Ma. Guadalupe Alcantara Hernandez
Expediente 1557/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1557/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/10/2016
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Alcantara Hernandez
Actuaciones
- Principal
IV. Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil dieciséis. Por recibidos los escritos signados por Jesús Orlando Arriaga López, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Emilio Abraham Chapa Villareal, a través del cual interpone recurso de queja contra el proveído de diez de octubre del año en curso (fojas 107 a 113). Atento a lo anterior, en conformidad con lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, dese el trámite correspondiente al medio de impugnación de referencia, ríndase el informe respectivo en términos del párrafo primero del artículo 101 de la legislación invocada. Con copia del escrito de cuenta, notifíquese a las partes la interposición del recurso citado y requiéraseles para que en el plazo de tres días, señalen las constancias certificadas que deben remitirse para la resolución del medio de impugnación. Una vez transcurrido dicho plazo, con fundamento en el ordinal mencionado en último término, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en turno, envíese el escrito de interposición señalado, copia autorizada de la determinación impugnada, y en su caso, las constancias necesarias para su resolución. En orden de ideas, en relación con la suspensión del procedimiento con motivo de este medio de impugnación, es necesario precisar lo siguiente: El artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo establece: "Artículo 97. El recurso de queja procede: I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: (.) e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional; (.)" El texto legal transcrito sistematizó los supuestos de procedencia del recurso de queja, y en el inciso e) precisó con claridad el objeto de ese medio de impugnación, traducido en las resoluciones dictadas en la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan de forma expresa el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. Concomitante con la interposición del medio de impugnación citado, emerge la obligación del órgano jurisdiccional de pronunciarse sobre la factibilidad de suspender el procedimiento constitucional, facultad que se encuentra estatuida en el artículo 102 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 102. En los casos de resoluciones dictadas durante la tramitación del amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un perjuicio no reparable a alguna de las partes, con la interposición de la queja el juez de distrito o tribunal unitario de circuito está facultado para suspender el procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, siempre que a su juicio estime que la resolución que se dicte en ella pueda influir en la sentencia, o cuando de resolverse en lo principal, se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la audiencia." La transcripción precedente revela que la suspensión mencionada dependerá de forma preponderante que la ejecución de la resolución impugnada tenga una naturaleza trascendental y grave, con un perjuicio a alguna de las partes. De ahí que la ejecutividad sea la característica fundamental que debe tener en cuenta el juez constitucional para decidir sobre la suspensión del procedimiento, al tiempo de convertirse en un elemento objetivo para distinguir y determinar si es necesario o no suspender la totalidad del procedimiento, o sólo la ejecución de la resolución impugnada en queja. Pues emerge la posibilidad que, a pesar de la naturaleza trascendental y grave de la resolución recurrida, a juicio del juez resulte innecesario suspender la totalidad del procedimiento, sino únicamente los actos que están relacionados con la materia de su resolución impugnada; y no así aquellos desvinculados de aquélla, o que sean reparables como consecuencia de una queja fundada. De conformidad con lo expuesto, el Juez de Distrito al ejercer su facultad discrecional suspensional del procedimiento deberá suspenderlo solamente si la resolución impugnada o sus consecuencias afectan o menoscaban algún derecho sustantivo. Un ejemplo de ello sería la admisión y desahogo de una prueba documental, pericial o de inspección que pudiera revelar datos confidenciales de una de las partes. En cambio, si la resolución controvertida es de carácter negativo, o si afecta solamente derechos procesales, como el de defensa o probatorios que la Ley de Amparo concede a las partes, no procederá la suspensión del procedimiento. A guisa de ejemplo puede citarse el desechamiento de una prueba documental, testimonial o pericial, carente de afectación a un derecho sustantivo de alguna de las partes. La negativa a suspender el procedimiento del juicio de amparo guarda identidad incluso, con las características de sencillez, agilidad, concentración y prosecución judicial, que caracteriza al juicio de amparo conforme a lo previsto en el artículo 107, fracción VII, Constitucional, que es del tenor siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" En el punto particular se cita la tesis 1a. XIV/96, publicada en la página 154, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 1996, Tomo IV, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, número de registro 200410, que establece: "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE QUEJA. CORRESPONDE DECRETARLA AL JUEZ DE DISTRITO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, la interposición del recurso de queja, previsto en el artículo 95, fracción VI, de la propia Ley, suspende el procedimiento en el juicio constitucional de amparo. Ahora bien, no obstante que el recurso en comento se debe interponer por escrito directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, como lo establece el artículo 99 de la Ley de Amparo, es al Juez de Distrito que tramita el juicio a quien corresponde decidir la suspensión del procedimiento, una vez que la parte interesada o el órgano jurisdiccional de alzada le hacen de su conocimiento la interposición del citado medio de defensa, sin que se requiera acuerdo específico en ese sentido del Tribunal Colegiado, ya que éste al conocer de la queja sólo debe actuar en términos del artículo 98, párrafo segundo, del mismo ordenamiento legal, que lo obliga únicamente a requerir el informe con justificación, a dar vista al Ministerio Público y a dictar la resolución que proceda." Precisado lo anterior, en el caso particular, la litis en el recurso de queja interpuesto contra el auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, versa sobre la legalidad de la negativa a admitir como pruebas diversos informes que deberá rendir el Director General del centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano". Así, a juicio de este órgano jurisdiccional, negativa de admitir como pruebas diversos informes que deberá rendir una autoridad, se vincula con un derecho sustantivo de las partes, razón por la cual procede decretar la suspensión del procedimiento en este juicio constitucional. Además, lo que se decida al resolver el recurso de queja podría tener influencia en la sentencia que dicte en el principal, ya que de no subsistir la negativa de admitir como pruebas diversos informes que deberá rendir una autoridad, el sentido de la sentencia podría ser distinto. En consecuencia, comuníquese a las partes que las diez horas con treinta y cinco minutos del ocho de noviembre de dos mil dieciséis, señaladas para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional, se deja insubsistente. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 108/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página: 1107, número de registro 2009733, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE TIENE POR DESIERTA UNA PRUEBA PERICIAL. El precepto indicado establece que el recurso de queja procede en amparo indirecto contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva. En ese orden de ideas, el recurso de queja procede contra el acuerdo del Juez de Distrito que tiene por desierta una prueba pericial, al tratarse de una determinación dictada durante la tramitación del juicio de amparo que no admite expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puede causar perjuicio al oferente no reparable en la sentencia definitiva, pues ya no tendrá oportunidad procesal de ofrecerla, ni el Juez de Distrito se ocupará de ella al dictar la sentencia definitiva, lo que impacta en sus pretensiones, pues con aquélla busca acreditar los extremos de lo argumentado en su demanda; de ahí que se hable de la trascendencia y gravedad de la determinación por cuanto puede causar perjuicio no reparable." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Antonio Ruiz Rosales que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el Secretario del tercero interesado Comisariado de Bienes Comunales de San Jerónimo Acazulco y Santa María Tepezoyuca, Municipio de Ocoyoacac, mediante el cual solicita a este juzgado se abstenga de acordar cualquier petición realizada por Marcelino Narváez de la O, en su calidad de Presidente del comisariado en cita, pues manifiesta que la representación de dicha comunidad recae conjuntamente en el Presidente, Secretario y Tesorero, lo anterior, de conformidad en el artículo 32 de la Ley Agraria; por tanto, se toma conocimiento de las manifestaciones del promovente las cuales serán tomadas en cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
- Principal
I. Se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, en consecuencia se le notifica por medio de lista el auto de trece de octubre del presente año, el cual es del tenor siguiente: "Toluca, Estado de México; trece de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Ma. Guadalupe Alcántara Hernández por derecho propio, contra actos de la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1557/2016-I. Ahora bien, del contenido de la demanda que nos ocupa, se desprende que la promovente reclama esencialmente: La resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciséis dictada por la Segunda Sala Civil de Toluca, Estado de México, en el toca de apelación 495/2016, relativo a la apelación en contra del auto de doce de agosto de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Civil de Cuantía Menor de Acambay, en el juicio ejecutivo mercantil 51/2016. En ese sentido, es oportuno señalar que en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, se establecen los supuestos de competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del juicio de amparo directo. En efecto, el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional." Asimismo, el artículo 47, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." En ese tenor, respecto del acto reclamado, este juzgador establece que la misma sólo puede ser combatida a través del juicio de amparo directo. Lo anterior se afirma, en razón de que los efectos que produce el acto reclamado son de aquéllos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo del juicio lo dan por terminado, esto en razón de que a través de la resolución reclamada se confirmó el desechamiento de la tercería excluyente de dominio interpuesta por la quejosa, con relación al juicio ejecutivo mercantil 51/2016 del Juzgado Civil de Cuantía Menor de Acambay, Estado de México; de ahí que los efectos del acto reclamado sean de aquéllos que ponen fin al juicio. En abundamiento, se afirma que la competencia del presente asunto es en la vía uni-intancial, dado que las tercerías excluyentes de dominio tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, toda vez que mientras los incidentes resuelven generalmente cuestiones de carácter adjetivo, las referidas tercerías deciden un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente les da la calidad de un juicio con sustantividad propia; esto es, la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios, y por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, son sentencias definitivas impugnables en amparo directo, por tanto De ahí que se estime que la resolución reclamada encuadra en lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo; por lo que compete al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en vía de amparo uni-instancial. Resulta aplicable por las razones que la contienen la jurisprudencia 2a./J. 126/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 952, del Tomo XXII, de octubre de dos mil cinco, Novena Época, con número de registro 176797, que establece: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo". Asimismo la tesis del Primer tribunal Colegiado en Materia Civil del segundo Circuito, página 701, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, diciembre de 1997, novena época, con número de registro 197301, cuyos rubro y texto son: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA SENTENCIA DEFINITIVA QUE EN AQUÉLLA SE DICTE, ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Si en juicio ejecutivo mercantil ocurre como parte interesada un tercero, por afectársele un determinado derecho y, por ello, promueve tercería excluyente de dominio, aun cuando su procedimiento se tramite por cuerda separada en relación con el juicio natural, ello sólo significa que por la naturaleza de su tratamiento procedimental, la resolución que decide el fondo de la misma tiene el carácter de interlocutoria, pues si ahí se resolvió sobre la procedencia o improcedencia de esa tercería, tal fallo debe considerarse como una sentencia definitiva por haberse resuelto el fondo de esa cuestión. Por tanto, el fallo que al respecto se pronuncie sólo puede combatirse a través del amparo directo o uniinstancial." Igualmente, es aplicable por las razones que la informan la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 21, del Tomo XX, de agosto de dos mil cuatro, Novena Época, con número de registro 180958, que establece: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural.". Asimismo, es aplicable en lo conducente, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 485, tomo II, Segunda parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, julio a diciembre de 1988, octava época, con número de registro 230494, es aplicable: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO, CONCEPTO DE. CASO EN QUE NO SE SURTE LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Carta Magna, 46 y 158 de la Ley de Amparo y 44, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de circuito son competentes para conocer de los juicios de amparo directo promovidos contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por lo que atañe a esta última categoría, el precepto 46 de la Ley de Amparo las define como aquellas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto del cual las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Consecuentemente, para determinar cuándo se está en presencia de una "resolución que haya puesto fin al juicio" debe advertirse que el acto reclamado: a) No haya decidido el juicio en lo principal; b) Que lo dé por concluido; y c) Que contra dicho acto no proceda ningún recurso o medio de defensa legal. Ahora bien, cuando se trata de establecer la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos en que se reclama una resolución a la que se le atribuye esa naturaleza, debe atenderse a los dos primeros requisitos señalados, como cuestión previa, porque el tercero de ellos vendrá a determinar no la competencia del órgano sino la procedencia de la acción constitucional. Luego, como los requisitos en cuestión se delimitan por el término "juicio", resulta imprescindible referirse a éste. Por procedimiento se entiende una secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un acto de autoridad, un conflicto sometido a su decisión. Dicho procedimiento debe siempre examinarse desde un punto de vista configurativo; la simple secuencia de actos no constituyen un proceso sino un procedimiento y que éste da inicio o se activa, precisamente, por medio de la presentación de la demanda que viene a ser el escrito inicial del procedimiento. A diferencia del procedimiento, el juicio es aquella controversia que ha de dirimir el órgano juzgador y se inicia propiamente cuando se hace del conocimiento de la demandada la pretensión del actor, lo que generará un virtual conflicto de intereses de tal forma que el juicio será el litigio dentro del proceso, cuya finalidad será la decisión de la controversia mediante la aplicación del derecho a través de un fallo que adquirirá, en lo futuro, la calidad de cosa juzgada; que el juicio como tal no da comienzo, concomitantemente, con el momento en que es admitida la demanda, pues pudiera darse el caso de que verificado esto no se corriera traslado de la misma al demandado y, sustanciado todo el procedimiento, se dictase ilegalmente una sentencia dirimiendo un conflicto que en la realidad no tuvo existencia jurídica; y que, cuando un órgano juzgador desecha una demanda pone fin al procedimiento iniciado, precisamente, con la presentación de ese documento y no al juicio porque este se verificaría cuando, después de notificada a la demandada la pretensión del actor, sobreviniese cualquier resolución que le pusiera fin, sin decidir en lo principal la cuestión planteada, hipótesis ésta en la que se dará lugar a la impugnación del acto mediante el juicio de amparo directo. (Amparo en revisión 1763/88, promovido por la sucesión de David Torres Bravo, fallado el trece de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho). Conforme a estos principios el "juicio" sólo se inicia cuando se hace del conocimiento de la demandada la pretensión del actor. Por lo consiguiente, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo directo lo constituye una resolución de tribunal Judicial, Administrativo o del Trabajo, que desecha la demanda o, en su caso, confirma ese desechamiento, no se surte la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del asunto porque tal acto no puede ser considerado como una resolución que haya puesto fin al juicio, en la medida en que éste no llegó a configurarse, sino que tal desechamiento constituye un acto, que, fuera de juicio, puso fin al procedimiento. Por lo tanto, si se reclama mediante el juicio de garantías una resolución que se traduce en el desechamiento de la demanda, como escrito inicial del procedimiento, la competencia para conocer de ese asunto recae en los Juzgados de Distrito según lo dispuesto en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo." En este contexto, remítanse los autos del juicio de amparo 1557/2016 y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta Ciudad, para que realice las gestiones que sean necesarias, a efecto de que este asunto se remita al Tribunal Colegiado en turno correspondiente y conozca del acto reclamado en estudio. Solicítese a la superioridad el acuse de recibo correspondiente y con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Por otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta la cual evidencia que María Elena Guillermina Coss y León Cano, cuenta con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se le tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a Iván Luna Paredes, en términos de la parte final del párrafo segundo; esto es, sólo para oír y recibir notificaciones, limitación que se establece hasta en tanto realice el registro respectivo, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. Al respecto se estima aplicable la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, del Tomo XXIII, Materia Administrativa, Novena Época, con número de registro 17504, de rubro siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA". De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Finalmente, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria María Isabel López Mondragón que autoriza, firma y da fe.
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