Ma. Eugenia Gómez Cortés
Expediente 419/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ma. Eugenia Gómez Cortés
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Juzgado Civil de Partido con sede en Salvatierra, Guanajuato; sin que se haga mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que en acuerdo de cuatro del mes y año en curso, se acordó lo conducente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio que suscribe la secretaria de acuerdos del Juzgado Civil de Partido con sede en Salvatierra, Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del juicio C-0840/2021 de su estadística, así como de un sobre con diversos documentos que le fueron devueltos a través del diverso 7333/2023.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa ***************, no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecisiete de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de cuatro tomos de prueba, así como un sobre con diversos documentos, que remitió el Juez Civil de Partido con sede en Salvatierra, Guanajuato, por tanto, devuélvansele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en la ciudad de Guanajuato, al que anexa copia certificada del oficio 1128/2023, suscrito por el Juez Civil de Partido con sede en Salvatierra, Guanajuato, un escrito y una copia de la demanda de amparo promovida por********************, oficio 1017/2023, suscrito por el Juez Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato; constancias de notificación, acuerdo de fecha veinticuatro de abril del año en curso, constancia de emplazamiento al tercero interesados, el expediente ******************** en cuatro tomos, así como un sobre con documentos; al respecto se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ********************; acúsese recibo. b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, comuníquese a la Superioridad que el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, establece que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho sustantivo de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, debe agregarse debido a la naturaleza del juicio de donde emana el acto reclamado - como se verá más adelante - que los juicios sucesorios son procedimientos especiales que se distinguen de los ordinarios por su tramitación, los cuales se dividen en dos: - testamentarios, en los que existe testamento otorgado por el autor de la sucesión; y, - intestados, que se presentan, por ejemplo, cuando: a) no existe testamento; b) existe testamento, pero este no abarca la totalidad de los bienes del de cujus, por lo que se tramitará respecto a éstos; c) el testamento otorgado por el autor de la sucesión es declarado nulo; d) las condiciones que impuso el autor de la sucesión al heredero en el testamento no son cumplidas; el heredero muere antes que el autor del testamento, o no es capaz de heredar; el heredero no acepta la herencia. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada. Bajo dicha guisa, la legislación adjetiva civil estatal, en sus preceptos 585 a 589, establecen las cuatro etapas que conforman el juicio sucesorio, mismos que textualmente dicen: ARTÍCULO 585. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. ARTÍCULO 586. La primera sección se llamará de sucesión, y contendrá, en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y acreedores, y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento o remoción de tutores; y V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. ARTÍCULO 587. La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo que forme el albacea; III. Los incidentes que se promuevan; IV. La resolución sobre el inventario y avalúo. ARTÍCULO 588. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración; Las cuentas, su glosa y calificación; III. (Fracción Derogada. P.O. 13 de agosto de 2004) ARTÍCULO 589. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes; III. Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV. Los arreglos relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI. Lo relativo a la aplicación de los bienes." De lo anterior, resulta válido destacar que: La fase de sucesión, comprende la declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o, declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores; La de inventarios y avalúos, se concentra en todo lo relativo a los bienes de la sucesión, comenzando por el inventario provisional en el caso de que no se presenten los interesados o albaceas y se haya nombrado un interventor judicial, siguiendo con los inventarios y avalúos definitivos y todos los incidentes que al respecto se promuevan; La de administración, debe contener las cuentas de la administración de los bienes hereditarios realizadas por el albacea, las cuentas, su glosa y calificación; así como los incidentes de inconformidad promovidos por los interesados; y La partición, aquí se formula el proyecto de distribución provisional del acervo hereditario, el concerniente a la partición de los bienes; así como los incidentes que se promuevan en torno a los proyectos anteriores y, las resoluciones que recaigan a éstos. Por ello, el juicio sucesorio -como se dijo- se considera de carácter especial, dada la diferenciación que existe con los ordinarios, por la peculiaridad de su tramitación. Con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar los antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de la demanda, así como de las constancias anexas a la misma, los cuales son: ********************, promovió juicio sucesorio intestamentario a bienes de********************, el cual se radicó con el número de expediente ******************** del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato. En auto de nueve de junio de dos mil veintidós, se aperturó la segunda sección del juicio. El nueve de noviembre de dos mil veintidós, se aperturó la tercera sección del juicio sucesorio en comento. En proveído de dos de diciembre de dos mil veintidós, se decretó la apertura de la cuarta sección denominada de liquidación y partición de herencia del juicio; en dicha providencia, el juez del conocimiento determinó que no se aprobaba el proyecto de partición presentado por ********************, en su carácter de albacea de la sucesión, respecto de los bienes inmuebles que conformaban el caudal hereditario, toda vez que no se incluía a ********************quien también había sido declarado heredero en dicho juicio, ni tampoco obraba su firma al calce expresando su conformidad. A través del escrito de fecha trece de enero de dos mil veintitrés, ********************, presentó de nueva cuenta proyecto de repartición, al que recayó el auto de trece del mismo mes y año, en el que el Juez responsable, en esencia acordó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado, y que se debía estar a lo acordado en auto de dos de diciembre de dos mil veintidós. Después, a través del escrito de fecha uno de marzo de dos mil veintitrés, ********************, en su carácter de mandatario judicial de ********************, presentó proyectó de repartición de bienes, al que recayó el proveído de dos de marzo del presente año, en el que el Juez del conocimiento, acordó que no había lugar a acordar de conformidad lo solicitado, y que se debía estar a lo acordado en auto de dos de diciembre del año próximo pasado. En contra de dicha determinación ********************, en su carácter de mandatario judicial de ********************, interpuso recurso de revocación, el cual fue admitido en auto de diez de marzo del año en curso. El veintitrés de marzo del presente año, se dictó resolución, en la que el Juez Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, determinó que resultaron inoperantes los agravios contenidos en el recurso de revocación, y confirmó el auto recurrido de dos de marzo del año en curso (acto reclamado). Como puede verse, el acto reclamado en el presente juicio de amparo: Fue dictado dentro de la cuarta etapa del juicio sucesorio testamentario de referencia; No tienen por objeto dar por concluida dicha fase; y, No afectan derecho sustantivo alguno de la parte quejosa. En esa tesitura, dicho acto reclamado no constituye un acto en la cuarta fase de dicho sucesorio cuyo efecto sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin a la cuarta etapa del juicio sucesorio de origen, si éstas son favorables a los intereses de la accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuestos a los mismos, pueden reclamarlos por el medio ordinario legal de defensa que le otorgue la ley de la materia para impugnarla. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. No pasa inadvertido para el suscrito, lo establecido en la jurisprudencia 1ª./J. 37/2009, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, página 264, cuyo rubro señala: "JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO".; sin embargo, no resulta aplicable al presente asunto, ya que ese criterio prevé una hipótesis distinta a la que aquí se analiza, tal como se evidencia a continuación. En principio tenemos que la cuarta sección del juicio sucesorio ******************** denominada liquidación y partición de herencia, se aperturó mediante auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, en donde además se determinó la no aprobación del proyecto de partición presentado por la albacea de la sucesión ********************, debido a que en la repartición de los bienes inmuebles que conforman el caudal hereditario, no se incluyó a ********************quien también fue declarado heredero en el juicio, además de que tampoco obraba la firma del nombrado al calce del proyecto expresando su conformidad. En diverso auto de trece de enero del año en curso, emitido dentro de dicha sección, se recibió un escrito firmado por ******************** consistente en el proyecto de partición de bienes, insistiendo en que le fuera aceptado y se pusiera a la vista de los interesados; a lo que la autoridad responsable le contestó que: "no ha lugar acordar de conformidad lo solicitado, debiéndose estar a lo acordado por el auto de 02 dos de diciembre de dos mil veintidós, toda vez que este Juzgado no puede revocar sus propias determinaciones.". Mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, la responsable tuvo por recibido un nuevo escrito firmado por ******************** y ******************, consistente en el proyecto de partición de bienes; determinando requerir a los suscribientes para que dentro del plazo de tres días comparecieran ante ella para ratificar su contenido, con el apercibimiento que de no hacerlo se desecharía el escrito. En auto de trece de febrero del presente año, al no haber comparecido los antes nombrados a ratificar su escrito de proyecto de partición, la autoridad hizo efectivo el apercibimiento formulado y por tanto determinó el desechamiento del escrito en comento. El dos de marzo del año en curso, nuevamente se recibió un escrito presentado por ********************, a través de su mandatario judicial, con el proyecto de partición de bienes, y se le dijo que no ha lugar a acordar de conformidad con lo solicitado, debiéndose estar a lo acordado el dos de diciembre del año próximo pasado. Por ese motivo, el mandatario judicial interpuso recurso de revocación en contra del auto de dos de marzo del actual, a lo que la autoridad responsable, en determinación de veintitrés de marzo del año que corre, resolvió que resultaban inoperantes los agravios formulados por la recurrente, y como consecuencia, confirmó el auto recurrido (acto reclamado); dicha inoperancia se sustentó en que, el auto impugnado no es más que una consecuencia del diverso de dos de diciembre de dos mil veintidós, al ser el que no aprueba el proyecto de partición de bienes, y por tanto niega dar vista a las partes con el mismo, el cual no fue impugnado a través de los medios que concede la ley; por tanto, se tuvo por consentido. De lo expuesto se obtiene que, dentro del juicio ******************** el dos de diciembre de dos mil veintidós se dictó un auto en el que se decretó la apertura de la cuarta sección y se determinó la no aprobación del proyecto de partición presentado por********************, sin que en su oportunidad se hubiera inconformado ésta, en contra de esa decisión a través de los medios que otorga la ley que rige el procedimiento. Es por ello que, como antes se señaló, no se actualiza la hipótesis a que hace referencia el criterio jurisprudencial antes citado, ya que, si bien es cierto que el acto que aquí se reclama (resolución del recurso de revocación), deriva de la no aprobación del proyecto de partición presentado por la albacea en el juicio de origen, también lo es que ésta no se inconformó con esa decisión dictada el dos de diciembre de dos mil veintidós, lo cual hubiera podido actualizar lo dispuesto en la jurisprudencia citada, en donde se dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de la resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de bienes de la herencia. Ante tales circunstancias, se estima que la resolución de veintitrés de marzo de la presente anualidad, pronunciada por el Juez Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, en el recurso de revocación interpuesto dentro del expediente ******************** por la que confirmó el auto de dos de marzo del presente año en el que se dijo a la quejosa que debería de estarse a lo acordado en el diverso de dos de diciembre de dos mil veintidós (auto que no aprobó el proyecto de partición de herencia), no vulnera derechos sustantivos, pues en todo caso, solo puede constituir transgresiones procesales. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza para que las notificaciones que deban practicársele, se le hagan de manera electrónica; para tal efecto se le tiene proporcionando el nombre de usuario **********, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, al contar, respectivamente, con cédula profesional número *************, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del mismo ordenamiento, a las demás partes que señala por no encontrarse en ese supuesto. Por otra parte, dado lo voluminoso de las constancias recibidas se ordena formar cuatro tomos de prueba para el mejor manejo del expediente. Respecto al sobre cerrado que contiene diversa documentación, se ordena dejar en resguardo del secretario de acuerdos que conoce del presente asunto. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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