Ma. Guadalupe Muñoz Gómez

Expediente 1096/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1096/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Muñoz Gómez y Otros.
  • Ma. Guadalupe Muñoz Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    CUMPLASE

  2. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, así como la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente. CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓN FORMULADA EN EL AUTO ACLARATORIO. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa y téngasele cumpliendo con los requerimientos que se formularon en el proveído que antecede. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del artículo 113 de la Ley de Amparo se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el caso, en relación con el acto reclamado consistente en el auto dictado el once de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio sucesorio intestamentario C94/2021, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. Tal motivo de improcedencia cobra vigencia en dos hipótesis: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primero se colma cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo emerge por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incurre en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; es decir, la resolución, auto o sentencia que decide un recurso otorga firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria; por lo que en contra de este último, el amparo es improcedente. Lo mismo sucede cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo es recurrida a través del medio de impugnación ordinario idóneo y este es desechado; pues la determinación combatida queda sustituida procesalmente por la diversa que desechó el recurso interpuesto en su contra. Ahora bien, de los antecedentes que narró la amparista en el escrito de cuenta se aprecia que interpuso recurso de revocación contra el auto de once de octubre de dos mil veintiuno, mismo que se resolvió mediante interlocutoria de veintinueve de noviembre del mismo año, confirmándose el proveído impugnado. Por lo anterior, el acuerdo de once de octubre reclamado quedó sustituido procesalmente por la resolución que en revocación confirmó su sentido, de forma tal que dejó de tener efectos legales propios. En consecuencia, debe desecharse la demanda por lo que dicho acto se refiere. Por otro lado y en lo tocante al diverso acto reclamado, consistente en la resolución de veintinueve de noviembre del año inmediato anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. De ellos se extrae que para determinar la procedencia del juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta tratándose de actos emanados de un juicio, debe analizarse si sus efectos son de imposible reparación, pues si es así, el juicio de amparo biinstancial resultará procedente, pero en caso contrario, dicha vía constitucional será improcedente, debiendo reservarse el estudio de la violación impugnada para el momento en que se reclame, vía amparo directo, la resolución definitiva que ponga fin al juicio. En la segunda de las normas reproducidas se define que los actos cuyos efectos son de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los actos emanados de un juicio cuyos efectos son irreparables, para efectos de la procedencia del procedimiento constitucional en la vía indirecta, son aquellos que afectan de modo cierto e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en oposición a aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, pues en estos casos, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, en caso de obtener sentencia favorable. Las normas en estudio están íntimamente relacionadas con el principio de definitividad de los actos que rige el juicio de amparo, en el sentido de que este proceso constitucional es un medio de defensa extraordinario, que por su naturaleza sólo procede contra actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades que produzcan plenos y definitivos efectos, porque la razón de ser de los medios de defensa extraordinarios es que constituyan la última posibilidad que tiene el interesado para defenderse de los actos de las autoridades y, por esto, el acto que se pretenda impugnar a través de estos medios de impugnación no debe estar sujeto a acontecimientos futuros, ni a otro tipo de condiciones para tener plena validez, ni debe existir la posibilidad de que sean revocados o modificados, ya sea a través de un medio ordinario de defensa, oficiosamente por la autoridad que los emitió o una diversa, o como consecuencia de un posterior acto que necesariamente deba ocurrir. De esta forma, tomando en consideración que los procedimientos judiciales se componen de etapas sucesivas dirigidas a preparar la resolución por la que el órgano jurisdiccional resuelve la controversia planteada y que dentro de estas etapas se emiten acuerdos o resoluciones o se ejecutan actos de diversa índole; para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario distinguir los actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, de los actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, porque en contra de éstos no procede el juicio de derechos fundamentales ante los Juzgados de Distrito, ya que sus efectos no son de imposible reparación, dado que su eficacia se da hasta que se resuelva el asunto y, por ello, su estudio se reserva para cuando son reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En esta línea de pensamiento, resulta que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución o por los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. De esta manera, el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían los derechos sustantivos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismos cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se le privó. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo. Así, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son ejemplos de actos que violan derechos procesales o adjetivos. En estos casos, si se dictara una sentencia favorable al afectado, todas esas violaciones procesales quedarían reparadas, porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión. Pues bien, la resolución emitida el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno confirmó el auto de once de octubre del mismo año y, en este, se tuvo a Oscar Ulises Reyes Cano compareciendo al sucesorio en calidad de acreedor. Tal determinación no es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues no afecta materialmente ningún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales. La afirmación de que solo se afectan derechos adjetivos y no sustantivos, tiene sustento en la circunstancia de que en la resolución reclamada solo se tuvo al acreedor apersonándose al sucesorio intestamentario de origen, sin reconocimiento de derecho alguno y, además, en el hecho de que cualquier perjuicio derivado de lo anterior tendrá repercusión, en su caso, al dictarse la resolución que dé por concluida la segunda etapa del sucesoral, que es en la que se encuentra el juicio. En efecto, el solo reconocimiento de la calidad de acreedor de Oscar Ulises Reyes Cano, no genera claramente afectación alguna a la sucesión en este momento. Por tanto, no es la calidad de acreedor que se reconoció lo que afecta a la parte quejosa, sino la acreditación del adeudo que aduce tener dicha persona sobre el titular de la sucesión, pues ello detonará, entonces sí, un perjuicio sobre la masa hereditaria. Ello de forma manifiesta, hasta el momento, no está acreditado, ni por sentencia ejecutoria, ni por reconocimiento en la determinación que apruebe el inventario respectivo. Por tanto, el solo reconocimiento del interés que pudiera tener Oscar Ulises Reyes Cano, dentro de la sucesión intestamentaria, no genera afectación de derecho sustantivo alguno, pues no probó tener ya un derecho establecido por mandato judicial, para el pago respectivo, por lo que no existe resolución judicial que compela al albacea a pago alguno. Asimismo, no se ha concluido la segunda sección de inventarios, que reconozca dicho adeudo, debiéndose destacar en este supuesto, que ni siquiera esta dentro de las facultades del albacea, bajo cuyo carácter compareció la quejosa a demandar la protección Federal, el determinar el pago de cantidad alguna, la que sí tendrá cuando se reconozca el pasivo respectivo, al concluir la sección correspondiente. Sirve de orientación a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2044, Tomo XL, Materia Civil, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "SUCESIONES, CRÉDITOS CONTRA LAS. El juicio hereditario tiene por objeto hacer cesar de indivisión de los bienes de la herencia, y para llegar a ese fin, es necesario liquidar la sucesión; esto es, conocer cuál es el activo y el pasivo. El albacea es quien debe practicar la liquidación, los herederos, legatarios y acreedores, tienen facultades, conforme el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para intervenir en la formación del inventario y para hacer las objeciones que estimen pertinentes, sustanciándose, al efecto determinados procedimientos que terminan por resolución judicial; así, es lógico pensar que en el sistema seguido por el legislador se ha querido que el estado económico de la sucesión se determine por una resolución judicial, dictada previa audiencia de los interesados; y esto significa que no está en las facultades del albacea, decidir si tal o cual crédito forman parte del pasivo de la sucesión, y de ahí, su falta de atribuciones para pagar los créditos, a menos que se trate de aquellos que son materia de las excepciones establecidas por la ley. Pero nada impide que un acreedor pueda exigir judicialmente el pago de ese crédito, ya que entonces será una sentencia la que decida sobre la existencia o legitimidad del crédito, y con ello, en nada se contrarían los fines del artículo 3731 del Código Civil del Distrito, que no son otros que los de impedir que el albacea cubra el pasivo de la sucesión, antes de que este pasivo esté determinado por virtud de la aprobación de los inventarios. La anterior interpretación, se corrobora con la última parte del citado artículo, que establece que no están comprendidos en la regla general, los créditos respecto de los cuales hubiere juicio pendiente al abrirse la sucesión, pues si el propósito del legislador hubiere sido paralizar la acción de los acreedores, hasta que se hubieren aprobado los inventarios, no habría razón para que los juicios pendientes continuaran su curso, sino que debieran también suspenderse, como sucede en los casos de quiebras. La tesis anterior se refuerza con la ejecutoria que pronunció la Suprema Corte, con fecha de 25 de octubre de 1933, en el amparo promovido por la sucesión de Nicómedes de Basterra, y en el cual se sostiene, al interpretar el citado artículo, que relacionado con los 1781 y 1782 del Código de Procedimientos Civiles, no contiene la prohibición para que los acreedores puedan promover juicios contra la sucesión, desde que éste se inicie por conducto de sus albaceas, sino sólo un mandamiento que prohíbe al albacea pagar los créditos motu proprio, antes que quede reconocida su existencia en el juicio sucesorio. Admitir la tesis contraria, sería tanto como dejar sin sentido, por contradictorios, los artículos 1847 y 1848 y sus correlativos del Código de Procedimientos Civiles, según los cuales, no sólo los albaceas provisionales o definitivos, sino aun los interventores, estos últimos con autorización judicial y en casos urgentes, pueden, aun antes de que terminen el plazo en que debiera hacerse la declaración de herederos, concurrir como actores o demandados, a los juicios que la sucesión promueva y a aquellos que contra ella se inicien." En este orden de ideas, los efectos de la resolución reclamada solamente son procesales y, por ende, podrían repercutir en perjuicio de la quejosa si la resolución que resuelva la segunda etapa del juicio sucesorio de origen le fuera adversa, siendo este el momento en el cual las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado habrían trascendido al resultado del fallo, en cuyo caso, estará en aptitud de reclamarlas al promover amparo indirecto en contra de dicha resolución. El criterio anterior coincide con el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en la ejecutoria dictada el siete de febrero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 13/2019. Por lo expuesto, toda vez que de la lectura del libelo constitucional y de su escrito aclaratorio, se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de las causales de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA...; Notifíquese personalmente. CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓN FORMULADA EN EL AUTO ACLARATORIO. Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa y téngasele cumpliendo con los requerimientos que se formularon en el proveído que antecede. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del artículo 113 de la Ley de Amparo se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En el caso, en relación con el acto reclamado consistente en el auto dictado el once de octubre de dos mil veintiuno, dentro del juicio sucesorio intestamentario C94/2021, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo. Tal motivo de improcedencia cobra vigencia en dos hipótesis: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primero se colma cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo emerge por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incurre en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; es decir, la resolución, auto o sentencia que decide un recurso otorga firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria; por lo que en contra de este último, el amparo es improcedente. Lo mismo sucede cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo es recurrida a través del medio de impugnación ordinario idóneo y este es desechado; pues la determinación combatida queda sustituida procesalmente por la diversa que desechó el recurso interpuesto en su contra. Ahora bien, de los antecedentes que narró la amparista en el escrito de cuenta se aprecia que interpuso recurso de revocación contra el auto de once de octubre de dos mil veintiuno, mismo que se resolvió mediante interlocutoria de veintinueve de noviembre del mismo año, confirmándose el proveído impugnado. Por lo anterior, el acuerdo de once de octubre reclamado quedó sustituido procesalmente por la resolución que en revocación confirmó su sentido, de forma tal que dejó de tener efectos legales propios. En consecuencia, debe desecharse la demanda por lo que dicho acto se refiere. Por otro lado y en lo tocante al diverso acto reclamado, consistente en la resolución de veintinueve de noviembre del año inmediato anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. De ellos se extrae que para determinar la procedencia del juicio de derechos fundamentales en la vía indirecta tratándose de actos emanados de un juicio, debe analizarse si sus efectos son de imposible reparación, pues si es así, el juicio de amparo biinstancial resultará procedente, pero en caso contrario, dicha vía constitucional será improcedente, debiendo reservarse el estudio de la violación impugnada para el momento en que se reclame, vía amparo directo, la resolución definitiva que ponga fin al juicio. En la segunda de las normas reproducidas se define que los actos cuyos efectos son de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Así, los actos emanados de un juicio cuyos efectos son irreparables, para efectos de la procedencia del procedimiento constitucional en la vía indirecta, son aquellos que afectan de modo cierto e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, en oposición a aquellos actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, pues en estos casos, la afectación no dejaría huella en la esfera jurídica de la parte quejosa, en caso de obtener sentencia favorable. Las normas en estudio están íntimamente relacionadas con el principio de definitividad de los actos que rige el juicio de amparo, en el sentido de que este proceso constitucional es un medio de defensa extraordinario, que por su naturaleza sólo procede contra actos, acuerdos y resoluciones de las autoridades que produzcan plenos y definitivos efectos, porque la razón de ser de los medios de defensa extraordinarios es que constituyan la última posibilidad que tiene el interesado para defenderse de los actos de las autoridades y, por esto, el acto que se pretenda impugnar a través de estos medios de impugnación no debe estar sujeto a acontecimientos futuros, ni a otro tipo de condiciones para tener plena validez, ni debe existir la posibilidad de que sean revocados o modificados, ya sea a través de un medio ordinario de defensa, oficiosamente por la autoridad que los emitió o una diversa, o como consecuencia de un posterior acto que necesariamente deba ocurrir. De esta forma, tomando en consideración que los procedimientos judiciales se componen de etapas sucesivas dirigidas a preparar la resolución por la que el órgano jurisdiccional resuelve la controversia planteada y que dentro de estas etapas se emiten acuerdos o resoluciones o se ejecutan actos de diversa índole; para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario distinguir los actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, de los actos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, porque en contra de éstos no procede el juicio de derechos fundamentales ante los Juzgados de Distrito, ya que sus efectos no son de imposible reparación, dado que su eficacia se da hasta que se resuelva el asunto y, por ello, su estudio se reserva para cuando son reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo. En esta línea de pensamiento, resulta que los derechos sustantivos protegidos por la Constitución o por los instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, que no pueden ser reparados mediante el dictado de la sentencia definitiva, son aquellos que se refieren a los derechos personales o reales de los gobernados, mismos que surten efectos independientemente de cualquier juicio o procedimiento. De esta manera, el arresto, el arraigo, el embargo o la imposición de multas son figuras jurídicas que pueden causar un agravio irreparable a los gobernados, pues limitarían los derechos sustantivos de libertad personal y de tránsito, de propiedad, de posesión, etcétera, mismos cuyo goce tenía el gobernado independientemente de cualquier juicio o procedimiento y que no serían susceptibles de restituirse aunque se dictara una sentencia favorable al gobernado afectado, pues no obstante que se le dejara en libertad, se cancelara el embargo o se le devolvieran los bienes, sería imposible restituirle esos derechos por el tiempo que de ellos se le privó. Por el contrario, los derechos de naturaleza adjetiva o procesal tienen como característica que surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia definitiva que se dictara a favor del gobernado agraviado podría tener como efecto la restitución de los mismos, pues se repondría el procedimiento y se restablecería el derecho violado; en caso contrario, si la sentencia fuera en contra del afectado y esas violaciones procesales trascendieran al resultado del fallo, el gobernado podría reclamar éstas a través del juicio de amparo directo. Así, la negativa de admitir una prueba, la declaratoria de confeso, la declaración consistente en qué posiciones de la prueba confesional son legales, la admisión de testigos no idóneos para declarar sobre los hechos materia de la litis, etcétera, son ejemplos de actos que violan derechos procesales o adjetivos. En estos casos, si se dictara una sentencia favorable al afectado, todas esas violaciones procesales quedarían reparadas, porque a pesar de haberse realizado, el afectado vería satisfecha su pretensión. Pues bien, la resolución emitida el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno confirmó el auto de once de octubre del mismo año y, en este, se tuvo a Oscar Ulises Reyes Cano compareciendo al sucesorio en calidad de acreedor. Tal determinación no es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues no afecta materialmente ningún derecho sustantivo consagrado en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino que sus efectos son meramente intraprocesales. La afirmación de que solo se afectan derechos adjetivos y no sustantivos, tiene sustento en la circunstancia de que en la resolución reclamada solo se tuvo al acreedor apersonándose al sucesorio intestamentario de origen, sin reconocimiento de derecho alguno y, además, en el hecho de que cualquier perjuicio derivado de lo anterior tendrá repercusión, en su caso, al dictarse la resolución que dé por concluida la segunda etapa del sucesoral, que es en la que se encuentra el juicio. En efecto, el solo reconocimiento de la calidad de acreedor de Oscar Ulises Reyes Cano, no genera claramente afectación alguna a la sucesión en este momento. Por tanto, no es la calidad de acreedor que se reconoció lo que afecta a la parte quejosa, sino la acreditación del adeudo que aduce tener dicha persona sobre el titular de la sucesión, pues ello detonará, entonces sí, un perjuicio sobre la masa hereditaria. Ello de forma manifiesta, hasta el momento, no está acreditado, ni por sentencia ejecutoria, ni por reconocimiento en la determinación que apruebe el inventario respectivo. Por tanto, el solo reconocimiento del interés que pudiera tener Oscar Ulises Reyes Cano, dentro de la sucesión intestamentaria, no genera afectación de derecho sustantivo alguno, pues no probó tener ya un derecho establecido por mandato judicial, para el pago respectivo, por lo que no existe resolución judicial que compela al albacea a pago alguno. Asimismo, no se ha concluido la segunda sección de inventarios, que reconozca dicho adeudo, debiéndose destacar en este supuesto, que ni siquiera esta dentro de las facultades del albacea, bajo cuyo carácter compareció la quejosa a demandar la protección Federal, el determinar el pago de cantidad alguna, la que sí tendrá cuando se reconozca el pasivo respectivo, al concluir la sección correspondiente. Sirve de orientación a lo anterior, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2044, Tomo XL, Materia Civil, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es como sigue: "SUCESIONES, CRÉDITOS CONTRA LAS. El juicio hereditario tiene por objeto hacer cesar de indivisión de los bienes de la herencia, y para llegar a ese fin, es necesario liquidar la sucesión; esto es, conocer cuál es el activo y el pasivo. El albacea es quien debe practicar la liquidación, los herederos, legatarios y acreedores, tienen facultades, conforme el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para intervenir en la formación del inventario y para hacer las objeciones que estimen pertinentes, sustanciándose, al efecto determinados procedimientos que terminan por resolución judicial; así, es lógico pensar que en el sistema seguido por el legislador se ha querido que el estado económico de la sucesión se determine por una resolución judicial, dictada previa audiencia de los interesados; y esto significa que no está en las facultades del albacea, decidir si tal o cual crédito forman parte del pasivo de la sucesión, y de ahí, su falta de atribuciones para pagar los créditos, a menos que se trate de aquellos que son materia de las excepciones establecidas por la ley. Pero nada impide que un acreedor pueda exigir judicialmente el pago de ese crédito, ya que entonces será una sentencia la que decida sobre la existencia o legitimidad del crédito, y con ello, en nada se contrarían los fines del artículo 3731 del Código Civil del Distrito, que no son otros que los de impedir que el albacea cubra el pasivo de la sucesión, antes de que este pasivo esté determinado por virtud de la aprobación de los inventarios. La anterior interpretación, se corrobora con la última parte del citado artículo, que establece que no están comprendidos en la regla general, los créditos respecto de los cuales hubiere juicio pendiente al abrirse la sucesión, pues si el propósito del legislador hubiere sido paralizar la acción de los acreedores, hasta que se hubieren aprobado los inventarios, no habría razón para que los juicios pendientes continuaran su curso, sino que debieran también suspenderse, como sucede en los casos de quiebras. La tesis anterior se refuerza con la ejecutoria que pronunció la Suprema Corte, con fecha de 25 de octubre de 1933, en el amparo promovido por la sucesión de Nicómedes de Basterra, y en el cual se sostiene, al interpretar el citado artículo, que relacionado con los 1781 y 1782 del Código de Procedimientos Civiles, no contiene la prohibición para que los acreedores puedan promover juicios contra la sucesión, desde que éste se inicie por conducto de sus albaceas, sino sólo un mandamiento que prohíbe al albacea pagar los créditos motu proprio, antes que quede reconocida su existencia en el juicio sucesorio. Admitir la tesis contraria, sería tanto como dejar sin sentido, por contradictorios, los artículos 1847 y 1848 y sus correlativos del Código de Procedimientos Civiles, según los cuales, no sólo los albaceas provisionales o definitivos, sino aun los interventores, estos últimos con autorización judicial y en casos urgentes, pueden, aun antes de que terminen el plazo en que debiera hacerse la declaración de herederos, concurrir como actores o demandados, a los juicios que la sucesión promueva y a aquellos que contra ella se inicien." En este orden de ideas, los efectos de la resolución reclamada solamente son procesales y, por ende, podrían repercutir en perjuicio de la quejosa si la resolución que resuelva la segunda etapa del juicio sucesorio de origen le fuera adversa, siendo este el momento en el cual las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado habrían trascendido al resultado del fallo, en cuyo caso, estará en aptitud de reclamarlas al promover amparo indirecto en contra de dicha resolución. El criterio anterior coincide con el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en la ejecutoria dictada el siete de febrero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 13/2019. Por lo expuesto, toda vez que de la lectura del libelo constitucional y de su escrito aclaratorio, se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de las causales de improcedencia en estudio, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitido; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano.

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