional. Ahora, el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de la pretensión, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además, es necesario que de manera inmediata y sin condición alguna, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Novena Época Registro: 193758 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Junio de 1999 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Página: 38 CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Al igual, es ilustrativa al caso la Tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Época: Novena Época Registro: 197367 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VI, Noviembre de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. CL/97 Página: 71 ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Es pertinente destacar, que no debe existir confusión respecto a la cesación de efectos de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que esta última, implica que el acto reclamado se agota, o consume por virtud de haber transcurrido su vigencia, o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. En el caso en estudio, de las constancias que remitió la autoridad responsable Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, al momento de rendir su informe con justificación, por conducto del Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría en cita, consistente en el oficio sin número, de veintidós de julio de dos mil veintidós, dirigido a la parte aquí quejosa, se acredita que dio respuesta a la petición que la parte quejosa formuló en escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil veintidós, ante esa autoridad, que en lo que interesa, fue en el sentido siguiente: "Asunto: Respuesta de Petición. Chilpancingo, Gro., a 22 de julio de 2022. C. Ma. Guadalupe Nava Silverio. Calle Juárez número 33, Colonia Centro v_nahum@yahoo.com.mx Chilpancingo, Guerrero. Presente. En atención a su escrito de petición de fecha 28 de junio del año dos mil veintidós dirigido a la Dra. Aidé Ibarez Castro, Secretaria de Salud en el Estado de Guerrero, con atención al Titular de esta Subsecretaria de Administración y Finanzas, mediante el cual solicita lo siguiente: 1.- El pago de los enteros que debe de realizar la Secretaria de Salud al Fondo de Vivienda por concepto de amortización a los créditos hipotecarios; o 2.- Informar del impedimento legal que tiene la Secretaria de Salud y/o Servicios Estatales de Salud Guerrero, para no realizar el pago de los enteros que debe realizar al Fondo de Vivienda por concepto de amortización a los créditos hipotecarios. Al respecto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito dar respuesta bajo los siguientes términos. PRIMERO.- Con fecha 15 de octubre de 2021, entro en funciones la nueva administración gubernamental para el periodo 2021-2027, así también en la Secretaría de Salud, tomando en consideración lo previsto por la fracción IX del apartado A del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración del Estado de Guerrero Número 08. SEGUNDO.- La Secretaria de Salud en el Estado de Guerrero a través de las áreas que conforman la Subsecretaría de Administración y Finanzas, en relación a los créditos hipotecarios que contraen los trabajadores con el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, realizan los descuentos bajo el concepto 64 denominado crédito hipotecario FOVISSSTE. TERCERO.- Derivado del proceso de entrega recepción de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud en el Estado, se detectó que la anterior administración por situaciones que se desconocen dejo de realizar los enteros al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de los trabajadores de esta Secretaría de Salud en el Estado, desde la segunda quincena del mes de enero del año de 2021, a la primer quincena del mes de octubre del mismo año. Como consecuencia de ello, así como de otros, mediante oficio SS/SAyF/0637/2021, de fecha 10 de noviembre de 2021, la Titular de esta dependencia notificó a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, para efectos de que en el ámbito de su competencia determine lo que en derecho proceda. Es importante precisar que dado que en dicho documento se notifican temas adicionales y dada la secrecía que se debe de tener en los proceso jurídicos que se encuentran ventilados ante instancias normativas, únicamente adjunto copia de la primer hoja en la se observan los distintos sellos de recibido. CUARTO.- A partir del día 15 de octubre de 2021, fecha en que tomo posesión la actual administración de la Secretaria de Salud en el Estado, ha cubierto los enteros al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de los trabajadores que han contraído obligaciones de vivienda, correspondientes a las quincenas 20, 21, 22 y 24 del 2021 y de la quincena 1 a la 8 del año 2022. QUINTO.- La Secretaria de Salud en el Estado a través de las diversas áreas que la conforman, se encuentran haciendo gestiones para efectos de buscar los recursos que permitan cubrir los montos adeudados. Gestiones que son un hecho notorio al encontrarse difundidas en las diversas redes sociales, así como en páginas oficiales. Sin otro particular le envío un cordial saludo. Mtro. Humberto Fernando Soto López. Subsecretario de Administración y Finanzas." Por tanto, atento a que la garantía de derecho de petición no sólo encierra la obligación de dictar un acuerdo al escrito petitorio sino que, también obliga a que la respuesta sea dada a conocer al solicitante, lo que no se advierte que haya hecho la autoridad responsable, aun y cuando haya referido que la envió vía correo electrónico, pues no hay certeza de que haya sido recibida por la parte interesada; no obstante ello, en auto de seis de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó la notificación personal de ésta respecto de la contestación recaída a su solicitud, con lo que se garantizó que tuviera conocimiento de la respuesta emitida con relación a su petición. Tiene aplicación en la parte considerativa el criterio jurisprudencial 2a./J. 36/99, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que indica: "Época: Novena Época Registro: 194060 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Mayo de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 36/99 Página: 469 INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." Ahora, se toma en consideración que se encuentra probado en autos que la autoridad responsable dio respuesta a la parte quejosa respecto de la petición que le realizó mediante escrito que le presentó el veintiocho de junio de dos mil veintidós y que dicha respuesta le fue notificada, por este juzgado federal, trae como consecuencia que los efectos de lo reclamado desaparezcan de forma inmediata, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación al derecho de petición reclamado, pues la pretensión de la parte quejosa, fue que se proveyera en relación al pago de los enteros al fondo de vivienda por concepto de amortización a los créditos hipotecarios, lo cual quedó probado con las copias remitidas por la autoridad responsable, por el que se le contestó que al hacerse la entrega-recepción del nuevo Gobierno del Estado, se procedió al inicio de investigaciones administrativas por diversas inconsistencias, entre ellas, la que refiere la parte quejosa, respuesta que se le notificó el doce de septiembre de dos mil veintidós, por este órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, debido a que la actuación de la responsable en dar respuesta a lo peticionado por la parte quejosa, y la notificación correspondiente, implica la desaparición total de la omisión reclamada, pues al hacerse de conocimiento de la parte quejosa la respuesta que se dio al escrito de petición que formuló, la restituyó en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose la causal de improcedencia analizada. Consecuentemente, al resultar operante la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI; con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se impone sobreseer en el presente juicio. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este juzgado federal del estudio de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Época: Séptima Época Registro: 239006 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 24, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 49 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Cabe precisar, que este órgano de control constitucional está impedido para realizar el análisis y pronunciamiento oficioso respecto a si la respuesta dada a la petición de la parte quejosa es congruente con lo peticionado, en virtud que, la parte quejosa no amplió la demanda. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "Época: Décima Época Registro: 160517 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 5 Materia(s): Común Tesis: VI.1o.A.61 K (9a.) Página: 3838 PETICIÓN. SI EL JUICIO DE AMPARO SE PROMOVIÓ POR VIOLACIÓN A ESE DERECHO, ADUCIÉNDOSE ÚNICAMENTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DAR RESPUESTA A LO PEDIDO, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ JURÍDICAMENTE IMPOSIBILITADO PARA PRONUNCIARSE OFICIOSAMENTE SOBRE LA CONGRUENCIA DE LA RESPUESTA RECAÍDA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO, SI ÉSTA SE DIO A CONOCER DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE GARANTÍAS SIN QUE SE HAYA AMPLIADO LA DEMANDA DE AMPARO. Si en un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, en el que únicamente se reclamó en la demanda primigenia la omisión de la autoridad responsable de dar respuesta a una solicitud del quejoso formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, la autoridad responsable acompaña a su informe justificado la respuesta respectiva emitida durante el trámite del juicio constitucional, o con anterioridad a éste, es inconcuso que el Juez de Distrito está obligado a dar al peticionario de amparo la oportunidad procesal de ampliar la demanda de garantías contra dicho nuevo acto de naturaleza positiva, pues de no hacerlo así, incurre en una violación procesal que debe reparar el órgano revisor en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que en ese supuesto, al margen del contenido de la respuesta, el Juez federal al dictar sentencia definitiva sólo podrá analizar el acto reclamado a la luz de los conceptos de violación primigenios, es decir, habrá de limitarse a señalar que la respuesta de la responsable extinguió la omisión reclamada inicialmente, pues ante la ausencia de conceptos de violación diversos no estaría en condiciones legales de pronunciarse de oficio sobre la congruencia de la respuesta recaída a la petición, analizando el fondo de ésta, toda vez que ello en realidad constituiría una variación de la litis constitucional que carece de justificación jurídica, en la medida de que la subgarantía primigenia reclamada fue de naturaleza omisiva, sin que el Juez federal pueda analizar oficiosamente, en ausencia de concepto de violación alguno, el contenido del acto positivo cuya congruencia se relaciona con una subgarantía distinta, y que no fue reclamado expresamente por el quejoso al no darle la oportunidad de ampliar la demanda de amparo en su contra, o no haber ejercido ese derecho procesal el gobernado. Por ende, se estima que inclusive de resultar incongruente la respuesta recaída a la petición, es el propio quejoso quien a través de la ampliación de demanda debe estar en oportunidad de hacer valer dicha incongruencia como subgarantía diversa, o más aún, de combatir el fondo de la respuesta confrontando su contenido con una garantía constitucional distinta a la contenida en el artículo 8o. de la Ley Fundamental, lo que le depara un mayor beneficio procesal y práctico, que la mera concesión de amparo por la supuesta incongruencia de lo respondido, a fin de lograr una impartición de justicia completa en cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República." PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. SEXTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de uno de agosto de dos mil veintidós, se hizo de su conocimiento lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación personal electrónica de cinco de agosto de dos mil veintidós, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, con el diverso 77, fracción II, a contrario sensu, y 63 fracción IV, todos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por *** por propio derecho, en términos de lo expresado en el considerando TERCERO y QUINTO de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando SEXTO de esta sentencia. Notifíquese a todas las partes por lista, en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, seis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Subdirector de Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud y Servicios Estatales de Salud, con sede en esta ciudad; con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su informe justificado; con su contenido y constancias que anexa, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, toda vez que la responsable manifiesta que con data veintidós de julio de dos mil veintidós, dio contestación a su escrito de veintiocho de junio de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 111 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que manifieste si es su deseo ampliar o no la demanda de amparo respecto al nuevo acto consistente en la respuesta que recayó a su solicitud de veintiocho de junio de dos mil veintidós; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se continuará con el procedimiento únicamente contra el acto señalado en el escrito inicial de demanda. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2ª./J. 149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el siguiente rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número vi.1º. A. J/48, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con el siguiente rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si el juicio de garantías se promueve por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. constitucional, y la autoridad responsable rinde informe justificado en el sentido de que la petición formulada por el accionante del juicio fue contestada y notificada en fecha previa a la de la presentación de demanda, lo que podría tener como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la omisión reclamada, dicha contestación puede ser objeto ya sea de la promoción de un diverso juicio de garantías o de la ampliación de la demanda de amparo inicial, porque aun cuando se afirme por la autoridad responsable que la respuesta se formuló antes de que se presentara la demanda de garantías, la circunstancia de que el quejoso acuda al amparo haciendo valer la violación a la garantía constitucional en estudio, hace deducir que tal contestación y su notificación constituyen actos nuevos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, y que por tanto, pueden analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de la concentración y economía procesal referidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República." Téngase a la autoridad responsable de cuenta, designando como delegados a las personas que al efecto señala en su oficio, en términos de lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley de Amparo. A fin de dar margen a que la parte quejosa sea notificada del presente acuerdo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del veintiuno de septiembre del año en curso, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VENTIDÓS.

  4. Principal

    SENTENCIA

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano