Ma. Guadalupe Napoles Calderón

Expediente 1032/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1032/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
20/01/2017

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Napoles Calderón

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo conforme al numeral 2º, expídase a su costa copia simple de lo peticionado, previa razón de recibo que se deje en autos. Así, hágase saber a la promovente que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio que suscribe el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, por el cual acusa recibo del diverso 30/2017 del índice de este juzgado, con el que se le notificó el proveído de tres de enero del año en curso, y se le remitieron las constancias ahí señaladas.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  4. Principal

    CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA, la resolución dictada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, en atención a que no compareció los días veintiuno o veintidós de diciembre del presente año, para tal efecto, la cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual remite un escrito de demanda, en atención a su resolución de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, por la que se declaró legalmente incompetente para conocer respecto de la demanda de amparo de referencia promovida por ******, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ordena su remisión al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esta ciudad, por lo que le correspondió conocer del mismo a este Juzgado Décimo de Distrito. Acúsese recibo. Atento a lo anterior, fórmese el expediente impreso y electrónico respectivo bajo el número 1032/2016-VII, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, quien resuelve estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.]" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste es contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; o que tratándose de procedimiento de remate como aquella en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia P./J.32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época, Página 31, del rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De igual forma, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 27, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, página 435, Materia Común, visible a página 145, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Ahora bien, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que confirmó la audiencia de remate de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, celebrada por la Juez Cuarto Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, dentro del juicio especial sumario hipotecario C-486/2015, así como su ejecución. Sin embargo, dicho acto no es la última determinación dictada para cumplir con dicho fallo, ya que se requiere "que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados", lo cual no acontece en el caso a estudio. Así es, porque el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se promueva en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Ahora, aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados, por lo que será hasta que se dicte una de ambas determinaciones, pues de cualquier manera, será hasta entonces que la promovente podrá acudir al juicio biinstancial. Sobre el particular cobra aplicación la contradicción de tesis 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1066, Libro 29, abril de dos mil dieciséis, Tomo II, relativa a la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto versan: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Por lo que, el acto reclamado por la parte quejosa, no es la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución en el juicio de origen, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción IV, último párrafo de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior es así, si se tiene en consideración, que el acto reclamado, tiene como apoyo la existencia de una sentencia con el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que los actos que se realicen dentro de dicho procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el mismo, que en el caso lo constituiría la escritura de adjudicación o la orden de entrega de los bienes rematados; razones por las cuales, la demanda de amparo que se promueve deviene improcedente. En ese orden de ideas, es claro que la quejosa deberá esperar a que se pronuncie una de las dos determinaciones para estar en presencia de la última resolución que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, a efecto de estar en presencia de la indicada "última resolución", para que resulte viable el juicio de garantías, donde podrán reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante ese propio procedimiento. De lo anterior, es factible precisar que dicha resolución no encuadra en alguna de las excepciones para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en ejecución de sentencia, por no ser una resolución que goce de autonomía propia, ni mucho menos afecta derechos sustantivos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.108/2010, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil once, Materia (S) Común, de texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia, y no se está en presencia de un acto autónomo al procedimiento de ejecución, ni de imposible reparación. Al respecto cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 2982, Tomo XXXII, octubre de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento." Consecuentemente, de lo antes narrado se advierte que el acto que se reclama fue emitido en ejecución de sentencia en el juicio del que emana dicho acto, en el que la quejosa tiene la calidad de parte, por lo que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 36/2004, aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 75, Tomo XX, julio de dos mil cuatro, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." De igual forma se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Téngase a la quejosa como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su ocurso; asimismo, se tienen como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Así también, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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