Ma. Guadalupe Gamiño Sánchez

Expediente 1130/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1130/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Gamiño Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Autoridad informa. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta signado por el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato "ISAPEG", en representación del Hospital General de León, Guanajuato <personalidad que ya le fue reconocida previamente en autos>, mediante el cual informa que ya se integró el expediente administrativo de la quejosa; asimismo hace del conocimiento que se está en espera de la designación del proveedor para otorgar al impetrante las sesiones de hemodiálisis que requiere, circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Dígasele al oficiante que una vez que cuente con la información de trato, en un plazo de veinticuatro horas, lo deberá de hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito, así como del quejoso. Apercibido que de no dar cumplimiento a ello, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, como lo establece el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Informe relativo a la suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio remitido por la autoridad responsable, Secretario de Salud, por conducto del subdirector de Área adscrito a la Oficina de la Abogada General de dicha Secretaría, a través del cual rinde su informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos. Por otra parte, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su oficio, y como delegados de su intención, a los profesionistas que ahí nombra, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Se formula requerimiento. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de treinta y uno de octubre pasado, se requirió al Hospital General de León, a efecto de que exhibiera la documental con la que acreditara la valoración médica de dieciséis de octubre del presente año, realizada a la quejosa, sin que a la fecha hubiese remitido tal información. Aunado a que también ha sido omiso en informar lo relativo a la cantidad de sesiones de hemodiálisis que la parte quejosa, en su caso, requiere para atender su padecimiento, así como las gestiones para llevar a cabo su suministro. Por ello, se estima importante destacar que el derecho humano a la salud y su protección se sustenta en el postulado de que todas las personas tienen derecho a vivir en condiciones óptimas de salud física y mental, en un medio ambiente adecuado para ese fin, lo que representa para el Estado la obligación de crear mecanismos, planes y programas de gobierno tendentes a conseguir ese objetivo. Por tanto, se advierte que el actuar de la responsable, en el sentido de no proporcionar a la parte quejosa, la atención médica especializada para el tratamiento de hemodiálisis, proporcionando los recursos e insumos para ello, o realizando las gestiones necesarias para otorgar el tratamiento especializado, en cumplimiento a la suspensión de plano decretada, vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho a la salud reconocido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, es a la referida responsable a quien le corresponde otorgar el referido servicio de salud, así como los medicamentos y tratamiento que la parte quejosa requiera, esto es, a la brevedad; sin que los trámites burocráticos deban ser impedimento para ello. En ese sentido, esta Juzgadora Federal estima que, en estricto cumplimiento a la suspensión de plano decretada, la autoridad responsable Hospital General de León, Guanajuato, debe informar la situación médica actual de la quejosa, si ya le fue aperturado expediente administrativo y el diagnóstico médico por parte del especialista en nefrología, a efecto de determinar las sesiones de hemodiálisis que requerirá por semana, las fechas en que se realizarán y si estas serán subrogadas y a qué institución médica lo serán. El requerimiento realizado en el párrafo anterior lo deberá comunicar en un plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la recepción de la presente misiva a este Juzgado de Distrito, circunstancia que deberá acreditar con las constancias correspondientes en copia certificada completa y legible; asimismo deberá notificar las citas correspondientes a la parte quejosa con la debida anticipación, a fin de que la promovente del amparo esté en aptitud de acudir puntualmente a las citaciones correspondientes, ya que, como se dijo en auto de veinticinco de octubre pasado, no existe obstáculo material o jurídico para que las autoridades responsables directamente informen lo relativo a la parte impetrante pues de la demanda de amparo (con la que se les corrió traslado) obran datos de localización de la parte quejosa, su defensor y/o autorizados. Lo que, se itera, deberá acreditar con constancia suficiente. Lo anterior, porque la protección al derecho a la salud debe darse en sentido amplio, procurando el mayor beneficio para las personas, dado que es una responsabilidad social, como así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 136/2008, consultable en la página sesenta y uno del Tomo XXVIII, Octubre de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Administrativa, que sostiene: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4º, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso. Así, se reitera a la responsable mencionada la concesión de la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa, en auto de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, para el efecto de: "(.) se decreta de plano la suspensión para atender los padecimientos que refiere presentar la promovente (insuficiencia renal crónica estadio [5 K/DOQI] de etiología no definida), que posiblemente por su naturaleza pueden poner en riesgo su integridad personal, por lo que para velar por la salud, las autoridades responsables deberán dictar las medidas tendientes a garantizar su salud y salvaguarden su vida, para lo cual deberán realizar una valoración médica, así como proporcionar los tratamientos y medicamentos idóneos para atender los padecimientos que presente la quejosa, consistentes en insuficiencia renal crónica estadio [5 K/DOQI] de etiología no definida, entre ellos, las sesiones de hemodiálisis que refiere en la periodicidad que determine el médico tratante con base en la valoración médica que se le practique; así como la administración de factores estimulantes de eritropoyesis (**************). ". De igual manera, recuérdesele al director general de dicho nosocomio, el apercibimiento decretado en el citado acuerdo, en caso de incumplimiento, así como las penas en que incurren las autoridades responsables al no obedecer un auto de suspensión debidamente notificado, como lo refiere el artículo 262, fracción tercera de la Ley de Amparo. Autoridad informa representación del Presidente de la República. Finalmente, glósese a los autos el telegrama de cuenta remitido por la Consultora Jurídica General, adscrita a la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que la representación presidencial en el presente asunto le corresponde a la Secretaría de Salud, por lo que sugiere que las posteriores notificaciones se realicen en el domicilio de la citada dependencia; de lo que se toma el debido conocimiento, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Informe respecto a la suspensión de plano. Agréguese a los autos el informe rendido por la autoridad responsable Servicios de Salud del Instituto Mexicano para el Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) en su denominación correcta y completa, por conducto de la titular de la División de Amparo y procedimientos Penales de la Coordinación de lo Contencioso [personalidad que se le reconoce en términos del nombramiento que adjunta], respecto de la suspensión de plano decretada en autos. Con fundamento en los artículos 9 y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa.

  4. Principal

    Se reserva informe justificado y de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio signado por el Consejo de Salubridad General por conducto del secretario de dicho Consejo en ausencia de su presidente, y resérvese acordar lo conducente respecto a su contenido, hasta en tanto transcurra el plazo con que cuenta la parte quejosa para cumplir con la prevención formulada en auto de veinticinco de octubre pasado. Cúmplase.

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