Ma Guadalupe Aguirre Gallardo

Expediente 283/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
283/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/05/2021

Partes del expediente

  • Ma Guadalupe Aguirre Gallardo

Actuaciones

  1. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato; atento a su contenido, se le tiene remitiendo la diversa misiva signada por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual, remite diversas constancias en alcance al oficio 1139, con el que remitió la demanda de amparo promovida por *** Por tanto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que el veintisiete de abril pasado, se desechó la demanda de amparo. CAUSA ESTADO DESECHADA Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que en acuerdo de veintisiete de abril pasado, se desechó la demanda de amparo; proveído que no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. - VALORACIÓN: No es de relevancia documental. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Lo anterior, en cumplimiento al artículo 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. - DOCUMENTOS: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte promovente. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) Finalmente, se ordena devolver al Juez Segundo Civil de Partido de esta ciudad, la documental que exhibió, consistente en copia certificada del expediente *** de su índice, en dos tomos, por ser innecesaria su conservación. Se requiere a dicha autoridad para que se abstenga de acusar recibo de los oficios que este juzgado les remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***** EL PROVEÍDO DICTADO EL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato capital, girado en el amparo directo civil 175/2021 de su índice, por el que remite la documentación señalada en la certificación de cuenta. Ello, en virtud que declaró que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por *****. Acúsese recibo. COMPETENCIA Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda promovida por *****, contra actos que reclama del Juzgado Segundo Civil de Partido de la ciudad de Irapuato, Guanajuato y otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 283/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TOMO DE PRUEBAS Ahora bien, dado el volumen de las constancias recibidas, fórmense dos cuadernos de pruebas, correspondientes a los tomos I y II. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...); XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.); IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De la última parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución en el procedimiento de remate, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en tal procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en el procedimiento de remate, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, la cual debe ser entendida como aquélla en que se ordena la entrega o la escrituración del bien inmueble rematado, de forma indistinta, con lo que basta que se emita una sola de ellas para considerar su actualización. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia que es del tenor siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011474 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 13/2016 (10a.) Página: 1066 "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en la orden de remate del inmueble que se ubica en la fracción de terreno del predio rustico denominado *****, anteriormente conocido como lote de terreno número ***** en el antiguo predio ***** y también fracción de ***** del municipio de ***** con una superficie de *****, decretada por la autoridad responsable ordenadora, señalada para el veinticinco de enero del año en curso y sus consecuencias. Con el objeto de precisar por qué en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene asentar los siguientes antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de los antecedentes narrados por la propia quejosa en su escrito de demanda: - Que la etapa procesal en la cual se encuentra el juicio ***** es la siguiente, ya fue dictada sentencia condenatoria en contra de la quejosa, y a la fecha se encuentra en la etapa de remate, para lo cual fueron señaladas las trece horas del veinticinco de enero del presente año, para que tenga verificativo el remate del bien inmueble objeto de garantía hipotecaria, siendo acreedor ***** De lo anterior, se tiene que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues el acto en estudio no es la última determinación dictada para cumplir con el procedimiento de remate, ya que se requiere "que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados", lo cual no acontece en el caso en estudio. Así es, porque aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública o la entrega de la posesión de los bienes rematados, por lo que será hasta que se dicte una de esas determinaciones el momento en que la promovente podrá acudir al juicio biinstancial, no obstante, que dichos acuerdos se realicen por separado. Por lo que, el acto reclamado por la parte quejosa, no es la última resolución dictada dentro del procedimiento de remate en el juicio de origen, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción IV, último párrafo de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, si se tiene en consideración, que el acto reclamado, tiene como apoyo la existencia de una sentencia con el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que los actos que se realicen dentro de dicho procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en éste, que en el caso lo constituiría la orden de entrega del bien rematado o su escrituración; razones por las cuales, la demanda de amparo que se promueve deviene improcedente. En ese orden de ideas, es claro que la parte quejosa deberá esperar a que se pronuncie una de esas determinaciones para estar en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, esto es, aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, a efecto de estar en presencia de la indicada "última resolución", tratándose de asuntos en los que existe remate de bienes, para que resulte viable el juicio de amparo, donde podrán reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante ese propio procedimiento. Además, es factible precisar que dicha resolución no encuadra en alguna de las excepciones para la procedencia del juicio de amparo indirecto, establecidas por el Máximo Tribunal del país, contra actos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia (en el caso concreto procedimiento de remate), por no ser una resolución que goce de autonomía propia, ajena a la ejecución de la sentencia; pues como se ha visto, el acto que aquí se combate se encuentra vinculado con la ejecución del fallo emitido en el juicio de origen, y por ende, la quejosa deberá esperar hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento de remate. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, de texto: Época: Novena Época. Registro: 163152. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Enero de 2011. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 108/2010. Página: 6. "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, aunado a que no se está en presencia de un acto autónomo a ese procedimiento. Por tanto, de lo antes narrado se advierte que el acto que se tilda de inconstitucional fue emitido dentro del procedimiento de remate, en ejecución de sentencia en el juicio de origen, en el que la parte quejosa tiene la calidad de parte, por lo que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en ese procedimiento. Por tanto, al no acontecer así, queda plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del órgano jurisdiccional oficiante. Sin embargo, de las constancias allegadas se advierte un domicilio en esta ciudad, ubicado en calle ***** número *****, colonia *****. En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio de referencia y le notifique a la parte quejosa el presente proveído, corriéndole traslado con copia autorizada de éste. En el entendido que el citado domicilio no corresponde al procesal, por lo que la diligencia encomendada deberá realizarse en términos del artículo 27, fracción I, incisos a) y b) de la Ley de Amparo. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a las partes a que propongan medios de contacto, que pueden ser correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General multicitado, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diversos Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte promovente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,179 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano