Ma. Guadalupe Corona Zendejas

Expediente 746/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
746/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/07/2019

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Corona Zendejas

Actuaciones

  1. Principal

    El secretario certifica: Que concluyó el plazo de cinco días que establece el artículo 98, primer párrafo de la Ley de Amparo para impugnar el auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, pues dicho término transcurrió del ocho al doce de julio del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya recibido promoción alguna a través de la cual se impugne dicho auto. Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 746/2019, con la certificación secretarial que anteceden y el estado de autos . Conste. Morelia, Michoacán, quince de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso queja contra el auto por el cual se desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, archívese el presente asunto como totalmente concluido y una vez que transcurran tres años, transfiérase a la Dirección General de Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la anotación de que es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Material Familiar del Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro, no han dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Por tanto, toda vez que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo es de orden público y el Juez de Distrito debe vigilar su acatamiento, con fundamento en el artículo 192 y 193, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, remita a este juzgado las constancias relativas al cumplimiento al fallo protector, con el apercibimiento que de no cumplir con ello este juzgado procederá de la forma siguiente: Realizará el pronunciamiento respectivo; Determinará las multas procedentes de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo; y, Remitirá los autos al tribunal colegiado que corresponda, a efecto de que determine lo correspondiente al incidente de inejecución respectivo. Cobra aplicación la jurisprudencia P.J. 54/2014 (10a.) décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA Y NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA. De la interpretación funcional de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, armonizada conforme al sistema al que pertenecen, se concluye que es obligación del Juez de Distrito, una vez que se han notificado los requerimientos a la autoridad responsable, requerirla para que cumpla con la ejecutoria protectora dentro del plazo de tres días; no obstante, si la responsable no lo hace a pesar de haber sido prevenida, dicho juzgador federal está obligado a analizar si la complejidad o dificultad para realizarlo amerita que se amplíe el plazo para que la autoridad responsable cumpla; o bien, si el caso reviste urgencia y notorio perjuicio al quejoso, debe ordenar el cumplimiento inmediato de la ejecutoria protectora por los medios oficiales de que disponga. Luego, si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo que se fije, el juzgador de amparo hará el pronunciamiento respectivo, imponiendo las multas procedentes y remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito; sin embargo, si el Juez de Distrito no realiza el análisis relativo a la complejidad o urgencia del cumplimiento de sentencia, ese órgano colegiado, al resolver el incidente correspondiente, le devolverá los autos del juicio para que lo haga." En el entendido de que en la resolución pronunciada en autos se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para que la junta responsable realizara lo siguiente: "a) Reitere que es necesario decretar el cambio de guarda y custodia de la menor en favor del padre; b) Pero establezca que dicho cambio debe llevarse a cabo de manera gradual, para lo cual, deberá escuchar a la menor respecto a la forma en la que ella considera que dicho cambio gradual le afectaría menos; y, c) De acuerdo a las circunstancias y a la madurez de la menor, determine de manera fundada y motivada sobre el plazo y la forma en la que se irá haciendo progresivamente el cambio hasta que el padre ejerza completamente la guarda y custodia sobre la menor y comience a aplicar el régimen de visitas y convivencias entre la menor y su madre." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se les impondrá una multa individual por el equivalente a cien unidades de medidas de actualización (UMA), de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al tribunal colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Oscar Hernández García, secretaria que autoriza y da fe.

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