Ma. Esther Zavala Pérez
Expediente 1136/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1136/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ma. Esther Zavala Pérez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito que remite la quejosa Ma. Esther Zavala Pérez, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, refiere que el domicilio en donde puede ser localizada la tercera interesada María de Lourdes Pérez Álvarez, es el mismo que ya había referido con antelación el cual de autos se advierte que es el ubicado en Comunidad del Aguacate, sin número, en la Tenencia de San Juan, correspondiente a Zitácuaro, Michoacán, lotes del 1 al 5, C.P. 61535. Por otra parte, la quejosa realiza diversas manifestaciones las cuales son las siguientes: Por lo anterior, dígasele a la quejosa que al admitir la demanda no fue posible reconocer carácter de terceros interesados a persona alguna, ya que de momento no se tenía el informe rendido por la autoridad responsable, ni constancias de las que se advirtieran a quién o a quiénes les correspondía dicho carácter, lo que es totalmente necesario para la continuación del procedimiento, aunado a que en su escrito inicial ella no señaló a persona alguna con dicho carácter ya que refirió que no existía tercero perjudicado. Por otra parte, contrario a lo que refiere que este juzgado se encuentra atrasando el presente asunto, dígasele que a la fecha no obran lo emplazamientos de la totalidad de los terceros interesados, es por ello que se han realizado las gestiones respectivas para contar con diverso domicilio en donde pueda ser emplazada la tercera interesada María de Lourdes Pérez Álvarez, por lo que a su vez se le requirió al Agente del Ministerio Público de la Unidad Atención Inmediata 1, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, para que informara lo conducente. Asimismo, se advierte que mediante proveído de tres de los actuales se tuvo al secretario del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa, con residencia en la Ciudad de México, informando que el exhorto 467/2021 girado por este juzgado, para que en auxilio lleve a cabo el emplazamiento del diverso tercero interesado Carlos Pliego Fuentes, se encuentra en vías de notificación, por lo que una vez que obre dicha constancia la remitirá a la brevedad a este juzgado. Por otro lado, del estado de autos se advierte que el uno de los actuales se reservó proveer respecto del oficio remitido por el Agente del Ministerio Público de la Unidad Atención Inmediata 1, con residencia en Zitácuaro, Michoacán, hasta en tanto la quejosa informara sobre diverso domicilio de la tercera interesada en cita, situación que ya aconteció, por lo que se tiene al Agente en cita informando los domicilios siguientes: 1. Conocido sin calle y sin número de la colonia El Aguacate, municipio de Zitácuaro, Michoacán; y, 2. Calle Benito Juárez Norte 13 A, colonia José María Morelos de Zitácuaro, Michoacán. Respecto a lo anterior, si bien es cierto mediante acuerdo de doce de noviembre del año en curso, se tuvo al Juez de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, devolviendo parcialmente diligenciado el despacho por el que se le encomendó llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercera interesada MaryCarmen Amparo Navarro y María de Lourdes Pérez Álvarez, ya que refirió que al constituirse en el domicilio señalado para realizar dicha encomienda respecto de la tercera interesada c el cual fue en el conocido El Aguacate, municipio de Zitácuaro, Michoacán, la actuaria adscrita a dicho juzgado fue informada por una persona de sexo femenino que no conocía a la tercera en cita y que no le "sonaba" que fuera vecina de por ahí, también lo es que la quejosa refiere un domicilio más detallado en donde puede ser localizada la tercera en cita, asimismo el Agente referido informa un nuevo domicilio los cuales son los siguientes: 1. Comunidad del Aguacate, sin número, en la Tenencia de San Juan, correspondiente a Zitácuaro, Michoacán, lotes del 1 al 5, C.P. 61535; y, 2. Calle Benito Juárez Norte 13 A, colonia José María Morelos de Zitácuaro, Michoacán. Por lo que, posteriormente se tomarán en cuenta dichos domicilios para poder emplazar a la tercera interesada María de Lourdes Pérez Álvarez. Luego, vista la cuenta precedente, con fundamento en los artículos 1°, 5°, 6°, 33, 35, 107, 108, 110, 112 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Ma. Esther Zavala Pérez, contra actos de la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1136/2021. Luego, constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que dentro del juicio de amparo 596/2021, se tiene como acto reclamado la tardanza en ordenar el aseguramiento de los bienes materia del delito denunciado y la negativa de la reintegración inmediata de la posesión de su inmueble y los bienes que le fueron sustraídos de su inmueble, mismos actos de autoridad que fueron impugnados en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y se tuvo como autoridad responsable a la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán Ahora bien, dado que existe conexidad entre el sumario 596/2021 y el juicio de amparo en que se actúa 1136/2021 promovidos por Ma. Esther Zavala Pérez; en tal virtud, atentos a la naturaleza de la conexidad se vuelve necesario tramitar como un sólo asunto las mencionadas demandas. Lo anterior, no obstante que la Ley de Amparo no prevé procedimiento específico para la acumulación de autos, atendiendo al principio de economía procesal que establece el artículo 17 Constitucional, a fin de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias y a lo establecido en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, que dispone en lo que interesa, que dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando, en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Por tanto, de oficio, se decreta la acumulación del juicio de amparo 1136/2021, al diverso 596/2021, por ser el que fue recibido en primer término, por lo que deberá integrarse en un sólo expediente. En tal virtud, resulta innecesario fijar hora y fecha para audiencia de alegatos, pues la acumulación se decreta de oficio por tratarse de asuntos tramitados en este juzgado, lo cual constituye una facultad que se ejerce unilateralmente por el juzgador, con potestad plena y sin tramitación alguna, lo cual implica que al decretarse de plano no requiere de substanciar un incidente de acumulación. Máxime que la acumulación no afecta los derechos procesales de las partes, por el contrario, cumple con el principio de economía procesal y persigue evitar el dictado de sentencias contradictorias. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 24/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Asimismo, resulta aplicable al caso en lo conducente, la jurisprudencia 51/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Tomo XX, Agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." Atento lo anterior, se ordena continuar con el trámite del juicio de amparo 1136/2021, en el juicio 596/2021. Con copia de la demanda de amparo, dese al agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente, quien deberá asentar el acuse de recepción respectivo, lo anterior con fundamento en los artículos 5°, fracción IV y 110 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a fijar fecha para audiencia constitucional, toda vez que, como se actuará en el juicio de amparo 596/2021, la fecha de audiencia se encuentra señalada para las diez horas con diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de que reciba el oficio de notificación del presente auto, en el entendido de que en dicho informe deberá exponer las razones y fundamentos que considere pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente certificada de las constancias que avalen la existencia de los mismos y que soporten su emisión. Con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe por vía fax al número telefónico 01 443 3 21 54 41, sin perjuicio de lo realice enseguida mediante oficio que remita a este juzgado por una sola ocasión, independientemente de que reciba el oficio por el que se le requiere el mismo en dos vías (telegráfica y posteriormente postal), ya que basta con atender la primera comunicación recibida. Asimismo, deberá rendir el informe justificado requerido con copia certificada de las documentales que justifiquen la constitucionalidad de los actos reclamados, tomando en consideración las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas del expediente de origen se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En el caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que en caso de no rendir el informe en el tiempo y forma requeridos, se presumirán ciertos los actos reclamados respectivos, salvo prueba en contrario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que remita el expediente original del que derivan los actos reclamados, es su obligación conservar testimonio autorizado íntegro del mismo, ya que en el supuesto de necesitarlo para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlo por ser imprescindible para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para el efecto de que en su informe haga del conocimiento de este juzgado si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido juicio de amparo indirecto relacionado con los actos reclamados o derivado del expediente de origen, informando el número de juicio y el Juzgado de Distrito a que corresponde, apercibida que en caso de no hacerlo, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá un multa de manera individual, por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). De conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado o lo hagan sin acatar las directrices que fueron trazadas con anterioridad, se hará acreedora a una multa individual por $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medidas de actualización, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de cesación de efectos de los actos reclamados o en caso de que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a este juzgado de manera inmediata, apercibidas que en caso de no hacerlo, de conformidad con el artículo 238, en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de manera individual por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que le sea solicitado expresamente y se le proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que llegue a designar en autos. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. Por otro lado, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad señala que a Carlos Pliego Fuentes, Maricarmen Amparo Navarro y María de Lourdes Pérez Álvarez, les resulta el carácter de terceros interesado; por tanto, con apoyo en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se les reconoce el carácter de parte tercera interesada, quienes pueden ser emplazada en los domicilios ubicados en calle Estanislao Ramírez Ruíz, Manzana 134, Lote 13, colonia Selene, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13430, Ciudad de México; calle Santos Degollado Oriente, número 81, colonia Centro, C.P. 61500, Zitácuaro, Michoacán; y, Calle Benito Juárez Norte 13 A, colonia José María Morelos de Zitácuaro, Michoacán así como en la Comunidad El Aguacate, sin número, Tenencia de San Juan, lotes del 1 al 5, C.P. 61535, Zitácuaro Michoacán, respectivamente. Por otra parte, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles se ordena girar atento exhorto y despacho al Juez de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México y al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán, respectivamente, para que en auxilio de las funciones de este juzgado comisionen personal a su digno cargo para que realice lo siguiente: a) Se constituya en legal y debida forma en los citados domicilios y con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúen el emplazamiento de los terceros interesados, personalmente o por conducto de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento. Carlos Pliego Fuentes: calle Estanislao Ramírez Ruíz, Manzana 134, Lote 13, colonia Selene, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13430, Ciudad de México Maricarmen Amparo Navarro: calle Santos Degollado Oriente, número 81, colonia Centro, C.P. 61500, Zitácuaro, Michoacán; y, María de Lourdes Pérez Álvarez: Calle Benito Juárez Norte 13 A, colonia José María Morelos de Zitácuaro, Michoacán; y, Comunidad El Aguacate, sin número, Tenencia de San Juan, lotes del 1 al 5, C.P. 61535, Zitácuaro Michoacán b) De no encontrar a la parte tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, auto admisorio y de la presente determinación, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo; d) Le haga saber que se fijaron las diez horas con diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia constitucional; e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señale domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señale domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo; f) Se autoriza al actuario adscrito para que tome las medidas respectivas para cumplir con la encomienda, ya que de no lograr la diligencia en los términos precisados, podrá llevarla a cabo de conformidad con los artículos 312 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, únicamente de actualizarse las hipótesis previstas en dichos preceptos, de lo que deberá asentar la razón correspondiente; g) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y h) Por último, hágase saber a la parte tercera interesada que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. i) Les haga de su conocimiento que el juicio de amparo 1136/2021, se acumuló al diverso juicio de amparo 596/2021, ambos promovidos por Ma. Esther Zavala Pérez. Comuníqueseles, que podrán remitir el exhorto y despacho, por vía postal al domicilio de este juzgado el cual es calle Lacas de Uruapan, número 31, colonia Vasco de Quiroga, Morelia, Michoacán; por vía fax al número 01 44 33 21 54 41 o al correo electrónico 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene por señalado el domicilio que indica la parte quejosa para recibir notificaciones en esta ciudad y como autorizada para tal efecto a la persona que designa, quien podrá gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acredite dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultada para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se le tendrá como autorizada para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por último, se exhorta a las partes para que realicen lo siguiente: 1. Obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. 2. En relación con las autoridades responsables, se exhorta a los funcionarios públicos a rendir sus informes o cumplir sus requerimientos a través de la plataforma referida en el párrafo que antecede, tomando en consideración que en ocasiones la logística de su trabajo no lo permite, por lo que se les requiere para que en su caso, proporcionen a este órgano una dirección de correo electrónico a través de la cual se puedan mantener las comunicaciones oficiales y dirijan sus informes y demás solicitudes al correo institucional 7jdo11cto@correo.cjf.gob.mx; sin que lo anterior implique que se sustituya la facultad de este juzgado de solicitar, cuando el caso lo amerite, que la comunicación se realice de manera ordinaria. 3. Asimismo, para que las autoridades proporcionen el nombre, cargo, teléfono fijo o móvil del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto. 4. Deberán tomar en cuenta que la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentran restringidas, por lo que su asistencia al local que ocupa este juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación). 5. Continúen con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19). Notifíquese por lista; personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados mediante exhorto y despacho; y, mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Como está ordenado en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que anteceden, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 596/2021 y su acumulado 1136/2021, promovido por Ma. Esther Zavala Pérez, contra actos de la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Zitácuaro, Michoacán. Con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 141, 142 y 144, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciba notificación del presente acuerdo. En el entendido que de no rendir el informe en el tiempo y forma referidos, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley de Amparo. De conformidad con el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de no rendir su informe previo, se hará acreedora a una multa que asciende a la cantidad de ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumento que por esa causa recibe. Sin perjuicio de lo anterior, se hace saber a la autoridad responsable que el artículo 262 de la Ley de Amparo establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, que entre otros, al rendir el informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. De acuerdo a lo que dispone el artículo 138 de la Ley de Amparo se fijan para la celebración de la audiencia incidental las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Ahora, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, esto es, respecto de la sentencia de veintitrés de junio del presente año, dictada por la autoridad responsable relativa al recurso innominado presentado por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 128, 129, 132, 136, 138, 139, 146, 147 y 150 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión solicitada, toda vez que el acto precisado es de naturaleza declarativa, de ahí que no resulta jurídica y materialmente posible suspenderlo. Tiene aplicación a lo anterior la tesis aislada, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXI, página mil ciento cincuenta y siete de rubro y texto siguientes: "ACTOS DECLARATIVOS. Contra los actos simplemente declarativos, es improcedente conceder la suspensión puesto que dichos actos se ejecutan desde la fecha en que la declaración se hace y, por consiguiente, quedan fuera del alcance jurídico de la suspensión". Asimismo es aplicable la tesis aislada, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, página mil seiscientos veinte y cinco de rubro y texto siguientes: "ACTOS DECLARATIVOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. No procede conceder la suspensión contra el acto reclamado en el juicio de amparo, si éste reviste el carácter de positivo con efectos meramente declarativos, sin actos de ejecución atribuibles a la autoridad que los emitió, como en el caso de que la responsable al dar contestación a una petición se constriña a informar al particular la instancia a que debe acudir para realizar la gestión que requiere, pues en ese supuesto las consecuencias de tal acto se reflejarán en la conducta que a posteriori despliegue el particular al acudir o no ante la instancia que se le informó es competente para decidir sobre su solicitud, pero éstas de ninguna forma serían imputables a la autoridad que emitió el acto reclamado". También la parte quejosa reclama la negativa y tardanza por parte de la jueza de control en ordenar las diligencias al Ministerio Público y que fueron materia del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, de lo narrado en su demanda se queja de las omisiones en que ha incurrido la autoridad ordenadora y el Ministerio Público, por lo que solicita la suspensión provisional del acto reclamado para el efecto de que la autoridad responsable ordene el aseguramiento y restitución del inmueble materia del despojo denunciado ante la autoridad ministerial, para que se le haga entrega. Si bien es cierto el acto reclamado constituye una conducta omisiva (el retardar o no ordenar en tiempo y forma las diligencias al Ministerio público) de la cual era común negar la medida cautelar en virtud de diversos criterios emitidos por el máximo tribunal de nuestro país. Como ejemplo de ello tenemos la tesis XXI.2o.11 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, en materia común, visible en la página 214, del Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Sin embargo, en la actualidad la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, contiene el artículo 147, que en su segundo párrafo establece que la suspensión del acto podrá concederse atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, y podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan, y de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso, en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Lo cual fue materia de análisis por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis número 1a./J. 70/2019 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, número de registro digital: 2021263, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Jurisprudencia de la cual se advierte de su simple interpretación textual, que para poder otorgar la concesión de la medida cautelar es necesario tener por acreditada la apariencia del buen derecho, como primer requisito. Por ello, atendiendo al contenido de la demanda se puede concluir que en este momento procesal no se puede tener por acreditada la apariencia del buen derecho, pues no se cuenta con los elementos necesarios para ello, pues los argumentos que como conceptos de violación plantea la quejosa derivan de cuestiones fácticas que este resolutor estará en condiciones de verificar si ocurrieron o no, cuando se cuente con el informe justificado y sus pruebas, esto es, en audiencia constitucional, incluso en la actualidad ni siquiera el acto reclamado está preciso, pues puede ser uno u otro. Sin que se estime con lo anterior que se va en contra de la jurisprudencia de rubro "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA", pues lo que este juzgador sostiene es que de momento no se cuentan con los elementos suficientes para tener por acreditada la apariencia del buen derecho y por ende la posible inconstitucionalidad del acto reclamado. Por las razones expuestas con antelación se determina negar la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, tomando en cuenta que cuando se trata de una medida cautelar con efectos conservativos la intensidad o grado de análisis de la apariencia del buen derecho es mínima o nula, ya que basta con acreditar interés jurídico o legítimo y una vez que eso ocurre hacer una ponderación simultánea con el orden público e interés social; por el contrario, cuando se trata de medidas cautelares con efectos anticipados como la que solicita, la intensidad o grado de análisis de la apariencia del buen derecho es muy alta ya que se tiene que hacer un estudio provisional o preventivo del acto reclamado y si se advierte que este es aparentemente inconstitucional en ese momento debe hacerse la ponderación simultánea con el orden público e interés social. Sin embargo, en el caso que nos ocupa de momento no se cuenta con elementos para realizar dicho análisis, si no que ello será posible hasta sentencia. Por otra parte, se informa a la autoridad responsable que no es necesario que acuse recibo de los oficios derivados del presente juicio, salvo que le sea solicitado expresamente y se le proporcione plazo específico para ello. Con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que, en su caso, designe la autoridad responsable y por señalados los domicilios para recibir notificaciones que llegue a designar en autos. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene como autorizados para recibir notificaciones a las personas que designa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter; o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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