Ma. Guadalupe Aguilar Cuadra
Expediente 947/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 947/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Guadalupe Aguilar Cuadra
- Carlos Duarte Londaiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho AUTO HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el original del incidente respectivo. Ahora bien, en virtud de que por acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Séptimo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo séptimo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se negó la suspensión definitiva; el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. En tanto que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción por ubicarse en la hipótesis prevista en el 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse archivado el asunto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense únicamente para que obre como legalmente corresponda el oficio número J-VI-730/2022, remitido vía correo electrónico por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el treinta de agosto del año en curso, remite copias certificadas de la audiencia de ofrecimiento de pruebas de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral J-VI-374/2020, toda vez que por auto de treinta y uno de agosto último, se proveyó lo conducente respecto del mismo. En la inteligencia que el aludido oficio ha sido previamente certificados por el Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Cúmplase.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguense los oficios número J-VI-690/2022, remitido vía correo electrónico por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el treinta de los actuales, remite copias certificadas de la audiencia de ofrecimiento de pruebas de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral J-VI-374/2020. En la inteligencia que los aludidos oficios han sido previamente certificados por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente las constancias de cuenta, mismas que le fueron requeridas a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán, específicamente, la copia certificada de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, previo cumplimiento de prevención, este Juzgado, por una parte desechó la demanda de amparo respecto de Secretaria de Acuerdos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado, con sede en Zamora, Michoacán y, por otra, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Ma. Guadalupe Aguilar Cuadra, por conducto de su apoderada, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado, con sede en Zamora, Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: ".1).- De la responsable, JUNTA ESPECIAL NÚMERO 6 SEIS, DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN ZAMORA, MICHOACÁN, se reclama que se esté obstruyendo en forma por demás injustificada la procuración de justicia pronta y expedita, al acordar que la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, HASTA EL DÍA 25 VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDOS en el juicio que se sigue ante la responsable con el número de expediente: J-VI-374/2020, violando mis derechos humanos. La responsable a atrasado el juicio ya mencionado, en forma por demás indebida, aprovechando para esto, la pandemia que nos a aquejado, ya que desde el inicio del presente juicio, la responsable dictó un acuerdo para el desahogo y celebración de la primera audiencia bifásica, señalando que la demanda fue interpuesta con fecha 28 veintiocho de septiembre del año 2020 dos mil veinte, y se acordó el desahogo de la primera audiencia se desahogara el día 21 veintiuno de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, UN AÑO para su desahogo, misma que se desahogó en la fecha ya señalada, pero es el caso que la responsable, nuevamente señala como fecha de desahogo de la audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS EL DÍA 25 VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDOS, UN AÑO después, violentando en mi perjuicio el Artículo 17 constitucional. Los actos y omisiones de los cuales me quejo, es la violación de mis derechos humanos por parte de la responsable, ya que está intentando alargar indefinidamente el presente juicio, por causa imputable a la responsable, al acordar la mencionadas audiencias un año de distancia de cada una de ellas, y finalmente, el ACTO PRINCIPAL DEL CUAL ME QUEJO, ES QUE LA RESPONSABLE DICTÓ EL ACUERDO DE DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS DENTRO DE UN AÑO PARA SU DESAHOGO, CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN, VIOLANDO MIS DERECHOS HUMANOS Y A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Principalmente el Artículo 17 de la Constitucional. Todo lo antes dicho, lo demuestro con los siguientes diferentes escritos y de las audiencias llevadas a cabo por la responsable, como son: A.- Documental Privada.- Consistente en escrito de demanda, presentada con fecha 28 veintiocho de septiembre del año 2020 dos mil veinte. B.- Documental Publica.- Consisten en el escrito proveniente de la responsable de fecha del 30 treinta de noviembre del año 2020 dos mil veinte, en el cual se emite el acuerdo de RADICAR LA DEMANDA por parte de la responsable. C.- Documental Pública.- Proveniente de la responsable en la que SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA BIFÁSICA, de fecha 21 veintiuno de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno.". Ahora bien, de la interpretación integral de del sumario constitucional en que se provee de la demanda de amparo y de las constancias que la autoridad responsable acompañó en copias certificadas a su informe de ley, así como con las que se dio cuenta, las cuales merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que dentro del presente juicio, la quejosa señaló como acto reclamado la fecha remota de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de veinticinco de agosto de dos mil veintidós; la cual se desahogó en esa data, tal y como se advierte de las constancias de cuenta. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, de ahí que es indudable, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las diez horas con diez minutos del cuatro de octubre de dos mil veintidós. Finalmente, conviene precisar que no es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho que no obre el emplazamiento de la tercera interesada SORIANA HIPER, S. A. DE C. V. y/o SERVICIOS EJECUTIVOS SORIANA, S.A. DE C. V. y/o RAFAEL VAZQUEZ OROZCO y/o EDITH CRUZ MATA y/o GERMAN GARCIA CORTEZ y/o JOSÉ ISMAEL RIVAS BELMONTE y/o DANIELA MONSERRAT LARA FLORES y/o QUIEN RESULTE RESPONSABLE DE LA FUENTE DE TRABAJO, en el presente juicio, ello en razón de que se produjo el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, con lo cual esta determinación en nada le perjudicaría. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, la fecha remota para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, señalada para el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral J-VI-374/2020. Por tanto, requiérase a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán, para que dentro del término de veinticuatro horas, informe lo acordado en audiencia de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral J-VI-374/2020 y remita copias certificadas de las constancias en comento, toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 259 de la Ley de Amparo en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga dela prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Notifíquese.
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