Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo
Expediente 772/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 772/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo
- Mónica Martínez Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 772/2015, presentes en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del Secretario de Juzgado licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables Magistrada Presidente de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas y Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, en el período de pruebas, el Secretario tiene a la vista el juicio de amparo número 411/2015 del índice de este mismo Juzgado, dentro del cual se ofrecieron como pruebas el toca de apelación civil número 697/2014; el expediente número 542/2012, relativo al juicio civil ordinario reivindicatorio; el cuadernillo de pruebas de la parte actora; el cuadernillo de pruebas de la parte demandada; el cuadernillo de pruebas de la parte demandada con el carácter de tercera llamada a juicio; que la primera de las autoridades ofrece dentro del presente juicio de garantías y mismas que hace suyas la Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se hace constar que la tercero interesada Cherinarda Castillo Ramírez sí los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se levanta el acta correspondiente y se procede a emitir la sentencia correspondiente. Resolución Constitucional Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 772/2015, promovido por Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y de otra autoridad, que considera violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: I. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo demandó en la vía directa el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se precisan: III. AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.- Señalo como Autoridad Responsable a la H. PRIMERA SALA CIVIL DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DFEL ESTADO DE ZACATECAS, quien tiene su domicilio bien conocido en su Recinto Oficial ubicado en esta misma Ciudad Capital del Estado de Zacatecas. Así mismo señalo también como autoridad responsable ejecutora al C. JUEZ PRMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE RÍO GRANDE, ZACATECAS, quien tiene su domicilio bien conocido en su recinto oficial Casa de Justicia en dicha Población de Rio Grande, Zacatecas. IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada en primer término como responsable le reclamo el acto positivo que hago consistir en la Resolución Definitiva, de fecha 08 de Diciembre del año 2014, dictada dentro del Toca A.C. Número 697/2014, contenido en el cuadernillo formado con motivo del Recurso de Apelación, interpuesto dentro del expediente marcado con el número 542/2012 formado con motivo del recurso interpuesto por el suscrito y ahora parte quejosa; de la autoridad señalada en segundo término le reclamo la ejecución Jurídica de la misma de acuerdo con su resolución de fecha 04 de Marzo del año 2015, mediante el cual me requieren para que dentro de término de diez días hábiles dé cumplimiento a la sentencia dictada en segunda instancia, apercibiéndome que de no hacerlo se procederá en mi contra en vía de ejecución forzosa." II. Substanciación del Juicio. El veintitrés de marzo de dos mil quince, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito ordenó remitir la demanda en trato a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que se substanciara de conformidad con lo expuesto en el artículo 176 de la Ley de Amparo. Mediante oficio número 323 de fecha dieciséis de abril de dos mil quince, signado por la Magistrada Presidenta de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, returnó al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, la demanda presentada por la quejosa, para lo cual, mediante acuerdo de fecha veintiuno de abril del año en curso, ordenó recabar constancias relativas al toca de apelación 697/2014 de origen, y una vez que tuvo a su alcance la información necesaria, mediante auto del treinta de abril de dos mil quince, determinó carecer de competencia para avocarse al estudio de la demanda y ordenó remitir los autos de los juicios de amparo directo de mérito, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas. Así, por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto del once de mayo de dos mil quince la registró y admitió bajo el número 772/2015; se solicitó únicamente al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande su informe justificado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada al tenor del acta que antecede. Considerando: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce. II. Precisión y certeza de actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la quejosa Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo, comparece a esta instancia federal, en su carácter de tercera llamada en los autos del juicio ordinario civil sobre acción real reivindicatoria número 542/2012, promovido por Cherinarda Castillo Ramírez, en contra de Roberto Castillo Ramírez y otros, a reclamar particularmente de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: El auto de ocho de diciembre de dos mil catorce, dictado en los autos del toca de apelación número 697/2014, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa, en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio civil ordinario reivindicatorio, y por medio del cual se declaró desierto el mencionado recurso y firme la propia sentencia. Mientras que como consecuencia de lo anterior, le atribuye al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande: El auto de cuatro de marzo de dos mil quince, que contiene el requerimiento para que cumpla la sentencia dictada en segunda instancia y apercibe que de no hacerlo se procederá en la vía forzosa: II.2. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 1 y 68 de autos). Sobre el particular resulta aplicable la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que además se corrobora con las constancias certificadas del juicio ordinario civil reivindicatorio número 542/2012 y las relativas al toca de apelación civil número 697/2014, a las que se asigna valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, lo que basta para demostrar la certeza de tales reclamos. III. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, respecto del acto que se le atribuye a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, consistente en el auto de ocho de diciembre de dos mil catorce, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, dado las siguientes consideraciones. Los dispositivos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] ". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] ". Conforme a estos preceptos, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la norma de observancia general que se reclama. En esa medida, el presupuesto indispensable para la promoción y el seguimiento del juicio de amparo radica en la existencia del perjuicio que resiente el gobernado en su esfera de derechos con motivo del acto de autoridad; así, para efectos de la procedencia del juicio constitucional se entiende por parte agraviada el sujeto que sufre un perjuicio objetivo, entendido como un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier acto de autoridad. De modo que se requiere de un acto concreto que causa un perjuicio o agravio a los derechos o intereses del gobernado, para que surja su legitimación para promover el juicio de derechos fundamentales, esto es, tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual. Es ilustrativa la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama." Respecto al tema del agravio personal y directo y su relación con el interés necesario para instar la acción de amparo, es oportuno e ilustrativo citar el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En el caso, la quejosa Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo reclama el auto de ocho de diciembre de dos mil catorce, dictado en los autos del toca de apelación número 697/2014, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio civil ordinario reivindicatorio número 542/2012, y por medio del cual declaró desierto el mencionado recurso y firme la propia sentencia. Sin embargo, a consideración de quien aquí resuelve, ese proveído no le acarrea un perjuicio a la impetrante de amparo, pues del contenido del citado acuerdo se aprecia lo siguiente: "Recibido del cinco de diciembre del año en curso. CONSTE. Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Zacatecas, a ocho de diciembre de dos mil catorce. Visto el escrito firmado por el licenciado Eugenio Guerrero Candelas, con la personalidad que tiene reconocida dentro del toca A.C. 697/2014, relativo a dos recursos de apelación interpuestos; uno por Roberto Castillo Ramírez por sí y en su carácter de representante común de los demandados Eliu, Gustavo, Aarón, Leonor, José Arturo y Rosenda, todos de apellidos Castillo Ramírez; y el restante por la tercero llamada a Ma. Guadalupe Bernardina Hernández Cerrillo, ambos en contra de la sentencia definitiva de veintitrés de septiembre del año actual, dictada por la Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, dentro del expediente 542/2012, relativo al juicio civil ordinario reivindicatorio promovido por Cherinarda Castillo Ramírez; y toda vez que el ocursante acusa la rebeldía en que incurrió el apelante principal, por no haber expresado agravios dentro del término que se le otorgado para tal efecto, la Sala resuelve: [.] Bien, las actuaciones del toca muestran que a petición de Cherinarda Castillo Ramírez, por auto pronunciado el veintiuno de noviembre de dos mil catorce, le fueron puestos los autos a la vista de Roberto Castillo Ramírez por sí y en su carácter de representante común de los demandados Eliu, Gustavo, Aarón, Leonor, José Arturo y Rosenda, todos de apellidos Castillo Ramírez; para que en el plazo de seis día expresara agravios. Dicho recurrente fue notificado el veinticinco de noviembre del año actual, mediante notificación personal realizada a su abogado patrono Faustino Federico Méndez Rodríguez; en estas condiciones, el término de mérito inició el veintiséis de noviembre y concluyó el tres de diciembre de dos mil catorce, sin que haya expresado sus correspondientes agravios. Roberto Castillo Ramírez por sí y en su carácter de representante común de los demandados Eliu, Gustavo, Aarón, Leonor, José Arturo y Rosenda, todos de apellidos Castillo Ramírez, no cumplió con la carga procesal que le fue impuesta; en estas condiciones, se actualiza el supuesto contenido en la fracción III del artículo 385 de la ley procesal civil, que establece que si el recurrente omite expresar agravios en el término concedido, a petición de parte, se declarará desierto; en las relatadas condiciones, como lo pide el ocursante, se tiene por acusada la rebeldía en que incurrió, y se declarara desierto el medio de impugnación hecho valer; como consecuencia, queda firme la resolución discutida, por lo que a dichas personas; en su momento procesal oportuno, con testimonio de esta determinación devuélvanse los autos al Juzgado de origen." Como se ve, el citado proveído declaró desierto el recurso de apelación que promovió Roberto Castillo Ramírez por sí y en su carácter de representante común de los demandados Eliu, Gustavo, Aarón, Leonor, José Arturo y Rosenda, todos de apellidos Castillo Ramírez, por no cumplir con la carga procesal que le fue impuesta mediante proveído de noviembre de dos mil catorce; pero en modo alguno, hizo pronunciamiento respecto del diverso recurso de apelación interpuesto por la hoy quejosa Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo, de ahí que no le ocasione un perjuicio a su esfera de derechos. Ahora, no pasa desapercibido, que de los autos del toca de apelación que nos ocupa 697/2014, se puede apreciar, que el once de diciembre de dos mil catorce, el apoderado de la tercero interesada Cherinarda Castillo Ramírez presentó un escrito (foja 15 del toca de apelación), en el que solicitó a la Sala responsable emitiera proveído donde declarara desierto el recurso de apelación presentado por la amparista, sin embargo, esta autoridad de amparo no puede analizar esa actuación ya que le está vedado variar la litis constitucional; además de que es evidente que la quejosa sí quiso inconformarse de este proveído de ocho de diciembre de dos mil catorce y no del de diecinueve del mes y año en cita, pues así se demuestra de los conceptos de violación que se plasman en la demanda de amparo; de ahí que se surta la improcedencia de que se habla. En las apuntadas condiciones, es dable concluir que al no haberse acreditado que el acto de autoridad reclamado por Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo, le afecte sus intereses jurídicos, esto es, que tenga interés para reclamar el contenido del auto de ocho de diciembre de dos mil catorce, dictado en el toca de apelación número 697/2014, se actualiza la causal de improcedencia en estudio y, por ende, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo en términos del numeral 63, fracción V, de la citada legislación. En otro orden, en el hipotético caso de que tuviera como un "error", la cita del auto de ocho de diciembre de dos mil catorce, y realmente la quejosa hubiera querido reclamar el proveído de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, también se actualizaría una diversa causa de improcedencia, que en el caso es, la prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo vigente, pues previo a la promoción del presente juico de amparo no se agotó el recurso de reposición previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Al respecto, el mencionado precepto legal dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Por otra parte, el artículo 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establece: "Articulo 369.- Procede la reposición de los proveídos y autos del Supremo Tribunal, siendo aplicables a la reposición las mismas reglas que para la revocación se establecen en el artículo anterior." Pues bien, se arriba a la conclusión de que el auto de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, dictado por la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca de apelación civil 697/2014, que declaró desierto el medio de impugnación hecho valer por la ahora quejosa, y que como consecuencia trajo la firmeza de la sentencia definitiva dictada por el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, es recurrible en términos del referido artículo 369 del Código Adjetivo Civil del Estado; lo que significa que la peticionaria antes de ocurrir a la promoción del juicio de amparo debió de agotar el recurso de reposición que establece dicho numeral para todos aquellos proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal del Estado, entre ellos, la Primera Sala Civil señalada como responsable. De ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada al no haber observado el promovente el principio de defintividad. En efecto, es menester recordar que, para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, deben de reunirse los siguientes requisitos. a). Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un Tribunal Judicial; b). Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c). Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d). Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. En el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho mérito, toda vez que el auto de diecinueve de diciembre de dos mil catorce, fue emitido por una autoridad judicial, precisamente la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta Capital; el artículo 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, concede en este caso al peticionario de garantías, a través del recurso de reposición, el medio legal para modificar, revocar o nulificar el auto de ocho de diciembre citado, que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio 542/2012, por el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas; dada la naturaleza del juicio del que emana el acto reclamado, sí permite que el recurso de reposición o medio de defensa legal pueda promoverse dentro de aquél procedimiento de alzada; y desde luego con el recurso de reposición de que se habla podría lograrse la modificación, revocación o nulificación del mencionado auto de diecinueve de diciembre de dos mil catorce. En consecuencia, al no haber hecho uso en su oportunidad, la peticionaria de garantías del recurso de reposición a que se refiere el artículo 369, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no observó el principio de definitividad que impera en materia de amparo y por tanto el juicio de amparo indirecto que promueve, es improcedente, toda vez que antes de acudir ante esta instancia constitucional debió haber agotado el recurso ordinario o medio de defensa legal a que se ha hecho mérito y al no hacerlo, no acató el contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el numeral 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, pues además, la peticionaria de garantías no es tercera extraña al juicio del que emana el acto reclamado y tampoco se ubica en ninguno de los supuestos que refiere el artículo 22 Constitucional, ni en los diversos que se mencionan en el inciso b) del citado artículo 61 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio bajo el rubro y texto: "AUTO QUE TIENE POR DESIERTA LA APELACIÓN. PROCEDE EN SU CONTRA EL RECURSO DE REPOSICIÓN A QUE ALUDE LA LEY PROCESAL (LEGISLACIONES DE SONORA Y ZACATECAS). Conforme a lo dispuesto en los artículos 156, 367 y 369 de los Códigos de Procedimientos Civiles para los Estados de Sonora y Zacatecas (de idéntica numeración y contenido), procede el recurso de reposición en contra de los proveídos y autos dictados por el Supremo Tribunal de Justicia. Ahora bien, de un estudio sistemático de los preceptos invocados se concluye que el medio de impugnación referido es procedente en contra de la determinación que declara desierto el recurso de apelación, pues cumple con los presupuestos de procedencia de dicho recurso, a saber: a) Es un auto, por tratarse de una resolución de carácter definitivo que puede imponer cargas o afectar derechos procesales, dado que provoca que la resolución combatida quede firme y, en su caso, deban cumplirse las obligaciones en ella determinadas, sin que el recurrente sea escuchado en defensa, con la consecuente afectación a su derecho de impugnar la resolución que lo lesiona; b) En las propias legislaciones procesales en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual pueda ser combatida la determinación de referencia; y, c) Tampoco se establece que la resolución en comento sea irrecurrible. Aunado a ello, con la reposición se podrán corregir algunas anomalías que dieron origen al desechamiento de la apelación, con el consecuente saneamiento de la actividad procesal". También sirven de sustento, la jurisprudencia número 1577, visible en la página 2523, Segunda Parte, Salas y Tesis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, así como la tesis 986 consultable en la página 678, tomo VI, Parte TCC, del Apéndice de 1995, Séptima Epoca, Tribunales Colegiados de Circuito, que en su orden, a la letra dicen: "RECURSO. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.- El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener remedio ante las autoridades del orden común." "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO.- Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". El anterior sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución que se le atribuye al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, toda vez que la quejosa no lo combate por vicios propios, sino como consecuencia del imputado a la ordenadora. Se invoca al respecto la tesis jurisprudencial sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO, PROCEDENCIA DEL, RESPECTO DE ACTOS DE EJECUCIÓN. Si en el juicio de garantías surge alguna causal del improcedencia que motive el sobreseimiento del juicio, igual declaración debe hacerse respecto de los actos que resulten ser consecuencia del que fue materia del sobreseimiento, así como de los actos de ejecución si éstos no se reclaman por vicios propios". Por consiguiente, no es procedente el examen de los conceptos de violación hechos valer por el impetrante de garantías, de conformidad con la jurisprudencia que se cita enseguida: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 772/2015, promovido por Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.- El licenciado Jesús Alberto Rodríguez Flores, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, certifica y hace constar que la presente corresponde a la última foja de la resolución constitucional dictada en el juicio de amparo 772/2015 del índice de este órgano jurisdiccional auxiliar. Doy fe.-
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL.- Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados en autos para la celebración de la audiencia incidental en el incidente de suspensión 772/2015, el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa asistido del Secretario que autoriza y da fe, licenciado Jorge Martín Zamora González, la declaró abierta, haciéndose constar la inasistencia de las partes. Enseguida, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: copia simple de la demanda de garantías promovida por Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo. Asimismo, el Secretario da cuenta con un oficio registrado con el folio 9624, mediante el cual el Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, rinde su informe previo. A lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede y por rendido el informe previo de la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo vigente. EN PERIODO DE PRUEBAS Y ALEGATOS, se hace constar que no fueron ofrecidas ni formulados por las partes, como tampoco la Agente del Ministerio Público de la Federación exhibió pedimento. Al no existir actuaciones pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 772/2015, promovido por Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo, contra actos de la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, Resultando 1º. Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a la Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, que hizo consistir en la resolución de ocho de diciembre de dos mil catorce, dictado dentro del toca de apelación civil 697/2014, así como en el proveído de cuatro de marzo de dos mil quince, mediante el cual el juez de primer grado ordenó requerir a la quejosa para que cumpla con la sentencia dictada en segunda instancia. 2º. Admitida la demanda, se formó por duplicado esta incidencia, se pidió a las autoridades su informe previo, se negó la suspensión provisional a la parte quejosa, la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción no formuló pedimento. Considerando ÚNICO. La autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, al rendir su informe previo manifestó que sí son ciertos los actos que le reclama la quejosa. Por tanto, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva para que no se ejecute la determinación contenida en el proveído de cuatro de marzo de la presente anualidad, en el que se requirió a la quejosa para que cumpla con la sentencia dictada en segunda instancia, pues de hacerlo se contravendrían disposiciones de orden público, pues contra actos que tiendan a cumplir una sentencia ejecutoria es improcedente conceder la indicada medida cautelar, dado que la sociedad se encuentra interesada en que no se obstaculice el cumplimiento de las resoluciones firmes que establezcan la verdad legal; por tanto, al no acreditarse los requisitos que establece el ordinal 128, fracción II, de la Ley de Amparo, procede negar la medida cautelar solicitada. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS EJECUTORIAS.- Contra los actos que tiendan a cumplir una sentencia ejecutoria es improcedente conceder la suspensión, porque la sociedad está interesada en que no se entorpezca la observancia de los fallos que establecen la verdad legal." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Jurisprudencia marcada con el número 1439, consultable en la página 2294, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que dice: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL, SUSPENSIÓN DEL.- El procedimiento judicial es de orden público, por lo que es inconducente conceder la suspensión que tienda a detenerlo.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 138, fracción III, 140 y 217 de la Ley de Amparo vigente, se Resuelve ÚNICO.- Se NIEGA a Ma. Guadalupe Hernández Cerrillo la suspensión definitiva solicitada, por lo que se refiere a los actos reclamados a la autoridad señalada en esta resolución, por los motivos ahí expuestos. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. cecy*
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de mayo de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DE RÍO GRANDE, ZACATECAS.; con su contenido, dese vista a la parte quejosa para que en término de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente acuerdo, se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. Asi mismo téngase a dicha autoridad por haciendo suyas las constancias que remita la autoridad responsable Primera Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Zacatecas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Jenni >°°
- Principal
En la misma fecha el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiocho de mayo de dos mil quince Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrido el auto de treinta de abril de dos mil quince, que tuvo por no interpuesta la demanda de garantías promovida por MA. GUADALUPE y REFUGIO, ambas de apellidos RODRÍGUEZ CORTÉS, en representación de Paulino Rodríguez Victorio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, de la propia Ley de la materia, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que el presente expediente no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.
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