Ma. Felix Cruz Perez

Expediente 471/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
471/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Ma. Felix Cruz Perez

Actuaciones

  1. Principal

    ,,, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por Ma. Félix Cruz Pérez, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que el cuaderno principal es destruible. Notifíquese.

  2. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE 02 DE MAYO DE 2018, PREVIO CITATORIO QUE SE DEJO EN SU DOMICILIO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA. "Pachuca de Soto, Hidalgo, a dos de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo signada por Ma. Félix Cruz Pérez, por su propio derecho, promovida en contra del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta Tres, con residencia en Mixquiahuala, Hidalgo, por considerarlos violatorios de los artículos 14, 16, 19, 20 apartados A y C, y 21 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. DETERMINACIÓN JUDICIAL Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Igualmente, el artículo 107 fracción V, de la Ley de la Materia establece: "El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado, se hace consistir: ". los registros dictados por la autoridad señalada como responsable con fecha 04 cuatro y 06 seis de abril del año 2018 dos mil dieciocho, donde señala entre otras cosas (.) se ordena la devolución del vehículo al C. Abel Sánchez Pérez (.) La C. Ma. Félix Cruz Pérez, no justificó dentro del término concedido a partir de su notificación, el motivo de la incomparecencia del perito designado, para poder imponer de los autos, no obstante en (sic) ingreso del escrito referido de fecha 5 de marzo de 2018, donde manifestó que por causas ajenas a su voluntad, no es posible que se presente el perito designado "en virtud de que fue citado para audiencia de juicio oral en el Estado de Querétaro", sin embargo dentro de la carpeta que nos ocupa, no existe antecedente alguno que haga presumir dicha circunstancia, ni mucho menos que justifique su solicitud como lo establece la norma exacta aplicable al delito que se trata (.)" respectivamente. De lo anterior se deduce que el juicio de amparo en la vía indirecta procederá contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que, para dilucidar en qué vía se podrá reclamar una violación cometida en el curso del procedimiento, habrá que distinguirse si ésta tiene o no, efectos de imposible reparación. Antes del estudio de la causa de improcedencia en cita se hace una narrativa de los conceptos de violación, expone la parte quejosa, que en lo que aquí resalta son los siguientes: "(.) El día 14 de febrero de 2018, se presentó el ciudadano Ignacio Pérez Cruz, a denunciar y/o querellarse por el delito de lesiones y daño en la propiedad culposo cometido en agravio de su hermano el ciudadano Abel Flores Cruz, en contra de Abel Sánchez Pérez, quien fue puesto a disposición del ciudadano Agente del Ministerio Público de la Unidad Mixta Tres con residencia en Mixquiahuala, Hidalgo, y atendiendo a que primeramente se dio inicio a la carpeta solo por el delito de lesiones, y que a consecuencia de las mismas mi hijo Abel Flores Cruz falleció en la ciudad de Pachuca, lugar al que fue trasladado como consecuencia de las lesiones que presentaba, y si bien es cierto que dentro de la carpeta el Agente del Ministerio Público desahogo las diligencias básicas para poder determinar la responsabilidad de la persona que le había sido puesta a disposición, también lo es que dentro de la carpeta consta que la inconformidad con el dictamen pericial en materia de hechos de tránsito terrestre emitió el perito de la procuraduría y efectivamente se nombró al perito Daen Jerusalén Martínez Hinojosa, quien primeramente había aceptado llevar a cabo el dictamen, más sin embargo, el día que se tenía que presentar para imponerse de las actuaciones de la carpeta, señaló que no le era posible acudir por que tenía cita en un juicio oral en la Ciudad de Querétaro, sin que me proporcionara documento alguno con lo cual yo pudiera justificar ante el Ministerio Público tal situación, más sin embargo, hice del conocimiento ello al Agente del Ministerio Público, y al verme completamente abandonada por el perito nombrado, me di a la tarea de buscar otro profesionista que estuviera en disposición de realizar el dictamen, en virtud de ello, al momento de contar con la disposición del perito, le informe al Agente del Ministerio Público de la designación del nuevo perito, a lo que manifiesta que ya había precluido mi derecho para que se impusiera de las actuaciones el nuevo perito designado (.) (.)El representante Social, no ha cumplido con lo que establece el numeral 93 del Código Nacional de Procedimientos Penales (.) Más sin embargo, el Representante Social, no ha llevado a cabo dicho ordenamiento, en virtud de que no me han sido debidamente las actuaciones que ha realizado, no existe constancia alguna en la cual haya ordenado se me comunicará (notificará) el registro donde ordenaban la devolución del vehículo, o registro si manifestaba mi conformidad con dicho registro, tuve conocimiento porque el día 04 de abril del año 2018, me fueron entregadas copias auténticas de la carpeta y al ir acompañada por mí asesora jurídica la licenciada MAYRA, revisa la carpeta y se percata de las últimas actuaciones realizadas por el Representante Social, sin que haya registro alguno de la comunicación de dichas actuaciones, a pesar de contar con domicilio y medios electrónicos para poder realizar la comunicación que de las actuaciones, ordena el artículo en cita. (.)". Así las cosas, los actos reclamados no son actuaciones dictadas dentro de la carpeta de investigación que tenga efectos que sean de imposible reparación, en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; pues, en todo caso, solamente produce efectos intraprocesales que se traducen en una reserva a la aquí quejosa, para pronunciarse al respecto en el momento de que resuelva en definitiva, sin que las mismas traiga aparejada una afectación directa y actual a sus derechos sustantivos o adjetivos, en grado predominante o superior. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3a./J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL". De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". Asimismo, es aplicable al caso, la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Pleno, agosto de 1992, página: 11, la cual es del texto y rubro siguiente "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." El concepto de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia de la vía constitucional, consagrado en el artículo 107, fracción III inciso b), de la legislación de amparo, resulta ser una violación insustituible en la esfera jurídica de los agraviados; y a manera de ejemplo, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación: el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordene la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conmine a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior durante el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad y no dejan huella en la esfera jurídica del afectado. Por otro lado, es preciso señalar que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo como ya se citó siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 172 de la Ley de Amparo; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c), Constitucional y que precisa el diverso numeral 107, fracciones III y IV, de su Ley Reglamentaria, entre otras, cuando se trate de actos en el juicio cuya afectación sea en grado predominante o superior que sea de imposible reparación, y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse por la vía constitucional, pues si se trata de aquéllas que lesionen las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien, el indirecto si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación en grado predominante o superior o afecten a personas extrañas a juicio. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, visible a página 9, que dispone: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Ahora, los actos reclamados en el presente juicio consiste en: el proveído de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, en el cuales se ordenó la devolución del vehículo al C. Abel Sánchez Pérez, así como el diverso de seis de abril siguiente en el que se determinó que había precluido el derecho de la C. Ma. Félix Cruz Pérez, para que el nuevo perito designado de su parte, se impusiera de autos de la carpeta de investigación 10-2018-0170 acumulada a la 12-2018-02325. Ahora bien, se advierte que la quejosa se duelen de los autos de cuatro y seis de abril de dos mil dieciocho, dictados en la carpeta de investigación 10-2018-0170 acumulada a la 12-2018-02325, del índice del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Mixta tres con residencia en Mixquiahuala, Hidalgo, en los cuales se ordenó la devolución del vehículo marca Seat, tipo sedán, número de serie VSSMK16L55R002301, número de motor BBX012348, modelo 2005 con placas de circulación MJB3867 del Estado de México, a Abel Sánchez Pérez y en el que se determina que ha precluido el derecho para que el nuevo perito designado por parte de la quejosa se impusiera de autos de la citada carpeta de investigación, respectivamente (misma que se encuentra en trámite ya que no se ha resuelto en definitiva), no es de aquellos que le causen una afectación de imposible reparación, razón por la que no es procedente el amparo indirecto ya que no le causa una afectación de imposible reparación el acto que aquí reclama, aunado a que puede ser favorable la resolución que en definitiva que se dicte y de no ser así, puede hacer valer como violación procesal la actuación que aquí reclama al momento de impugnar la misma en amparo directo. En consecuencia, se desecha de plano por improcedente, la presente demanda de derechos, conforme a los artículos 61 fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo, en relación con el 107 fracción V aplicado en sentido contrario del mismo cuerpo de leyes. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial y por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juana Magdalena Ambrosio Vargas, y únicamente para los efectos precisado en primer término a la restante profesionista que cita ya que no se encontró registro de su cedula en el Módulo de Consulta Jurídica del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente."

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