Ma.Guadalupe Hernández Barrios

Expediente 860/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
860/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Ma.Guadalupe Hernández Barrios

Actuaciones

  1. Incidental

    Agréguese a los autos el oficio que remite el Director de Garantías de la Tesorería de la Federación, mediante el cual, acusa recibo del oficio derivado del auto de veintinueve de agosto pasado así como del billete de depósito exhibido en los presentes autos que se declaró prescrito en su favor, en cumplimiento de dicho proveído. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado, dentro del plazo legal, el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia como lo establece el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo que la ley concede a las partes para inconformarse con la determinación a través de la cual se declaró cumplido el fallo protector, sin que realizaran manifestación al respecto. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, realícense las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    CITATORIO. Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de tres de junio de dos mil veintidós el cual dice: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco dese vista a las partes con él para que se impongan de su contenido. a) Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante. II. Sobreseimiento fuera de audiencia Ahora bien, se debe partir que el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que -, reclama del Juez Séptimo de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, la omisión de acordar su escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente - En el caso, de la copia certificada remitida con el oficio de cuenta, se desprende que en proveído de veintiocho de abril del año en curso -esto es con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, según se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco- la responsable acordó el escrito cuya falta de proveer se reclama. Dicha copia certificada del proveído en mención, por ser documental pública goza de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una constancia integrada por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones en el entendido de que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. a) Causal de improcedencia actualizada. En ese contexto, de lo narrado, se aprecia que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, precepto que dispone lo siguiente: Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho que se trate y hacer que el mismo se cumpla, por tener el acto reclamado naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la omisión de acordar su escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente sin embargo, la citada autoridad responsable informó y acreditó que en auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, esto es con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de abril de dos mil veintidós) se acordó el escrito de mérito. En ese orden, si la parte quejosa combate la vulneración a su derecho fundamental, bajo el argumento de que la responsable fue omisa en acordar su escrito presentado el pasado veintitrés de marzo de dos mil veintidós, mientras que la autoridad responsable al emitir el auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, proveyó respecto a la solicitud de la parte quejosa, es claro que ha cesado el acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. Del texto del artículo citado se advierte la naturaleza del acto reclamado en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el caso, la falta del dictado de una resolución se traduce en dilación en el procedimiento de origen, cuya naturaleza es abstención que se clasifica entre los actos negativos. Por tanto, con la determinación emitida por la autoridad en fecha veintiocho de abril de dos mil veintidós, las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, se sobresee en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: Sin que en el caso sea aplicable la jurisprudencia 149/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, toda vez que en el caso, el derecho fundamental que se considera se hubiere vulnerado a la parte quejosa no lo es el contenido en el artículo 8 constitucional, sino en el diverso 17 de la Carta Magna, al encontrarse en riesgo, en su caso, el derecho de acceso a la justicia, por combatirse la omisión dentro de un procedimiento jurisdiccional. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. Lo anterior, se encuentra contenido en la jurisprudencia emitida por contradicción 130/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA..3 Aunado a que la determinación tomada por la autoridad responsable no puede ser materia de estudio en el juicio de amparo indirecto, al no actualizarse alguna de las hipótesis de procedencia previstas en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Causal que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas en copia certificada por la responsable, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución, pues aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, el resultado sería el mismo y se contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: III. Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las diez horas con cuarenta minutos del trece de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente.

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