Ma. Guadalupe Déciga Guerrero y Otros.
Expediente 550/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 550/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Déciga Guerrero y Otros.
- Ma. Guadalupe Déciga Guerrero
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que al efecto señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintinueve de mayo pasado, por el que se desechó la demanda de amparo promovido por *** en representación de su hijo... En consecuencia... se declara que el auto en que se desechó la demanda ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal... este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído...
- Principal
isto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de veinticuatro de mayo del dos mil veintitrés. ( Desechamiento. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del análisis integral de la demanda de amparo y el escrito de cuenta, se advierte que la promovente reclama: Los autos de dos y doce de mayo de dos mil veintitrés dictados en la causa penal 1A1623-18 del índice del Juzgado de Oralidad Penal Especializado en Justicia para Adolescentes de Irapuato, Guanajuato, por los cuales se realizaron pronunciamientos sobre de la defensa del quejoso J.A.R.D., y se fijó fecha para la audiencia inicial dentro del proceso, respectivamente. Todos los actos de investigación realizados y la exclusión unilateral de datos de prueba dentro de la carpeta de investigación 1334/2022 del índice de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía Regional "B", adscrita a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, toda vez que no es de aquellos que dejan sin defensa a la parte quejosa ni tiene el carácter de irreparable. Los artículos antes invocados disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." - Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." Lo anterior, pues el juicio de amparo indirecto sólo es procedente en contra de determinaciones intraprocesales que sean de imposible reparación, entendiéndose éstas como aquellas que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), estableció que la jurisprudencia P./J. 4/2001, según la cual la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, debía estudiarse en amparo indirecto, ya que con esa decisión se afectaba a las partes en grado predominante o superior, no es aplicable en los asuntos tramitados bajo la vigencia de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación. La razón toral que expuso el Pleno la Corte para determinar que la Ley de Amparo vigente interrumpió la aplicabilidad de la jurisprudencia que permitía el análisis de la acción de amparo en la vía indirecta contra actos intraprocesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior fue que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante la disposición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo. Además, la Corte agregó que para analizar actos emitidos dentro de un proceso judicial o jurisdiccional en la vía indirecta de amparo, éstos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, es decir, que fueran susceptibles de afectar bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Por las anteriores razones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que: "(.) dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." La jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es consultable en la página 39, libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Conforme el anterior criterio jurisprudencial, el cual es obligatorio para este juzgado de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, se tiene que el juicio de amparo procede contra actos en juicio -intraprocesales cuyos efectos sean de imposible reparación, entendido como tal los que afecten de manera cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trate, ya que en estos casos específicos la Justicia Federal debe intervenir sin demora a través del juicio de amparo indirecto, sin tomar en cuenta que para ello el agraviado deba esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento de origen, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Al contrario, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Es por ello, que la razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal se reparan y desaparecen en la realidad jurídica, dejando intacta la esfera jurídica del afectado, al no alterarse ya ningún derecho sustantivo; es decir, en estos casos, en el momento en que se producen las violaciones del procedimiento, no se afecta de manera irremediable algún derecho público subjetivo, sino que tan sólo hace surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado y por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la resolución definitiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito en turno correspondiente, siempre que, como ya se dijo, se afecten las defensas del quejoso y dicha violación trascienda al resultado del fallo que le sea adverso, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. En consecuencia, las determinaciones emitidas en auto de dos y doce de mayo de dos mil veintitrés en la causa penal 1A1623-18 del índice del Juzgado de Oralidad Penal de Irapuato, Guanajuato; así como todos los actos de investigación realizados y la exclusión unilateral de datos de prueba dentro de la carpeta de investigación 1334/2022 del índice de la Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes, no deben reclamarse en amparo indirecto, pues no son actos cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que, en todo caso, de asistirle razón jurídica, sólo implicaría la infracción de derechos adjetivos con efectos intraprocesales, que pueden ser reparados de obtener una resolución favorable, es decir, si se dictara auto de no vinculación a proceso. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en armonía con el arábigo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos dos últimos interpretados a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por reclamarse actos notoriamente improcedentes. ( Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado de autos, se aprecia que no obra constancia de que los terceros interesados hayan quedado notificados de la sentencia de veinticinco de abril pasado. Asimismo, en el expediente se advierte notificación practicada a la parte quejosa respecto de dicha resolución (véase fojas 111 y 112); sin embargo, el domicilio donde se dejó el "aviso" corresponde al señalado por los terceros interesados. Ante la irregularidad de tal actuación actuarial, para no vulnerar algún derecho procesal de la parte quejosa, se deja sin efectos la notificación de la sentencia realizada por lista de acuerdos el ocho de mayo del actual. En ese contexto, túrnese el expediente a la actuaría para que notifique a la parte quejosa y tercera interesada la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa
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