MA. GUADALUPE MONTES VELÁZQUEZ y Otros.
Expediente 1499/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1499/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/02/2019
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Montes Velázquez
- MA. GUADALUPE MONTES VELÁZQUEZ y Otros.
- MINERVA SOCORRO VELÁZQUEZ MONTES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés convenga en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, resulta procedente que este juzgado federal se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo con las acciones realizadas por las responsables, sustentadas en los comunicados y documentos remitidos, para después asentar la conclusión respectiva. AUTORIDADES VINCULADAS I. Secretario de Finanzas Públicas Municipales de Ezequiel Montes, Querétaro. EFECTOS DE LA SENTENCIA SE CUMPLIÓ SI NO ".I. Para que la autoridad que sea vinculada por razón de sus funciones a dar cumplimiento a esta sentencia, lleve a cabo las acciones administrativas tendentes a lograr que no se vuelva a recibir ningún pago por causa de las contribuciones que tengan sustento en los artículos que han sido declarados inconstitucionales, a saber: 90, 91, 92 y 93 de la Ley de Hacienda de los municipios del Estado de Querétaro, vigente; y 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2018. O bien, que no se realice de manera coactiva su cobro, e informe a este juzgado el resultado de tal gestión, pues con independencia de que dicha contribución sea de aquellas cuyo entero ocurre de manera voluntaria por el gobernado en forma de autoliquidación y no esté totalmente en manos de la autoridad evitar su pago, es posible que pueda llevar un registro de esta sentencia en los sistemas con que cuente, tales como el electrónico, y lograr de manera efectiva la exención que ahora gozará la parte quejosa con motivo de la presente concesión, pudiendo advertir incluso al gobernado sobre el pago de lo indebido. II. Para que se deje insubsistente el primer acto de aplicación, dados los efectos que se han señalado en el apartado precedente, y se reintegre a las quejosas Gabriela Socorro Montes Velázquez y Ma. Guadalupe Montes Velázquez, los montos que erogaron por el impuesto para educación y obras públicas municipales, materializados en el recibo de pago con números de folio C4-50522, y C4-50196, expedidos en forma respectiva el veintinueve y veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, respectivamente, mismos que acompañó la parte quejosa a su demanda y las actualizaciones que en su caso correspondan." En oficio glosado en autos el representante legal del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, exhibió copia simple de dos cheques que amparan las suma de $891.90 (ochocientos noventa y un pesos 90/100 moneda nacional) y $1.615.45 (un mil seiscientos quince pesos 45/100 moneda nacional) relativas a la cantidad por concepto de impuestos para la educación y obras públicas municipales. CONCLUSIÓN.- En términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de Amparo. Sin que obste para emitir el presente pronunciamiento, el hecho de que no obre constancia en autos que revele que la parte quejosa ya acudió a recoger el monto liquido precitado, toda vez que la presente calificación no puede estar supeditada a la voluntad del promovente de acudir o no a recibir el numerario aludido, pues los efectos del fallo protector obligan a que la autoridad fiscal ponga a disposición de la parte agraviada el monto descrito en la sentencia, actuación que por su parte ya satisfizo la autoridad exactora de manera que es carga del peticionario acudir cuando lo estime conveniente a recoger dicho monto sin que este Juzgado Federal pueda ejercer medios coactivos para tal efecto pues se está frente a la esfera de derechos dispositivos del gobernado. Archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por último, se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados.
- Principal
Legal del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, por medio del cual informa el cumplimiento que ha dado a la ejecutoria de amparo y al efecto remite copia de la constancias que lo sustentan. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito, a fin de que en el término de tres días hábiles, contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Asimismo, requiérase a la parte quejosa, para que a la brevedad acuda a las instalaciones de la autoridad exactora, con la finalidad que le sea entregado el monto constitutivo del fallo protector.
- Principal
Juicio de Amparo 1499/2018. En catorce de febrero de dos mil diecinueve, la que suscribe Graciela Gomez Pezuela Carrillo, Actuaria adscrita al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a primera hora hábil del despacho, notifico por medio de lista, la resolución de trece de febrero del presente año, dictada en el juicio de amparo anotado al rubro, a la parte quejosa Gabriela Socorro Montes Velázquez y otras, ello de conformidad a lo ordenado en la diversa resolución de tres de diciembre de dos mil dieciocho y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.
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