Ma. Guadalupe Acevedo Rubio

Expediente 1228/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 31 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1228/2020
Año
2020
Actuaciones
31
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Ma. Guadalupe Acevedo Rubio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que el once de febrero de la presente anualidad, se celebró el juicio constitucional y se emitió la sentencia correspondiente, ordenándose realizar las notificaciones de ley; sin embargo, no obra la constancia de notificación a la tercera interesada respecto de la sentencia en comento, en consecuencia, túrnense los autos al actuario judicial que corresponda a efecto que realice dicha notificación por lista a la citada parte, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ello, ya que, mediante proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, ante la omisión de señalar domicilio en esta ciudad, se hizo efectivo el apercibimiento señalado en acuerdo de trece de septiembre de dos mil veintiuno SENTENCIA ONCE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO Zapopan, Jalisco; a once de febrero de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1228/2020-VI, promovido por Ma. Guadalupe Acevedo Rubio, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Ma. Guadalupe Acevedo Rubio, el nueve de octubre de dos mil veinte, ante el Servicio de Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, y otras autoridades, mismas que se precisan en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, previa prevención de demanda dictó el proveído de treinta de diciembre de dos mil veinte, ordenó admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 1228/2020-VI; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; emplazar al tercero interesado; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018 SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En el caso concreto, resulta indispensable hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, y 76 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual también se contiene en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de 10/09/23 18:29:51 impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se desprende el siguiente acto reclamado: ? Todo lo actuado en el juicio 207/2017 del índice del Juzgado de Primera Instancia en materia Civil del Vigésimo Partido Judicial del Estado de Jalisco y la orden de ejecución de dichos actos. ? Del Juez Menor de Magdalena, Jalisco, la ejecución de la orden de desalojo ordenada en el juicio 207/2017, en donde la quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio, respecto a la propiedad Avenida Ferrocarril, número 114 en Magdalena Jalisco. Ahora bien, respecto de dichos actos reclamados versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Segundo Partido Judicial, así como el Juez Menor de la Población de Magdalena, Jalisco, manifiestan que es cierto el acto reclamado, reconociendo la existencia de los actos que se les atribuyen. Además, se corrobora con las copias certificadas remitidas, constancias certificadas allegadas a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, en entre las que destaca el auto combatido. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es de orden público y su estudio es prioritario al fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la siguiente jurisprudencia con datos de identificación: Época: Octava Época, Registro: 222780, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, Materia(s): Común, Tesis: II.1o. J/5, Página: 95 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En ese sentido, en el caso en estudio, este Juzgado Federal advierte la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reprochados a las autoridades responsables, para una mejor comprensión se transcriben los artículos en mención: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". En ese sentido, si el accionante de amparo no reciente en su esfera jurídica una afectación real y actual, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, se actualiza una causal que impide entrar al fondo del estudio. Esto es, para que el juicio de amparo sea procedente, no basta que el quejoso alegue una afectación a su esfera jurídica, sino, además, que se demuestre tal perjuicio real y actual con las pruebas idóneas y pertinentes, de lo contrario, se actualiza dicha causal de improcedencia. Tiene aplicación al caso en estudio, los diversos criterios emitidos por nuestro Alto Tribunal, de datos de identificación y contenido siguientes: Registro digital: 233107, Instancia: Pleno, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 64, Primera Parte, página 68, que dice: AMPARO 1228/2020-VI "INTERES JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio.". En esa medida, el presupuesto indispensable para la promoción y el seguimiento del juicio de amparo radica en la existencia del perjuicio que resiente el gobernado en su esfera de derechos con motivo del acto de autoridad; así, para efectos de la procedencia del juicio constitucional, se entiende por parte agraviada el sujeto que sufre un perjuicio objetivo, o sea, un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier acto de autoridad. De modo que se requiere de un acto concreto que cause un perjuicio o agravio a los derechos o intereses del gobernado para que surja su legitimación para promover el juicio de derechos fundamentales, esto es, tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual, esto es, existente al momento en que se produce. Al respecto se comparte la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 579, del tomo VI, con registro 394806 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama.". Respecto al tema del agravio personal y directo, así como su relación con el interés necesario para instar la acción de amparo, es oportuno e ilustrativo citar la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se contrapone a los postulados de la Ley de Amparo vigente, localizable en la página 225, del tomo XXVII, enero de 2008, novena época, con registro 170500 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º, de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Por tanto, cuando la quejosa ostenta un derecho subjetivo que afecta su esfera jurídica, en específico, el de propiedad, y reclama un acto de autoridad que deriva de él, debe justificar que en el momento de su materialización es titular ese derecho que resulta afectado con la ejecución del propio acto que reprocha; así, la titularidad de ese derecho es precisamente lo que le permite acudir a la instancia constitucional a defenderlo. En el caso concreto, la parte quejosa compareció argumentando que los actos reclamados afectan su derecho de posesión y de propiedad, toda vez que, las autoridades responsables ordenaron y ejecutaron una orden de lanzamiento en el expediente 207/2017, del índice del Juzgado Civil del Vigésimo Segundo Partido Judicial con residencia en Tequila, Jalisco, derivado del juicio sucesorio testamentario e intestamentario a bienes de MARIA DE JESUS VAZQUEZ CISNEROS, promovido por MARIA TERESA IRACHETA VAZQUEZ, respecto del inmueble ubicado en la Avenida Ferrocarril, número 114, en la población de Magdalena, Jalisco, sobre el cual dijo ser poseedora a título de propietaria, y no ser parte en el juicio sucesorio; además, que mediante testamento público abierto once mil quinientos quince, protocolizado ante el notario público número 01, de la localidad de Magdalena, Jalisco, de fecha dos de mayo de dos mil trece, el señor VICENTE ACEVEDO SIORDIA, le heredó dicho bien inmueble. De manera que, en primer término, estaba obligada a demostrar la titularidad del derecho de propiedad que VICENTE ACEVEDO SIORDIA, tenía sobre el bien inmueble ubicado en la Avenida Ferrocarril, número 114, en la población de Magdalena, Jalisco, toda vez que nadie puede heredar lo que no le pertenece, según lo dispone el artículo 2652 del Código Civil del Estado de Jalisco, en correlación con el artículo 2666, del mismo cuerpo de leyes invocado, y, en segundo término, que, con la orden y ejecución del acto reclamado, se vulneró su derecho fundamental de posesión y propiedad por parte de las autoridades responsables. En ese orden, con la intención de acreditar su interés jurídico, exhibió: dos recibos oficiales con los números 3101147 y 3101148 así como una copia certificada del testamento público abierto número 11,515, protocolizado ante el notario público número 01 de Magdalena, Jalisco, de fecha dos de mayo de dos mil trece, en el que VICENTE ACEVEDO SIORDIA, instituyó como heredera universal de sus bienes y derechos a la parte quejosa. Ahora bien, de las documentales mencionadas no se desprende que la quejosa sea poseedora a título de propietaria del inmueble ubicado en la Avenida Ferrocarril, número 114, en la población de Magdalena, Jalisco, ni que el VICENTE ACEVEDO SIORDIA, al momento en que dispuso el testamento referido, donde le instituyó como heredera universal de sus bienes y derechos en favor de la parte aquí quejosa, detentada el carácter de propietario o poseedor del inmueble precisado. Dicho en otras palabras, del caudal probatorio aportado por la parte quejosa, no se acredita con pruebas idóneas, que el inmueble ubicado en la avenida Ferrocarril, número 114, en la población de Magdalena, Jalisco, le perteneciera ni al VICENTE ACEVEDO SIORDIA, testador del instrumento que la quejosa acompaña como prueba al presente amparo, menos aún, a la aquí quejosa. Ahora bien, del cuaderno de pruebas relativo al expediente de origen 207/2017, tramitado ente el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Tequila, Jalisco, se advierte que en la sentencia de doce de enero de dos mil veintiuno, dentro del juicio sucesorio testamentario e intestamentario a bienes de María de Jesús Vázquez Cisneros, se aprobó el proyecto de partición y adjudicación AMPARO 1228/2020-VI de la finca ubicada en la antes llamada avenida Ferrocarril, ahora Juan Pablo II, número 114 de la Población de Magdalena, Jalisco, dicha propiedad materia de la Litis, en la que no se advierte que la parte quejosa, Ma. Guadalupe Acevedo Rubio, sea poseedora y/o propietaria. Se aclara que este pronunciamiento se hace sólo en torno a la acreditación del interés jurídico en el juicio de amparo, debido a que se trata de un requisito de procedibilidad en el mismo. Es decir, el punto de vista de esta Juzgadora de amparo es en el sentido de que el sumario constitucional no es la vía idónea para dirimir cuestiones de propiedad, pues ello solo ocurre en asuntos donde se demuestre la existencia de dos o más derechos de propiedad en torno a una misma cosa; verbigracia, la adquisición de un mismo inmueble por dos o más personas que lo hubiesen comprado del mismo o de distintos vendedores. Empero, la parte quejosa no justificó con prueba idónea detentar la posesión en concepto de propietario que adujo tener sobre el inmueble materia del acto reclamado, tomando en cuenta que si bien es cierto ofreció las documentales que se han hecho referencia a lo largo del presente resolución, así como la prueba testimonial para acreditar la posesión del inmueble sobre el cual se realizó la diligencia de lanzamiento, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo no es suficiente acreditar la posesión precaria que se detentaba sobre el mismo, sino, que dicha posesión deviene de un título generador de la misma, lo que en actuaciones del presente asunto no se observa probanza alguna tendiente a acreditar la existencia de algún documento que le facultara detentar la posesión que adujo tener sobre el inmueble materia de lanzamiento. Por consiguiente, el interés jurídico debe demostrarse fehacientemente, a través de pruebas directas, y no es posible inferirlo con base en presunciones. Por los motivos expuestos, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, en relación con el acto abordado en el presente apartado, al advertirse la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. Luego entonces, al actualizarse la causa de improcedencia aludida en líneas precedentes, no se realizará mayor pronunciamiento respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1228/2020, promovido por Ma. Guadalupe Acevedo Rubio, por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentenci

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco; a once de febrero de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1228/2020-VI, promovido por Ma. Guadalupe Acevedo Rubio, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Ma. Guadalupe Acevedo Rubio, el nueve de octubre de dos mil veinte, ante el Servicio de Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco, y otras autoridades, mismas que se precisan en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, previa prevención de demanda dictó el proveído de treinta de diciembre de dos mil veinte, ordenó admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 1228/2020-VI; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; emplazar al tercero interesado; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018 SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En el caso concreto, resulta indispensable hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, y 76 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual también se contiene en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de 10/09/23 18:29:51 impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese sentido, del análisis integral de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se desprende el siguiente acto reclamado: ? Todo lo actuado en el juicio 207/2017 del índice del Juzgado de Primera Instancia en materia Civil del Vigésimo Partido Judicial del Estado de Jalisco y la orden de ejecución de dichos actos. ? Del Juez Menor de Magdalena, Jalisco, la ejecución de la orden de desalojo ordenada en el juicio 207/2017, en donde la quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio, respecto a la propiedad Avenida Ferrocarril, número 114 en Magdalena Jalisco. Ahora bien, respecto de dichos actos reclamados versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Segundo Partido Judicial, así como el Juez Menor de la Población de Magdalena, Jalisco, manifiestan que es cierto el acto reclamado, reconociendo la existencia de los actos que se les atribuyen. Además, se corrobora con las copias certificadas remitidas, constancias certificadas allegadas a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones, en entre las que destaca el auto combatido. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es de orden público y su estudio es prioritario al fondo de la cuestión constitucional planteada, conforme lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la siguiente jurisprudencia con datos de identificación: Época: Octava Época, Registro: 222780, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, mayo de 1991, Materia(s): Común, Tesis: II.1o. J/5, Página: 95 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En ese sentido, en el caso en estudio, este Juzgado Federal advierte la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reprochados a las autoridades responsables, para una mejor comprensión se transcriben los artículos en mención: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo.". En ese sentido, si el accionante de amparo no reciente en su esfera jurídica una afectación real y actual, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, se actualiza una causal que impide entrar al fondo del estudio. Esto es, para que el juicio de amparo sea procedente, no basta que el quejoso alegue una afectación a su esfera jurídica, sino, además, que se demuestre tal perjuicio real y actual con las pruebas idóneas y pertinentes, de lo contrario, se actualiza dicha causal de improcedencia. Tiene aplicación al caso en estudio, los diversos criterios emitidos por nuestro Alto Tribunal, de datos de identificación y contenido siguientes: Registro digital: 233107, Instancia: Pleno, Séptima Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 64, Primera Parte, página 68, que dice: AMPARO 1228/2020-VI "INTERES JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Debe distinguirse entre perjuicio o interés jurídico, como condición para la procedencia del juicio de amparo y el perjuicio económico sufrido por un individuo o conjunto de individuos en virtud de la realización del acto reclamado, perjuicio este último que no es suficiente para la procedencia del juicio de garantías, pues bien pueden afectarse económicamente los intereses de un sujeto y no afectarse su esfera jurídica. Surge el interés jurídico de una persona cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto o varios de ellos como en el caso de la persona jurídica moral. Si las leyes impugnadas no se refieren a algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlas en el juicio de amparo y si lo hace, debe declararse la improcedencia del juicio.". En esa medida, el presupuesto indispensable para la promoción y el seguimiento del juicio de amparo radica en la existencia del perjuicio que resiente el gobernado en su esfera de derechos con motivo del acto de autoridad; así, para efectos de la procedencia del juicio constitucional, se entiende por parte agraviada el sujeto que sufre un perjuicio objetivo, o sea, un menoscabo, una ofensa o lesión en sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, por cualquier acto de autoridad. De modo que se requiere de un acto concreto que cause un perjuicio o agravio a los derechos o intereses del gobernado para que surja su legitimación para promover el juicio de derechos fundamentales, esto es, tal perjuicio o agravio debe ser personal, directo y actual, esto es, existente al momento en que se produce. Al respecto se comparte la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 579, del tomo VI, con registro 394806 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La afectación de los intereses jurídicos debe realizarse de manera directa para que sea procedente el juicio de amparo. No acontece esa situación cuando es mediata la afectación que produce al promovente del amparo el acto de autoridad que éste reclama.". Respecto al tema del agravio personal y directo, así como su relación con el interés necesario para instar la acción de amparo, es oportuno e ilustrativo citar la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se contrapone a los postulados de la Ley de Amparo vigente, localizable en la página 225, del tomo XXVII, enero de 2008, novena época, con registro 170500 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º, de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". Por tanto, cuando la quejosa ostenta un derecho subjetivo que afecta su esfera jurídica, en específico, el de propiedad, y reclama un acto de autoridad que deriva de él, debe justificar que en el momento de su materialización es titular ese derecho que resulta afectado con la ejecución del propio acto que reprocha; así, la titularidad de ese derecho es precisamente lo que le permite acudir a la instancia constitucional a defenderlo. En el caso concreto, la parte quejosa compareció argumentando que los actos reclamados afectan su derecho de posesión y de propiedad, toda vez que, las autoridades responsables ordenaron y ejecutaron una orden de lanzamiento en el expediente 207/2017, del índice del Juzgado Civil del Vigésimo Segundo Partido Judicial con residencia en Tequila, Jalisco, derivado del juicio sucesorio testamentario e intestamentario a bienes de MARIA DE JESUS VAZQUEZ CISNEROS, promovido por MARIA TERESA IRACHETA VAZQUEZ, respecto del inmueble ubicado en la Avenida Ferrocarril, número 114, en la población de Magdalena, Jalisco, sobre el cual dijo ser poseedora a título de propietaria, y no ser parte en el juicio sucesorio; además, que mediante testamento público abierto once mil quinientos quince, protocolizado ante el notario público número 01, de la localidad de Magdalena, Jalisco, de fecha dos de mayo de dos mil trece, el señor VICENTE ACEVEDO SIORDIA, le heredó dicho bien inmueble. De manera que, en primer término, estaba obligada a demostrar la titularidad del derecho de propiedad que VICENTE ACEVEDO SIORDIA, tenía sobre el bien inmueble ubicado en la Avenida Ferrocarril, número 114, en la población de Magdalena, Jalisco, toda vez que nadie puede heredar lo que no le pertenece, según lo dispone el artículo 2652 del Código Civil del Estado de Jalisco, en correlación con el artículo 2666, del mismo cuerpo de leyes invocado, y, en segundo término, que, con la orden y ejecución del acto reclamado, se vulneró su derecho fundamental de posesión y propiedad por parte de las autoridades responsables. En ese orden, con la intención de acreditar su interés jurídico, exhibió: dos recibos oficiales con los números 3101147 y 3101148 así como una copia certificada del testamento público abierto número 11,515, protocolizado ante el notario público número 01 de Magdalena, Jalisco, de fecha dos de mayo de dos mil trece, en el que VICENTE ACEVEDO SIORDIA, instituyó como heredera universal de sus bienes y derechos a la parte quejosa. Ahora bien, de las documentales mencionadas no se desprende que la quejosa sea poseedora a título de propietaria del inmueble ubicado en la Avenida Ferrocarril, número 114, en la población de Magdalena, Jalisco, ni que el VICENTE ACEVEDO SIORDIA, al momento en que dispuso el testamento referido, donde le instituyó como heredera universal de sus bienes y derechos en favor de la parte aquí quejosa, detentada el carácter de propietario o poseedor del inmueble precisado. Dicho en otras palabras, del caudal probatorio aportado por la parte quejosa, no se acredita con pruebas idóneas, que el inmueble ubicado en la avenida Ferrocarril, número 114, en la población de Magdalena, Jalisco, le perteneciera ni al VICENTE ACEVEDO SIORDIA, testador del instrumento que la quejosa acompaña como prueba al presente amparo, menos aún, a la aquí quejosa. Ahora bien, del cuaderno de pruebas relativo al expediente de origen 207/2017, tramitado ente el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil de Tequila, Jalisco, se advierte que en la sentencia de doce de enero de dos mil veintiuno, dentro del juicio sucesorio testamentario e intestamentario a bienes de María de Jesús Vázquez Cisneros, se aprobó el proyecto de partición y adjudicación AMPARO 1228/2020-VI de la finca ubicada en la antes llamada avenida Ferrocarril, ahora Juan Pablo II, número 114 de la Población de Magdalena, Jalisco, dicha propiedad materia de la Litis, en la que no se advierte que la parte quejosa, Ma. Guadalupe Acevedo Rubio, sea poseedora y/o propietaria. Se aclara que este pronunciamiento se hace sólo en torno a la acreditación del interés jurídico en el juicio de amparo, debido a que se trata de un requisito de procedibilidad en el mismo. Es decir, el punto de vista de esta Juzgadora de amparo es en el sentido de que el sumario constitucional no es la vía idónea para dirimir cuestiones de propiedad, pues ello solo ocurre en asuntos donde se demuestre la existencia de dos o más derechos de propiedad en torno a una misma cosa; verbigracia, la adquisición de un mismo inmueble por dos o más personas que lo hubiesen comprado del mismo o de distintos vendedores. Empero, la parte quejosa no justificó con prueba idónea detentar la posesión en concepto de propietario que adujo tener sobre el inmueble materia del acto reclamado, tomando en cuenta que si bien es cierto ofreció las documentales que se han hecho referencia a lo largo del presente resolución, así como la prueba testimonial para acreditar la posesión del inmueble sobre el cual se realizó la diligencia de lanzamiento, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo no es suficiente acreditar la posesión precaria que se detentaba sobre el mismo, sino, que dicha posesión deviene de un título generador de la misma, lo que en actuaciones del presente asunto no se observa probanza alguna tendiente a acreditar la existencia de algún documento que le facultara detentar la posesión que adujo tener sobre el inmueble materia de lanzamiento. Por consiguiente, el interés jurídico debe demostrarse fehacientemente, a través de pruebas directas, y no es posible inferirlo con base en presunciones. Por los motivos expuestos, lo procedente es decretar el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de amparo, en relación con el acto abordado en el presente apartado, al advertirse la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XII, en relación con el artículo 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo. Luego entonces, al actualizarse la causa de improcedencia aludida en líneas precedentes, no se realizará mayor pronunciamiento respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1228/2020, promovido por Ma. Guadalupe Acevedo Rubio, por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentenci

  3. Principal

    Visto el oficio que suscribe el Juez Menor de Magdalena, Jalisco, del Vigésimo Segundo Partido Judicial, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 167/2021 (97/2021), así como constancia de notificación y emplazamiento de la tercera interesada al respecto, agréguense a los autos para los efectos legales procedentes, dese de baja el despacho de referencia y efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno. Acúsese el recibo correspondiente. En consecuencia, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el proveído dictado el trece de septiembre de este año, en el que entre otras cosas, se requirió a la tercera interesada para que señalara domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, fue emplazada el veintidós de octubre de este año, por lo que considerando que el término de tres días, le trascurrió sin que hubiese dado cumplimiento al citado requerimiento; en razón de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de referencia; por tanto, realícense las notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista, de conformidad al artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señalen domicilio en esta ciudad.

  4. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que no obra en autos el despacho dirigido al Juez Menor de Magdalena, Jalisco, del Vigésimo Segundo Partido Judicial, para efecto de emplazar a la tercera interesada en consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a dicha parte y de que obre la constancia de notificación correspondiente, tal y como lo establece el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere y para su verificativo se fijan las DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

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