Ma. Eulalia Reséndiz Martínez
Expediente 168/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/07/2016
Partes del expediente
- Ma. Eulalia Reséndiz Martínez
- 1. Juez Primero de lo Civil en Querétaro, Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, QUE A LA LETRA DICE: Se tiene por recibido el escrito de la quejosa ***************, mediante el cual desahoga la prevención formulada en dieciséis de junio de dos mil dieciséis. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La inminente desposesión de bienes propiedad del quejoso, vehículo y menaje de su domicilio. Lo anterior por considerar que la presentación de la demanda es extemporánea, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. [El énfasis es propio] De la cita que antecede, se aprecia que la oportunidad para la presentación de la demanda, refiere a la exigencia de presentarse dentro del plazo de los quince días computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; ello tratándose de los casos fuera de las excepciones previstas en las fracciones I a la IV del artículo 17 citado. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, según se aprecia en el apartado de antecedentes, en específico, los marcados con los números 1º y 2º, el promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "(.) 1º.- Tengo mi domicilio ubicado en la calle ***********, se presentó una persona que se identificó como actuario del Juzgado Civil de Primera Instancia a efecto de notificarme una demanda en contra de mi hija ************** así como para realizar una notificación de embargo. 2º.- Los abogados que acompañaban a las personas que se identificó como actuaria, me requirieron el pago de un adeudo de ***********más accesorios. Derivado del juicio ejecutivo mercantil 175/2015 radicado en el juzgado Primero de lo Civil en el Municipio de Querétaro, QRO, en contra de mi ***********************************" Del escrito aclaratorio se observa que el promovente bajo protesta de decir verdad refiere que la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto que reclama fue el dieciocho de junio de dos mil quince; por tanto, a dicha afirmación se le considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2o., que hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En este orden de ideas, el cómputo de los quince días que rige el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, inició al siguiente de aquél que surtió efectos, es decir, el veintiuno de junio de dos mil quince, y concluyó el siete de julio del mismo año, con excepción del veintisiete y veintiocho de junio, cuatro y cinco de julio todos de dos mil quince, por haber sido inhábiles; por tanto, si la demanda de amparo, fue presentada el catorce de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en esa ciudad, conforme se advierte del sello de recepción de la citada oficina de correspondencia, resulta extemporánea y, por tanto, se entiende que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado. Cabe precisar que aun cuando la ley prevé que la persona extraña al juicio, dado su propio carácter no se encuentra obligado a agotar algún recurso o medio de defensa legal previo a la interposición del juicio de amparo, tal carácter no lo exenta de presentar la demanda de amparo dentro del plazo genérico de los quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la regla para el cómputo del plazo impugnativo debe computarse a partir de que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos que le causan un agravio personal, actual y directo. Así, si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello. Por lo que, si lo que agravia al quejoso es la inminente desposesión de bienes propiedad del quejoso, vehículo y menaje de su domicilio, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este acto; es decir, en el caso en estudio el dieciocho de junio de dos mil quince. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, página 95, con número de registro IUS 196930, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en ***********, Querétaro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado exhortado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese
- Principal
Se tiene por recibido el escrito de la quejosa ***************, mediante el cual desahoga la prevención formulada en dieciséis de junio de dos mil dieciséis. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La inminente desposesión de bienes propiedad del quejoso, vehículo y menaje de su domicilio. Lo anterior por considerar que la presentación de la demanda es extemporánea, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. [El énfasis es propio] De la cita que antecede, se aprecia que la oportunidad para la presentación de la demanda, refiere a la exigencia de presentarse dentro del plazo de los quince días computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; ello tratándose de los casos fuera de las excepciones previstas en las fracciones I a la IV del artículo 17 citado. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, según se aprecia en el apartado de antecedentes, en específico, los marcados con los números 1º y 2º, el promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "(.) 1º.- Tengo mi domicilio ubicado en la calle ***********, se presentó una persona que se identificó como actuario del Juzgado Civil de Primera Instancia a efecto de notificarme una demanda en contra de mi hija ************** así como para realizar una notificación de embargo. 2º.- Los abogados que acompañaban a las personas que se identificó como actuaria, me requirieron el pago de un adeudo de ***********más accesorios. Derivado del juicio ejecutivo mercantil 175/2015 radicado en el juzgado Primero de lo Civil en el Municipio de Querétaro, QRO, en contra de mi ***********************************" Del escrito aclaratorio se observa que el promovente bajo protesta de decir verdad refiere que la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto que reclama fue el dieciocho de junio de dos mil quince; por tanto, a dicha afirmación se le considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2o., que hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En este orden de ideas, el cómputo de los quince días que rige el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, inició al siguiente de aquél que surtió efectos, es decir, el veintiuno de junio de dos mil quince, y concluyó el siete de julio del mismo año, con excepción del veintisiete y veintiocho de junio, cuatro y cinco de julio todos de dos mil quince, por haber sido inhábiles; por tanto, si la demanda de amparo, fue presentada el catorce de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en esa ciudad, conforme se advierte del sello de recepción de la citada oficina de correspondencia, resulta extemporánea y, por tanto, se entiende que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado. Cabe precisar que aun cuando la ley prevé que la persona extraña al juicio, dado su propio carácter no se encuentra obligado a agotar algún recurso o medio de defensa legal previo a la interposición del juicio de amparo, tal carácter no lo exenta de presentar la demanda de amparo dentro del plazo genérico de los quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la regla para el cómputo del plazo impugnativo debe computarse a partir de que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos que le causan un agravio personal, actual y directo. Así, si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello. Por lo que, si lo que agravia al quejoso es la inminente desposesión de bienes propiedad del quejoso, vehículo y menaje de su domicilio, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este acto; es decir, en el caso en estudio el dieciocho de junio de dos mil quince. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, página 95, con número de registro IUS 196930, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en ***********, Querétaro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado exhortado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, QUE A LA LETRA DICE: Se tiene por recibido el escrito de la quejosa ***************, mediante el cual desahoga la prevención formulada en dieciséis de junio de dos mil dieciséis. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: La inminente desposesión de bienes propiedad del quejoso, vehículo y menaje de su domicilio. Lo anterior por considerar que la presentación de la demanda es extemporánea, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. [El énfasis es propio] De la cita que antecede, se aprecia que la oportunidad para la presentación de la demanda, refiere a la exigencia de presentarse dentro del plazo de los quince días computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; ello tratándose de los casos fuera de las excepciones previstas en las fracciones I a la IV del artículo 17 citado. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, según se aprecia en el apartado de antecedentes, en específico, los marcados con los números 1º y 2º, el promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "(.) 1º.- Tengo mi domicilio ubicado en la calle ***********, se presentó una persona que se identificó como actuario del Juzgado Civil de Primera Instancia a efecto de notificarme una demanda en contra de mi hija ************** así como para realizar una notificación de embargo. 2º.- Los abogados que acompañaban a las personas que se identificó como actuaria, me requirieron el pago de un adeudo de ***********más accesorios. Derivado del juicio ejecutivo mercantil 175/2015 radicado en el juzgado Primero de lo Civil en el Municipio de Querétaro, QRO, en contra de mi ***********************************" Del escrito aclaratorio se observa que el promovente bajo protesta de decir verdad refiere que la fecha exacta en que tuvo conocimiento del acto que reclama fue el dieciocho de junio de dos mil quince; por tanto, a dicha afirmación se le considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2o., que hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. En este orden de ideas, el cómputo de los quince días que rige el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, inició al siguiente de aquél que surtió efectos, es decir, el veintiuno de junio de dos mil quince, y concluyó el siete de julio del mismo año, con excepción del veintisiete y veintiocho de junio, cuatro y cinco de julio todos de dos mil quince, por haber sido inhábiles; por tanto, si la demanda de amparo, fue presentada el catorce de junio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en esa ciudad, conforme se advierte del sello de recepción de la citada oficina de correspondencia, resulta extemporánea y, por tanto, se entiende que el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado. Cabe precisar que aun cuando la ley prevé que la persona extraña al juicio, dado su propio carácter no se encuentra obligado a agotar algún recurso o medio de defensa legal previo a la interposición del juicio de amparo, tal carácter no lo exenta de presentar la demanda de amparo dentro del plazo genérico de los quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la regla para el cómputo del plazo impugnativo debe computarse a partir de que el quejoso haya tenido conocimiento de los actos que le causan un agravio personal, actual y directo. Así, si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello. Por lo que, si lo que agravia al quejoso es la inminente desposesión de bienes propiedad del quejoso, vehículo y menaje de su domicilio, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este acto; es decir, en el caso en estudio el dieciocho de junio de dos mil quince. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/98 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, enero de 1998, página 95, con número de registro IUS 196930, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en ***********, Querétaro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado exhortado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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