Ma. Fabiola Serrano Rodríguez
Expediente 729/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Fabiola Serrano Rodríguez
- Ayuntamiento de Tarimoro Guanajuato
- Evelina Guadalupe Sánchez Carrión (Apoderado Legal)
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acuse. A sus autos el oficio signado por el secretario de acuerdos de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, por el cual acusa recibo del comunicado por el que se le notificó el archivo del presente asunto, al que se adjuntaron los tomos de pruebas que allegó con su informe de ley, consistentes en el toca ***/2019 de su índice, y el testimonio de constancias relativo al expediente ***/2019. Se remite acuse. Por recibido el oficio signado por el actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en el Estado de Guanajuato, mediante el cual solicita el acuse de recibo del comunicado 2927/2020, por el que envió por incompetencia la demanda de amparo promovida por el Ayuntamiento de Tarimoro, Guanajuato, por conducto de la síndica municipal; por tanto, reexpídase vía interconexión el oficio 11584/2020 emitido para tal efecto, y en el que de igual forma, se le informa que este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de dicho asunto.
- Principal
Devuelve exhorto Agréguese el oficio electrónico signado por la secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 108/2021 del índice de este Juzgado (50/2021 de su índice) que se envió para notificar la prevención formulada el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, a la parte quejosa. Dese de baja la comunicación de mérito y háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno.
- Principal
Cumplimiento prevención. Agréguese el escrito presentado por ***, mandataria judicial de la parte quejosa. Téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, esto es, manifiesta que el estado procesal que guarda el juicio de origen, es la etapa probatoria, sin que a la fecha se haya dictado sentencia; asimismo, informa que no ha promovido diverso juicio de amparo, en contra del acto que combate en esta instancia judicial. Desechamiento de demanda. En tal virtud, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En acatamiento a tal precepto legal, este juzgado determina que debe desecharse la demanda de cuenta, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, se desprende que la promovente se duele de la resolución dictada en el recurso de apelación el treinta de septiembre de dos mil veinte, por la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó el auto que se negó a admitir la prueba documental que ofertó (pliego de observaciones y recomendaciones que emitió la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato), dentro del juicio ordinario civil sobre responsabilidad civil ** en el que funge como actora. Litigio que se encuentra en trámite. En esa medida, se resalta que el acto reclamado no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Al tenor de ese marco normativo, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la resolución dictada en el recurso de apelación el treinta de septiembre de dos mil veinte, por la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirma la inadmisión de una prueba documental incide en una cuestión meramente formal, es decir, constituye una cuestión meramente procesal que no genera afectación a derechos sustantivos del aquí promovente, pues no se afectan materialmente esos derechos, ya que en modo alguno se impide el libre ejercicio de sus derechos; antes bien, tales derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia que se dictara a favor de la agraviada podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si la misma fuera en contra de la afectada y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse estas a través de los medios ordinarios de defensa. Así se desprende, además, del artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo que señala esa clase de actos como violaciones de índole procesal impugnables en amparo directo. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento que no es de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda.
- Principal
Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, que establece: "Cumplimiento prevención. Agréguese el escrito presentado por ***, mandataria judicial de la parte quejosa. Téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado en auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, esto es, manifiesta que el estado procesal que guarda el juicio de origen, es la etapa probatoria, sin que a la fecha se haya dictado sentencia; asimismo, informa que no ha promovido diverso juicio de amparo, en contra del acto que combate en esta instancia judicial. Desechamiento de demanda. En tal virtud, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y su existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En acatamiento a tal precepto legal, este juzgado determina que debe desecharse la demanda de cuenta, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora bien, de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda, se desprende que la promovente se duele de la resolución dictada en el recurso de apelación el treinta de septiembre de dos mil veinte, por la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó el auto que se negó a admitir la prueba documental que ofertó (pliego de observaciones y recomendaciones que emitió la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato), dentro del juicio ordinario civil sobre responsabilidad civil ** en el que funge como actora. Litigio que se encuentra en trámite. En esa medida, se resalta que el acto reclamado no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: Producir una afectación material a derechos sustantivos; Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Al tenor de ese marco normativo, deviene la improcedencia del presente juicio de derechos fundamentales, pues la resolución dictada en el recurso de apelación el treinta de septiembre de dos mil veinte, por la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirma la inadmisión de una prueba documental incide en una cuestión meramente formal, es decir, constituye una cuestión meramente procesal que no genera afectación a derechos sustantivos del aquí promovente, pues no se afectan materialmente esos derechos, ya que en modo alguno se impide el libre ejercicio de sus derechos; antes bien, tales derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia que se dictara a favor de la agraviada podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si la misma fuera en contra de la afectada y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse estas a través de los medios ordinarios de defensa. Así se desprende, además, del artículo 172, fracción III de la Ley de Amparo que señala esa clase de actos como violaciones de índole procesal impugnables en amparo directo. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento que no es de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda."
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