Ma. Eugenia Torres García

Expediente 497/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
497/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/07/2018

Partes del expediente

  • Ma. Eugenia Torres García

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO LA DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL TÉRMINO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. SE DETERMINA NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. SE ORDENA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Parte quejosa desahoga prevención. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ********************, a través del cual cumple con el requerimiento que se le hizo en proveído de catorce de junio del año en curso (f. 11-12); en tal virtud, se provee: Autoridad responsable. Juez Séptimo Civil de Partido, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Acto reclamado. La resolución interlocutoria de veinticinco de mayo del año en curso, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa en contra del proveído de diez de mayo del año actual, emitido en el expediente ********************, del índice del juzgado responsable en el cual se ordenó la ejecución de la sentencia interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Se desecha demanda de amparo. El juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Se justifica esta determinación en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el particular, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, el presente juicio de amparo es improcedente. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Luego, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso de harán valer las violaciones comeditas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." [Lo destacado es de este Juzgado] En efecto, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, tratándose del procedimiento de ejecución de sentencia, el amparo procederá únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, siendo ésta, la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. Debiéndose observar la misma regla, en la tramitación de incidentes en la etapa de ejecución; caso en el cual se podrán reclamar todas las violaciones procesales cometidas durante su tramitación al momento de combatirse la interlocutoria que culmine el procedimiento respectivo. Con la única salvedad de que si las violaciones alegadas afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos, por excepción será procedente el juicio de amparo sin tener que esperar al dictado de la resolución. En el caso que ocupa la atención, el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, sino que sólo se trata de determinación intermedia que está directamente encaminada a lograr el cumplimiento de la sentencia del juicio ejecutivo mercantil ********************, es decir, no constituye la última determinación en dicho periodo, menos aún se ha determinado sobre el cumplimiento total de lo sentenciado o se ha declarado la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Así, la pretensión final del legislador fue precisamente la de evitar que con motivo de la promoción de juicios de amparo se retarde el procedimiento de ejecución, precisamente porque le antecede una sentencia ejecutoriada en cuyo cumplimiento está interesada la sociedad en general. Esto es, a fin de evitar el abuso de la promoción de juicios de amparo en contra de los diversos actos emitidos dentro del procedimiento de remate. Por otro lado, en el caso, no se actualiza el supuesto de excepción de que el quejoso sea tercero extraño a juicio (en estricto sentido o por equiparación), pues reconoce ostentarse con el carácter de parte demandada en el juicio mercantil. De igual forma, el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS." Asimismo, tampoco se encuentra ubicada en los casos de excepción, establecido para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos de la promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que, como ya se dijo, la quejosa reclama la resolución que confirma el auto que ordenó la ejecución de la sentencia interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, es decir, que este acto deriva de la cosa juzgada y constituye uno de los actos necesarios para lograr el cumplimiento de la sentencia condenatoria, además de ser consecuencia directa y necesaria de ésta; por consiguiente el amparo es improcedente. Además, no puede perderse de vista que la parte demandada fue condenada en sentencia interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil diecisiete; sin embargo, para su ejecución el juez responsable comisionó al actuario de su adscripción requiera a la parte demanda el pago inmediato de la condena, y en caso de no pagar se señalen bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de las prestaciones a que fue condenada, autorizando el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser estrictamente necesario. Encuentra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Por tanto, como en la especie la determinación reclamada sólo es un acto en el trámite del periodo de ejecución de sentencia, esto es, no constituye un acto emitido en dicha fase que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, como los que en el caso se alegan. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.4o.(III Región) 8 C (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consultable en la página 1647, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Décima Época, registro 2004223, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EMBARGO DE BIENES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO QUE LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE EN SU CONTRA, CUANDO AQUÉL TIENDE A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO." Por tanto, el juicio de amparo deviene improcedente ya que no puede ser combatido, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el correspondiente procedimiento en el cual podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante esta etapa. No es óbice que el acto reclamado sea la resolución relativa al recurso de revocación que interpuso la ahora quejosa contra el auto de diez de mayo del presente año, en la que, es específico, el juez responsable ordenó la ejecución de la sentencia interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, para que al actuario de su adscripción requiera a la parte demanda el pago inmediato de la condena, y en caso de no pagar se señalen bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de las prestaciones a que fue condenada, autorizando el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser estrictamente necesario, pues a pesar de que esa determinación se haya emitido en relación con un medio de defensa, no es factible considerarla como un acto autónomo a la fase de ejecución en la que se sitúa el juicio de origen, sino que también forma parte de ella. Más aún que, su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutar la sentencia pronunciada en el controvertido, en la que se condenó a la demandada al pago de diversas cantidades actualizadas en la liquidación respectiva. Aunado a que, el auto impugnado mediante el recurso de revocación (diez de mayo de dos mil dieciocho), tuvo como objeto materializar el requerimiento de pago de la condena emitida en la resolución interlocutoria de veinticinco de abril de dos mil diecisiete y, con ello, dar continuidad en la etapa de ejecución a la condena de referencia, por tanto debe entenderse como un acto que forma parte de esa etapa, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia. Cobra vigencia, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia I.13o.T. J/10 (10a.), consultable en el Libro 29, Abril de 2016, Tomo III; Página: 1941, Décima Época; Registro: 2011342, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; de título y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DEL EJECUTOR, CONSISTENTES EN EL EMBARGO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA ACTUACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el juicio de amparo indirecto se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, y si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, aquella en que se apruebe el cumplimiento total de la sentencia o se declare la imposibilidad material o jurídica para ello; y tratándose de remates, se entiende como la última resolución aquella en la que, en forma definitiva, se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado; luego, si el acto reclamado es la resolución dictada en el recurso de revisión contra actos del ejecutor consistentes en el embargo, el amparo indirecto es improcedente, porque dicho acto no constituye la última actuación dentro del procedimiento de ejecución, pues no se encuentra en los supuestos de la norma; por ende, no puede ser estudiada a través del amparo indirecto, sino que podrán hacerse valer las violaciones cometidas hasta que se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución. Luego, al no reclamarse la "última resolución" de ese periodo, el juicio de amparo es improcedente, ya que el acto reclamado debe considerarse como un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución de sentencia, y no como una determinación que le revista el carácter de última resolución dictada en la citada fase procesal, para que el juicio de amparo resulte procedente, conforme lo establece el artículo 107, en su fracción IV de la Ley de Amparo, en virtud de no ser aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracciones IV de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Parte quejosa. Ma. Eugenia Torres García. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 497/2018-II. Autoridad responsable. Juez Séptimo Civil de Partido, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracción II, en relación con el 108, fracción IV de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente: Exhiba copia fotostática del acto reclamado (resolución del recurso de revocación), o bien la transcripción del mismo, pues del libelo de demanda se inadvierte en que consiste dicha determinación. Relate de manera cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente no realizó una narración precisa y completa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, caso en el cual deberá hacer la expresión correspondiente en el entendido de que la protesta deberá realizarla únicamente la parte quejosa, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquélla, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, lo anterior en virtud de que particularmente en los puntos siete y ocho del capítulo de antecedentes se advierte un lapso de fechas considerable entre lo actuado a partir del veintisiete de octubre de dos mil diecisiete y el ocho de mayo de dos mil dieciocho, lo que genera incertidumbre para advertir claramente lo ocurrido con antelación a la resolución que reclama, aunado a que en el referido ordinal ocho, también se advierte una narrativa imprecisa e incompleta de lo determinado en los proveídos que ahí alude y, entre los cuales se encuentra precisamente la resolución que ahora tilda de Inconstitucional. Se apercibe a la directa quejosa, que de acreditarse, con las constancias que remitan las autoridades responsables, que se aseveraron hechos falsos, se dará vista especial al fiscal de la federación, a efecto de que proceda a la investigación del delito previsto en el numeral 261, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y". Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que este escrito es parte integral de la demanda de amparo. Apercibiéndole que de no cumplir con lo anteriormente requerido, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso de cuenta, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que refiere en el mismo. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).

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