Ma. Guadalupe León Calixto

Expediente 519/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
519/2018
Año
2018
Actuaciones
11
Última actuación
21/09/2018

Partes del expediente

  • Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, Con Residencia En Chilpancingo
  • Ma. Guadalupe León Calixto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, en términos de lo dispuesto en los puntos décimo primero, último párrafo y vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se dejan a disposición de la parte quejosa el documento que exhibió en este asunto, previniéndola que de no acudir a recogerlo dentro de un término de noventa días transcurridos a partir de que surta efectos la legal notificación de este proveído, podrá ser destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    VISTOS; para pronunciar sentencia, los autos del juicio de amparo número 519/2018 R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el once de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Ma. Guadalupe León Calixto, por derecho propio, presentó demanda de amparo contra las autoridades y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Congreso del Estado de Guerrero. Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero. Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero. Todos con sede en Chilpancingo. Secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Director de Ingresos, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. Director de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "Lo constituyen la expedición, emisión y aprobación, del Congreso Local, de la Ley número 648 de ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, concretamente el contenido del artículo 15 y 16, y de la Ley de Hacienda Municipal Número 677, concretamente el contenido de los artículos 27, 27-BIS y 28, fracciones I y X, inciso a), así como su aprobación, promulgación y orden de publicación por parte del Gobernador. De igual forma por no cumplir con lo que marca el artículo 76, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, expresamente dispone que las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que el gobernador promulgue, expida o autorice deberán, para su validez y observancia, ser refrendados por el secretario general de Gobierno, así como por el titular del ramo a que el asunto corresponda. También se reclama la aplicación concreta de esas normas por parte de las autoridades ejecutoras, Directores de Catastro e Impuesto Predial y de Ingresos, ambos del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo la cual fue registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 519/2018; se solicitó de las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclaman leyes locales con motivo de su primer acto de aplicación por autoridades administrativas con sede dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que la parte quejosa reclama la expedición, emisión, aprobación, promulgación, orden de publicación y refrendo: I. De la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, en específico los artículos 15 y 16. II. De la Ley de Hacienda Municipal 677, en concreto sus numerales 27, 27-Bis y 28, fracciones I y X, inciso a). Lo anterior, con motivo del que considera su primer acto de aplicación a través del entero del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles e impuestos accesorios, contenido en el recibo de pago con el números de folio F-890858, expedido el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho; y que atribuye al Secretario de Administración y Finanzas, del Director de Catastro e Impuesto Predial, así como del Director de Ingresos, de la citada Secretaría, todos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero. TERCERO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa en su demanda bajo protesta de decir verdad manifestó que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintiuno de mayo del año en curso; data que refiere le fueron aplicados los numerales que tilda de inconstitucionales con motivo de la expedición del citado recibo, en que se contiene el pago de los impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles e impuestos adicionales, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento. En tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió a la parte quejosa del veintidós de mayo al once de junio del año en curso (descontados los días veintiséis, veintisiete de mayo, dos, tres, nueve y diez de junio pasado, por haber sido inhábiles); de ahí que, al haberse presentado la demanda el once de junio de dos mil dieciocho en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, al Gobernador, y al Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, consistentes en la expedición, emisión, aprobación, promulgación, orden de publicación y refrendo de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, en específico los artículos 15 y 16, así como de la Ley de Hacienda Municipal 677, en concreto sus numerales 27, 27-Bis y 28, fracciones I y X, inciso a), que prevén el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles. Lo anterior, porque así lo reconocieron dichas autoridades al rendir sus informes con justificación por conducto de los funcionarios públicos que los representan; máxime que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2º, la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuye, por ser de naturaleza legislativa, no está sujeta a prueba, en razón de que es evidente que en ejercicio de sus respectivas atribuciones, éstas participaron en el proceso legislativo de donde emanan los preceptos legales impugnados. Por otro lado, el Secretario de Administración y Finanzas y las Encargadas del despacho de las Direcciones de Ingresos y de Catastro e Impuesto Predial, todos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir su respectivo informe con justificación aceptaron que la quejosa realizó el pago del impuesto reclamado, como se materializó en el recibo número F-890858, expedido el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho; documento exhibido en original, el cual dada su naturaleza, se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia fundadas. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se tiene que de oficio este juzgado advierte que en el caso se actualizan las siguientes: Por lo que ve a los actos reclamados al Secretario General de Gobierno y Gobernador consistentes en el refrendo y orden de publicación de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho y de la Ley de Catastro Municipal número 676; la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que dichos actos no fueron reclamados por vicios propios. Los artículos 61, fracción XXIII y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)" El numeral transcrito en primer término establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos, diversos a los contemplados en las demás fracciones que lo conforman, en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo; por otra parte, de conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, el refrendo del decreto promulgatorio de una ley o la publicación de ésta, serán reclamables en amparo únicamente cuando se les atribuyan vicios propios. Luego, tomando en consideración que en el presente sumario se reclamaron entre otros, el refrendo y la orden de publicación de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho y de la Ley de Hacienda Municipal, número 677, que prevén el impuesto sobre adquisición de inmuebles, sin que se reclamen por vicios propios, el juicio de amparo resulta improcedente; en consecuencia, conforme con los numerales arriba anotados procede decretar el sobreseimiento en el juicio a su respecto. Luego, respecto de los artículos 27, 27-Bis y 28, fracciones I y X, inciso a), de la Ley de Hacienda Municipal, número 677, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Para arribar a tal conclusión, es necesario tener presente que la aludida porción normativa señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación de una norma general, en la vía de amparo indirecto, presupone de la existencia de un perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, para que así el examen de la constitucionalidad de la disposición legal atacada tenga como marco de referencia el perjuicio que le causa, de lo contrario, si dicha norma legal por su sola vigencia no le causa perjuicio, sino que requiere de un acto posterior de aplicación, el juicio de amparo enderezado en su contra antes de que se cumpla esa condición, es improcedente. Empero, para distinguir si una norma es autoaplicativa o heteroaplicativa, es necesario determinar si con su sola entrada en vigor vincula al gobernado a su cumplimiento por virtud de que cree, transforme o extinga en su perjuicio situaciones concretas de derecho; o si por el contrario, se requiere de un acto diverso que condicione su aplicación. Bajo ese marco de referencia, los efectos de la disposición legal impugnada bien pueden ocurrir en forma condicionada, o bien de manera incondicionada, pero siempre bajo el entendido de que la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso depender de un acto jurídico, concebido éste como la manifestación exterior de la voluntad del particular para crear, transferir, modificar, extinguir o conservar derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por su autor, o del hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, pero todos los anteriores con el común denominador de situar al gobernado dentro de la hipótesis legal. Así, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, impera en dicha norma el carácter de ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. Por el contrario, si las obligaciones impuestas por el texto jurídico no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, tal norma reviste el carácter de disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, dado que la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se encuentra sujeta a la realización de ese evento. Dicho lo anterior, conviene traer a colación los artículos relativos de la Ley de Hacienda Municipal Número 677, que a la letra indican: "Artículo 27.- Están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles establecido en esta sección, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consisten en el suelo, o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en territorio del Estado, así como los derechos relacionados con los mismos, a que se refiere este gravamen. Artículo 27-BIS. Es objeto de este impuesto la adquisición de bienes inmuebles que realicen personas físicas o morales en el territorio de los Municipios del Estado de Guerrero. Artículo 28.- Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que se derive de: I.- Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades. [.] X.- Enajenación a través de fideicomiso, según los siguientes casos: a) En el acto de la Constitución de un fideicomiso en el cual se nombre un fideicomisario distinto al fideicomitente, siempre y cuando este último no tenga derecho a readquirir los bienes que formen parte del fideicomiso.". De los numerales transcritos en esencia establecen la definición de lo que debe entenderse como impuesto sobre adquisición de inmuebles; así como el objeto de dicho impuesto, que lo es la adquisición de bienes inmuebles que realicen las personas físicas o morales en el territorio del Estado de Guerrero, así como los impuestos adicionales; sin embargo, no se advierte la aplicación de dichos numerales en el recibo que reclama ni tampoco la quejosa acreditó que se ubicó en el supuesto normativo ahí descrito mediante la autoliquidación. En efecto, si bien como lo argumenta la recurrente, la Ley de Hacienda Municipal Número 677 prevé los elementos esenciales de dicho tributo, a saber: objeto, sujeto, base, tasa y época de pago; lo cierto es que en la Ley 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en los numerales 15, 16 y 18, se establece lo siguiente: "ARTICULO 15. Están obligadas al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles las personas físicas o morales que adquieran inmuebles, que consistan en el suelo y construcciones adheridas a él, ubicadas en el municipio de Acapulco. Así como los derechos relacionados con los mismos. El impuesto se calculará, aplicando al valor del inmueble, la tasa del 2%. ARTÍCULO 16. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que se derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades. II. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aun cuando la transferencia de esta opere con posterioridad. III. La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido. IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente. V. Fusión de sociedades. VI. La dación en pago y la liquidación reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles. VII. Constitución de usufructo, transmisión de este o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal. VIII. Prescripción positiva. IX. La herencia o la cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios. X. Enajenación a través del fideicomiso, según los siguientes casos: a) En el acto de la constitución de un fideicomiso en el cual se nombre un fideicomisario distinto al fideicomitente, siempre y cuando este último no tenga derecho a readquirir los bienes que formen parte del fideicomiso. b) En el acto en el que el fideicomitente o el fideicomisario cedan o pierdan sus derechos sobre los bienes inmuebles constituyentes del fideicomiso a favor de la fiduciaria o de cualquier persona. c) En el acto de designar fideicomisario si este no se designó al constituirse el fideicomiso, siempre que dicha designación no recaiga en el propio fideicomitente. d) En el acto en el que el fideicomisario ceda sus derechos o de instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de la designación y, que los enajena en el momento de ceder sus derechos o dar dichas instrucciones. e) En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre estos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor. f) La transmisión de dominio de un inmueble en ejecución de un fideicomiso, salvo cuando este se haga en favor del o de los fideicomisarios designados en el acto constitutivo del fideicomiso o de los adquirientes de los derechos del fideicomisario por cualquier título, siempre que en la constitución o adquisición se haya cubierto el impuesto correspondiente. XI. En las permutas se considerará que se efectúan dos adquisiciones. XII. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demasía del por ciento que le correspondía al copropietario o cónyuge. XIII. La celebración de contratos de arrendamiento financiero y la cesión de derechos del arrendatario financiero." "ARTÍCULO 18. La base del impuesto será: I. Tratándose de bienes inmuebles: a) El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y el valor de operación. b) El 50% del valor determinado conforme al inciso a) cuando se transmita la nuda propiedad. El 50% restante, se pagará al ser transmitido el usufructo. c) El valor de cada uno de los bienes permutados determinado, de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción. d) En los casos de transmisión por herencia, el valor determinado conforme al inciso a) de esta fracción. e) Tratándose de cesión de derechos hereditarios o disolución de copropiedad, el valor de la parte proporcional del bien o bienes que corresponda a los derechos que se transmitan o en que se incrementen las correspondientes porciones de los copropietarios o coherederos, determinado de acuerdo con lo señalado en el inciso a) de esta fracción. f) En los casos de prescripción positiva, será el valor más alto que resulte entre el avalúo catastral y el avalúo con fines fiscales, en su caso. II. En caso de reducción de capital, disolución o liquidación de las sociedades a que se refiere el artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el impuesto gravitará sobre el exceso de los bienes inmuebles distintos a los aportados o sobre el exceso de la aportación si el pago se hace en numerario." Mientras que la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, vigente a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero -lo que aconteció el uno de diciembre de dos mil diecisiete-, y que abrogó la Ley de Hacienda Municipal Número 677; en sus artículos 35, 36, 39 y 40, dispone lo siguiente: "Artículo 35. Están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles establecido en esta sección, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consisten en el suelo, y las construcciones adheridas a él ubicados en territorio del Estado, así como los derechos relacionados con los mismos, a que se refiere este gravamen. Artículo 36. Es objeto de este impuesto la adquisición de bienes inmuebles que realicen personas físicas o morales en el territorio de los municipios del Estado de Guerrero. Artículo 37. Para los efectos de este capítulo, se entiende por adquisición la que se derive de: I. Todo acto por el que se transmita la propiedad, incluyendo la donación, herencia o legado, la que ocurra por causa de muerte y la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades; II. La compraventa en la que el vendedor se reserve la propiedad, aún cuando la transferencia de ésta opere con posterioridad; III. La promesa de adquirir, cuando se pacte que el futuro comprador entrará en posesión de los bienes o que el futuro vendedor recibirá el precio de la venta o parte de él, antes de que se celebre el contrato prometido; IV. La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracciones II y III que anteceden, respectivamente; V. La fusión de sociedades; VI. La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie de remanentes, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; VII. La constitución de usufructo, transmisión de éste o de la nuda propiedad, así como la extinción del usufructo temporal; VIII. La prescripción, de conformidad con lo establecido en el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero; IX. La herencia o la cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, en la parte relativa y en proporción a los inmuebles. Se entenderá como cesión de derechos la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios; X. La enajenación a través del fideicomiso, según los siguientes casos: a) En el acto de la constitución de un fideicomiso en el cual se nombre un fideicomisario distinto al fideicomitente, siempre y cuando este último no tenga derecho a readquirir los bienes que formen parte del fideicomiso; b) En el acto en el que el fideicomitente o el fideicomisario, cedan o pierdan sus derechos sobre los bienes inmuebles constituyentes del fideicomiso a favor de la fiduciaria o de cualquier persona; c) En el acto de designar fideicomisario si éste no se designó al constituirse el fideicomiso, siempre que dicha designación no recaiga en el propio fideicomitente; d) En el acto en el que el fideicomisario ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de la designación y que, los enajena en el momento de ceder sus derechos o dar dichas instrucciones; e) En el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que los bienes se transmitan a su favor; y, f) La transmisión de dominio de un inmueble en ejecución de un fideicomiso, salvo cuando éste se haga en favor del o de los fideicomisarios designados en el acto constitutivo del fideicomiso o de los adquirientes de los derechos del fideicomisario por cualquier título, siempre que en la constitución o adquisición se haya cubierto el impuesto correspondiente. XI. Las permutas cuando se considere que se efectúan dos adquisiciones; XII. La división de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal, por la parte que se adquiera en demasía del tanto por ciento que le correspondía al copropietario o cónyuge; y, XIII. La celebración de contratos de arrendamiento financiero y la cesión de derechos del arrendatario financiero." "Artículo 39. La base del impuesto será: I. Tratándose de bienes inmuebles: a) El valor más alto que resulte de considerar entre el avalúo catastral, el avalúo con fines fiscales elaborado por peritos valuadores autorizados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, y el valor de operación; b) El 50 por ciento del valor determinado conforme al inciso a) cuando se transmita la nuda propiedad. El 50 por ciento restante, se pagará al ser transmitido el usufructo; c) El valor de cada uno de los bienes permutados determinado de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción; d) En los casos de transmisión por herencia, el valor determinado conforme al inciso a) de esta fracción; e) Tratándose de cesión de derechos hereditarios o disolución de copropiedad, el valor de la parte proporcional del bien o bienes que corresponda a los derechos que se transmitan o en que se incrementen las correspondientes porciones de los copropietarios o coherederos, determinado de acuerdo con lo señalado en el inciso a) de esta fracción; y, f) En los casos de prescripción, será el valor más alto que resulte entre el avalúo catastral y el avalúo con fines fiscales en su caso. II. En caso de reducción de capital, disolución o liquidación de las sociedades a que se refiere el artículo 1° de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el impuesto gravitará sobre el exceso de los bienes inmuebles distintos a los aportados o sobre el exceso de la aportación, si el pago se hace en numerario. Artículo 40. El impuesto se causará y pagará aplicando la tasa que se determine en la ley de ingresos municipal respectiva, sobre la base determinada de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la presente Ley." Luego, de la intelección de los ordinales insertos, se puede advertir que el impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuya aplicación reclama la quejosa, se encuentra regulado por la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, ya que si bien la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero reproduce dicha regulación, no puede soslayarse que en su artículo 40 remite a lo que al efecto se fije en aquella legislación sobre la tasa aplicable, y que, como se expuso en líneas precedentes, por virtud de su segundo artículo transitorio se abrogó la Ley de Hacienda Municipal Número 677. Por ende, aun y cuando el artículo 164 de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, establezca que la causación del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles será de acuerdo con lo que disponga esa misma legislación sobre el objeto, sujeto, base, cuota, tasa o tarifa y época de pago, sin que sea óbice que lo que sobre el particular establezca la Ley de Hacienda Municipal, ya que dicha remisión en todo caso debe entenderse respecto de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, no así la diversa Ley de Hacienda Municipal Número 677, por haber sido abrogada. Por tanto, puede concluirse que el pago consignado en el recibo F-890858, se hizo de conformidad con aquéllos cuerpos normativos con independencia de que no se hubiere invocado expresamente al momento de la emisión de tales recibos y no con base en la legislación abrogada reclamada; de ahí que no se advierta la aplicación de los artículos 27, 27 bis, 28, fracciones I y X, inciso a), en lo relativo al impuesto sobre adquisición de inmuebles, todos de la Ley de Hacienda Municipal Número 677 del Estado de Guerrero. Por tanto, si bien es verdad que la Ley de Hacienda Municipal Número 677 del Estado de Guerrero tiene un vicio formal (falta de refrendo), que le resta validez para su aplicación; también es cierto que ese vicio no lo contiene la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal del año dos mil dieciocho, ni la diversa Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, que le fueron aplicadas; y, como se ha expuesto la ley de Ingresos contiene todos los elementos esenciales del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles al tenor del cual será conceptuado dicho tributo a diferencia de otras contribuciones. En ese orden de ideas, si la quejosa reclamó el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles y demás contribuciones accesorias, y su inconstitucionalidad la hace depender de que tiene su fundamento legal en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia que, desde su punto de vista, es de carácter temático, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 2a./J. 95/2011, de rubro: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO.". Sin embargo, en el caso no demostró que se le haya aplicado una norma que no haya sido refrendada por algún funcionario obligado a ello, que es el tema que resuelve la jurisprudencia que cita. En ese sentido, al no acreditarse el acto concreto de aplicación de los aludidos preceptos legales reclamados, no se actualiza la existencia de su interés jurídico para reclamarlo en esta instancia constitucional; consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con la fracción XII, del artículo 62 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio respecto a los artículos 27, 27 bis, 28, fracciones I y X, inciso a), de la Ley de Hacienda Municipal Número 677 del Estado de Guerrero. Ahora, por lo que hace a los artículos 15 y 16 de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción VIII, del artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación." La fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, por sí misma no alberga algún motivo de improcedencia de objetiva constatación del juicio de amparo, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional; por eso, para no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando formuló los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción que se analiza, la que ciertamente es justificada, puesto que existen causas o motivos que tienen como resultado la ineficacia del ejercicio de la acción constitucional de amparo y que derivan de los mandatos contenidos en la Carta Magna o, en su caso, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esa Norma Suprema. Uno de los cuales es el que se deriva del numeral 108, fracción VIII, de la ley de la materia, que establece la obligación a cargo de la parte quejosa de expresar en su demanda los conceptos de violación tendientes a controvertir la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que es éste en el que la parte promovente mediante la exposición de hechos, argumentos y razonamientos establece las violaciones de garantías que le causan los actos reclamados. Si se omite expresar los conceptos de violación o sólo se combate el acto reclamado aduciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas no constituyen una verdadera expresión de verdaderos conceptos de violación a que se refiere el artículo invocado, supuesto en el cual, el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede examinar la regularidad constitucional del acto reclamado, lo cual determina la improcedencia del juicio de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia. En efecto, la ausencia o falta de tales conceptos, hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se le solicita, ya que no está en posibilidad de analizar y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes o actos que se reclaman porque se cometan o no violaciones de garantías, pues no basta que la parte quejosa en su demanda señale determinados preceptos constitucionales que estime infringidos, si no expresa en qué consiste la infracción que imperativamente debe quedar razonada en el concepto correspondiente, para que se satisfaga el requisito exigido por la citada fracción VIII del artículo 108 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si bien, la quejosa reclamó los actos legislativos que dieron origen a la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho en específico de sus 15 y 18, con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el recibo de pago F-890858; lo cierto es que no expuso cuál es el derecho que se ve afectado por el acto de autoridad y de qué manera le agravia, mediante razonamientos o argumentos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad, a fin de hacer patente un ataque a sus garantías individuales, dado que si bien hace manifestaciones respecto de los diversos 5 y 21 de esa legislación, las realiza en el sentido de que éstas se concretan a poner de manifiesto que esos numerales remiten a la ley de hacienda municipal. En ese contexto, si la parte quejosa no expuso conceptos de violación en relación con los artículos 15 y 16 de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y dado que no se ubica en algún supuesto que permita suplir la queja, se estima actualizada la causa de improcedencia en estudio. Por los motivos expuestos, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo; lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo al haberse actualizado las causales de improcedencia en estudio. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 519/2018, por los motivos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL.-

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa mediante el cual amplia la demanda por conceptos de violación y tomando en consideración que ha precluido el plazo previsto en el artículo 111 en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, se estima improcedente la ampliación de demanda en los términos propuestos. Lo anterior, en razón de que la peticionaria de amparo tuvo conocimiento de los informes justificados rendidos por el Director General de Atención a Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica de Poder Ejecutivo en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, (a quien le atribuye actos legislativos), el veintinueve de junio del año en curso, así como de los rendidos por el Secretario de Administración y Finanzas y de la Encarga de Despacho de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, (a quienes les atribuye actos de aplicación), el cinco de julio del año que transcurre, por lo que dicho plazo le trascurrió del tres al veintitrés de julio del año en curso y del nueve al veintisiete de julio, descontándose los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de julio del año que transcurre, por ser inhábiles. Finalmente, se tiene como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Patricia Marijose Espinosa Ramos, en virtud de que no aparece registrada cédula alguna a su nombre en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; sin revocar ningún nombramiento hecho con anterioridad. Notifíquese.

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