MA. GUADALUPE MIRANDA SANTOYO y Otros.
Expediente 419/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Miranda Santoyo
- MA. GUADALUPE MIRANDA SANTOYO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
RECEPCIÓN DE ESCRITO.- Agréguese únicamente a sus autos, para que obre como corresponda, el escrito signado por ***, en atención a su contenido, no ha lugar a acordar su petición, toda vez que en el presente asunto, no se le reconoció el carácter de tercera interesada, aunado a lo anterior, el presente asunto se encuentra totalmente concluido y en archivo a partir del veintiuno de junio pasado; toda vez que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, capital, en sesión ordinaria de quince de junio de dos mil diecisiete, declaró infundado el recurso de queja.
- Principal
Por recibido el oficio 5079 signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, capital, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 419/2017-VI.2 del índice de este juzgado federal, promovido por ***, e informa a este Juzgado de Distrito que esa superioridad, en sesión ordinaria de quince de junio de dos mil diecisiete, resolvió lo siguiente: "ÚNICO.- Es INFUNDADO el recurso de queja. Acúsese recibo de estilo a la superioridad, glósese el cuaderno de antecedentes al presente sumario. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Nueva Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, como asunto concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda de amparo promovida, y la Superioridad determinó que fue infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Por recibido el escrito de cuenta signado por ***, mediante el cual interpone el recurso de queja a que hace referencia la fracción I, inciso a), del artículo 97, de la Ley de Amparo, contra el proveído de seis de abril de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de amparo, que desechó la demanda promovida; y formula los agravios que le irroga la resolución recurrida. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito, en contra del acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda promovida por ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito residente en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Por tanto, se ordena rendir el informe materia de la queja en términos de lo dispuesto en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo; haciendo del conocimiento de la Superioridad QUE ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. En su oportunidad, remítanse los autos originales de este juicio de amparo, así como el original del escrito de expresión de agravios y copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Guanajuato, para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Consecuentemente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho; contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito, ambos con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; que estima violatorios de sus derechos fundamentales que se encuentran consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 419/2017-VI.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Encuentra apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número XVII.2o.J/11, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Una vez analizada la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa y documentales que a ella se adjuntaron, se acuerda lo siguiente. Del escrito de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que las solicitantes del amparo señalan como autoridades responsables a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Actuario adscrito, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; autoridades a las que reclamó el acto que describe de la forma siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: La falta de notificación personal a las suscritas del acuerdo de fecha 8 de abril del 2016, por las razones que se precisaran en capítulos siguientes." Se precisa que las tesis que se invocarán son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en tanto no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61, en relación con el numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia. Los numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 170 fracción I, del cuerpo de leyes invocado, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el juez de control." Las solicitantes del amparo señalan como acto reclamado la falta de notificación personal del acuerdo de ocho de abril de dos mil dieciséis, en el su apoderado renuncio al poder conferido por las promoventes, con lo cual se suspendió la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, debido a que se celebraría en ese misma fecha, sin que se les notificara de manera personal la reanudación del procedimiento; cobrando principal relevancia que bajo protesta de decir verdad las quejosas señalan: "Bajo protesta de decir verdad manifestamos que nos hacemos sabedoras del acto reclamado con fecha 13 DE MARZO DEL 2017, día en que se nos intentó notificar el laudo dictado dentro del expediente mencionado, con este intento de notificación nos pudimos percatar de que NO SE NOS NOTIFICÓ DE MANERA PERSONAL EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 8 DE ABRIL DEL 2016, dado que acudimos a la junta Local de Conciliación a revisar el expediente." Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 170 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la omisión de notificación que reclaman, deberá ser materia -como violación procesal- del juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra del laudo que ya se dictó en el juicio laboral en que son demandadas las promoventes, debido a que este juzgado federal se encuentra impedido jurídicamente para analizar las violaciones ocurridas en el procedimiento cuando ya exista laudo, como en el caso, que ponga fin a la controversia obrero patronal. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 57/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, tomo I, página 813, de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE TODAS LAS QUE HAGAN VALER LAS PARTES O LAS QUE, CUANDO ELLO PROCEDA, ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011)." Sin que sea pertinente verificar en este momento si procedía algún medio de defensa y/o recurso o no contra dicha omisión, pues ese es un aspecto que será materia, en su momento, del juicio de amparo directo, el cual da la oportunidad a los particulares de acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales para defenderse de actos de autoridad que vulneren de manera directa sus derechos, lo que incluso concede seguridad jurídica. Por tanto, ante la existencia del laudo en el procedimiento laboral de origen resulta improcedente la promoción del juicio de amparo indirecto en contra de la falta de notificación personal del acuerdo de ocho de abril de dos mil dieciséis, pues ello, se insiste, será materia del juicio de amparo directo que en su caso se promueva en contra de citado laudo. Ello es así, porque del escrito constitucional se comprobó que a las hoy peticionarias les asiste el carácter de parte procesal en el juicio de origen, demandadas, y que a la presentación de la demanda de amparo ya se dictó el laudo correspondiente en el procedimiento laboral de origen; por lo que están en condición de promover el juicio de amparo vía directa en donde hagan valer todas las violaciones al procedimiento que considere necesarias para su defensa. Sobre este punto, es de invocarse por lo que informa, la Tesis de Jurisprudencia XIV.C.A. J/22, sustentada por Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, consultable en la página 1253, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, Novena Época, Materia Común, de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y NO LA DE LA VIOLACIÓN PROCESAL ALEGADA, LA QUE DETERMINA SU PROCEDENCIA." Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por Ma. Guadalupe Miranda Santoyo, Patricia Daniela Miranda Santoyo y Patricia Santoyo González, es improcedente porque la resolución reclamada, consiste en una violación procesal acaecida con antelación a su resolución, por lo que al haberse dictado el laudo que puso fin al juicio laboral, dicha violación debe ser plantada en el juicio de amparo directo que en su caso promuevan en contra del laudo, pues no sería posible analizar y en dado caso, conceder el amparo ante dicha omisión, sin que ello conlleve a modificar o revocar el laudo dictado, lo que jurídicamente escapa a la competencia de este juzgado federal. Sobre el tema es de invocarse la diversa Tesis de Jurisprudencia IX.1º. J/10, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, con el rubro siguiente: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMRSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO.". Sin que en el presente caso se pueda declarar incompetente esté juzgado federal y enviar al Tribunal Colegiado correspondiente el juicio en que se actúa, pues el laudo no fue señalado como acto reclamado en la demanda de cuenta, por ello, no resulta procedente la declaración de su incompetencia. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 170 fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***. Se tiene como domicilio de su parte para recibir notificaciones, el ubicado en ***, en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. En otro orden, como lo solicita el peticionario del amparo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley sobre la Materia, téngase por autorizado en amplios términos a los licenciados ***, toda vez que si tiene registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al acuerdo general 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el sistema computacional para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de julio de dos mil cinco, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos al diverso profesionista ***, por incumplir con dicho requisito. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.
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