Ma. Guadalupe Hernández Otero

Expediente 969/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
969/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Hernández Otero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren recurrido la sentencia constitucional emitida el treinta y uno de octubre del año que transcurre, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a Ma. Guadalupe Hernández Otero; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de amparo, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Por otra parte, mediante oficio 16741/2023 la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tamaulipas, por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia de mérito, justificando su dicho con las documentales que anexó (fojas 182 a 196); en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase dicho comunicado a la vista de la parte quejosa por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, pudiendo alegar el exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación de la parte agraviada, este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 16741/2023 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional, lo que asevera se justifica con las documentales que para tal efecto remite; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, y una vez que cause ejecutoria dicha resolución acuérdese lo conducente. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 969/2023-I, promovido por Ma. Guadalupe Hernández Otero, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con asentamiento en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado ante este Tribunal Federal, el siete de agosto de dos mil veintitrés Ma. Guadalupe Hernández Otero, promovió juicio de amparo indirecto en contra del acto y autoridad que a continuación se indican: Autoridad responsable: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con asentamiento en esta ciudad. Acto reclamado: "La omisión de la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 de la Ley Federal del Trabajo, y específicamente el desahogo de la testimonial ofrecida por la parte demandada, pues la autoridad responsable ha sido omisa en notificar a los testigos causándome un perjuicio." Asimismo, manifestó bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, señaló como derecho fundamental transgredido el contenido de los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló el concepto de violación que estimó pertinente. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. Mediante auto emitido el ocho de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó formar el expediente que fue registrado bajo el número 969/2023-I, se admitió a trámite la misma; se requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional y una vez integrado el expediente tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece; lo anterior, en virtud de que el acto combatido por la parte quejosa, tendrá su ejecución material en la jurisdicción de este Órgano de Control Constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el objeto de dar cumplimiento a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, de desahogar la prueba testimonial a cargo de Gabriela Trejo Ordoñez, Sandra Alicia Ramos Santana y Martha Adriana Lugo Alfaro, misma que fue ofrecida dentro del expediente administrativo laboral número 00083/E06/2021, pues argumenta que no ha notificado a dichos atestes y no ha aplicado los medios de apremio que establece la ley de la materia, para llevar a cabo la misma. Lo anterior obedece a la interpretación del escrito de demanda en su integridad, sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención de la promovente, sin cambiar su alcance y contenido, por lo que, además del fundamento referido, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia de la Novena Época, número P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De esta manera, la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad, y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, pues así lo aseveró al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se robustece con las copias certificadas de las constancias que integran los autos del expediente laboral de referencia que se encuentran integradas al presente juicio, remitidas por la referida autoridad responsable. Las cuales, al ser documentales públicas hacen prueba plena de la existencia del proceder combatido, de acuerdo con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2. Cobra aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1907-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios público, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena." CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. QUINTO. ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN. No obstante que la demanda de origen fue presentada ante la junta responsable con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, en la presente sentencia se atienden dispositivos legales vigentes antes de esa fecha, ello en atención a lo estipulado en el artículo Octavo Transitorio, el cual prevé que los procedimientos iniciados con posterioridad a su publicación se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes de su entrada en vigor. En el presente considerando se analizará el concepto de violación hechos valer por la parte quejosa, mismo que esté Órgano de Control Constitucional estima fundado. Esencialmente la parte agraviada se duele de la violación en su perjuicio de las leyes al procedimiento al no desahogar la prueba ofertada por la parte demandada admitida en el expediente administrativo laboral 00083/E06/2021, consistente en los testimonios a cargo de Gabriela Trejo Ordoñez, Sandra Alicia Ramos Santana y Martha Adriana Lugo Alfaro, retardando con ello el trámite de dicho asunto como violación en su perjuicio al principio de celeridad procesal dispuesto por el artículo 17 Constitucional, lo que puede advertirse de las constancias que remitió la responsable, las cuales por ser documentos expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues éstas ponen de manifiesto que la citada autoridad responsable admitió dicho medio de convicción el veintidós de octubre de dos mil veintiuno; sin embargo, hasta este momento procesal no se ha desahogado por causas que no son imputables a la parte quejosa sino a la responsable. En ese orden de ideas, es pertinente transcribir lo establecido en el artículo 17 Constitucional en la parte que interesa: "ARTICULO 17.- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...". Por otra parte, el diverso artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: "Artículo 883.- La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este período no deberá exceder de treinta días." El precepto mencionado en primer término pertenece a la especie del derecho humano de garantía de seguridad jurídica; en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos del derecho humano concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV de mayo de dos mil dos, visible en la página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De estos atributos, el que resulta útil y aplicable para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en las obligaciones de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Sentado lo anterior, en el caso que nos ocupa del análisis de las constancias del juicio, se advierte claramente que la responsable incurrió en una violación al derecho humano consagrado en el artículo 17 constitucional, al incumplir con lo dispuesto en el diverso precepto legal 883, de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que desde el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en que se admitió la prueba de que se habla, hasta esta propia fecha (treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés); esto es, a más de dos años de su aceptación, las pruebas testimoniales a cargo de Gabriela Trejo Ordoñez, Sandra Alicia Ramos Santana y Martha Adriana Lugo Alfaro, no han sido desahogas por la autoridad responsable, y ésta, ha sido omisa en dictar las medidas necesarias a fin de llevarlas a cabo en la hora y fecha en que ha señalado en diversas ocasiones dentro del expediente administrativo laboral 00083/E06/2021, en franca contravención con lo que dispone el referido numeral, lo que, sin duda, se traduce en una violación al derecho humano de una justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, por no ajustarse la junta responsable a las formalidades establecidas. Máxime que el retraso del asunto es atribuible a la responsable, pues de las constancias que remitió la autoridad con su informe justificado, se desprende que dentro del expediente laboral de referencia, se han señalado diversas horas y fechas para llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial antes citada; empero, no obran constancias de las notificaciones que le fueran practicadas a los atestes para que éstos comparecieran a las mismas. Por tanto, al ser omisa la responsable en agilizar la integración del expediente por no desahogar dentro del término que establece la Ley Federal del Trabajo la prueba testimonial admitida en los autos del expediente de origen, no permite que se desahogue en el término legal, lo que se trata de una violación que, no obstante es de naturaleza procesal, sí afecta en forma directa e inmediata a la parte doliente, vulnerándose el principio de celeridad en la administración de justicia, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política del país, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Por ello, al acreditarse la violación al derecho humano contenido en el artículo 17 Constitucional, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia Federal a Ma. Guadalupe Hernández Otero, para que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, ordene que los testigos Gabriela Trejo Ordoñez, Sandra Alicia Ramos Santana y Martha Adriana Lugo Alfaro, sean debidamente notificados de la hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la prueba testimonial ofrecida dentro del expediente administrativo laboral 00083/E06/2021; ello con el propósito de que la misma sea llevada a cabo cabalmente; de igual forma, para el caso de que los atestes de referencia hayan sido debidamente notificados y no comparezcan a su desahogo sin causa justificada, deberá hacer efectivo los apercibimientos con los que fueron conminados y quedará obligada a dictar las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar las pruebas admitidas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ma. Guadalupe Hernández Otero, contra el acto que reclamó a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, conforme a los lineamientos expuestos en el último de los considerandos de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 1311/2023 signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite diversas notificaciones del auto de dos de octubre del año en curso, relacionadas con el expediente laboral de origen; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, póngase a la vista de las partes, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

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