Ma. Guadalupe Medina Torres
Expediente 1462/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1462/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Medina Torres
- Ayuntamiento Municipal de Miguel Auza, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obran en autos la constancia de notificación del oficio 36210/2022, dirigido al Ayuntamiento Municipal de Miguel Auza, Zacatecas, relativos a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo. En esa medida, con fundamento en los artículos 24, 26, 28 y 31 de la Ley de Amparo, se requiere a las citadas autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas, computados a partir de que reciba el oficio que para el efecto se genere, informen vía telegráfica, o bien, por vía electrónica al correo de este juzgado (1jdo23cto@correo.cjf.gob.mx), la fecha en que fueron notificadas de los citados oficios, así como de los relativos a este proveído judicial. Sin perjuicio de lo anterior, a los oficios que al efecto se giren glósese copia simple de la sentencia. En la inteligencia que este requerimiento se formula bajo el apercibimiento que, de no cumplirse en el plazo y forma estatuidos, se impondrá una multa consistente en CINCUENTA Unidades de Medida y Actualización, conforme lo disponen los ordinales 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259, de la Ley de Amparo, así como los arábigos Primero y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese por lista. ....
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el pedimento de cuenta, mediante el cual, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, vierte alegatos; lo anterior, toda vez que el dieciséis del mes y año en curso, fue celebrada la audiencia constitucional. Como lo solicita dicho representante social federal, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, expídasele copia simple de la resolución emitida en este juicio, previa constancia e identificación que por su recibo se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de Juzgado quien autoriza y da fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1462/2022, estando en audiencia pública Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se procedió a su celebración, sin contar con la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo; el informe justificado rendido por la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática y las constancias que acompañó en apoyo a dicho informe. Asimismo, el secretario de juzgado certifica: que no median los ocho días a que alude el numeral 117 de la Ley de Amparo, entre la notificación del informe justificado rendido por la autoridad responsable y la fecha programada para la celebración de la presente audiencia, pues el auto con el que se le dio vista, se notificó el cinco del mes y anualidad que transcurren. A lo anterior, el Juez provee: téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Asimismo, no impide la celebración de la audiencia constitucional, la circunstancia que no medien los ocho días a que alude el numeral 117 de la ley de la materia para que las partes, en su caso, estén en aptitud legal de desvirtuar el contenido del aludido informe; pues en el caso y dada la naturaleza del acto reclamado, así como el contenido de dicho informe, no se está en el caso de diferir la audiencia constitucional, dado el sentido que regirá el fallo que se dicte en el presente juicio de amparo, pues no se desprende que exista materia qué desvirtuar; aunado a lo anterior, en la especie debe atenderse al contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que dispone que las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Así, dada la cuestión que se impugna, no se está en el supuesto que establece la jurisprudencia P./J. 54/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro señala: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." A lo que se abona, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 117, segundo párrafo, establece que ".Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado", de lo que se observa que en su caso, será el quejoso o el tercero interesado quienes deben solicitar el diferimiento de la audiencia constitucional, si tuvieran intención de controvertir el contenido del informe justificado, petición que no se encuentra formulada en autos, máxime que se toma en cuenta el mayor perjuicio que causaría a las partes la postergación de recibir justicia. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales que fueron presentadas por la autoridad responsable al rendir el informe respectivo. A lo que el Juez provee: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, la cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver. En el periodo de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los hizo valer. A lo que el Juez dispone: téngase por perdido el derecho de las partes para formularlos. Consecuentemente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1462/2022, promovido por Ma. Guadalupe Medina Torres; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. En escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Zacatecas, Ma. Guadalupe Medina Torres, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que más adelante se precisan. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por razón de turno, dicha demanda fue del conocimiento de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado; en auto de catorce de noviembre de dos mil veintidós, se registró con el número 1462/2022 y se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal federal, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se lleva a cabo al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ello en razón a que se reclama un acto de naturaleza omisiva, carente de ejecución material, por lo que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado al Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, que constituye el objeto de la litis efectivamente planteada en este juicio de derechos fundamentales, consiste en: La omisión de haber emitido el auto de primer requerimiento de pago dentro del juicio laboral número 623/2018, con base en lo previsto por el artículo 285 de la Ley del Servicio Civil del estado de Zacatecas. TERCERO. Existencia del acto. Es cierto el acto reclamado, toda vez que así lo reconoció el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió dicha autoridad al rendir su informe, consistentes en copias fotostáticas certificadas del juicio laboral burocrático 623/2018, de las que se aprecia que aún no se ha emitido el primer auto de requerimiento de pago en contra del Ayuntamiento de Miguel Auza, Zacatecas. Documentales con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al tratarse de copias certificadas expedidas por una autoridad actuando en pleno ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la demanda. Cabe recordar que el acto reclamado consiste en una omisión por parte de una autoridad, de emitir el primer auto de requerimiento de pago en el juicio laboral burocrático 623/2018. Ahora, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece como regla general la temporalidad de quince días para acudir a juicio de amparo, contados a partir de (i) el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, (ii) del día siguiente al en que haya tenido conocimiento o (iii) del día siguiente al en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, como así lo refiere el numeral 18 de la ley de la materia. Sin embargo, la presente demanda de amparo, no encuadra en ninguna de las hipótesis contempladas en los numerales en cita, pues cuando se reclaman actos omisivos, la afectación al gobernado es de tracto sucesivo, es decir, se continúa produciendo hasta en tanto la persona no se vea restituida en el derecho que se le vulnera, de ahí que no puede establecerse una temporalidad determinada para acudir a juicio de amparo cuando se reclaman estos actos, pues mientras éstos prevalezcan, se estará en condiciones de promover amparo en cualquier momento; de ahí que es válido concluir que, mientras no se subsane la dilación procesal correspondiente, el gobernado podrá acudir a juicio de amparo. Sirve como orientación y apoyo a lo antes expuesto, la tesis que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia." QUINTO. Estudio del asunto. Toda vez que respecto del acto reclamado, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia y tampoco fueron alegadas por las partes, se procede ahora a analizar los motivos de disenso hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, lo anterior en razón que no existe precepto legal que obligue a este juzgador a transcribirlos, aunado a que la presente sentencia se ciñe a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En una parte de sus conceptos de violación, aduce la parte quejosa que se transgrede en su perjuicio el contenido el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la autoridad responsable no ha emitido el primer auto de requerimiento de pago en el juicio laboral burocrático 623/2018, dentro del plazo a que alude el artículo 285 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. El motivo de inconformidad que hace valer el quejoso en su concepto de violación fundado. Para corroborar lo anterior, es necesario citar el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que interesa, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis del precepto de referencia se advierte que en él se establece: a) Un derecho a la justicia que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución debidamente fundada y motivada sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la jurisprudencia que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo anterior se deduce que los tribunales legalmente establecidos, deben realizar los actos procesales y emitir las resoluciones correspondientes en las contiendas sometidas a su jurisdicción, en los términos y plazos que establezca la ley que los rija; así, del texto constitucional se advierte que la administración de justicia completa debe estar presente en todo momento al resolverse en definitiva por parte de la responsable el asunto puesto ante su jurisdicción. Lo anterior, debe entenderse referido a cualquier actuación dentro del juicio laboral. En concordancia con lo anterior, y en relación a los términos y plazos establecidos en la ley aplicable al caso concreto, es necesario transcribir el contenido de los artículos 283 y 285 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, vigente en la época en que se admitió a trámite el juicio laboral de origen -dieciséis de enero de dos mil diecinueve (foja 5 del tomo de pruebas)- y que son del tenor siguiente: "Artículo 283 Los laudos deben ejecutarse una vez que transcurra el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo. La o el Secretario hará la certificación del plazo contado a partir de la notificación personal del laudo. Las partes podrán convenir en las modalidades del cumplimiento. Artículo 285 Transcurrido el término señalado en el artículo 283, la o el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo a la o el deudor que de no efectuarlo, se le impondrá una multa de hasta quince veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la diligencia; de no hacerlo en un nuevo requerimiento, se librará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, quedando autorizada aquélla para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa." Del numeral 283 se aprecia que los laudos deben ejecutarse una vez que transcurra el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo. A su vez, el Secretario hará la certificación del plazo contado a partir de la notificación personal del laudo. Por su parte, el artículo 285, dispone que transcurrido el término señalado en el artículo 283, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo al deudor que de no efectuarlo, se le impondrá una multa. Además, contempla que de no hacerlo en un nuevo requerimiento, se librará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena ante el Presidente del Tribunal, quedando autorizada aquélla para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda. En este tenor, el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en la especie, se considera como un acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad, por parte de tribunal responsable al no emitir el primer auto de requerimiento de pago y por ende, no respetar los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Cabe aclarar que las conductas de carácter omisivas tildadas de inconstitucionales, deben considerarse como actos que en sí mismos no son violatorios de la Constitución Federal, lo que implica que, por su propia naturaleza, necesitan demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, este resolutor federal estima que, para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo señalado en esta vía, por no ser un acto inconstitucional en sí mismo, es necesario que se demuestren algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte la quejosa; que en dicha controversia se haya emitido el laudo respectivo; y, que haya trascurrido el término que la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas señale para emitir el primer auto de requerimiento de pago. Entonces se debe verificar si en los autos del presente juicio se encuentran acreditados dichos aspectos. 1) Que realmente exista un juicio laboral en el que la quejosa sea parte. Este aspecto en particular implica que el gobernado tenga el carácter de parte en el juicio de origen, lo que se acredita en el presente asunto, pues de las constancias allegadas, se advierte que el juicio laboral burocrático 623/2018, fue promovido por la aquí impetrante Ma. Guadalupe Medina Torres, pues de la constancia allegada en copia certificada, se advierte que la quejosa de referencia es parte material de dicho juicio laboral. 2) Que en el juicio de origen se haya emitido el laudo respectivo. En relación al segundo elemento, que implica que en el juicio de origen se haya emitido laudo, también se encuentra satisfecho. En efecto, de la copia certificada del juicio laboral 623/2018 del índice de la responsable, se advierte que el treinta de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se condenó al Ayuntamiento de Miguel Auza, Zacatecas, al cumplimiento del convenio celebrado con la actora el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, así como a las prestaciones reclamadas, como salarios caídos, prima vacacional y alta de la trabajadora en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 3) Que haya trascurrido el término que la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas señale para emitir el primer auto de requerimiento de pago. Este último requisito también se satisface, pues si se tiene en cuenta que desde el veintidós de abril de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia definitiva y ante ello, transcurrió en exceso el plazo de quince días para que cualquiera de las partes, promoviera el juicio de amparo directo, por lo que, se concluye que desde aquélla data hasta la fecha en que se dicta la presente sentencia, el juicio laboral ha quedado totalmente paralizado, pues no se demostró que exista actuación que permite acreditar la inexistencia de la omisión reclamada. Aunado a que, como se dijo, el artículo 285, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, dispone que transcurrido el término señalado en el artículo 283 (quince días para promover el juicio de amparo directo), el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo al deudor que de no efectuarlo, se le impondrá una multa, por lo que, en el caso, el Tribunal responsable debió haber emitido la certificación correspondiente en la que conste que transcurrió el plazo para la presentación de la demanda de amparo; y posterior a ello, emitir el primer auto de requerimiento de pago en contra del deudor; plazo que evidentemente había fenecido al momento de presentar la demanda de amparo que dio origen a este juicio -diez de noviembre de dos mil veintidós-. Por consiguiente, en el caso en concreto se advierte una abierta dilación del procedimiento laboral de origen, en perjuicio de la quejosa, lo que se acredita si se toma cuenta que el juicio ordinario laboral de referencia a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, diez de noviembre de dos mil veintidós, se encontraba en un estado procesal que ameritaba el pronunciamiento del primer auto de requerimiento de pago en contra del deudor; de ahí que se actualice la violación aducida al derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se concede el amparo y protección de la justicia federal que solicita la quejosa Ma. Guadalupe Medina Torres, para el efecto de que el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 192 de la Ley de Amparo, sin mayores dilaciones: 1. Levante la certificación a que se refiere el numeral 283 de la Ley del Servicio Civil, en el sentido de que transcurrió el plazo de quince días con que contaban las partes para promover el juicio de amparo; y 2. Una vez realizado lo anterior, con fundamento en lo previsto por el artículo 285, de la citada Ley, emita el primer auto de requerimiento de pago en contra del deudor Ayuntamiento de Miguel Auza, Zacatecas en el juicio laboral 623/2018; y lo notifique de inmediato conforme a las reglas que consigna la legislación aplicable. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. Guadalupe Medina Torres, contra la omisión del Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia y para los efectos precisados en la parte final del mismo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rodolfo García Camacho, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe. 1939
- Principal
El dos de diciembre de dos mil veintidós, se da cuenta con la promoción registrada bajo el folio 20756 con anexo. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a dos de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del estado de Zacatecas, a través del magistrado presidente. Con su contenido, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la legislación en consulta téngase como prueba de la autoridad oficiante un legajo de copias certificadas del juicio laboral ordinario 623/2018, la que dada su propia y especial naturaleza se tiene por desahogada, sin perjuicio de su relación que se haga al momento de la audiencia respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. *María del Carmen. En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cinco de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.
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