Ma. Guadalupe Campos Garcia

Expediente 538/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
538/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
23/07/2021

Partes del expediente

  • Notario Publico Número 58 A Cargo de la Licenciada Ana Mariela Servin Pita. Ciudad
  • Ma. Guadalupe Campos Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución dictada en fecha quince de junio del año que transcurre, en el que se desechó la demanda de garantías en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó la demanda en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto recurso alguno. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa, mediante el cual solicita se le devuelvan las copias de traslado que anexó en su escrito inicial; por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo aplicable, hágase la devolución de las documentales que hace alusión, previo acuse de recibo que de ello se deje en autos, y se tiene autorizada para ese efecto a la persona que menciona. Notifíquese.

  3. Principal

    con esta fecha se notifica por lista a la quejosa... del proveído de quince de junio de dos mil veintiuno... Vista la demanda de amparo presentada por la quejosa en cita, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-538/2021-C. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado "IV. NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: DE LA ORDENADORA JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL de Zacapu, Michoacán, se le reclama el auto de fecha 21 de mayo del 2021 dos mil veintiuno, dentro del expediente ordinario familiar sobre divorcio necesario, número... promovido por -, en el cual "se ordena requerir a la suscrita en cuanto albacea de la sucesión radicada a bienes de -, para que en el término de tres días de manera voluntaria otorgue la escritura de propiedad de los inmuebles adjudicados en favor de la acreedora en audiencia de fecha 28 veintiocho de abril del año en curso apercibida que en caso de no hacerlo dentro del plazo legal concedido a instancia de la interesada se otorgada por este juzgado en su rebeldía" Lo anterior toda vez que dentro del proceso de remate existieron violaciones al procedimiento, por lo cual también se le reclama a la autoridad responsable el auto de fecha 19 diecinueve de marzo del año 2021 dos mil veintiuno dentro del mismo expediente señalado anteriormente y en el cual se tuvo a la suscrita por no cumpliendo con el requerimiento de fecha 10 diez de diciembre del año 2020 dos mil veinte y en el cual se me hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído y se tuvo a la incidentada conforme con el dictamen emitido por el perito de la incidentista lo cual considera esta parte quejosa es violatoria de los principios del debido proceso y seguridad jurídica, lo cual en su respectivo apartado se harán los argumentos que constituyen los conceptos de violación DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD RAÍZ Y COMERCIO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. .se reclama la inscripción que se realicen de las escrituras públicas que fueron embargadas a la suscrita en cuanto alabcea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de - que corresponden a las escrituras públicas con registro número - de propiedad correspondiente al distrito de Zacapu, y que lo es del inmueble que se ubica en calle -, así como la registrada bajo el número -del tomo -de fecha de - del libro de propiedad correspondiente al distrito de Zacapu, y que consiste en una fracción del predio urbano ubicado en calle -, ambas se registran a favor de F- NOTARIO PÚBLICO NÚMERO - A CARGO DE LA LICENCIADA -. .se reclama la protocolización que se haga en su momento por la fedetaria Pública, de las escrituras señaladas anteriormente." El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, para lo cual conviene citar lo que establece el precepto legal 113 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley....." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución..." Este último precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución de sentencia -como lo es el caso en el presente asunto, ya que así se advierte del análisis de la demanda-, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Precisando que la última resolución, es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien la determinación que ordena el archivo definitivo del expediente, que será entonces, impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, ya que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público. Consecuentemente, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama actos derivados de la etapa de ejecución del juicio ordinario familiar sobre divorcio necesario ... del índice del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, dentro del cual es parte y como se anticipó la demanda de amparo, respecto del acto antes referido deviene improcedente para los efectos de procedencia del juicio de garantías, ya que se considera como tal, aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De modo tal que, en concepto del suscrito juzgador, resulta incuestionable la improcedencia de la presente demanda de garantías, habida cuenta que el citado acto aquí reclamado, no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento. En efecto, como ya se dijo, en tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, en el que podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, en términos del segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." En efecto, se estima que dicho acto reclamado, que aquí nos ocupa, no es el último dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que no tiende a aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo definitivo de origen. Lo anterior se estima de ese modo, tomando en consideración que, si bien existen casos de excepción a la regla, cuando en el juicio que se encuentre en etapa de ejecución, los actos reclamados gocen de autonomía propia, es decir, que no tengan como finalidad directa o inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; sin embargo, el acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, donde el Juez responsable determinó dentro del juicio ... que la ahora quejosa debía entregar dentro del término de tres días, la escritura de propiedad de los inmuebles adjudicados en favor de la acreedora en el juicio de origen; deriva de la ejecución de sentencia ahí dictada, firme y declarada como cosa juzgada, acto emitido en un juicio en el que la quejosa es parte y por ende, escuchada en defensa de sus intereses, el cual por su propia naturaleza no puede ser conceptuado como una determinación judicial en el que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del convenio pactado entre las partes, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditado a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha resolución no puede estimarse como la última dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. En ese contexto, la demanda de garantías, respecto del acto multicitado, resulta improcedente habida cuenta que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, los que no se dictan dentro del juicio del procedimiento de ejecución de sentencia gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, por lo que debe impugnarse en el amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución que lo apruebe o desapruebe, esto es que, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, la que, como puede apreciarse de los datos aportados por la quejosa aún no se emite. Al respecto, son de citarse la jurisprudencia número 108/2010, publicadas en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, por su orden se transcribe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http//www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y autoriza únicamente para ese efecto a los licenciados que hace mención, toda vez que no se encuentran dentro del Registro de Cedulas Profesionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, a quince de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo presentada por la quejosa en cita, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán y otras autoridades; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número IV-538/2021-C. Del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado: "IV. NORMA GENERAL ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: DE LA ORDENADORA JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL de Zacapu, Michoacán, se le reclama el auto de fecha 21 de mayo del 2021 dos mil veintiuno, dentro del expediente ordinario familiar sobre divorcio necesario, número ******************** promovido por -, en el cual "se ordena requerir a la suscrita en cuanto albacea de la sucesión radicada a bienes de -, para que en el término de tres días de manera voluntaria otorgue la escritura de propiedad de los inmuebles adjudicados en favor de la acreedora en audiencia de fecha 28 veintiocho de abril del año en curso apercibida que en caso de no hacerlo dentro del plazo legal concedido a instancia de la interesada se otorgada por este juzgado en su rebeldía" Lo anterior toda vez que dentro del proceso de remate existieron violaciones al procedimiento, por lo cual también se le reclama a la autoridad responsable el auto de fecha 19 diecinueve de marzo del año 2021 dos mil veintiuno dentro del mismo expediente señalado anteriormente y en el cual se tuvo a la suscrita por no cumpliendo con el requerimiento de fecha 10 diez de diciembre del año 2020 dos mil veinte y en el cual se me hizo efectivo el apercibimiento decretado en el proveído y se tuvo a la incidentada conforme con el dictamen emitido por el perito de la incidentista lo cual considera esta parte quejosa es violatoria de los principios del debido proceso y seguridad jurídica, lo cual en su respectivo apartado se harán los argumentos que constituyen los conceptos de violación DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD RAÍZ Y COMERCIO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN. .se reclama la inscripción que se realicen de las escrituras públicas que fueron embargadas a la suscrita en cuanto alabcea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de - que corresponden a las escrituras públicas con registro número - de propiedad correspondiente al distrito de Zacapu, y que lo es del inmueble que se ubica en calle -, así como la registrada bajo el número -del tomo -de fecha de - del libro de propiedad correspondiente al distrito de Zacapu, y que consiste en una fracción del predio urbano ubicado en calle -, ambas se registran a favor de F- NOTARIO PÚBLICO NÚMERO - A CARGO DE LA LICENCIADA -. .se reclama la protocolización que se haga en su momento por la fedetaria Pública, de las escrituras señaladas anteriormente." El suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, para lo cual conviene citar lo que establece el precepto legal 113 de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza a este juzgador a desechar de plano una demanda de garantías cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica la jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley....." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución..." Este último precepto es claro al establecer que en un procedimiento de ejecución de sentencia -como lo es el caso en el presente asunto, ya que así se advierte del análisis de la demanda-, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la última resolución dictada en el mismo, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese período que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Precisando que la última resolución, es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien la determinación que ordena el archivo definitivo del expediente, que será entonces, impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, ya que su cumplimiento no debe obstaculizarse por ser de interés público. Consecuentemente, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama actos derivados de la etapa de ejecución del juicio ordinario familiar sobre divorcio necesario ******************** del índice del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, dentro del cual es parte y como se anticipó la demanda de amparo, respecto del acto antes referido deviene improcedente para los efectos de procedencia del juicio de garantías, ya que se considera como tal, aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De modo tal que, en concepto del suscrito juzgador, resulta incuestionable la improcedencia de la presente demanda de garantías, habida cuenta que el citado acto aquí reclamado, no constituye la última resolución dictada en dicho procedimiento. En efecto, como ya se dijo, en tratándose de actos en ejecución de sentencia, sólo puede promoverse el amparo en contra de la última resolución dictada en el respectivo procedimiento, en el que podrán hacerse valer las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, en términos del segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, tomo XVII, del mes de junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." En efecto, se estima que dicho acto reclamado, que aquí nos ocupa, no es el último dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, ya que no tiende a aprobar o reconocer el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento al fallo definitivo de origen. Lo anterior se estima de ese modo, tomando en consideración que, si bien existen casos de excepción a la regla, cuando en el juicio que se encuentre en etapa de ejecución, los actos reclamados gocen de autonomía propia, es decir, que no tengan como finalidad directa o inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; sin embargo, el acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, donde el Juez responsable determinó dentro del juicio ******************** que la ahora quejosa debía entregar dentro del término de tres días, la escritura de propiedad de los inmuebles adjudicados en favor de la acreedora en el juicio de origen; deriva de la ejecución de sentencia ahí dictada, firme y declarada como cosa juzgada, acto emitido en un juicio en el que la quejosa es parte y por ende, escuchada en defensa de sus intereses, el cual por su propia naturaleza no puede ser conceptuado como una determinación judicial en el que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total del convenio pactado entre las partes, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditado a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha resolución no puede estimarse como la última dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. En ese contexto, la demanda de garantías, respecto del acto multicitado, resulta improcedente habida cuenta que, tratándose de actos de ejecución de sentencia, los que no se dictan dentro del juicio del procedimiento de ejecución de sentencia gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, por lo que debe impugnarse en el amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución que lo apruebe o desapruebe, esto es que, el juicio de amparo sólo procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, la que, como puede apreciarse de los datos aportados por la quejosa aún no se emite. Al respecto, son de citarse la jurisprudencia número 108/2010, publicadas en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación, por su orden se transcribe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR LA DEMANDA de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlínea.pjf.gob.mx/juicioenlinea a efecto de que generen un nombre de usuario, hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado ese dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, que establece que el acceso a los expedientes electrónicos. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria respectiva para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Finalmente, se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal en esta ciudad, y autoriza únicamente para ese efecto a los licenciados que hace mención, toda vez que no se encuentran dentro del Registro de Cedulas Profesionales de los Órganos del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.

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