Ma. Guadalupe Laura Muñoz García

Expediente 1190/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1190/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Laura Muñoz García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por las autoridades obligadas al cumplimiento; por tanto, resulta procedente que este Juzgado Federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Para lo cual conviene utilizar la siguiente tabla comparativa, en que se contrasta sustancialmente los efectos del amparo con las acciones realizadas por las responsables y que se advierte de los comunicados y documentos remitidos, para después asentar la conclusión respectiva. AUTORIDADES OBLIGADAS Secretario de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Querétaro. EFECTOS DE LA SENTENCIA SE CUMPLIÓ SI NO Se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 90 y 97 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, en su texto vigente, esto es, para que no se le apliquen las normas declaradas inconstitucionales durante el lapso de su vigencia. Como consecuencia de lo anterior, que el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, realice la cuantificación de los derechos que deba pagar la parte quejosa con motivo del acto de compraventa de inmuebles, que realizó el siete de diciembre de dos mil dieciséis, cuyo contenido se describe en el recibo con número de operación xxx, expedido por la Dirección de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, conforme la cantidad mínima que prevé el artículo 110 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro. Finalmente, para que se ordene al Secretario de Planeación y Finanzas y al Director de Ingresos, ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, tan pronto como cause ejecutoria la presente resolución, reintegren a la parte quejosa la cantidad restante. En oficio agregado en autos, el Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro emitió la declaratoria solicitada, así mismo la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro. No obstante que el Director de Registro Público fue omiso a realizar el cálculo correspondiente, lo realizo el Secretario de Planeación y Finanzas en tales circunstancias. La exactora exhibió copia simple del cheque que ampara la suma de $9,583.00 (nueve mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), relativa al ajuste solicitado en relación a los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. CONCLUSIÓN. En términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de Amparo. Archívese el expediente como asunto concluido; en el entendido de que al no considerarse de relevancia documental, el mismo es susceptible de depuración, en términos del punto segundo, fracción XV, y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto, conservando en su oportunidad, la demanda y sentencia. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, siete de marzo de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio que signa el Director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en el Estado de Querétaro, a través del cual remite las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del oficio de mérito, y demás constancias relativas al cumplimento a la ejecutoria de amparo, a fin de que en el término de tres días contados a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifiesten lo que a sus intereses convenga, bajo el apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Jefe de Departamento de Asuntos Fiscales de la Procuraduría Fiscal del Estado de Querétaro, en representación de las autoridades responsables Secretario de planeación y Finanzas, así como del Director de Ingresos adscrito a dicha secretaria, el cual se relaciona con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Circunstancia de la cual se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, y toda vez no han dado cumplimiento todas las autoridades responsables, se ordena, reservar hasta en tanto obren todas las constancias necesarias para dar la vista correspondiente. Cumplase.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES QUE SE VEN VINCULADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Se hace prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. OTRAS CONSIDERACIONES. Cabe precisar que el título valor que expida la autoridad exactora, podrá ser entregado a la parte quejosa, o a los autorizados cuyos nombre se precisaron en el auto admisorio; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad requerida; en el entendido que deberá abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba realizar a la peticionaria del amparo. Notifíquese.

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