MA. EVA SALMERON RODRIGUEZ y Otros.

Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
261/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • MA. EVA SALMERON RODRIGUEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a trece de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, por medio del cual envía copia certificada del testimonio pronunciado en el conflicto competencial 4/2021, suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero y este órgano jurisdiccional. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase del conocimiento a las partes que por unanimidad de votos el citado Colegiado resolvió lo siguiente: "PRIMERO. El Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero, es legalmente competente para resolver del juicio de amparo promovido por Ma. Eva Salmerón Rodríguez. SEGUNDO. Se ordena enviar testimonio a los Jueces de Distrito contendientes, remitiendo los autos del juicio de amparo al que resultó legalmente competente para resolverlo." En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso k) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede se aprecia que mediante oficio SEADS/1171/2021, se hizo del conocimiento de la suscrita que, en sesión ordinaria de veinte de octubre del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó mi adscripción como titular de este juzgado a partir del dieciséis de noviembre del presente año, en sustitución del Juez Jacinto Figueroa Salmorán. En consecuencia, con apoyo en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, lo anterior, hágase del conocimiento de las partes por el término de tres días siguientes a aquél en que les surta efectos la notificación de este proveído, para que de ser el caso hagan valer lo que conforme a derecho corresponda.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto, el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, por medio del cual transcribe el contenido del proveído dictado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 161/2021, de su índice, por el cual informa que remitió los autos del mismo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que resuelva el conflicto competencial. Lo que se tiene por comunicado para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; a veinte de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio enviado a través del servicio de mensajería acelerada que tiene contratado el Consejo de la Judicatura Federal para los órganos jurisdiccionales (ESTAFETA), signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia, al que adjunta el juicio de amparo 161/2021, de su índice, promovido por ****, por propio derecho, contra actos del Director General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, y el Actuario habilitado adscrito a la misma. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 261/2021; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al Oficial Judicial C encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda, su ocurso aclaratorio, así como del oficio que remite la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, y del contenido del auto de doce de julio de dos mil veintiuno, se advierte que el juzgador del citado órgano jurisdiccional, determinó que carece de competencia legal por razón de territorio, pues estimó que es juzgador competente, entre otros, quien tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, no acepta la competencia legal declinada, pues carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Para demostrar la premisa anterior, conviene precisar que la solicitante del amparo, bajo protesta de decir verdad, refiere en su demanda de garantías, en la parte que interesa, que reclama de la Auditoría Superior del Estado, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, todo lo actuado en el expediente ASE-DGAJ-001/2020, relativo al procedimiento para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria instruido por la citada auditoría superior estatal, en contra de Ma. Eva Salmerón Rodríguez, en su función como ex Secretaria de Finanzas y Administración del Ayuntamiento Constitucional Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero. Por su parte, del Actuario habilitado de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con domicilio oficial en esta ciudad, combate de manera destacada y por vicios propios, la notificación de uno de julio de dos mil veintiuno, practicada dentro del expediente antes mencionado. De lo anterior, se advierte que dicho órgano jurisdiccional determinó no ser competente para seguir conociendo del asunto, en virtud de que considera que el procedimiento que se le instruyó a la solicitante del amparo se tramita en esta ciudad capital, además de que el actuario habilitado de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, tiene su residencia en esta localidad; sin embargo, como se adelantó, este juzgado federal no comparte tal criterio, motivo por el cual se determina no aceptar la competencia planteada. En efecto, la competencia de la autoridad es un derecho fundamental de legalidad y de seguridad jurídica tutelado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de controversias, cuya inobservancia conduce a invalidar lo resuelto por la autoridad incompetente. En torno a la competencia en materia de amparo indirecto, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 37 de la Ley de Amparo, respectivamente, disponen "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Conforme a la norma constitucional parcialmente transcrita, la competencia -por razón de territorio- recae en el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. En congruencia con dicha disposición constitucional, en el artículo 37 de la Ley de Amparo se establecieron tres reglas diferentes para fijar la competencia, según si el acto requiere o no de ejecución material, entendida como la realización de acciones que producen un cambio material como consecuencia de la emisión del acto reclamado, de modo que la ejecución no se enfoca sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico. De ello se sigue que la primera regla determina que será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda regla indica que cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez donde se presente la demanda; y la tercera regla establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. La diferencia entre las reglas competenciales que sí requieren ejecución material (primera y segunda) no se limitan a que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realizará en dos o más distritos diferentes. De ahí que, si un acto comienza a ejecutarse en un distrito determinado y continúa ejecutándose en otro, la competencia se finca en el juez de Distrito donde se haya presentado la demanda -prevenido en el conocimiento-; es decir, en el primero que hubiera conocido de la demanda y tenga jurisdicción en el lugar donde inició a ejecutarse o continuó la ejecución del acto reclamado (segunda regla). En el caso, quedan al margen la segunda y la tercera de las hipótesis en cuestión en tanto que, de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa, a consideración de este órgano jurisdiccional, si bien es cierto que señaló a autoridades con residencia en esta ciudad, lo preponderante en el particular es que el acto reclamado que combate de manera destacada y por vicios propios tuvo ejecución material en la ciudad en donde la impetrante tiene su domicilio, es decir, en Iguala de la Independencia, Guerrero. Es de relevancia para el caso que ahora se examina, establecer la acepción de la palabra "ejecutar" que establece el dispositivo 37 de la Ley de Amparo, la cual literalmente significa poner por obra algo; la palabra ejecución es tanto su acción como su efecto. Ejecutar, como se ve, tiene el sentido ordinario de realizar acciones que implican o producen un cambio en el mundo físico. Tal apreciación se reafirma tras advertir que al vocablo "ejecución" se le adicionó el adjetivo calificativo material como se ve con toda claridad en el último párrafo, esto es, lo que produce un cambio en el mundo de los hechos, opuesto a lo que sólo tiene impacto en el mundo formal. Ese impacto fáctico o material, sin duda, se refiere al que resiente la parte quejosa en su persona o esfera con motivo de los actos reclamados; o sea, que el aspecto que se debe observar a efecto de determinar la competencia, es la afectación en el mundo de los hechos que perciba o resienta materialmente el quejoso. Tal es la ejecución que determina la competencia territorial en los juicios de amparo indirecto. En esa tesitura, es claro que aunque la impetrante Ma. Eva Salmerón Rodríguez, se duele de todo lo actuado en el expediente ASE-DGAJ-001/2020, relativo al procedimiento para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria instruido en su contra por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, en realidad lo que reclama esencialmente es la ilegalidad de la notificación de uno de julio de dos mil veintiuno, practicada por el Actuario habilitado de la autoridad de referencia en el domicilio ubicado en la ciudad de Iguala, Guerrero, por lo que acorde con el primer párrafo del citado artículo 37 de la ley de la materia, es competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez declinante por ser él, quien tiene jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado de manera destacada se ejecutó. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada para conocer de la demanda de amparo de que se trata, por las razones apuntadas en párrafos anteriores. En consecuencia, devuélvasele el juicio de amparo 161/2021, formado con motivo de la demanda promovida por ****, por propio derecho, a fin de que acuerde lo conducente; por ende, se solicita al titular de ese órgano jurisdiccional que acuse el recibo de estilo, y de no tener inconveniente legal alguno, haga del conocimiento de este juzgado la determinación que asuma sobre el particular. Fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente original, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, reformado el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, a ****, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. A fin de dar mayor agilidad al trámite del presente juicio, se tiene como punto de contacto ****. En otro contexto, se autoriza el uso de cámaras fotográficas y/o lectores ópticos con el objeto de tomar placas fotográficas de los autos que obran en el presente asunto, lo anterior con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sustenta a lo anterior, la tesis I.1o.A.23 K 10a., emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, cuyo rubro es REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. En términos de los artículos 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado únicamente en cuanto a su vigencia por los similares 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, se exhorta a los promoventes del amparo para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; en caso de optar por transitar del sistema tradicional al juicio en línea, deberán cumplir con los requisitos que se encuentran enumerados en su diverso numeral 29. Se hace saber a la parte quejosa que en caso de que requiera consultar físicamente el expediente, deberá generar una cita, lo que podrá realizar entrando al Micrositio de Servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, disponible en el Portal de Servicios en Línea, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, del citado Acuerdo General 21/2020. La demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, las partes deberán solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3, en relación con el precepto 26, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que de ser este último caso deberán solicitarlo expresamente. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán exhibirla o enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita a que se refiere el artículo 17, constitucional y con apoyo además en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Por otra parte, se instruye al Actuario adscrito para que realice las notificaciones que surjan de este proveído, debiéndose ajustar a los lineamientos establecidos en el artículo 23 del Acuerdo General 21/20205 motivo por el cual en caso de que se cuente con algún punto de contacto de alguna de las partes, también se le faculta para que las lleve a cabo por cualquier medio electrónico. Lo anterior tiene la finalidad de proteger la salud de quienes intervengan en la diligencia y de impartir justicia pronta y expedita. Notifíquese por lista electrónica.

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