Ma. Guadalupe Morales Aguillon

Expediente 970/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 41 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
970/2016
Año
2016
Actuaciones
41
Última actuación
11/04/2018

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Morales Aguillon
  • Juana Elizalde Muñoz
  • MA. GUADALUPE MORALES AGUILLON y Otros.
  • Laura Ivette Muñoz Elizalde
  • Gerardo Muñoz Elizalde
  • Juez Sexto de Primera Instancia de lo Familiar de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil dieciséis, causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado dentro del presente juicio de amparo y toda vez que se omitió anexar al oficio 7312, los tomos enviados por la autoridad responsable; en consecuencia, mediante oficio que derive del presente oficio devuélvanse al Juez Sexto de Primera Instancia Familiar de Querétaro, copias certificadas del expediente 514/2004 (dos tomos), de su índice, en la inteligencia de que la presente notificación hace las veces de acuse de recibo, lo que deberá asentarse al momento de su entrega...VI

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de veinte días otorgado mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, sin que se haya acreditado en autos que la parte quejosa hubiese llevado a cabo la entrega para su publicación, de los edictos expedidos para emplazar al tercero interesado ****; por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, con apoyo en lo previsto en los ordinales 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción III, inciso b) y 27 fracción III, inciso b), de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al no haber cumplido con dicha carga procesal. En efecto, el dispositivo legal en comento, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." Por su parte, el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley invocada, dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: "Fracción III. El tercero interesado, pudiendo tener al carácter: (.) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario del quejoso; (.)". Mientras que el artículo 27 fracción III, inciso b), de la propia ley, establece: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. "Fracción III.- Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto. (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiere señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Del precepto legal transcrito en último término queda patente que: El emplazamiento a juicio del tercero interesado se hará mediante notificación personal. Cuando no conste en autos el domicilio del tercero interesado, los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo deben dictar las medidas necesarias con el propósito de investigar el domicilio de éste. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. Lo anterior, pone de manifiesto que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio él o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. En el caso, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que se trata de actuaciones cuya formación está encomendada por la Ley, a un funcionario revestido de fe pública, se deduce que no obstante que este juzgador como auxiliar de la Justicia Federal, ante el desconocimiento del domicilio de la tercero interesado ****, ordenó en términos del numeral 297, fracción II, del Código de Federal Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la investigación de dicho domicilio, con el fin de poder efectuar el emplazamiento, es decir, giró los oficios pertinentes a diversas dependencias oficiales, quienes al dar contestación, algunos manifestaron no poder proporcionar tal dato, por los motivos expuestos en los oficios correspondientes y otros proporcionaron domicilios que tenía registrados, motivo por el cual se ordenó al actuario adscrito constituirse en dichos lugares, con la finalidad de llevar a cabo su emplazamiento en los domicilios proporcionados, asimismo se giraron los exhortos correspondientes sin poder llevar a cabo el emplazamiento al citado tercero interesado. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razones, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número I.6o.C.47 K, en la página 995, del Tomo XI, Enero de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA INVESTIGACIÓN PARA DAR CON EL DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO, SI NO HUBO RESULTADOS FAVORABLES. La autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, ante el desconocimiento del domicilio del tercero perjudicado en el juicio de garantías, deberá ordenar a las autoridades correspondientes la investigación de dicho domicilio para efectos del emplazamiento y esperar la contestación o en su defecto, requerir a las omisas con el apercibimiento respectivo para que den cumplimiento a lo señalado y sólo será hasta que se tengan los resultados de la referida investigación, si fueren negativos, cuando estará la responsable en aptitud de realizar el emplazamiento por medio de la publicación de edictos y no antes, toda vez que se contravendría lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo." Y, aplicada en forma análoga, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada con el número III.2o.C. J/20, en la página 1317, del XIX, Junio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PREVIAMENTE A SU PRÁCTICA EL JUZGADOR DEBE DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS CORPORACIONES OFICIALES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Este órgano jurisdiccional federal sustentó el criterio que se refleja en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1372, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PARA SU PROCEDENCIA SÓLO DEBEN SATISFACERSE LOS REQUISITOS PREVIOS QUE ESTABLECE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", en la cual estableció que para ordenar el emplazamiento por edictos no era necesario cumplir más requisitos que los establecidos por el artículo 117 de la legislación adjetiva civil local y que, por tal motivo, no había necesidad de ordenar otros trámites previos, como son recabar los informes de diversas dependencias y corporaciones respecto de la residencia de la parte demandada. Sin embargo, una nueva reflexión en torno a este tópico, apoyada en la trascendencia del llamamiento a juicio, cuya violación es la más significativa del procedimiento, porque impide al demandado realizar la defensa de sus intereses, lleva a considerar que cuando los informes rendidos por las corporaciones oficiales, verbigracia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o bien, el Instituto Federal Electoral, no sean suficientes para considerar que se agotaron los medios para la localización del demandado, esto es, cuando contengan datos imprecisos y no se efectúen las investigaciones correspondientes, esa información es insuficiente y no da lugar a ordenar el emplazamiento por edictos, habida cuenta que el desconocimiento del domicilio debe ser general. Ahora bien, aun cuando no existe un parámetro que permita calificar la eficacia de los informes rendidos por las distintas corporaciones oficiales, o cómo se deben realizar al investigar el domicilio de una persona, lo relevante es que el juzgador está facultado para ello, y es quien tiene el deber de determinar su eficacia, tomando en cuenta su importancia y trascendencia, que no es otra que la de hacer patente que la localización de una persona cuyo domicilio se ignora fue infructuosa, debido al desconocimiento general de su paradero. Ello permitirá al juzgador, en cada caso, ordenar el emplazamiento por edictos, pues en atención al contenido de cada informe, podrá establecer la pertinencia de las investigaciones efectuadas y lo fundado de sus conclusiones." En ese orden de ideas, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen el procedimiento del mismo, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la indolencia de la parte quejosa por no recoger los edictos, así como al pago de los mismos, actitud que denota desinterés en impulsar el procedimiento, circunstancia ésta que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un Tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica puede verse afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de ****, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que sea esto atribuible al Órgano Jurisdiccional Constitucional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la moral quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. A mayor abundamiento, es importante precisar que en el caso no se está en excepción alguna que obligue a este juzgador a gestionar ante el Consejo de la Judicatura Federal el pago de los edictos respectivos, debido a que no media manifestación por parte de la quejosa en cuanto a su imposibilidad de sufragarlos dada su precaria situación económica, además que en autos no se cuenta con elementos que pongan de relieve ese extremo, es decir, no constan indicios que demuestren que la parte quejosa no tiene la capacidad económica para cubrir el monto que implica la publicación de los edictos de que se habla; únicos supuestos los anteriores que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado a fin de preservar el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, de conformidad con lo que contempla el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se considera aplicable, en lo conducente, la 2a./J. 108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, del Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 164074, de título y contenido que dicen así: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Del mismo modo, se invoca para robustecer lo planteado, la tesis III.3o.T.1 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1769, del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2001317, de rubro y texto que disponen: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. ALCANCES, REQUISITOS Y FORMAS DE LA "DISPENSA DEL PAGO DE SU PUBLICACIÓN" A FAVOR DEL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", implementó el beneficio excepcional de dispensar al quejoso de recursos económicos insuficientes, del pago de la publicación de los referidos edictos, lo cual requiere su manifestación, correlacionada con indicios que lo confirmen y, de acreditarse ello, el Juez debe "exclusivamente en este supuesto", solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto correspondiente. Ahora bien, la interpretación del alcance de este beneficio y sus destinatarios lleva a lo siguiente: I) en la doctrina y ámbitos procesales comparados es conocido como beneficio, declaratoria o carta de pobreza, de litigar sin gastos, de necesidad y/o de justicia gratuita, que da cuenta de una valoración económica de determinado conjunto de gobernados; II) su finalidad es generar condiciones de acceso a la función jurisdiccional del Estado, a favor de quienes están en situación superlativa y objetiva de insolvencia o precariedad económica, adoptándose medidas idóneas y eficaces al respecto; III) los destinatarios, por ende, son personas de condiciones económicas mínimas para cumplir con determinados deberes procesales, al sólo disponer de lo elemental para subsistir (mínimo vital); IV) el sustento constitucional de tal figura puede encontrarse en la interrelación de los principios de igualdad, proporcionalidad, mínimo vital, así como acceso efectivo y gratuito a la justicia, que justifican adoptar medidas de especial tutela para compensar tal desigualdad material relevante; y, V) es otorgado mediante mandato jurisdiccional que presupone la demostración de que, en un caso concreto, concurren tales características elementales, al ser un trato excepcional. Luego, en el juicio de amparo, la referida dispensa puede operar parcial o totalmente, cuando requiera compensarse realmente una situación preponderante de insuficiencia económica de un quejoso, una vez ponderadas las circunstancias particulares; lo que hace que el pago con erario público sea un trato de excepción y no la regla general; de ahí que se requiere evidencia de ser a favor de sus auténticos destinatarios. Aunque es variable y compleja la decisión, para lograr ese objetivo puede acudirse a indicadores desarrollados a partir de algunas legislaciones y entidades de la administración pública federal, como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) o de organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que proporcionan parámetros de difusión pública generalizada, para ubicar ese sector de individuos o de quienes están muy próximos a esa condición precaria en el Estado Mexicano, los cuales pueden ser una referencia para tomar la decisión más objetiva al otorgar o rechazar la solicitud de dispensa señalada." En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5º fracción III, inciso b) y 27, fracción III, inciso b) todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley invocada, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa de improcedencia, que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, no es necesario esperar a la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razones, la jurisprudencia publicada con el número 17, en la página 25, del Tomo VI, Materia Común, de la Actualización 2002 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PÚBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30 , fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Y también por similitud de razones, la jurisprudencia publicada con el número 10/2003, en las páginas 386 y 387, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III, y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de la causales de improcedencia previstas por el articulo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente lo que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo en retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competente e imparcial." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, déjese sin efecto la audiencia constitucional señalada en los presentes autos, para las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...VI

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 01/12/2016 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS LAURA IVETTE, JUAN CARLOS, GERARDO, MARITZIA, HECTOR MANUEL, TODOS DE APELLIDOS MUÑOZ ELIZALDE, EL AUTO DE 30/11/2016, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de veinte días otorgado mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, sin que se haya acreditado en autos que la parte quejosa hubiese llevado a cabo la entrega para su publicación, de los edictos expedidos para emplazar al tercero interesado ****; por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, con apoyo en lo previsto en los ordinales 61, fracción XXIII, en relación con el 5º, fracción III, inciso b) y 27 fracción III, inciso b), de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, al no haber cumplido con dicha carga procesal. En efecto, el dispositivo legal en comento, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ." Por su parte, el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley invocada, dispone: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: "Fracción III. El tercero interesado, pudiendo tener al carácter: (.) b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario del quejoso; (.)". Mientras que el artículo 27 fracción III, inciso b), de la propia ley, establece: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas. "Fracción III.- Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto. (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiere señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Del precepto legal transcrito en último término queda patente que: El emplazamiento a juicio del tercero interesado se hará mediante notificación personal. Cuando no conste en autos el domicilio del tercero interesado, los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo deben dictar las medidas necesarias con el propósito de investigar el domicilio de éste. Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. Lo anterior, pone de manifiesto que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio él o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. En el caso, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que se trata de actuaciones cuya formación está encomendada por la Ley, a un funcionario revestido de fe pública, se deduce que no obstante que este juzgador como auxiliar de la Justicia Federal, ante el desconocimiento del domicilio de la tercero interesado ****, ordenó en términos del numeral 297, fracción II, del Código de Federal Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la investigación de dicho domicilio, con el fin de poder efectuar el emplazamiento, es decir, giró los oficios pertinentes a diversas dependencias oficiales, quienes al dar contestación, algunos manifestaron no poder proporcionar tal dato, por los motivos expuestos en los oficios correspondientes y otros proporcionaron domicilios que tenía registrados, motivo por el cual se ordenó al actuario adscrito constituirse en dichos lugares, con la finalidad de llevar a cabo su emplazamiento en los domicilios proporcionados, asimismo se giraron los exhortos correspondientes sin poder llevar a cabo el emplazamiento al citado tercero interesado. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razones, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número I.6o.C.47 K, en la página 995, del Tomo XI, Enero de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE HASTA QUE SE HAYA REALIZADO LA INVESTIGACIÓN PARA DAR CON EL DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO, SI NO HUBO RESULTADOS FAVORABLES. La autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, ante el desconocimiento del domicilio del tercero perjudicado en el juicio de garantías, deberá ordenar a las autoridades correspondientes la investigación de dicho domicilio para efectos del emplazamiento y esperar la contestación o en su defecto, requerir a las omisas con el apercibimiento respectivo para que den cumplimiento a lo señalado y sólo será hasta que se tengan los resultados de la referida investigación, si fueren negativos, cuando estará la responsable en aptitud de realizar el emplazamiento por medio de la publicación de edictos y no antes, toda vez que se contravendría lo dispuesto por el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo." Y, aplicada en forma análoga, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada con el número III.2o.C. J/20, en la página 1317, del XIX, Junio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PREVIAMENTE A SU PRÁCTICA EL JUZGADOR DEBE DETERMINAR LA EFICACIA DE LOS INFORMES RENDIDOS POR LAS CORPORACIONES OFICIALES SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Este órgano jurisdiccional federal sustentó el criterio que se refleja en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1372, bajo el rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PARA SU PROCEDENCIA SÓLO DEBEN SATISFACERSE LOS REQUISITOS PREVIOS QUE ESTABLECE LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).", en la cual estableció que para ordenar el emplazamiento por edictos no era necesario cumplir más requisitos que los establecidos por el artículo 117 de la legislación adjetiva civil local y que, por tal motivo, no había necesidad de ordenar otros trámites previos, como son recabar los informes de diversas dependencias y corporaciones respecto de la residencia de la parte demandada. Sin embargo, una nueva reflexión en torno a este tópico, apoyada en la trascendencia del llamamiento a juicio, cuya violación es la más significativa del procedimiento, porque impide al demandado realizar la defensa de sus intereses, lleva a considerar que cuando los informes rendidos por las corporaciones oficiales, verbigracia, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, o bien, el Instituto Federal Electoral, no sean suficientes para considerar que se agotaron los medios para la localización del demandado, esto es, cuando contengan datos imprecisos y no se efectúen las investigaciones correspondientes, esa información es insuficiente y no da lugar a ordenar el emplazamiento por edictos, habida cuenta que el desconocimiento del domicilio debe ser general. Ahora bien, aun cuando no existe un parámetro que permita calificar la eficacia de los informes rendidos por las distintas corporaciones oficiales, o cómo se deben realizar al investigar el domicilio de una persona, lo relevante es que el juzgador está facultado para ello, y es quien tiene el deber de determinar su eficacia, tomando en cuenta su importancia y trascendencia, que no es otra que la de hacer patente que la localización de una persona cuyo domicilio se ignora fue infructuosa, debido al desconocimiento general de su paradero. Ello permitirá al juzgador, en cada caso, ordenar el emplazamiento por edictos, pues en atención al contenido de cada informe, podrá establecer la pertinencia de las investigaciones efectuadas y lo fundado de sus conclusiones." En ese orden de ideas, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen el procedimiento del mismo, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la indolencia de la parte quejosa por no recoger los edictos, así como al pago de los mismos, actitud que denota desinterés en impulsar el procedimiento, circunstancia ésta que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un Tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica puede verse afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento de ****, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que sea esto atribuible al Órgano Jurisdiccional Constitucional, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la moral quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. A mayor abundamiento, es importante precisar que en el caso no se está en excepción alguna que obligue a este juzgador a gestionar ante el Consejo de la Judicatura Federal el pago de los edictos respectivos, debido a que no media manifestación por parte de la quejosa en cuanto a su imposibilidad de sufragarlos dada su precaria situación económica, además que en autos no se cuenta con elementos que pongan de relieve ese extremo, es decir, no constan indicios que demuestren que la parte quejosa no tiene la capacidad económica para cubrir el monto que implica la publicación de los edictos de que se habla; únicos supuestos los anteriores que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delimitado a fin de preservar el derecho que tiene toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, de conformidad con lo que contempla el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se considera aplicable, en lo conducente, la 2a./J. 108/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, del Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 164074, de título y contenido que dicen así: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." Del mismo modo, se invoca para robustecer lo planteado, la tesis III.3o.T.1 K (10a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 1769, del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2001317, de rubro y texto que disponen: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. ALCANCES, REQUISITOS Y FORMAS DE LA "DISPENSA DEL PAGO DE SU PUBLICACIÓN" A FAVOR DEL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", implementó el beneficio excepcional de dispensar al quejoso de recursos económicos insuficientes, del pago de la publicación de los referidos edictos, lo cual requiere su manifestación, correlacionada con indicios que lo confirmen y, de acreditarse ello, el Juez debe "exclusivamente en este supuesto", solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que absorba el gasto correspondiente. Ahora bien, la interpretación del alcance de este beneficio y sus destinatarios lleva a lo siguiente: I) en la doctrina y ámbitos procesales comparados es conocido como beneficio, declaratoria o carta de pobreza, de litigar sin gastos, de necesidad y/o de justicia gratuita, que da cuenta de una valoración económica de determinado conjunto de gobernados; II) su finalidad es generar condiciones de acceso a la función jurisdiccional del Estado, a favor de quienes están en situación superlativa y objetiva de insolvencia o precariedad económica, adoptándose medidas idóneas y eficaces al respecto; III) los destinatarios, por ende, son personas de condiciones económicas mínimas para cumplir con determinados deberes procesales, al sólo disponer de lo elemental para subsistir (mínimo vital); IV) el sustento constitucional de tal figura puede encontrarse en la interrelación de los principios de igualdad, proporcionalidad, mínimo vital, así como acceso efectivo y gratuito a la justicia, que justifican adoptar medidas de especial tutela para compensar tal desigualdad material relevante; y, V) es otorgado mediante mandato jurisdiccional que presupone la demostración de que, en un caso concreto, concurren tales características elementales, al ser un trato excepcional. Luego, en el juicio de amparo, la referida dispensa puede operar parcial o totalmente, cuando requiera compensarse realmente una situación preponderante de insuficiencia económica de un quejoso, una vez ponderadas las circunstancias particulares; lo que hace que el pago con erario público sea un trato de excepción y no la regla general; de ahí que se requiere evidencia de ser a favor de sus auténticos destinatarios. Aunque es variable y compleja la decisión, para lograr ese objetivo puede acudirse a indicadores desarrollados a partir de algunas legislaciones y entidades de la administración pública federal, como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) o de organismos constitucionales autónomos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que proporcionan parámetros de difusión pública generalizada, para ubicar ese sector de individuos o de quienes están muy próximos a esa condición precaria en el Estado Mexicano, los cuales pueden ser una referencia para tomar la decisión más objetiva al otorgar o rechazar la solicitud de dispensa señalada." En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia que señala el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5º fracción III, inciso b) y 27, fracción III, inciso b) todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la ley invocada, se sobresee en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa de improcedencia, que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, no es necesario esperar a la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razones, la jurisprudencia publicada con el número 17, en la página 25, del Tomo VI, Materia Común, de la Actualización 2002 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PÚBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5, fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30 , fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Y también por similitud de razones, la jurisprudencia publicada con el número 10/2003, en las páginas 386 y 387, Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III, y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de la causales de improcedencia previstas por el articulo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión en contra de los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente lo que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo en retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competente e imparcial." Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, déjese sin efecto la audiencia constitucional señalada en los presentes autos, para las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...VI

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en proveído de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, se requirió a la parte quejosa, para que en el término de veinte días, acredite haber comparecido ante este Juzgado a recoger los edictos que se ordenaron publicar a fin de emplazar a la parte tercero interesado que aún no ha podido ser llamado al presente asunto, así como para que justifique que los entregó para su publicación y en su momento los devuelva ya publicados o bien acredite las gestiones tendentes a ello; por lo que resulta evidente que dicho término se encuentra transcurriendo. En consecuencia, a fin de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la celebración de la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS...VI

Quedan 37 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano