Ma. Flavida Zacarias Hernández

Expediente 915/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
915/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Ma. Flavida Zacarias Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. Del estado que guardan los autos se desprende que mediante sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, para los efectos siguientes: "Prestar servicios de salud a ********************, para su padecimiento de insuficiencia renal crónica. La atención médica proporcionada deberá garantizarse de acuerdo a los parámetros de calidad que en su totalidad se cumplan, de conformidad con la Norma Oficial Mexicana ********************. Otorgar el servicio de salud en forma accesible, esto es dentro del municipio de su residencia, en Zamora, Michoacán, toda vez que la quejosa refiere que no ha acudido a recibir el servicio médico por la distancia; de ahí que considerando que debe desplazarse a diverso lugar de su residencia, es que las autoridades responsable deben proporcionárselo considerando para ello la accesibilidad geográfica en razón del lugar que habita. Para lo cual deberán adoptar las políticas internas necesarias. A fin de cumplir con lo aquí ordenado, las responsables como entes públicos con capacidad jurídica podrán adoptar, las políticas de coordinación interinstitucional que procedan como lo son la emisión de acuerdos, convenios, oficios, entre otros que permitan garantizar la atención médica a la quejosa, en el municipio de Zamora, Michoacán. Determinación que encuentra apoyo en la tesis 1a. CCCXLIII/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO A LA SALUD. ALGUNAS FORMAS EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN REPARAR SU VIOLACIÓN. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que, en efecto, buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, de conformidad con el parámetro de regularidad constitucional, son: i) establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones; ii) las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto; iii) cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales, deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso; iv) tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud; v) otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Cuando en un caso concreto esté directamente vinculado el derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquél, el juzgador tiene que buscar, dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes." Y para asegurar que dicho mandato asegurador se cumpla, a fin de garantizar la no repetición de una práctica violatoria de derechos humanos, como cumplimiento al efecto protector de amparo, la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, deberán dictar un acuerdo administrativo en el que: -Ordenen proporcionar de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente, así como los medicamentos necesarios derivado del padecimiento de la quejosa, lo cual debe ser acorde a los parámetros de calidad contenidos en la Norma Oficial Mexicana ********************. -Dispongan vigilar que el hospital o unidad independiente cumplan con los requisitos establecidos en la citada norma. -Remitan las constancias con las que acrediten la atención médica proporcionada por al menos un periodo que comprenda tres meses, sin que ello implique desde luego, que una vez transcurrido dicho periodo termine la obligación y/o el deber de las responsables para continuar prestando el servicio de salud a la parte quejosa, pues no debe perderse de vista que se trata de un derecho de salud constituido en su favor que no termina por el hecho de que en su caso, pueda culminar la observancia de su cumplimiento. De ahí que, si durante ese tiempo las responsables no justifican haber brindado la atención médica requerida por la quejosa en los términos ordenados, sin perjuicio alguno este órgano jurisdiccional podrá ampliar ese periodo por la temporalidad que se estime pertinente." Misma que causó ejecutoria el treinta y uno de agosto de este año. 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento del fallo protector. -Mediante oficio sin número signado por el apoderado de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, recibido en auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés, informó que con la finalidad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la quejosa debía comparecer a la clínica de hemodiálisis en el Municipio de Zamora, Michoacán, a fin de brindarle la atención médica requerida y el tratamiento que necesita para su padecimiento de insuficiencia renal crónica. -En auto de veinte de septiembre siguiente, se tuvo a las responsables de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, remitiendo copia del acuerdo administrativo dirigido al personal médico y administrativo de ese nosocomio para que otorguen a la quejoso la atención médica de manera integral a fin de garantizarle su derecho a la salud; asimismo, informó los días asignados para recibir las sesiones de hemodiálisis. -En auto de tres de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo al apoderado de las responsables, informando que la quejosa recibe dos sesiones de hemodiálisis a la semana, los días martes y jueves en la clínica denominada "********************", anexando las constancias que acreditan las sesiones de hemodiálisis; sin embargo, de una revisión de las mismas, se apreciaron algunas ilegibles, por lo que se solicitó su reenvio de manera legible. -Posteriormente, en acuerdo dictado el once de octubre, se tuvo a las responsables, adjuntando las constancias correspondientes a las sesiones de hemodiálisis del mes de septiembre, y durante el lapso del mes de octubre del presente año; asimismo, informó que sus representadas han otorgado sin ningún impedimento legal o administrativo el tratamiento que requiere la quejosa, el cual seguirá siendo de manera ininterrumpida, continua y gratuita, siempre y cuando ésta comparezca a recibirlas y no se tenga indicación médica en contrario. 3. Conclusión. En tales circunstancias, las autoridades responsables restituyeron a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en razón de que hasta este momento la solicitante del amparo ha recibido y continúa recibiendo la atención médica requerida con motivo de su padecimiento de insuficiencia renal crónica, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo que se corrobora incluso con sus propias manifestaciones ya que por ocurso presentado por la autorizada de la parte quejosa el veintisiete de septiembre de la presente anualidad, hizo del conocimiento que su representada recibía su tratamiento de hemodiálisis en la clínica denominada "********************", de manera satisfactoria. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al margen de lo anterior, se determina que el pronunciamiento que en este momento se realiza de ninguna manera significa que las autoridades responsables queden eximidas en lo subsecuente de continuar salvaguardando en favor de la quejosa el derecho de recibir la atención médica gratuita adecuada para contrarrestar los padecimientos que tiene, así como de continuar entregándole los medicamentos que le sean prescritos. Es así, ya que el deber impuesto a las responsables de restituir en el pleno goce de los derechos fundamentales al peticionario del amparo, no se extingue por el hecho de que se termine la supervisión de la ejecutoria por parte de este órgano jurisdiccional, pues la observancia de tal prerrogativa no depende de que se declare cumplida la ejecutoria, ya que las autoridades quedan sujetas al cumplimiento de la sentencia amparadora a pesar de que se declare cumplida; por tanto, quedan obligadas a continuar proporcionando a la impetrante de garantías, dicho tratamiento de manera ininterrumpida. Además, la quejosa tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorada y se le proporcione el tratamiento médico correspondiente de forma gratuita. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES CONSERVABLE. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en los artículos 17 y 26 del mencionado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años, con apoyo de la Administración Regional del edificio sede de este órgano jurisdiccional, transfiérase al depósito documental que el área coordinadora de archivos haya designado para tal efecto. 7. Incidente de suspensión, valoración. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 8. Documentos originales. En términos del artículo 19 del citado acuerdo, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. 1. Autoridad responsable informa. Agréguese a los autos el oficio signado por el apoderado jurídico de las autoridades responsables, Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud, mediante el cual, adjunta las constancias correspondientes a las sesiones de hemodiálisis del mes de septiembre, y durante el lapso del mes de octubre del presente año; asimismo, informa que sus representadas han otorgado sin ningún impedimento legal o administrativo el tratamiento que requiere la quejosa, el cual seguirá siendo de manera ininterrumpida, continua y gratuita, siempre y cuando ésta comparezca a recibirlas y no se tenga indicación médica en contrario. 2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con ello dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días, contado al momento de tener conocimiento del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de octubre de dos mil veintitrés. 1. Responsable informa. Agréguese a los autos el oficio signado por el apoderado jurídico de las responsables, Secretaría de Salud de Michoacán y Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, mediante el cual informa que la quejosa recibe sus sesiones de hemodiálisis los días martes y jueves a las diez horas en la clínica particular denominada "CENTRO DE HEMODIÁLISIS ZAMORANO", ubicada en la avenida Juárez Oriente, número 788, colonia Ejidal Sur, en Zamora, Michoacán. Asimismo, refiere adjuntar las constancias que acreditan las sesiones de hemodiálisis realizadas a la promovente durante el trascurso del mes de septiembre del presente año; sin embargo, de una revisión de las mismas, se aprecia que algunas son ilegibles. 2. Requerimiento. Por tanto, requiérase nuevamente a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, realicen lo siguiente: a) Remitan las constancias legibles con las que se acredite que brindaron las sesiones de hemodiálisis a la quejosa únicamente durante el mes de septiembre de dos mil veintitrés, mismas que deben de ser en copias certificadas. b) Continúen realizando lo necesario para que a la parte quejosa se le otorgue en el presente y lo futuro de forma constante y oportuna el tratamiento completo de hemodiálisis sin que falten los medicamentos necesarios para el mismo, a efecto de salvaguardar su derecho humano a la salud y a la vida, debiendo adjuntar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Esta precisión se realiza con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 2.1. Apercibimiento. Apercibida que de no cumplir, o bien, informar el impedimento que para ello tengan, les será impuesta multa de cien unidades de medida y actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Parte quejosa realiza manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa informando que su representada recibe su tratamiento de hemodiálisis en la clínica denominada "********************", ubicada en Zamora, Michoacán. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, como se desprende de la certificación de cuenta, en auto de veintiséis de septiembre del año en curso, se requirió a las responsables, Secretario de Salud del Estado de Michoacán y Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, para que en el término de tres días contado al momento de su notificación, aclaren los días en los que se han de brindar las sesiones de hemodiálisis a la quejosa en la clínica correspondiente, así como también remitan las constancias que acrediten que éstas se están llevando a cabo en el trascurso del mes de septiembre; por lo que dicho proveído se encuentra en proceso de ser notificado. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

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