Ma. Eugenia Mancha Galvan

Expediente 718/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
718/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
28/06/2017

Partes del expediente

  • Ma. Eugenia Mancha Galvan

Actuaciones

  1. Principal

    - Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, signado por el ... mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja, interpuesto por ...

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por . . . téngasele interponiendo recurso de queja . . . . ríndase el informe sobre la materia de la queja . . . . se ordena remitir al . . . . copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, para la substanciación del recurso de queja interpuesto . . .

  3. Principal

    Visto el escrito de cuenta, suscrito por Ma. Eugenia Mancha Galván, por medio del cual desahoga la prevención formulada en fecha veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, hecho lo anterior, esta juzgadora, procede a proveer sobre el escrito del contenido del escrito de demanda promovido por la citada, en los siguientes términos: En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, de la demanda de amparo, es pertinente destacar que los actos reclamados esencialmente consisten en: La ilegal sentencia interlocutoria emitida el día dos de mayo de dos mil diecisiete, por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil de la Ciudad de Santiago de Querétaro en el expediente 2090/2011 de su índice, para resolver el recurso de revocación planteado por Ma. Eugenia Mancha Galván, en contra del acuerdo de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete, ya que de una manera a todas luces ilegal en dicha sentencia interlocutoria el Juez A-quo ahora responsable decide confirmar el acuerdo impugnado. Este órgano jurisdiccional estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativo a la falta de interés jurídico de la parte quejosa. El contenido literal del precepto normativo en alusión, es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." Asimismo, se relacionan los dispositivos normativos que a continuación se transcriben: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". Ley de Amparo: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]". Conforme a tales previsiones, el juicio de amparo tiene como finalidad proteger al gobernado de los perjuicios que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos, generados por la ejecución de actos de autoridad. Así, la existencia de un interés jurídico y/o legítimo por parte del quejoso, representa un requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional, a fin de evitar la promoción indiscriminada de amparos que retarden la labor de administración de justicia. Dicho de otro modo, el juicio de amparo es procedente cuando quien comparece cuenta con un interés jurídico o legítimo. 1) Interés jurídico: El quejoso es titular del derecho subjetivo vulnerado, por lo que sufre una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica. Este tipo de interés, se acredita por la existencia de:  La potestad sustantiva que se dice transgredida (facultades salvaguardadas en la Constitución General de la República y en los tratados internacionales de los México es parte).  La titularidad de ese derecho a favor del quejoso.  El impacto del acto de autoridad sobre esa potestad. 2) Interés legítimo: El disconforme carece de interés jurídico, pero existe un vínculo entre su persona y ciertas potestades fundamentales que lo dotan de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, en virtud del cual en el supuesto de anularse el acto reclamado, se produciría a favor del sujeto un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Su asistencia se constata por:  La existencia de una norma constitucional que establece o tutela un interés difuso en beneficio de una colectividad determinada.  La trasgresión que genera el acto de autoridad sobre ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva.  Pertenencia del quejoso a la colectividad afectada. En apoyo a los razonamientos precedentes, resultan aplicables los siguientes criterios: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En el caso concreto, se estima que el quejoso carece de interés jurídico para solicitar la protección de la justicia federal, pues no reúne los requisitos de ese tipo de interés, con el que comparece al juicio constitucional.  POTESTADES FUNDAMENTALES CUYA TRANSGRESIÓN SE IMPUGNA. El quejoso se duele de la violación de dos facultades sustantivas consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La primera, es la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 del citado cuerpo normativo, el cual en lo que importa establece: "Artículo 14.- [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". La facultad para ser oído en el trámite de mérito, está inmersa en el cumplimento de las formalidades esenciales del procedimiento, pues a través de ellas se brinda al gobernado la oportunidad de hacer valer lo que en derecho corresponda, previo a la emisión de actos privativos de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos del gobernado, de conformidad con lo previsto en la jurisprudencia P./J. 47/95, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La segunda potestad sustantiva que el inconforme invoca, es la relativa al principio de legalidad salvaguardado en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República, que a la letra dice: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" La finalidad de esta última disposición, se encuentra orientada a crear un estado de seguridad jurídica en los gobernados, al proteger una serie de derechos inmersos en su esfera jurídica, pues crea una barrera que los salvaguarda frente al actuar de las autoridades, ya que condiciona a estas últimas a sustentar su intromisión en un mandamiento escrito, en el que a través de la exposición de razones de hecho y de derecho, expliquen al particular el por qué afectan esas potestades. Luego, es evidente la existencia de las normas que salvaguardan los derechos que el promovente de amparo estima vulnerados, pero no colma los otros dos requisitos que integran el interés jurídico (titularidad de esas potestades y afectación de las autoridades responsables).  TITULARIDAD DE POTESTADES SUSTANTIVAS A FAVOR DEL QUEJOSO. De ninguna manera asiste al impetrante del amparo la titularidad de las facultades que invoca, en virtud de estos dos razonamientos: a) la defensa del derecho de propiedad concierne únicamente al titular de los bienes embargados, así como al acreedor del juicio en que se nombró al depositario judicial; b) la posesión que ostenta el promovente de amparo es temporal y carece de ánimo de dominio sobre los bienes secuestrados; consideraciones que más adelante se desarrollan. A saber, el justiciable comparece al presente juicio constitucional en calidad de tercero extraño al procedimiento y solicita el otorgamiento del amparo, para el efecto que en el juicio mercantil número 2090/2011, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, se reconozca el respeto a su garantía de audiencia como depositario judicial del bien inmueble, toda vez que refiere no fue debidamente notificado del auto de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, lo cual trajo como consecuencia, que el mismo promoviera un incidente de nulidad de actuaciones, el cual al ser resuelto, el quejoso al no estar conforme con dicha resolución promovió recurso de revocación dentro del citado juicio, recurso que fue resuelto el dos de mayo de dos mil diecisiete y que al efecto es el acto que se reclama en la demanda de amparo de cuenta. Por lo tanto, se tiene que una persona extraña al procedimiento es aquella que no ha figurado como parte en sentido material, pero sufre una afectación dentro de él o en la ejecución de las resoluciones que ahí se dictan, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer el procedimiento respectivo. Dicha concepción, se toma de la jurisprudencia de rubro y texto que a continuación se transcriben: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Ahora bien, aún y cuando el promovente de amparo es una persona extraña al juicio de origen, se percibe que el disconforme considera que tiene derecho a ser escuchado en el juicio mercantil precitado, atento a su calidad de depositario judicial que ostenta en el mismo, calidad que únicamente se encuentra probada con su dicho, lo anterior atendiendo a que considera que se vulneran sus derechos jurídicos y legítimos. Al efecto se precisa que el depositario no adquiere por propio derecho la posesión de los bienes puestos a su cuidado, sino que la tiene en nombre de quien venza en definitiva en el juicio o de la persona que adquiera la propiedad de dichos muebles o inmuebles por razón del procedimiento que se siga en vía de apremio (fase de ejecución procesal o forzada de la sentencia). Así, la facultad de poseer los objetos embargados, se limita a la posibilidad que tiene el depositario judicial de salvaguardar ese derecho contra actos que inciden en la posesión transitoria propia del mencionado cargo, por ejemplo cuando se priva o trata de suprimirse dicha facultad al nombrarse a otra persona como depositaria de los bienes en diverso juicio. Oportunidad de salvaguarda que no se presenta cuando un tercero reclama el dominio de las pertenencias embargadas a través de otro procedimiento, pues frente a ese supuesto es al dueño o acreedor a quienes corresponde defender el derecho de propiedad. Lo anterior, pues en el caso del propietario, prevalece el interés por conservar el reconocimiento de dominio sobre los bienes reclamados, ya que esa potestad no se transfiere al depositario judicial con motivo de la declaratoria de embargo y permanece intacta hasta en tanto un comprador adquiere la propiedad con motivo de la ejecución de la sentencia condenatoria. Las consideraciones relativas a la protección del derecho de posesión que de forma limitativa conciernen al depositario, descansan en el criterio que a continuación se translitera: "DEPOSITARIO JUDICIAL, ACCIONES DEL. Si bien es cierto que el depositario judicial no adquiere la posesión a nombre propio, sí la tiene en virtud de las funciones especiales que desempeña; y esta posesión la adquiere para tenerla como depositario a nombre de quien, en definitiva, venza en el juicio, o de quien adquiera la propiedad de esos bienes, por razón del procedimiento que se siga en la vía de apremio; en esta condición, el depositario tiene personalidad legal bastante para, en ejercicio de sus funciones legítimas, ocurrir al amparo con el objeto de evitar un desposeimiento que, si bien no le afecta personalmente, sí es con menoscabo de sus funciones de depositario, y por consiguiente, en perjuicio de la persona, de momento indeterminada, a quien de modo definitivo habrá de corresponder la indicada posesión." (Énfasis añadido). De igual forma, la aplicación de la jurisprudencia que precede, se encuentra orientada por la tesis que a la letra establece: "DEPOSITARIO JUDICIAL, AMPARO PEDIDO POR EL. La tesis de jurisprudencia relativa a que el depositario judicial puede promover el amparo con objeto de evitar un desposeimiento en perjuicio de la persona, de momento indeterminada, a quien de modo definitivo habrá de corresponder la posesión, no tiene aplicación cuando no se trata de un juicio en el que no sea parte del depositario, con ese carácter, sino del mismo juicio en que fue nombrado y en el cual se le ha removido por el Juez, ordenándole entregar el bien embargado al promovente de una tercería excluyente de dominio, con la obligación de éste, de no disponer de dicho bien hasta que se resuelva la tercería. En tal caso, no se ha cometido el desposeimiento a que se refiere la tesis citada, sino que simplemente se ha removido al depositario de su encargo, sin perjudicar a la persona por quien poseía, si esa persona, o sea, la actora en el juicio principal, apeló de la resolución respectiva, pero no se le aceptó por no ser parte aún en la tercería." (Énfasis no es de origen). Por su parte, los argumentos relativos a que el derecho de propiedad únicamente puede ser defendido por el dueño de los bienes embargados o el acreedor, se comparten con lo previsto en la tesis de rubro y texto siguientes: "DEPOSITARIO JUDICIAL, CASO EN QUE ES INOPERANTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR. El depositario judicial no adquiere por derecho propio la posesión de los bienes puestos a su cuidado con motivo del embargo llevado a cabo en un juicio, sino que la tiene en nombre de quien venza en definitiva en el juicio en que ha sido nombrado, o de la persona que adquiera la propiedad de dichos bienes por razón del procedimiento que se siga en la vía de apremio. Ahora bien, aun cuando tal circunstancia no significa que no pueda legalmente promover el juicio de amparo para evitar la desposesión, únicamente compete hacerlo contra actos que afecten precisamente la posesión, como ocurre, por ejemplo, si se le priva o trata de privársele de ella por haberse nombrado a otra persona distinta como depositario de los mismos bienes en juicio diverso; pero no contra actos que afecten la propiedad de los bienes embargados, pues éstos sólo pueden ser combatidos en amparo por quien se ostenta como propietario de los bienes respectivos, o bien por la parte que promovió la diligencia de embargo, por ser sólo ellos los que pueden resultar afectados en sus intereses jurídicos, más no por el simple depositario que, obviamente, carece de interés para impugnar los actos que resuelvan sobre la propiedad de los bienes que posee en el nombre de otro." Sumado a lo anterior, es importante señalar que el derecho de posesión invocado por una persona extraña al procedimiento, únicamente puede ser salvaguardado en el juicio de amparo, cuando la parte quejosa acredita la causa generadora de la posesión a través de un título apoyado en alguna figura jurídica o precepto legal que reconozca la facultad de poseer, a efecto que sus intereses puedan ser protegidos por la justicia constitucional. En otras palabras, el justiciable tiene la obligación de acreditar si ejerce un poder de hecho respecto del bien de que se trata y cuál es la causa u origen de esa potestad a fin de determinar si ésta constituye o no la posesión jurídica protegida por el artículo 14 constitucional o, en su caso, se trata de una simple tenencia material de las cosas. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia del tenor literal siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere del derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." Ahora bien, de los hechos que narra el promovente de amparo se advierte claramente que su inconformidad es lo que considera una indebida notificación a su persona del auto de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del juicio 2090/2011, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de la ciudad de Santiago de Querétaro, en el cual se revocó su nombramiento de depositario y como consecuencia el cambio de depositario de los bienes embargados, lo cual como ya se ha externado no afecta sus intereses ni jurídicos, ni legítimos, atendiendo a su calidad de detentador temporal de dichos bienes. Lo anterior, en virtud que si bien cuenta con la posesión derivada de los bienes secuestrados, dicha tenencia la ostenta a nombre de otra persona y carece de facultades para representar al propietario o al acreedor respecto a actos de dominio, así como para emprender la defensa de las potestades inherentes a ese derecho real. Por lo que al advertirse que el acto reclamado en su demanda por el promovente de amparo, lo es una resolución dictada con motivo de un recurso de reconsideración que promovió en su calidad de depositario judicial en el juicio de origen, lo cual al tenor de los argumentos vertidos en la presente, no deja lugar a dudas que no le asiste interés alguno para la promoción del juicio de garantías que pretende. En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, aplicada en sentido contrario, se desecha de plano la demanda, promovida por Ma. Eugenia Mancha Galván, quien comparece en su carácter de depositaria que tiene dentro de los autos del Juicio 2090/2011, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Querétaro, con fundamento en el ordinal 113 de la propia ley. . . .

  4. Principal

    "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida . . . . SEGUNDO. La justicia Federal no ampara ni protege a . . . TERCERO.- Se declara sin materia el recurso de revisión adhesiva interpuesto . . . las partes deberán estar a lo resuelto por la superioridad . . . archívese el presente asunto como concluido. . . .

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