Ma. Guadalupe Flores Guardado

Expediente 1752/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1752/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
25/11/2015

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Flores Guardado

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha, se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de noviembre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para la parte quejosa el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil quince, que sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes; y en atención a que el fallo de que se trata no requiere ejecución material; previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el juicio de amparo en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de haberse decretado el sobreseimiento, toda vez que éste Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Por tanto, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1752/2015, presentes en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del Secretario de Juzgado licenciado FAUSTINO RODRÍGUEZ FLORES, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas; por rendido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, en el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las copias certificadas de la Acuerdo de admisión de pruebas de veintitrés de septiembre de dos mil quince, dictada dentro del expediente laboral número 293/III/2014, que la autoridad señalada como responsable anexó a su informe como justificación del acto reclamado. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales antes señaladas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló. Consecuentemente, al no haber diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124 de la ley de la materia, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Resolución Constitucional Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 1572/2015, promovido por Ma. Guadalupe Flores Guardado, contra un acto del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, que consideran violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: I. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el quince de septiembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ma. Guadalupe Flores Guardado, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que enseguida se precisan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, que tiene su domicilio en Circuito Cerro del Gato, Edificio F, Planta Baja, Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zacatecas. IV.- ACTO QUE SE RECLAMA: La omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas". II. Substanciación del Juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto del diecisiete de septiembre de dos mil quince la registró y admitió a trámite bajo el número 1752/2015; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada al tenor del acta que antecede. Considerando: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce. II. Precisión y certeza de acto reclamado. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que el quejoso Ma. Guadalupe Flores Guardado, comparece a esta instancia federal, en su carácter de parte actora en los autos del juicio laboral número 293/III/2014, a reclamar del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas: La omisión de acordar las pruebas que fueron ofertadas dentro del juicio laboral 293/III/2014. II.2. Certeza de actos reclamados. Es cierta la omisión reclamada al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas responsable, pues así lo manifestó su Presidenta al rendir el informe justificado (fojas 10 a 15 de autos). Sobre el particular resulta aplicable la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que además se corrobora con las constancias certificadas del expediente laboral número 293/III/2014, a las que se asigna valor probatorio pleno conforme con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, lo que basta para demostrar la certeza de tal reclamo. III. Análisis sobre la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] ". La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en la detención definitiva del acto de la autoridad, así como en la desaparición total de sus efectos, de manera que no es posible examinar su constitucionalidad, porque ya no surte ninguna eficacia, lo que supone que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, la interpretación relacionada de la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo, lleva a la conclusión de que esta causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales se actualiza cuando cesan las consecuencias del acto y además todos sus efectos desaparecen o se destruyen total e incondicionalmente, de tal forma que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio que enseguida se cita: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Pues bien, de las constancias allegadas al sumario por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, relativas al juicio laboral número 293/III/2014, a las que ya se otorgó eficacia probatoria plena, se advierte que mediante acuerdo de veintitrés de septiembre de dos mil quince, se pronunció en cuanto al ofrecimiento de pruebas de las partes. En ese sentido, la junta acordó, en lo que interesa (fojas 11 a 15), lo siguiente: "EL TRIBUNAL ACUERDA.- Se tienen por ofrecidas las pruebas indicadas por la parte actora, demandada y tercero interesado, C. Gerardo Valadez Ramírez en la Audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas de fecha veintinueve de junio de dos mil quince, según consta en autos. En su admisión se tienen por desahogadas todas aquellas pruebas que por su naturaleza no requieren de preparación especial y que no fueron objetadas para ese fin, señalando fecha para el desahogo de las que sí lo ameriten, mismas que se realizarán en el local que ocupa este Órgano Jurisdiccional". [.] Asimismo, respecto de las pruebas ofrecidas por la parte actora, relativas a diversas confesionales a cargo de la demandada, la autoridad responsable señaló diferentes fechas en el mes de noviembre de dos mil quince, para que se llevara a cabo el desahogo de esas confesionales. Lo anterior permite concluir que con el dictado del precitado auto de veintitrés de septiembre de dos mil quince, se superó la omisión reclamada y, que esa actividad cesó los efectos de la abstención impugnada, justo como si se hubiere otorgado la protección constitucional. De manera que lo procedente es sobreseer en este juicio constitucional, de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es ilustrativo de lo anterior el criterio de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, que se reproduce enseguida: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 1752/2015, promovido por Ma. Guadalupe Flores Guardado, contra el acto que reclamó de la autoridad señalada como responsable. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad tercero interesado y responsable. Así lo resolvió y firma Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Faustino Rodríguez Flores, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.- L´FRF.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a cinco de octubre de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable MAGISTRADA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE ZACATECAS; con su contenido dese vista a las partes para los efectos legales consiguientes y manifiesten lo que a su derecho convenga, hasta antes de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la Materia, téngase por ofrecidas las pruebas que menciona la autoridad responsable en su informe, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA EL CONTENIDO DEL AUTO DICTADO EN ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE LO SIGUIENTE..."Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa Paula Becerra López; en atención a su contenido y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, y 89, de la Ley de Amparo, téngasele por interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada por este Juzgado el veintisiete de agosto de dos mil quince; dese vista a las partes, y una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio de garantías en que se actúa y obren en autos la totalidad de los acuses mediante los cuales se notificó a las autoridades responsables el fallo recurrido, así como los que corresponda al presente acuerdo, remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta Ciudad, junto con el escrito original de expresión agravios y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Órgano Colegiado. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias conducentes y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios.". Notifíquese personalmente a Graciela Zavala Torres; por lista a los demás terceros interesados (no obra en autos domicilio para oír y recibir notificaciones), mediante oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.

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