Ma. Felix García Viuda de Romero

Expediente 871/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
871/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Ma. Felix García Viuda de Romero
  • Buenaventura Romero García

Actuaciones

  1. Principal

    EL PROVEÍDO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO...HÁGASE SABER A LOS QUEJOSOS EL DERECHO QUE TIENEN PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS COMPAREZCAN A RECOGER LOS DOCUMENTOS QUE ALLEGARON AL PRESENTE JUICIO...

  2. Principal

    AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DSE CINCO DE NOVIEMBRE ACTUAL, QUE ESTABLECE: EL PROVEÍDO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO...HÁGASE SABER A LOS QUEJOSOS EL DERECHO QUE TIENEN PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS COMPAREZCAN A RECOGER LOS DOCUMENTOS QUE ALLEGARON AL PRESENTE JUICIO...

  3. Principal

    SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Vista la demanda de amparo promovida por Ma. Félix García viuda de Romero y Buenaventura Romero García, por propio derecho, contra actos del Consejo Consultivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, Guerrero y de dicha Comisión, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 871/2018, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. En ese orden, en el caso en estudio, el juicio de amparo que se intenta resulta improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en ese orden disponen lo siguiente [.] De los preceptos legales transcritos se obtiene que el juicio de amparo procede solamente en contra de actos de autoridad, siendo que en el caso, si bien se reclaman actos que formalmente emanan de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, con sede en esta ciudad, no le reviste el carácter de responsable, como se demostrará a continuación. De la lectura integral a la demanda de amparo que se analiza, se advierte que los quejosos se duelen de la omisión por parte de las autoridades señaladas responsables de proporcionarles agua potable en su domicilio, no obstante haber pagado anticipadamente por el consumo de todo el año dos mil dieciocho. Lo que evidencia que se intenta combatir en sede constitucional un acto que dadas las características del caso, no proviene de entes de autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, en la especie a la autoridad Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, con sede en esta ciudad, no le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, la procedencia de esta instancia constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por ésta la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos; siendo importante destacar que para los efectos del juicio de amparo, se requieren de las siguientes circunstancias: [.] Tal como se advierte del contenido de la tesis aislada pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, visible a foja 39, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: [.] Luego, del contenido de la demanda de amparo, se obtiene que se está ante una relación de coordinación entre los quejosos y las autoridades que señala como responsables, en torno a las cuales no concurren los citados elementos ya enunciados, los que únicamente surgen en las relaciones de supra a subordinación, porque en este supuesto las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso del afectado, es decir, se ejercen facultades de decisión que le están atribuidas en un ordenamiento legal y que por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de tal potestad, lo que revela que tal ente es una autoridad para los efectos del amparo. Hipótesis que no se actualiza en la especie, pues la actuación de las autoridades de ninguna manera crea, modifica o extingue por sí y ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los solicitantes de amparo, pues contrario a lo que pretende la parte quejosa, los actos que impugna en la especie tiene su origen en un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se debe recurrir al derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio, y ni siquiera el corte del suministro del servicio de agua potable ante el incumplimiento del usuario genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, pues sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes [.] En efecto, el carácter de usuarios de Ma. Félix García viuda de Romero y Buenaventura Romero García, se tiene por acreditado con las documentales que anexaron a la demanda de amparo. Entonces, dado que a tales dependencias no les resulta el carácter de autoridad responsable para los efectos de la instancia constitucional, su proceder queda fuera de los supuestos que permitirían combatirlo por esta vía, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva [.] En consecuencia, dado que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1º, y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la propia ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO [.] Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en su demanda ubicado en la calle Hermenegildo Galeana número 39, planta baja, Colonia Centro, en esta ciudad; asimismo, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Pascual Romero García y Jorge Battodano Sánchez; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Flaviano Soto Sánchez y Tomás García Olea, toda vez que no cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Debido a la carga de trabajo de este tribunal, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21, de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite.

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