Ma. Guadalupe Hernandez Sanchez

Expediente 2707/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2707/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
15/10/2019

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Hernandez Sanchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    i. Estado procesal de autos. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se requirió a los quejosos para que, dentro del término de tres días, se constituyeran en las instalaciones de la Hacienda Municipal de Atotonilco El Alto, Jalisco, a efecto de que se les entregara el cheque correspondiente a la actualización ordenada en la sentencia de amparo. ii. Se hace efectivo apercibimiento. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha los peticionarios de amparo acreditaron haber cumplido el requerimiento en cuestión, y el término de tres días otorgado feneció, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, por lo que este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, o bien, si existe imposibilidad para su acatamiento, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. iii. Efectos para los cuales se otorgó el amparo. Al respecto, conviene destacar que en resolución dictada por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, dentro del cuaderno auxiliar 129/2018, de su índice, en auxilio de este órgano jurisdiccional, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "[.] Por tanto, los efectos para los cuales se otorga el amparo y protección de la Justicia de la Unión a los impetrantes son los siguientes: a) No le sea aplicada la Ley de Ingresos del Municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, en su artículo 49 cuarenta y nueve, fracción XIII (décima tercera) punto 1 uno inciso A), quedando desvinculados de las obligaciones tributarias legisladas. b) Deberá devolvérsele a la parte impetrante, la cantidad de $10,912.24 (diez mil novecientos doce pesos 24/100 moneda nacional) que erogó por el concepto identificado como "APROVECHAMIENTO ART 49-XII-1-A-1- 671 M2 X 16.25", esto es, el pago de derechos por expedición de licencia de subdivisión, consignado en el recibo oficial 030888, expedido por el Funcionario encargado de la Hacienda Municipal de la Tesorería Municipal de Atotonilco el Alto, Jalisco. c) Dicha devolución deberá efectuarse debidamente actualizada, conforme a los mecanismos legales aplicables al presente asunto. [.] En la inteligencia de que la devolución de las cantidades precisadas en los párrafos que anteceden, correrá a cargo de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Atotonilco el Alto, Jalisco. [.]". iv. Ejecutoria de amparo y requerimiento de cumplimiento. Por acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a las autoridades vinculadas a su cumplimiento, su acatamiento. v. Actos realizados por las autoridades responsables en cumplimiento al fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable en cuestión, fue el siguiente: Mediante acuerdo de trece de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio y constancias remitidas por el Tesorero Municipal, encargado de la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Atotonilco El Alto, Jalisco, al que adjuntó el recibo signado por el quejoso Gerardo Limón Aguirre, del que se desprende que se le entregó un cheque valioso por $10,912.24 (diez mil novecientos doce pesos con veinticuatro centavos, moneda nacional); Posteriormente, por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el distinto oficio signado por la referida autoridad, del que se advierte que se dejó de aplicar a los quejosos la norma declarada inconstitucional, y se les eximió del cumplimiento de la obligación tributaria respectiva; Luego, en proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por el referido Tesorero, mediante el cual informó que se encontraba a disposición del quejoso la actualización de la cantidad indicada en líneas precedentes, a razón de $655.00 (seiscientos cincuenta y cinco pesos, moneda nacional), y se requirió a los quejosos para que realizaran las gestiones a su cargo, para recibir esa cantidad, requerimiento que se repitió en múltiples ocasiones, siendo la última en el auto de dieciocho de septiembre pasado, sin que los peticionarios de amparo hubiesen acreditado haber llevado a cabo las gestiones conducentes. vi. Pronunciamiento sobre el acatamiento del fallo protector. De la reseña anterior se advierte que la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza, pues la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta. Al respecto, si bien la materia del cumplimiento se traduce en este caso, en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que en el caso de que surja la imposibilidad material o jurídica que tenga para cumplir con la ejecutoria de tutela conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que si los obstáculos que tenga la autoridad para ese efecto resultan insuperables, ésta tiene derecho a que se le dé la oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así, no se podrán imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, constitucional, dado que con la separación y consignación de la autoridad, tampoco podría hacerlo la autoridad sustituta. Esto último tiene sustento en la tesis que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, página 167, que es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto". Entonces, si bien del artículo 77 de la Ley de Amparo, se desprende que la restitución en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto sea de carácter positivo, u obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar lo dispuesto por la garantía de que se trate y a cumplir con lo que la misma exija, cuando el acto sea de carácter negativo, esto será siempre y cuando la naturaleza del acto reclamado lo permita. En el particular, se trata de una sentencia que constriñe a la autoridad responsable a un hacer, ya que conforme a la ejecutoria de amparo, tiene la obligación, entre otras, de devolver la cantidad erogada con motivo de la aplicación de la normatividad declarada inconstitucional, debidamente actualizada, pero su cumplimiento no es posible dado que el numerario correspondiente a esa actualización, si bien está a disposición de los quejosos, éstos no han acudido a recibirlo, no obstante que se les han formulado diversos requerimientos en ese sentido. En consecuencia, el impedimento para que la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo acate, encuadra dentro de estos supuestos jurídicos, pues constituye un obstáculo para la continuación del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, pues así se desprende de las constancias de autos, por tanto, con fundamento en el último párrafo del artículo 196 de la Ley de amparo, la ejecutoria se declara de imposible cumplimiento, por lo que ve al inciso c) de los efectos para los que se concedió el amparo en el presente asunto. Es de invocarse en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, página 140, cuyo epígrafe y sinopsis son: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla". Resulta igualmente aplicable, la jurisprudencia publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, septiembre de 2009, página 441, con registro rápido de localización 166412, cuyo rubro y texto son: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS DETERMINA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA Y MATERIAL PARA SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación del artículo 105 de la Ley de Amparo se colige que corresponde al juez de distrito o al tribunal colegiado de circuito que haya conocido del juicio de garantías determinar si existe imposibilidad jurídica y material para cumplir la ejecutoria de amparo. Así, cuando el órgano jurisdiccional competente para pronunciarse emite un acuerdo en el sentido de que existe imposibilidad jurídica y material para que se cumpla la sentencia concesoria del amparo y dicha determinación se comunica oficialmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia por haber dejado de existir el presupuesto que lo originó al resultar excusable el incumplimiento de la autoridad responsable y, por ende, queda sin efectos el dictamen relativo a la aplicación de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." vii. Envío del expediente a Tribunal Colegiado. Finalmente, se está en espera de que transcurra el término de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto; en el entendido de que, aun cuando éste no sea recurrido, una vez que dicho plazo fenezca se proveerá lo relativo a la remisión del presente juicio de amparo a la superioridad, para que determine si existe o no imposibilidad para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, como lo establecen los artículos 193 y 196 último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la Jurisprudencia P./J.23/2018 (10a), de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella."

  2. Principal

    i. Estado procesal de autos. En principio, resulta pertinente destacar que del análisis integral de los autos se advierte que la ejecutoria de amparo no se ha cumplido con motivo de una omisión atribuible a la parte quejosa. ii. Se formula requerimiento al quejoso. En ese sentido, se requiere por última ocasión al peticionario de amparo para que, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído le sea practicada, se constituya en las instalaciones de la Hacienda Municipal de Atotonilco El Alto, Jalisco, a efecto de que le sea entregado el cheque correspondiente a la actualización ordenada en la sentencia de amparo. iii. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de incumplir con lo anterior en el lapso indicado, o de no manifestar la imposibilidad que para ello tenga, se acordará lo que en derecho proceda con respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, a saber: la imposibilidad que existe para que la autoridad la acate, dada la conducta omisiva del quejoso en acudir ante ella para que le sea entregado el numerario respectivo.

  3. Principal

    i. Estado procesal de autos. En principio, resulta pertinente destacar que del análisis integral de los autos se advierte que la ejecutoria de amparo no se ha cumplido con motivo de una omisión atribuible a la parte quejosa. ii. Se formula requerimiento al quejoso. En ese sentido, se requiere por última ocasión al peticionario de amparo para que, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído le sea practicada, se constituya en las instalaciones de la Hacienda Municipal de Atotonilco El Alto, Jalisco, a efecto de que le sea entregado el cheque correspondiente a la actualización ordenada en la sentencia de amparo. iii. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de incumplir con lo anterior en el lapso indicado, o de no manifestar la imposibilidad que para ello tenga, se acordará lo que en derecho proceda con respecto al cumplimiento de la sentencia de amparo, a saber: la imposibilidad que existe para que la autoridad la acate, dada la conducta omisiva del quejoso en acudir ante ella para que le sea entregado el numerario respectivo.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio que remite el Encargado de la Hacienda Municipal de Atotonilco El Alto, Jalisco, por medio del cual, en atención al requerimiento efectuado en acuerdo de ocho de mayo pasado, remite copias certificadas de diversas constancias a fin de acreditar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, mismas que ya obran en autos. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a la citada responsable Hacienda Pública Municipal de Atotonilco el Alto, Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, cumpla a cabalidad el fallo protector y al efecto, realice lo siguiente: Acredite fehacientemente haber entregado al quejoso ********************, el cheque emitido a su favor por concepto de actualización, valioso por la cantidad de $********************.00 (******************** pesos moneda nacional). En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del día ********************, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio ********************, de fecha ********************, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Teniendo sustento lo anterior, en la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta 7de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

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