Ma. Guadalupe Melgoza Lujano
Expediente 790/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 790/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Melgoza Lujano
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 22093/2021, remitido vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por el Actuario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual informa que el aludido órgano jurisdiccional aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo número 790/2021-V, del índice de este órgano jurisdiccional, formado con motivo de la demanda promovida por.... En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este órgano jurisdiccional; asimismo, dado que no existe trámite alguno pendiente por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso j), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense los oficios número OCC/C11/JDM/319/2021, remitido vía correo electrónico, por la Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Encargada por licencia del titular, mediante los cuales informa que la demanda de amparo promovida por..., misma que se registró con el número 790/2021-V, del índice de este juzgado federal, al cual se remitió por incompetencia mediante oficio 15278/2021, fue recibida el siete de octubre del año en curso y turnada al Juez Sexto de Distrito en el Estado, con sede en aquélla ciudad; en consecuencia, solicítese al titular del referido órgano jurisdiccional, el acuse el recibo correspondiente e informe el tratamiento dado a la misma, a efecto de estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. En la inteligencia que los aludidos oficios han sido previamente certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que el veinte de agosto de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal declaró que carecía de incompetencia legal por razón del territorio, para continuar conociendo de la demanda de amparo promovida por ---------------, misma que se registró con el número 790/2021-V, por lo cual, a través del oficio 15278/2021, se ordenó remitir la misma a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, a efecto de que lo enviara al Juzgado a quien por razón de turno, le corresponda su conocimiento; en consecuencia, tomando en consideración que se desconoce a qué órgano jurisdiccional, fue turnada; por tanto, gírese atento oficio al Encargado de la referida Oficina, para que informe dicha circunstancia y así estar en condiciones de acordar lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio número 1030, suscrito por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, al cual acompaña la demanda de amparo presentada ante ese Juzgado por ..., misma que recibió en auxilio de la justicia federal en términos de lo dispuesto por los artículos 35 y 159 de la Ley de Amparo, así como diversos informes previos y justificados; acúsese recibo. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 790/2021-V. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, para que surta efectos la competencia de un Juez de Distrito para conocer y resolver un juicio de amparo, tratándose de actos que sí tengan ejecución material, es menester que el acto reclamado deba tener ejecución, se ejecute o se haya ejecutado dentro de la jurisdicción atribuida a dicho órgano jurisdiccional. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "De las autoridades señaladas como responsables reclamo el pretender privarme de mi libertad en forma ilegal, fuera de todo procedimiento, sin que exista orden de aprehensión en mi contra, y que ésta, además, cumpla con los siguientes requisitos: a).Haber sido dictada por autoridad judicial; b).- Haber precedido, una denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c).- La existencia de datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Y finalmente, que la orden de aprehensión se encuentre debidamente fundada y motivada. Lo anterior, derivado de que algunos de mis vecinos, me han comentado que el día 30 treinta de junio, del presente año, por la tarde, elementos de la Policía Ministerial del Estado e, indistintamente, de las Policías Municipales de Purépero y de Tlazazalca, Michoacán, han estado rondando el domicilio particular de la suscrita, preguntando por mí." En ese sentido, la impetrante bajo protesta de decir verdad manifiesta: "NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO: ..., con domicilio particular ubicado en la ... de la Población de Purépero, Michoacán." [.] "Sin embargo he tenido conocimiento cierto de que las autoridades que he señalado como responsables pretenden privarme de mi libertad mediante actos cometidos fuera de todo procedimiento legal, sin que exista orden de aprehensión en mi contra, dictada por la autoridad judicial competente, ya que elementos de la Policía Ministerial del Estado e, indistintamente, de las Policías Municipales de Purépero y de Tlazazalca, Michoacán, han estado rondando el domicilio particular de la suscrita, preguntando por mí, acudieron a mi domicilio particular, el día 30 treinta de junio, del presente año, por la tarde y estuvieron preguntando por la suscrita, argumentando que me detendrían, ello, mediante actos cometidos fuera de todo procedimiento legal, sin que exista orden de aprehensión en mi contra, dictada por la autoridad judicial competente, debidamente fundada y motivada y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que la suscrita lo cometió o participó en su comisión, y consecuentemente por ser arbitrarios e ilegales los actos que pretenden cometerse en mi contra, dichas autoridades, es que me presento a demandar la protección y el amparo de la justicia federal para que no se vulneren en mi perjuicio mis derechos humanos y las garantías individuales otorgadas para su protección, contempladas en mi favor por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior, se advierte que los actos reclamados consisten de manera esencial en la orden para pretender privarla de su libertad fuera de todo procedimiento, ello es así, ya que la solicitante del amparo señala como autoridades responsables únicamente a autoridades administrativas; así como la ejecución de dicha orden, misma que refiere se ha tratado de ejecutar en su domicilio particular ubicado en la Calle ..., de la Población de Purépero, Michoacán. Por tanto, este órgano de control Constitucional estima competente para conocer de la demanda de mérito, al Juez de Distrito en el estado de Michoacán, en turno, con sede Uruapan, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tiene, de conformidad con las manifestaciones de la parte quejosa, materialización en Purépero, Michoacán, lugar donde de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, tiene competencia dicha autoridad federal. Resulta aplicable la jurisprudencia número 1a./J. 52/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 383, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2004166, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. "Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Así como la tesis sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 33, Volumen 199-204, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con número de registro 234084, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." En virtud a lo anterior, sin proveer sobre la admisión de la demanda, previo cuaderno de antecedentes que se forme y se deje en este órgano jurisdiccional se ordena remitir la demanda de amparo, y anexos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Michoacán, con sede en Uruapan, para que previos los trámites y registros administrativos correspondientes, lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando se acuse el recibo correspondiente. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez". Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle ..., virtud a que carece de número, por lo cual, es inexacto; por tanto, con apoyo en el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones se ordena practicarlas a la parte quejosa, por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado, en tanto designe domicilio en esta ciudad para ese efecto; no obstante lo anterior, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados en derecho..., en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional números 2848959, 4798683, 4459452 y 2324438, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ..., así como a la pasante en derecho ..., los primeros, en virtud de que no acreditan contar con cédula profesional ni se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y la última, en virtud de que en esos términos fue autorizada. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado por el diverso 25/2020, respecto de su vigencia, se invita a la parte promovente a efecto de que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Notifíquese personalmente.
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