Ma. Guadalupe Correa Mata

Expediente 419/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
419/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Correa Mata

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se provee: Con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que HA CAUSADO ESTADO el acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente sumario. Por otra parte, devuélvase al Magistrado Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Tres, en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en copia certificada del expediente agrario ******************** de su índice, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Finalmente, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto, hasta en tanto la autoridad citada en el párrafo que antecede, acuse recibo de las constancias que se le devuelven. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos los oficios y anexo de cuenta, signados respectivamente por el Magistrado Titular y Actuario Notificador, ambos adscritos al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Tres, en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, mediante los cuales, rinden su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia respectiva. En ese sentido, el titular del tribunal responsable, en apoyo de su informe justificado acompaña copia certificada de las constancias que integran el expediente agrario 121/2018-43 de su índice; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Dada la voluminosidad de las constancias que exhibe la autoridad responsable de referencia, fórmese el anexo uno de prueba. Por otro lado, se tiene como delegada de las autoridades responsables de mérito; a la persona que mencionan en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la quejosa ***: La omisión de notificar personalmente al licenciado Juan Antonio Salazar Chávez, perito en materia de dactiloscopia propuesto por la parte actora Víctor Manuel Correa Mata dentro de los autos del juicio agrario 121/2018-43, el proveído de once de septiembre de la presente anualidad, que a su vez ordena notificar los diversos de veinte de mayo y once de julio del mismo año, a efecto de que el citado perito rinda el dictamen correspondiente. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo en relación con el 63, fracción V, de la citada legislación, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Como se advierte, los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De lo expuesto, adquieren relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, se advierte la constancia de notificación por comparecencia realizada al perito en materia de dactiloscopia ***(foja 263 del anexo uno de prueba), de la que se desprende que se le notificaron los proveídos de veinte de mayo, once de julio, once de septiembre y dieciocho de octubre de la presente anualidad, dictados por tribunal responsable; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Así, es evidente que la responsable constituyó una situación jurídica que destruyó la omisión que originó la promoción de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos fundamentales de la requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto omisivo tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la citada particular. Esto es así, pues se le han notificado al experto en mención los acuerdos de cuya omisión se dolía la parte quejosa, ello con el fin de que éste rinda su peritaje; que dicho sea de paso, está transcurriendo el término que se concedió para ello. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que el tribunal responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle a la demandante de amparo, ya que fue restituida en el pleno goce del derecho humano violado. Sentado lo anterior, es inconcuso establecer que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley en comento, deviene incontrovertible que este juicio de amparo debe sobreseerse fuera de audiencia con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para celebrarse a las once horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LA QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Ténganse por recibidos los oficios y anexo de cuenta, signados respectivamente por el Magistrado Titular y Actuario Notificador, ambos adscritos al Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Tres, en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, mediante los cuales, rinden su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia respectiva. En ese sentido, el titular del tribunal responsable, en apoyo de su informe justificado acompaña copia certificada de las constancias que integran el expediente agrario 121/2018-43 de su índice; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo. Dada la voluminosidad de las constancias que exhibe la autoridad responsable de referencia, fórmese el anexo uno de prueba. Por otro lado, se tiene como delegada de las autoridades responsables de mérito; a la persona que mencionan en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama la quejosa ***: La omisión de notificar personalmente al licenciado Juan Antonio Salazar Chávez, perito en materia de dactiloscopia propuesto por la parte actora Víctor Manuel Correa Mata dentro de los autos del juicio agrario 121/2018-43, el proveído de once de septiembre de la presente anualidad, que a su vez ordena notificar los diversos de veinte de mayo y once de julio del mismo año, a efecto de que el citado perito rinda el dictamen correspondiente. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional se evidencia de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo en relación con el 63, fracción V, de la citada legislación, que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." Como se advierte, los controvertidos constitucionales devienen improcedentes cuando el acto de autoridad que se considera lesivo de los derechos fundamentales del quejoso, cesó en sus efectos; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Sobre dicho tópico la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En ese sentido, el citado tribunal constitucional refirió que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, expone la referida Sala del Máximo Tribunal de este país, que la improcedencia que se invoca se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija; por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, concluye la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. De lo expuesto, adquieren relevancia las condiciones que pueden ocurrir para determinar si se está ante una cesación de los efectos del acto de autoridad refutado de inconstitucional, es decir, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la figura en estudio se actualiza al ocurrir cualquiera de los siguientes supuestos: a) Cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y ello da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, b) Cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. En el particular, se actualiza el supuesto descrito en el inciso b) que antecede, puesto que de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable, se advierte la constancia de notificación por comparecencia realizada al perito en materia de dactiloscopia ***(foja 263 del anexo uno de prueba), de la que se desprende que se le notificaron los proveídos de veinte de mayo, once de julio, once de septiembre y dieciocho de octubre de la presente anualidad, dictados por tribunal responsable; constancias a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Así, es evidente que la responsable constituyó una situación jurídica que destruyó la omisión que originó la promoción de la demanda de amparo, en la que se reclamó la afectación de los derechos fundamentales de la requirente de amparo, habida cuenta que con tal actuación tuvo como consecuencia la destrucción del acto omisivo tildado de inconstitucional en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la citada particular. Esto es así, pues se le han notificado al experto en mención los acuerdos de cuya omisión se dolía la parte quejosa, ello con el fin de que éste rinda su peritaje; que dicho sea de paso, está transcurriendo el término que se concedió para ello. En estas condiciones, la relatada cesación de efectos implica que el tribunal responsable ha dejado de afectar la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, siendo patente lo innecesario que resultaría examinar su legalidad o ilegalidad; aunado a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la justiciable que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. A mayor abundamiento, cabe precisar que si hubiere resultado fundada la pretensión de la parte quejosa, se haría nugatorio lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que no habría que reestablecer ni que reintegrarle a la demandante de amparo, ya que fue restituida en el pleno goce del derecho humano violado. Sentado lo anterior, es inconcuso establecer que no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Consecuentemente, al haberse actualizado de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley en comento, deviene incontrovertible que este juicio de amparo debe sobreseerse fuera de audiencia con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En virtud de lo asentado en párrafos precedentes, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para celebrarse a las once horas con veinte minutos del catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, mediante el cual formula alegatos en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, los que en su caso, serán tomados en consideración en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional. Notifíquese.

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