Ma Eugenia Zuñiga Francia

Expediente 250/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
250/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
12/11/2021

Partes del expediente

  • Ma Eugenia Zuñiga Francia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra la sentencia terminada de engrosar el veinte de octubre de dos mil veintiuno, que sobreseyó el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como originales y como no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido y 21, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos por la parte promovente en el presente juicio son de los catalogados como originales y otros como no originales, por lo que, tocante al original, se le previene para que en el plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a recogerlos; en tanto que, respecto de los diversos documentos catalogados como no originales, su devolución se autoriza desde este momento. En el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo General del Consejo en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx., respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho con treinta minutos, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. Asimismo, devuélvase a la Jueza Menor Mixto, con residencia en Valle de Santiago, Guanajuato, las constancias que remitió en apoyo a su informe de ley, consistentes en la copia certificada del expediente ***, que consta de un tomo. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese.

  2. Principal

    ...TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza del Juzgado Menor Mixto y Jefa de la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común del Partido Judicial, ambas de Valle de Santiago, Guanajuato, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 23, 27 y 28 de autos). Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil *** que remitió la Juez responsable con su informe justificado, la cual obra en un tomo por separado, documental a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo. CUARTO. Causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analizan las causales de improcedencia lo aleguen o no las partes, al ser una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no señaló como responsable a la autoridad que practicó el embargo reclamado. Los referidos artículos de la ley de la materia son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables (.)." La disposición contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 antes transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia que resultan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que establece el diverso numeral 63 de este último ordenamiento, como en la especie acontece, ya que dicha improcedencia deriva de la interpretación del contenido de los artículos 5° y 108 de la ley de la materia, como más adelante se expondrá. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo, enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y la protección de la justicia federal, entre los que destacan, el contenido en la fracción III, consistente en que se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mismo ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción II del artículo 5º, estatuye que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas a juicio, no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto. Aserto que se corrobora con el contenido de la jurisprudencia VI.2o. J/205 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: Registro digital: 208065 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/205 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, página 468 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 377/89. Marcos Santillana Ortiz. 22 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo en revisión 184/90. José Eduardo Foyo Niembro. 12 de junio de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 327/91. Operadora Elinco, S.A. de C.V. 27 de agosto de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 581/91. Antonio Rojas López y otros. 17 de enero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en revisión 212/92. Víctor Manuel Flores Denicia. 7 de mayo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Nota: Esta tesis No. 205 se editó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 55 (julio 1992), página 49, por instrucciones del Tribunal Colegiado se publica nuevamente con las modificaciones que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada." En ese tenor, cuando el acto reclamado en el amparo se hace consistir en la diligencia de embargo practicado en cualquier tipo de procedimiento, es claro que al actuario o notificador adscrito al respectivo órgano jurisdiccional del ámbito federal o local, le corresponde el carácter de autoridad responsable, toda vez que dicha actuación es de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan ese tipo de actos. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 3ª./J. 33/90, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: Registro digital: 207115 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 3a./J. 33/90 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VI, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1990, página 186 Tipo: Jurisprudencia ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos. Contradicción de tesis 20/90. Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 1990. Mayoría de 3 votos. Disidente: Ignacio Magaña Cárdenas. Ausente: José Antonio Llanos Duarte. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull. Tesis de Jurisprudencia 33/90 aprobada por la Tercera Sala de este alto Tribunal, en sesión privada celebrada el quince de octubre de mil novecientos noventa. Unanimidad de cuatro votos de los señores ministros: Presidente Sergio Hugo Chapital Gutiérrez, Mariano Azuela Güitrón, Salvador Rocha Díaz y José Antonio Llanos Duarte. Ausente: Ignacio Magaña Cárdenas. Nota: En la sesión celebrada el veintitrés de febrero de dos mil cinco, se declaró infundada la solicitud de modificación de jurisprudencia 17/2004-PS, en la cual se solicitó la modificación de la tesis jurisprudencial 3a./J. 33/90, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros integrantes de la Primera Sala: José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández (Ponente), Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y Presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ahora bien, en el caso a estudio, la parte quejosa reclama la diligencia de embargo de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Sin embargo, del escrito de demanda no se advierte que hubiese señalado como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios de Valle de Santiago, Guanajuato, a pesar de que dicho funcionario fue quien realizó la diligencia de que se duele la inconforme. Aunado a que, de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que mediante proveído de catorce de abril del año en curso, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios de Valle de Santiago, Guanajuato; sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto, no obstante de encontrarse debidamente notificada. En ese sentido, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación jurídica procesal, por lo que este juzgado se encuentra impedido para estudiar el fondo del asunto, ya que para analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, era necesario que se hubiese llamado a juicio como autoridad responsable al referido Actuario a efecto de que expusiera su defensa en relación con la diligencia de embargo reclamada, precisamente por ser el funcionario que la realizó. Sustenta a lo anterior, por analogía la jurisprudencia cuyos datos de localización y texto son los siguientes: Época: Novena Época Registro: 202332 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Junio de 1996 Materia(s): Común Tesis: VII.A.T. J/6 Página: 738 SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICÓ. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 144/94. Jorge Gálvez Contreras y otro. 31 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Juan Sosa Jiménez. Amparo en revisión 191/95. Jesús Jiménez Bautista y otra. 26 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Augusto Aguirre Domínguez. Amparo en revisión 182/95. Industrial Molinera Monserrat, S.A. de C.V. 8 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Enrique Ochoa Moguel. Secretaria: Aída García Franco. Amparo en revisión 283/95. Esteban Camacho Quevedo. 14 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Augusto Aguirre Domínguez. Amparo en revisión 254/95. Pantalonera del Golfo, S.A. de C.V. 24 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretaria: Nilvia Josefina Flota Ocampo. Aserto que se corrobora con el contenido de la tesis cuyos datos de localización y texto son los siguientes: Registro digital: 206996 Instancia: Tercera Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 3a. LXXXIII/91 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 45 Tipo: Aislada SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO PUEDE OPERAR PARA SUBSANAR LA OMISION DE LA PARTE QUEJOSA DE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE TIENE EL CARACTER DE RESPONSABLE. El señalamiento de las autoridades responsables es una obligación que pesa sobre la parte quejosa y no en el juez de Distrito, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo, de manera que la falta del llamado a juicio de una autoridad deriva de la omisión de señalarla como responsable, no puede llevar a establecer que se infringen las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de garantías, ni puede operar la suplencia de la queja para subsanar la omisión, en tanto que la figura de referencia, prevista por el artículo 76 bis de la citada ley, se da en relación con los conceptos de violación o de los agravios hechos valer en el recurso correspondiente, lo que permite perfeccionarlos, aclararlos o completarlos. Amparo en revisión 4472/90. Corfi de México, S.A. 15 de abril de 1991. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Diógenes Cruz Figueroa. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de amparo, con fundamento en la fracción V, del numeral 63, de la ley de la materia, procede sobreseer en el juicio de amparo. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación, como lo establece la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y texto son los siguientes: Registro digital: 213609 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: II.2o.183 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Febrero de 1994, página 420 Tipo: Aislada SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 233/93. Departamento Fiduciario de Bancomer, S.A. 8 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo. Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1985, Octava Parte, tesis de jurisprudencia número 274, pág. 473; así como Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, núm. 7, agosto de 1988, pág. 48 y núm. 22-24, Octubre- Diciembre de 1989, pág. 252. QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente; cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Captúrese la presente sentencia el día de su publicación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa, a los terceros interesados y por oficio a las autoridades responsables y a la fiscal adscrita.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...

  4. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Juez Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 556/2021 (782/2021), enviado el catorce de junio del año en curso, a efecto de emplazar a juico a los terceros interesados *** por conducto de su endosatario en procuración *** y *** lo que aconteció el veinticuatro y treinta de junio del año en curso, respectivamente. Dese de baja del Libro de Gobierno correspondiente la referida comunicación. SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO NOTIFICACIÓN POR LISTA Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a los terceros interesados *** por conducto de su endosatario en procuración *** y *** en proveído de catorce de junio del año en curso, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ya transcurrió, sin que desahogaran la prevención ahí contenida; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia, por lo que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la administración del edificio, del tres de agosto de dos mil veinte al dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión...

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