Ma. Guadalupe Escamilla Jaramillo
Expediente 743/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 743/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Escamilla Jaramillo
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de las cuales se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el auto de veintiuno de octubre de dos mil veinte, por el que se desechó la demanda de amparo promovida presuntamente por -----------, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales J.E.M.E. y de S.M.E., en el presente juicio de amparo 743/2020-III, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado, así como, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E), y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." Por tanto, de conformidad con lo previsto en los párrafos que anteceden, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. Asimismo, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del capítulo segundo, punto cuarto, del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en el local de este Juzgado, para recoger el documento que exhibió en el presente asunto, apercibida que de no recogerlos en el término otorgado, correrán la misma suerte que el expediente principal. En esa virtud, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, aprobado por el pleno del Propio Consejo, en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, la parte interesada deberá generar cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el sistema "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso al mismo, para ello, deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II, del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de garantías promovida por -------------, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales J.E.M.E y S.M.E, que acredita su personalidad con las actas de nacimiento que acompañó a su escrito, contra acto del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, de la Ley de Amparo y 21 a 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 743/2020-III. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, y captúrense en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, que dice "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que existen motivos manifiestos e indudables de improcedencia por lo siguiente: Del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la controversia familiar 917/2019, que únicamente tuvo como dictamen en materia de psiquiatría el ofrecido por la parte actora, el cual fue practicado a la quejosa. Situación que considera ilegal porque a pesar de que no ofreció prueba en esa materia, el juez sí ordenó girar oficios para que se practicara en la persona de su contraparte; además que previo al dictado del auto reclamado no le realizó algún apercibimiento, sino únicamente se le dio vista con la petición de su contrario -en el sentido de tener como dictamen pericial el practicado a su persona-, lo cual causa un "desequilibrio y desigualdad" entre las partes. En virtud de lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Así, del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga a su alcance para modificar o revocar la resolución que estime le causa perjuicio. De lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia. Es ilustrativa de lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, tomo XV, julio de dos mil dos, página novecientos dos, de rubro siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Cabe señalar que los casos de excepción, esto es, los supuestos en los que no resulta necesario agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto, están previstos en la propia fracción que se analiza y son los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Así pues, para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Bajo este contexto, y con el fin de evidenciar la determinación de este juzgado, se debe tomar en cuenta que en esencia la parte quejosa reclama el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en la controversia familiar 917/2019, que únicamente tuvo como dictamen en materia de psiquiatría el ofrecido por la parte actora, el cual fue practicado a la quejosa. Situación que considera ilegal porque a pesar de que no ofreció prueba en esa materia, el juez sí ordenó girar oficios para que se practicara en la persona de su contraparte; además que no se le realizó algún apercibimiento, sino únicamente se le dio vista con la petición de su contrario en el sentido de tener como dictamen pericial el practicado a su persona, lo cual, refiere causa un desequilibrio entre las partes. En ese orden, los artículos 5.74, 1.362, 1.363, 1.364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en su orden, dicen: "Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales. Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. Artículo 1.365.- La resolución que decida la revocación no admite recurso." De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos, permite considerar que son revocables por el órgano jurisdiccional los autos que haya dictado y contra los cuales no proceda el recurso de apelación, y que la revocación se interpondrá el día siguiente de notificado el recurrente. En ese sentido, la disposición transcrita establece la existencia del recurso de revocación contemplado para resoluciones de los tribunales en los procedimientos civiles, procedente contra decretos y autos dictados en la instancia, que no son apelables, lo cual implica una procedencia genérica establecida por el legislador. De lo transcrito, se advierte que en contra del acto como el que reclama la parte quejosa, procede el recurso de revocación previsto en la legislación de la materia de donde deriva el acto reclamado. Lo anterior es así, pues a través de ese medio de defensa legal, puede lograr la modificación, revocación o nulificación del acto que tacha de ilegal. Para corroborar la procedencia del recurso de revocación, es menester verificar que se encuentren colmados los requisitos previamente señalados. En ese sentido, por lo que respecta al requisito señalado en el inciso a, se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo llevó a cabo el Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuautitlán, con residencia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, esto es, proveniente de un tribunal judicial. Respecto al inciso b, también se encuentra satisfecho, al tenor de lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, específicamente en el artículo 5.74, donde se establece la procedencia del recurso de revocación. En ese sentido, si la quejosa reclamó en la presente instancia constitucional el auto por el que no se acordó que se tuvo por único dictamen en materia de psiquiatría, el ofrecido y rendido por la parte actora, entonces es inconcuso que dicha actuación puede ser nulificada conforme al recurso aludido, tomando en consideración que el auto que ahora reclama, no fue dictado dentro de alguna audiencia. Con relación al inciso c, también se encuentra satisfecho, ya que la tramitación del recurso debe hacerse dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, es decir, en la citada controversia. Así, se encuentra acreditado el requisito mencionado en el inciso d, habida cuenta que con la resolución que se dicte derivado de la substanciación del recurso de revocación, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Sin que el dictamen que pretende la parte quejosa, se deba realizar en la corporeidad de los menores, sino sólo del progenitor de éstos, quien precisamente solicitó el otorgamiento de la guarda y custodia de los menores por cuestiones atribuidas a la progenitora, situación que pretendió demostrar precisamente con la pericial ofrecida y practicada a la solicitante de amparo. Por lo que no se advierte una afectación en los intereses de los menores. En las condiciones anotadas, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales J.E.M.E y de S.M.E. ----- En diverso aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en, Avenida --------------, Municipio Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por así haberlo solicitado.--------- Asimismo, se tiene por autorizadas de la parte quejosa, a las personas que menciona, que se provee únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente la quejosa. Adicionalmente, dado que a la fecha la quejosa proporcionó direcciones de correo electrónico, se considera oportuno proveer al respecto, a fin de evitar cualquier contratiempo, dada la situación actual que acontece en el mundo, por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, por lo tanto, se tiene a la parte quejosa proporcionando los correos electrónicos saray_1@hotmail.com y lourdesduranmireles@gmail.com, para establecer contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, sin que esto implique que tales medios se tengan para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que la Ley de Amparo no lo contempla así. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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